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La (in)seguridad energética de la Unión Europea

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La Unión Europea consume una quinta parte de la energía mundial y Rusia es su mayor importador. Sin embargo, sus reservas son escasas. Esta vulnerabilidad obliga a Bruselas y a los Estados miembros a tratar de aumentar su seguridad en un sector estratégico, en el contexto de un entorno geopolítico cada vez más complejo y con miras a descarbonizar la economía y consolidar la transición energética.

Cargar un teléfono móvil, repostar un vehículo en una gasolinera o ducharse con agua caliente pueden ser acciones cotidianas en Europa, pero representan el final de una serie de complejos procesos técnicos, logísticos y financieros. La energía que las permite es un sector estratégico y un motor de la economía mundial. Y sobre todo para sus grandes importadores, asegurar un abastecimiento continuo y asequible es clave.

Los recursos energéticos provenientes de hidrocarburos —como el petróleo, el gas natural y el carbón— se extraen de la tierra, se tratan y almacenan. Además de la electricidad a partir de esos recursos o de fisión nuclear, también puede producirse con aerogeneradores, centrales hidroeléctricas y paneles solares. La energía después se transporta por barco entre continentes, por gasoductos de cientos o miles de kilómetros, o a través de la red eléctrica. Este proceso requiere infraestructuras que garanticen un suministro ininterrumpido de energía, pero también mercados que funcionen.

En las últimas décadas, el crecimiento económico y demográfico de países como China e India ha aumentado la demanda de energía mundial. se espera que la tendencia continúe, lo que puede causar déficits o interrupciones en el suministro. Los cambios de precio y los riesgos geopolíticos son mayores para los países con menos recursos energéticos y que dependen del suministro externo, ante la distribución desigual de las reservas y producción de hidrocarburos, concentrada en el golfo Pérsico y en torno al mar Caspio.

En ese contexto, la Unión Europea es el tercer mayor consumidor de energía del mundo después de China y Estados Unidos, pero tiene pocas reservas propias. La economía europea depende en parte de importar energía para cubrir su demanda, así que es vulnerable a shocks externos en el suministro y dependiente en la escena internacional.

La dependencia energética de la UE, un riesgo estratégico

La UE es el mayor importador de energía del mundo: importa más de la mitad de la energía que consume, por unos mil millones de euros diarios, aunque esta cantidad depende del precio del petróleo y la marcha de la actividad económica. Además, las importaciones energéticas afectan a la competitividad y pueden generar desequilibrios económicos en muchos países. Todos los Estados miembros de la Unión son importadores netos de energía y, aunque la situación varía entre ellos, dependen de pocos países proveedores, la mayoría en zonas inestables.

Por tanto, la UE necesita preservar su seguridad energética: la disponibilidad ininterrumpida de energía a un precio asequible y sostenible para el medioambiente. Conseguirla depende de factores como la disponibilidad y precios de la energía, la gobernanza de su comercio, las infraestructuras, la eficiencia energética, o los efectos sociales y medioambientales.

Para medir la seguridad energética de un país, la Oficina Europea de Estadística, más conocida como Eurostat, publica una tasa de dependencia energética, que muestra la proporción de energía que una economía debe importar. Además, la UE utiliza una serie más extensa de indicadores de dependencia energética, que en conjunto revelan la vulnerabilidad de un país ante una crisis de precios o interrupciones prolongadas en el suministro.

Variación de la tasa de dependencia energética de los países de la UE entre 2000 y 2018. Fuente: Eurostat

Los resultados son mixtos: la tasa para la UE aumentó apenas del 56 al 58% entre el 2000 y 2018, pero la situación es distinta según el país. La tasa es superior al 90% en Malta, Luxemburgo y Chipre, e inferior al 25% en Rumanía, Dinamarca y Estonia. Y las tendencias también varían. La ahora menor producción interna de países productores como Dinamarca o Países Bajos ha incrementado su tasa de dependencia energética, mientras que Estonia ha alcanzado la autosuficiencia con la técnica del fracking.

En 2019, el principal producto energético que la UE importó fue el petróleo crudo y derivados, que representaron casi dos tercios de las importaciones de energía, el triple en proporción que el gas natural y más de diez veces la del carbón. Rusia es el principal abastecedor de productos energéticos a la UE, con cuotas superiores al 40% en carbón gas natural, y de un 30% en petróleo crudo en 2018.

