Con la invasión rusa en Ucrania se ha vuelto a poner sobre la mesa el papel de la Corte Internacional de Justicia en la mediación jurídica del conflicto. En este análisis hablamos sobre el origen del órgano judicial principal de Naciones Unidas y del caso Ucrania vs. Rusia.
Uno de los casos más recientes en los que la Corte Internacional de Justicia —CIJ— está relacionada con las demandas ucranianas contra la Federación Rusa nace en 2017, tras las presuntas violaciones de varias Convenciones Internacionales por parte del Kremlin. Pero ¿qué es la CIJ y cuál fue su papel entonces y ahora?
¿Qué es la Corte Internacional de Justicia?
La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de Naciones Unidas —ONU—. También se conoce como el ‘Tribunal Mundial’ o la ‘Corte de La Haya’. Nació en el año 1945 con el fin de la resolución pacífica de conflictos de manera voluntaria y para arrojar opiniones consultivas sobre cuestiones legales.
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Su sede se encuentra en La Haya, Países Bajos y los idiomas oficiales que se usan son el inglés y el francés. Está compuesto por un registro y 15 jueces, los cuales son nombrados por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad y realizan su mandado durante 9 años.
La CIJ surgió para sustituir a la Corte Permanente de Justicia Internacional de 1920. Este órgano fue creado por el antecesor de la ONU, la Sociedad de Naciones. Su sede también se localizaba en La Haya, y al igual que la CIJ, todos los Estados miembros del SDN debían ratificarlo, y el Consejo y la Asamblea debían elegir a los jueces. Aunque también tuvo otros antecedentes históricos como: el Tratado de Jay de 1794, el primer pacto para establecer un sistema de resolución de conflictos; el Tratado de Washington de 1871 donde se originó el primer tribunal arbitral; o la Corte Permanente de Arbitraje del año 1900.
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Solo los Estados Miembros de la ONU pueden someter peticiones ante la Corte. Si un Estado no miembro desea elevar su demanda a la Corte, esta le debe autorizar y el Estado no miembro debe aceptar las condiciones necesarias para presentar la demanda.
Si, por otro lado, el Estado demandado no ha reconocido la jurisdicción de la CIJ en el momento en el que se inicia el proceso, se puede acoger al forum prorogatum, que es la aceptación implícita de la competencia del Tribunal para así someter la causa ante el mismo.
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Los juicios constan de dos fases, la escrita y la oral. En la escrita, se presentan las solicitudes de demanda y se examina su admisibilidad por el registro. Luego, los Estados solicitados presentan su respuesta por escrito con todas las pruebas y argumentos que crean necesarios. Al final la CIJ decide si son suficientes o si es necesaria la fase oral.
En la fase oral se realizan las audiencias y se termina con la publicación de la resolución del Tribunal en una audiencia pública. Esta sentencia es definitiva, vinculante para las partes e irrecurrible, pero se puede pedir una interpretación o una revisión. Además, se pueden dar acuerdos o desistimientos.
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Si un Estado reclama que la otra parte no está cumpliendo con las obligaciones derivadas del fallo, puede presentar el caso ante el Consejo de Seguridad, que tiene poder para hacer recomendaciones o decidir qué medidas deben adoptarse para que la sentencia tenga efecto.
Las fuentes del derecho que aplica la Corte para examinar los casos, determinar las resoluciones o ejecutar otro tipo de acciones consultivas provienen de tratados y convenciones internacionales; del derecho consuetudinario internacional; de los principios generales del Derecho; y de decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas de mayor competencia. Además, si las partes están de acuerdo, la Corte puede decidir un asunto por ex aequo et bono, por ejemplo, sin limitarse a los reglamentos de derecho internacional existentes.
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Por otro lado, la Corte puede tener una función de jurisdicción consultiva, donde la Asamblea General y/o el Consejo de Seguridad plantean cualquier tipo de consulta sobre determinadas cuestiones legales.
Además, la CIJ presta opiniones consultivas, usualmente hacia agencias vinculadas a la ONU, aunque pueden darse otros casos; y presenta un Informe Anual de carácter estadístico sobre actuaciones del Tribunal. En este informe resumen todas las actualizaciones de la CIJ, actuaciones y eventos además de otros asuntos administrativos.