En este último caso, la UE tiene más proveedores que en las otras dos fuentes de energía, donde la oferta se encuentra mucho más concentrada. No obstante, existen diferencias según el Estado miembro, algunos con más proveedores y otros dependientes de uno solo, siendo vulnerables ante las interrupciones del suministro o averías en la infraestructura. Por ejemplo, mientras que Francia y España tienen varios proveedores de petróleo y gas natural, Eslovaquia o Finlandia dependen de Rusia casi como único proveedor externo.

Existen varios desafíos y preocupaciones sobre la vulnerabilidad del suministro. Por un lado está el riesgo frente a accidentes, desastres naturales y ciberataques a la infraestructura crítica. Por otro, Bruselas enfrenta el factor geopolítico ante una nueva crisis política o militar, por ejemplo, en la entrega de gas natural ruso a través de Ucrania o de petróleo en el estrecho de Ormuz. De fondo, también preocupan los cambios en los flujos de energía hacia economías emergentes, sobre todo China e India, que restrinjan la oferta de energía disponible para Europa. Los Veintisiete lo saben y han desarrollado estrategias y políticas para aumentar su seguridad energética.

¿Cómo asegurar el suministro de energía hacia Europa?

Para cualquier país ha sido vital tener un suministro de energía seguro desde que el carbón y el petróleo se convirtieron en fuerza motriz de la industrialización y para el desarrollo de la sociedad moderna. El control de recursos energéticos ha motivado guerras en Europa, pero la energía también fue parte del origen de la UE.

El Tratado de París de 1951 sobre el carbón y el acero entre Francia, Italia, Alemania Occidental y el Benelux apenas seis años después del fin de la Segunda Guerra Mundial fue el germen de la Unión actual. En esa línea, en 1957 se creó la Comunidad Europea de la Energía Atómica, o Euratom, para coordinar la política común de energía atómica.

La seguridad energética ha sido clave para las políticas comunitarias y nacionales, pues el buen funcionamiento de la economía está ligado con suministros de energía eficientes y sostenibles. En la UE, las subidas en el precio del petróleo desde principios del siglo XXI y las crisis del gas entre Ucrania y Rusia por disputas políticas y sobre las tarifas encendieron las alarmas en Bruselas y otras capitales.

Los gasoductos rusos pasan por Ucrania rumbo al bloque, y esas disputas entre Moscú y Kiev desembocaron en que Gazprom, la empresa estatal rusa de gas, le cerrara el grifo a Ucrania por falta de acuerdo sobre el precio e impagos. La situación se repitió en los inviernos de 2005 a 2006, 2008 a 2009  y 2014, y causó desabastecimientos durante semanas en Polonia, Hungría o Alemania.

Tras la disputa de 2006 entre Moscú y Kiev, la Comisión Europea introdujo su primera política energética común para diversificar y ampliar las rutas y fuentes de suministro de energía. Desde entonces, la UE ha promovido estrategias, reformas e iniciativas de cara a prevenir y gestionar futuras crisis. Además, la legislación europea obliga desde 2009 a los Estados miembros a mantener reservas mínimas de petróleo equivalentes a mínimo noventa días de importaciones netas o 61 días de consumo, lo que sea mayor.

En mayo de 2014, la Comisión dio un paso fundamental en materia de integración con su Estrategia de Seguridad Energética. Bruselas proponía medidas para fortalecer los mecanismos de emergencia y solidaridad, y para proteger mejor la infraestructura crítica. La intención era consolidar el mercado de energía interno y construir la infraestructura que faltaba.

Una tarea nada fácil, pero necesaria, pues eliminaría los cuellos de botella internos, como la falta de interconexión de las redes eléctricas entre países, y daría respuesta rápida y eficaz a posibles interrupciones del suministro, al poder redirigir los flujos de energía dentro de la Unión. La preocupación principal para los Estados miembros pasaba por la seguridad del suministro, pero la sufrían más en regiones poco integradas y conectadas, como el Báltico y parte de Europa del Este. 

El siguiente paso se dio en marzo de 2015, cuando los jefes de Estado europeos aprobaron un plan para crear la Unión de la Energía. Esta iniciativa pretende reforzar la seguridad energética de la UE, integrar más el mercado de energía interno, mejorar la eficiencia del sector, descarbonizar la economía en línea con el Acuerdo climático de París y desarrollar investigación e innovación relacionadas con la energía.

Por otro lado, la Comisión Europea dio a conocer en 2016 un conjunto de medidas de seguridad energética para reforzar el bloque ante interrupciones en el suministro de gas. Estas medidas se basan en el “principio de solidaridad”, que obliga a los Estados miembros a ayudar a sus vecinos frente a nuevas crisis de suministro. Sin embargo, aunque esa “solidaridad energética” es una base del proceso de integración europea y la piedra angular de la política energética de la Unión, no se ha definido cómo debería implementarse.

Otra pieza importante de la estrategia comunitaria para impulsar la seguridad energética es el aumentar el acceso al gas natural licuado (GNL) y al almacenamiento de gas. Durante la última década, y en el marco de la lista de Proyectos de Interés Común de la Comisión Europea, el desarrollo de infraestructuras para importar GNL ha contribuido a reducir la dependencia en las importaciones de gas natural convencional y a aumentar los proveedores.

Los países bálticos notan el cambio. Lituania dependía del gas convencional ruso, pero desde que construyó en 2014 una terminal de regasificación, para transformar el GNL en gas natural convencional, ha reducido a la mitad el precio de importación y cubre alrededor de la mitad de sus necesidades con GNL de Noruega y, en menor medida, Estados Unidos. Por su parte, Letonia ahora puede almacenar suficiente gas para abastecerse durante meses. 

La Unión también se ha valido del poder regulatorio y la diplomacia. Ha estrechado la colaboración con los países proveedores para intentar despolitizar el comercio de energía y desarrollar nuevas rutas de tránsito, por ejemplo, en el Cáucaso, con el nuevo gasoducto TAP desde Azerbaiyán. No obstante, pese a contribuir a la integración, estas medidas apenas mitigan las dificultades energéticas en Europa, que son estructurales.

La geopolítica de la energía en la UE

En la UE existen intereses comunes en política energética, sobre todo para integrar mejor el mercado y tener una sola voz hacia el exterior. Sin embargo, como es usual en el bloque, también existen diferencias entre regiones y países, que valoran distinto los riesgos geopolíticos de cada decisión. Por ejemplo, mientras que los países del Báltico y Polonia buscan depender menos de Rusia, también en materia energética, Alemania o Francia se sienten más cómodos en una relación económica más estrecha con Moscú. 

La seguridad de suministro de gas natural es cada vez más relevante en el plano económico y geopolítico. Los proveedores son pocos y no se reemplazan con facilidad. Además, los suministros dependen de infraestructuras vitales, como gasoductos o terminales de GNL, que requieren importantes recursos para su construcción y mantenimiento.

Existen dos tipos de riesgos geopolíticos derivados del suministro de gas: una interrupción inmediata y que el suministro sea insuficiente para satisfacer la demanda. En ambos casos, la UE debe confiar en su capacidad diplomática con Rusia, Noruega y Argelia, los mayores proveedores de gas natural convencional al bloque, y los dos primeros también de petróleo.

Desde la llegada de Vladímir Putin al Kremlin, Rusia ha empezado a aprovechar sus instrumentos económicos para sus fines geopolíticos. Moscú ha recuperado recursos financieros e influencia gracias a sus ingresos por las exportaciones de energía, las estructuras industriales estatales y, en el sector del gas, el control de la infraestructura, junto con las altas cuotas de mercado y el predominio sobre países compradores.

Rusia es uno de los tres mayores productores de petróleo y gas natural del mundo y depende mucho de los ingresos de las exportaciones de hidrocarburos, que financian buena parte del presupuesto estatal. La energía seguirá siendo fundamental en la compleja relación entre Bruselas y Moscú debido la proximidad geográfica y las enormes reservas de recursos naturales de Rusia, sobre todo de gas natural, sumado a la falta de alternativas viables para Europa.

La relación con Noruega también es esencial, pues es el segundo máximo proveedor de gas natural e importante proveedor de petróleo de la Unión. No obstante, las relaciones con Oslo gozan de buena salud y el riesgo geopolítico es mínimo: el país escandinavo, aunque fuera de la Unión, es un socio estratégico, miembro de la OTAN y una democracia plena, a diferencia de Rusia y Argelia.