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La Corte puede tomar decisiones sobre una amplia gama de asuntos legales internacionales, como disputas territoriales, disputas fronterizas, tratados internacionales, el derecho del mar, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Las decisiones de la CIJ son vinculantes y deben ser respetadas por los Estados miembros de la ONU.
El caso de Ucrania y la Federación Rusa
El 16 de enero de 2017, Ucrania presentó una demanda contra Rusia ante la Corte Internacional de Justicia. Kiev consideró que la Federación Rusa había vulnerado las normas del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
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Unos años atrás, en el 2014, Ucrania y la Federación de Rusia habían intentado solucionar sus diferencias celebrando intercambios diplomáticos de Notas Verbales, que terminaron con el presunto incumplimiento a la Federación de Rusia. Durante dos años más, ambos Estados se reunieron cuatro veces presencialmente para forzar negociaciones centradas en el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo.
Los principales argumentos que Ucrania utilizó para presentar la demanda fueron varios. Por un lado, el presunto suministro de armas y de ayudas a grupos armados ilegales; el derribo del vuelo 17 de Malasia Airlines; el bombardeo en la región de Donetsk a las áreas residenciales de Mariúpol y Kramatorsk; la destrucción de un autobús de civiles en Volnovakha, también en Donetsk; la explosión que se cobró vidas humanas durante una asamblea pacífica en Jarkov; la discriminación étnica contra las comunidades tártaras de Ucrania y Crimea, prohibiéndoles el Mejlis en Crimea, junto con restricciones a la enseñanza. Todo ello sumado a un conjunto de desapariciones, asesinatos, registros no autorizados y detenciones.
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Ucrania solicitó algunas medidas preventivas respecto al Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Primero, que la Federación de Rusia no cometiese ningún tipo de acción que pudiese complicar o alargar la controversia; y que se ocupase de ejercer un correcto control de su frontera para que no se pudieran cometer nuevos actos de financiación terrorista.
Además, solicitó que detuviese todas las transferencias de dinero, armas, vehículos, equipo, medios de adiestramiento o personal procedentes de su territorio que fuesen destinadas a grupos de personas que hubieran cometido actos terroristas contra civiles en Ucrania; y, finalmente, que Rusia crease medidas para garantizar que todos estos grupos que operan en Ucrania no cometiesen actos de terrorismo contra civiles en el país.
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Por otra parte, en relación con la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, Ucrania pidió que la Federación de Rusia no tomase ninguna acción que pudiera provocar un empeoramiento de la cuestión, además de que tampoco cometiera ningún acto de discriminación racial contra personas, grupos o instituciones en el territorio bajo su control efectivo.
Además, Ucrania solicitó que Rusia debía adoptar todas medidas necesarias para acabar con las continuas desapariciones de personas tártaras de Crimea y que investigase inmediatamente todas las desapariciones que ya se hubieran producido. Por último, pidió que la Federación de Rusia detuviera cualquier acto de represión política y cultural contra las personas de etnia ucraniana en Crimea.
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La Corte Internacional de Justicia rechazó la demanda de Ucrania en la que pedía la puesta de medidas urgentes que obligasen a Rusia a poner fin a su presunto apoyo a los rebeldes del este de Ucrania, y que protegiesen a los ciudadanos que estaban sufriendo discriminación en la zona de Crimea. Sin embargo, en el año 2019 la Corte falló sobre la jurisdicción en el caso de Ucrania vs. Rusia, señalando que Ucrania había cumplido con todos los procedimientos procesales previos al juicio, dictaminando que podían volver a examinar el caso.
El 26 de febrero de 2022 Ucrania presentó otra solicitud urgente de medidas provisionales tras la incursión militar rusa en su territorio dos días antes. Tras examinarla, la CIJ ordenó a Rusia suspender inmediatamente las operaciones militares. Esta es una de las principales conclusiones preliminares de la Corte sobre la solicitud. También concluyo que no había la necesidad de pedir informes a Rusia, que tampoco estaba asistiendo a las audiencias del caso declarando que la CIJ no tenía jurisdicción sobre el caso. Eso fue rápidamente desmentido por la Corte, que declaró que sí que tenía jurisdicción según el artículo 9 de la Convención sobre Genocidio. El 26 de junio de ese mismo año, Ucrania volvió a presentar una demanda contra Rusia ante la CIJ, acusando a las fuerzas rusas de haber cometido genocidio.