Argelia es el tercer proveedor de gas de la Unión, que es la mayor importadora de gas argelino. Para los países del sur de Europa, como España, la relación con el país norteafricano es clave. La inestabilidad política en Argelia se observa con inquietud desde el otro lado del Mediterráneo, ante el riesgo de que puedan perjudicar el suministro.

Con todo, el gas argelino tiene cada vez más competencia con la fuerte irrupción del GNL en el mercado europeo, y su situación como productor es cada vez menos halagüeña por la mala gestión y falta de inversión del Gobierno argelino.

El GNL se ha convertido en una fuente de competencia y flexibilidad en el mercado de gas, reforzando la seguridad de suministro y contrarrestando la caída de la producción de la UE. Estados Unidos, Catar y Nigeria, pero también Rusia, han aumentado sus exportaciones de GNL a la Unión. La interdependencia energética entre Estados Unidos y los Veintisiete es cada vez mayor: el mercado europeo representa la mitad de las exportaciones de GNL estadounidense y Washington es ya el principal proveedor de GNL de la Unión, con cerca del 30%.

Por ello Estados Unidos también presiona, impone sanciones a empresas y eleva el tono contra algunos Estados miembros, especialmente Alemania, para bloquear la finalización del gasoducto Nord Stream 2. Este proyecto doblaría la capacidad de envío de gas natural convencional directamente de Rusia a Alemania a través del mar Báltico.

Sus críticos argumentan que va contra los principios de la política energética común, que reforzará la dependencia energética con Rusia y que debilitará política y económicamente a países de tránsito como Ucrania. Por su parte, Alemania argumenta que es un proyecto necesario y que ayudará a despolitizar el comercio de energía entre la UE y Rusia.

Por último, el Mediterráneo oriental también ha cobrado importancia en la agenda energética europea. La disputa por controlar las reservas de gas natural halladas en la región en los últimos años ha tensado las relaciones de la UE, sobre todo de Grecia y Chipre, con Turquía. Ankara busca explotar estos recursos y posicionarse como centro energético, al ser un país de tránsito para el gas procedente del golfo Pérsico, Rusia y el mar Caspio. Israel también ha entrado en la ecuación con el hallazgo de reservas frente a sus costas en la última década. Todo esto choca con los intereses de la UE de despolitizar el comercio de energía y de ganar autonomía energética.

La transición energética, una oportunidad única

Al reto de la seguridad energética de Europa se le une ahora el cambio climático. La transición energética pretende contrarrestar esa crisis, reemplazando a largo plazo los combustibles fósiles por energías renovables, como la solar y eólica. Este cambio de modelo entrelaza tres ejes: descarbonizar el sistema eléctrico, electrificar la economía y aumentar la eficiencia energética.

Los dos primeros están aún más ligados, pues descarbonizar la generación eléctrica con energías renovables permitirá electrificar y descarbonizar procesos que dependen de combustibles fósiles, como el transporte terrestre o algunas industrias. El tercero responde a un consumo de energía menor y más eficiente, por ejemplo, gracias a la mejora del aislamiento de los edificios.

Buena parte de estos cambios ya están en marcha a nivel nacional y han ganado peso en Bruselas. La Comisión introdujo en 2006 la sostenibilidad medioambiental como elemento indisoluble de su estrategia energética, y en 2013 presentó una nueva estrategia para casar la política energética y climática. Ahora, con la pandemia, los fondos de recuperación de la UE tienen un fuerte componente climático, abarcando un 30% del presupuesto.

El Pacto Verde Europeo pretende ser la piedra angular para transformar el modelo productivo y descarbonizar la economía. Sin embargo, su aplicación dependerá de la capacidad de la Unión para remar en una misma dirección y gestionar las distintas velocidades de los Veintisiete, también en este ámbito. En Alemania, Dinamarca o España, la transición energética marcha desde principios de siglo, mientras que en Polonia, Hungría o la República Checa apenas comienza. 

La cuestión energética es prioritaria para la UE y un quebradero de cabeza en muchas capitales. En sus objetivos de desarrollo a largo plazo destaca la seguridad energética, pero las diferentes visiones entre Estados dificultan unificar la voz de cara al exterior y marcan la vulnerabilidad del bloque.