Otros casos de la Corte Internacional de Justicia
La Corte ha abordado numerosos casos a lo largo de su historia. Algunos de los casos más significativos son, por ejemplo, el caso del Canal de Corfu de 1947, que fue el primer caso que abordó la CIJ. Se había generado una disputa entre Reino Unido y Albania debido al incidente del 22 de octubre de 1946, donde dos destructores británicos chocaron con minas en aguas territoriales albanesas en el Canal de Corfu. Las explosiones causaron daños a los buques y la pérdida de vidas humanas, hundiéndose frente a la costa de Corfú.
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El Gobierno de Albania pidió a la Corte que declarara inadmisible la solicitud. Pero, el Tribunal rechazó la excepción de Albania y fijo los plazos para el procedimiento del asunto.
Otro caso es el de Nicaragua y Estados Unidos relativo a las actividades militares y paramilitares en 1986. En este caso, el país latinoamericano llevó a Estados Unidos ante la CIJ por dar apoyo a los Contras, un grupo rebelde que estaba en guerra contra el gobierno nicaragüense. La CIJ encontró que el país norteamericano había violado el derecho internacional al apoyar a estos grupos y ordenó que se pagara una indemnización a Nicaragua.
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La Corte también actuó en el caso de la Masacre de Srebrenica de 2007. En esta ocasión, Bosnia y Herzegovina llevó a Serbia ante la CIJ por su papel en la masacre de Srebrenica en 1995, en la que murieron más de 8,000 bosniacos. La CIJ exoneró a Serbia del delito de genocidio cometido durante la guerra en Bosnia, pero la culpó de no haber hecho nada para evitar la matanza de bosnios musulmanes en el enclave bosnio de Srebrenica. Es por eso por lo que la Corte declaró que era culpable de haber violado la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
Uno de los casos más recientes es el de Gambia y Myanmar de 2019. El país africano acusó a Myanmar de perpetrar actos genocidas contra los rohinyás, un grupo étnico, racial y religioso que vive principalmente en el estado birmano de Rakhine. Aunque Myanmar negó todas las imputaciones, al final la CIJ emitió en 2022 una orden en la que obliga al país a tomar medidas provisionales que protejan a los rohinyás que habitan en su territorio de cualquier acto genocida, según lo estipulado por la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio.
Conclusiones y el futuro de la Corte Internacional de Justicia
Hasta el momento, la Corte Internacional de Justicia ha sido objeto de críticas en varias ocasiones por su funcionamiento y su capacidad para hacer cumplir las sentencias.
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A fin de cuentas, es un órgano que carece del suficiente poder como para hacer cumplir sus decisiones, emergiendo situaciones en las que los Estados ignoran o incumplen las resoluciones sin sufrir consecuencias significativas. Esto ya lo hemos observado en el caso de la guerra de Ucrania, donde Rusia hizo caso omiso a la orden del Tribunal de suspender sus operaciones militares.
Estas críticas no se detienen en que no tiene el mismo peso y autoridad que otros tribunales nacionales o internacionales, sino que además hablan de su lentitud y falta de diversidad en la composición de los jueces. Una gran parte de los magistrados de la CIJ provienen de Europa Occidental y de Norteamérica, y no fue hasta 2021, cuando se eligió por segunda vez a una mujer como jueza presidenta, tras ser la primera elegida en el 2006.
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Sin embargo, también hay opiniones positivas que defienden la labor que realiza y su contribución al desarrollo del derecho internacional, sosteniendo la necesidad de un órgano judicial que fortalezca la uniformidad y la armonía de este derecho.
En conclusión, la Corte Internacional de Justicia es un órgano que, hoy en día, continúa siendo necesario para seguir enfrentando de manera pacífica todos los problemas que conciernen al mundo a través del derecho internacional. Aunque necesita continuar mejorando, también es necesario que todos los Estados colaboren para su correcto funcionamiento y mejorar así la eficacia de sus resoluciones.
Editado por:
Soraya Aybar Laafou. Editora y analista especializada en África en LISA News. Politóloga y periodista interesada en los derechos humanos, la geopolítica y los procesos migratorios. Me apasionan las Relaciones Internacionales y observo con especial interés al continente africano. Soy directora de África Mundi, el primer medio de análisis sobre África en castellano.