Aunque la UE persigue objetivos medioambientales, económicos, sociales y geopolíticos en conjunto, cada país tiene una estructura económica y energética distinta, unos intereses y prioridades propios, y un entorno sociopolítico particular.

Aun así, Bruselas ha dado pasos importantes en integración energética, y descarbonizar la economía se postula como la vía principal de recuperación pospandemia. Las futuras decisiones geopolíticas, comerciales y sobre la transición marcarán si Europa puede solventar la cuestión energética o si, por el contrario, seguirá como motivo de discordia y dependencia estratégica para la Unión.

*Este artículo ha sido previamente publicado (25/04/21) en El Orden Mundial.

Se cumplen 28 años del famoso arresto de un ex oficial de la CIA acusado de espiar para Rusia

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En el momento de su arresto, Ames era un veterano de 31 años de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que había estado espiando para los rusos desde 1985.

El FBI ha publicado la historia de Aldrich Hazen Ames, quien fue arrestado por el FBI en Arlington, Virginia, por cargos de espionaje el 21 de febrero de 1994. Ames es un exoficial y analista de contra-inteligencia de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, quien entre 1985 y 1991 espió a favor de la Unión Soviética.

Con él fue también arrestada su esposa, Rosario Ames, quien también le había ayudado e instigado en sus actividades de espionaje.

Tras las declaraciones de culpabilidad de Ames y su esposa el 28 de abril de 1994, el espía fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por su parte, Rosario Ames fue sentenciada el 20 de octubre de 1994 a 63 meses de prisión.

Ames era un oficial de casos de la CIA, hablaba ruso y estaba especializado en los servicios de inteligencia rusos, incluido el KGB, el servicio de inteligencia exterior de la URSS. Su asignación inicial en el extranjero fue en Ankara, Turquía, donde se enfocó en el reclutamiento de oficiales de inteligencia rusos. Posteriormente, trabajó en Nueva York y Ciudad de México.

El 16 de abril de 1985, mientras estaba asignado a la División Soviética/Europa del Este de la CIA en la sede de la CIA en Langley, Virginia y se ofreció en secreto como voluntario para los oficiales de la KGB en la Embajada de la URSS en Washington, DC. Poco después, la KGB le pagó 50.000. Durante el verano de 1985, Ames se reunió varias veces con un diplomático ruso a quien le pasó información clasificada sobre fuentes humanas de la CIA y el FBI, así como operaciones técnicas dirigidas a la Unión Soviética. En diciembre de 1985, Ames se reunió con un oficial de la KGB con sede en Moscú en Bogotá, Colombia. En julio de 1986, Ames fue trasladado a Roma, Italia.

En Roma, Ames continuó sus reuniones con la KGB, incluido un diplomático ruso asignado en Roma y un oficial de la KGB con base en Moscú. Al concluir su asignación en Roma, Ames recibió instrucciones de la KGB sobre contactos clandestinos en el área de Washington, DC, donde sería asignado a continuación. Además, la KGB le escribió a Ames que le habían pagado 1.88 millones de dólares en los cuatro años desde que se ofreció como voluntario.

A su regreso a Washington, DC en 1989, Ames continuó pasando documentos clasificados a la KGB, utilizando «puntos muertos» o escondites preestablecidos donde dejaría los documentos para que los recogieran más tarde los oficiales de la KGB de la Embajada de la URSS en Washington. A cambio, la KGB le dejaba dinero e instrucciones a Ames, normalmente en otros “puntos muertos”.

Mientras tanto, la CIA y el FBI se enteraron de que oficiales rusos que habían sido reclutados por ellos estaban siendo arrestados y ejecutados. Estas fuentes humanas habían proporcionado información de inteligencia crítica sobre la URSS, que fue utilizada por los responsables políticos estadounidenses para determinar la política exterior estadounidense. Tras las revisiones analíticas y la recepción de información sobre la riqueza inexplicable de Ames, el FBI abrió una investigación en mayo de 1993.

Agentes especiales del FBI y especialistas en investigación llevaron a cabo una intensa vigilancia física y electrónica de Ames durante una investigación de 10 meses. Las búsquedas en la residencia de Ames revelaron documentos y otra información que vincula a Ames con el servicio de inteligencia exterior ruso. El 13 de octubre de 1993, los especialistas en investigación observaron una marca de tiza que Ames hizo en un buzón de correo confirmando a los rusos su intención de reunirse con ellos en Bogotá, Colombia. El 1 de noviembre, agentes especiales lo observaron a él y, por separado, a su manejador ruso en Bogotá. Cuando Ames planeó viajar al extranjero, incluido un viaje a Moscú, como parte de sus deberes oficiales, se aprobó un plan para arrestarlo.

Después de su arresto y declaraciones de culpabilidad, Ames fue interrogado por agentes del FBI, momento en el que detalló haber comprometido las identidades de fuentes humanas de la CIA y el FBI, algunas de las cuales fueron ejecutadas por las autoridades de la URSS. De conformidad con su acuerdo de culpabilidad, entregó sus bienes a los Estados Unidos y se entregaron $547,000 al Fondo de Asistencia a las Víctimas del Departamento de Justicia. Ames está cumpliendo su condena en el sistema penitenciario federal. Rosario Ames cumplió su condena y fue liberada.

China, Rusia y Serbia suministran armas a la junta militar golpista de Myanmar

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El reportero especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Tom Andrews, emitió ayer (22/02/2022) un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que identifica a los Estados, incluidos dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que han suministrado armas utilizadas contra civiles desde el golpe militar de Myanmar.

El experto independiente ha hecho un llamamiento a las naciones exportadoras de armas para que suspendan de inmediato sus ventas de armas y ha instado a que se convoque una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad para debatir y votar una resolución con el fin de, como mínimo, prohibir las transferencias de armas que se sabe que el ejército de Myanmar usa para atacar y matar a civiles en Myanmar.

“Debería ser indiscutible que las armas utilizadas para matar civiles ya no deben transferirse a Myanmar. Estas transferencias realmente conmocionan la conciencia”, dijo Andrews.  Detener los crímenes atroces de la junta comienza bloqueando su acceso a las armas. Cuanto más se demore el mundo, más personas inocentes, incluidos niños, morirán en Myanmar”.

El Reportero Especial identificó a China, Rusia y Serbia como Estados miembros que, desde el golpe, han estado suministrando a la junta armas que luego son utilizadas para atacar a civiles.

“El pueblo de Myanmar está implorando a la ONU que actúe”, dijo. «Se merecen un voto a favor o en contra de una resolución del Consejo de Seguridad que detenga la venta de armas que se utilizan para matarlos. Demasiadas familias se encuentran en el punto de mira de las armas de guerra que suministran los Estados miembros. Esto debe terminar.»

El informe, titulado Habilitación de atrocidades: transferencias de armas de los Estados miembros de la ONU al ejército de Myanmar, también nombra a los Estados que han autorizado la transferencia de armas desde 2018, cuando se documentaron ampliamente los crímenes atroces del ejército de Myanmar contra la minoría étnica rohingya y se convocó una misión de investigación de la ONU por un embargo de armas inmediato. El informe incluye los tipos y las cantidades de armas que se han transferido al ejército de Myanmar.

“A pesar de la evidencia de que los crímenes atroces de la junta militar se cometieron con impunidad desde que lanzaron un golpe el año pasado, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia y China, continúan proporcionando a la junta militar de Myanmar numerosos aviones de combate, vehículos blindados y, en el caso de Rusia, la promesa de nuevas armas. Durante este mismo período, Serbia autorizó la exportación de cohetes y artillería al ejército de Myanmar.

En junio pasado, la Asamblea General aprobó una resolución en la que pedía a los Estados miembros que impidieran el flujo de armas hacia Myanmar. “Esto fue bien recibido por el pueblo de Myanmar, las organizaciones de la sociedad civil y los grupos internacionales de defensa de los derechos humanos”, dijo Andrews. “Sin embargo, el hecho de que la resolución no haya tenido un impacto perceptible en la crisis y la capacidad de la junta para lanzar ataques contra civiles ha provocado ira y desesperación.

“Es imperativo que los Estados miembros y el Consejo de Seguridad actúen con urgencia para detener la venta de armas a la junta militar. Las vidas humanas y la credibilidad del Consejo de Seguridad están en juego.

“Si bien ni un solo miembro del Consejo de Seguridad votó en contra de la resolución de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad no ha considerado, y mucho menos votado, una resolución que podría hacer que la resolución sea vinculante para los Estados miembros.

“Hago un llamado a los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que están consternados por el asesinato de civiles en Myanmar para que presenten una resolución para detenerlo. La transparencia importa. El Consejo de Seguridad debería considerar, como mínimo, una resolución para prohibir las armas que utiliza el ejército de Myanmar para matar a personas inocentes”.

El informe también pide una acción coordinada por parte de los Estados miembros para cortar el acceso de la junta a los ingresos, tal como lo está haciendo el pueblo de Myanmar a través de boicots generalizados a los bienes relacionados con el ejército.

“Sin legitimidad y contra una amplia oposición entre el pueblo de Myanmar, la junta militar opera como si fuera una potencia militar hostil. Por lo tanto, la fuerza militar es su único medio para intentar ejercer el control”, dijo Andrews.

“Si bien los líderes de la junta lo perciben como una fortaleza, este gran ejército también es una vulnerabilidad, ya que requiere recursos significativos para equipar y mantener. Si se reducen los ingresos necesarios para mantener ese ejército, disminuirá la capacidad de la junta para atacar y aterrorizar al pueblo de Myanmar”.

Cargos inventados contra activistas y manifestantes pacíficos en la India, según Human Rights Watch

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Las autoridades indias están procesando indebidamente a activistas y organizadores de protestas en virtud de la ley antiterrorista de la India dos años después de que 53 personas murieran en actos de violencia entre comunidades tras protestas pacíficas contra políticas de ciudadanía discriminatorias, ha señalado Human Rights Watch.

Las autoridades deben retirar de inmediato los cargos de motivación política y liberar a los 18 activistas y otras personas detenidas. Las personas responsables de los abusos deben ser debidamente procesadas, incluidos los partidarios del gobierno liderado por el gobernante Partido Bharatiya Janata (BJP) que instigó la violencia comunitaria y los agentes de policía que no hicieron cumplir la ley de manera imparcial.

“Las autoridades indias han estado atacando a los activistas para hostigarlos y arrestarlos en lugar de investigar de manera imparcial las denuncias de que los líderes del BJP incitaron a la violencia y los agentes de policía fueron cómplices de los ataques”, dijo Meenakshi Ganguly, directora para el sur de Asia de Human Rights Watch. “Las autoridades deberían enjuiciar a los responsables de la violencia y dejar de utilizar estas investigaciones para silenciar a los críticos del gobierno”.

La adopción por parte del gobierno de la discriminatoria Ley de Enmienda de Ciudadanía (CAA) en diciembre de 2019 provocó semanas de protestas pacíficas en toda la India. La ley de ciudadanía acelera las solicitudes de asilo de inmigrantes irregulares no musulmanes de los países vecinos de mayoría musulmana de Afganistán, Bangladesh y Pakistán. 

Junto con el impulso del gobierno para un proceso de verificación de ciudadanía a nivel nacional a través de un Registro Nacional de Población y un Registro Nacional de Ciudadanos propuesto, destinado a identificar a los «migrantes ilegales», ha aumentado los temores de que millones de musulmanes indios puedan ser despojados de sus derechos de ciudadanía y privados de sus derechos.

Las turbas hindúes, armadas con espadas, palos y botellas llenas de gasolina, atacaron a los musulmanes en varios barrios del noreste de Delhi, quemando sus casas, tiendas, mezquitas y propiedades. Cuarenta de las 53 personas muertas en la violencia eran musulmanas; un policía y un funcionario del gobierno se encontraban entre los hindúes que murieron.

Las investigaciones policiales sobre los disturbios se han caracterizado por prejuicios, demoras, inexactitudes, falta de pruebas adecuadas y falta de seguimiento de los procedimientos adecuados, señaló Human Rights Watch.

La policía de Delhi presentó 758 primeros informes de información (registros policiales necesarios para comenzar investigaciones criminales) sobre los disturbios. Pero dos años después, según un informe presentado por la policía en el Tribunal Superior de Delhi, las investigaciones están pendientes en más de la mitad de los casos. Sólo 92 casos han llegado a juicio. En varios casos, los jueces han denunciado a la policía de Delhi por demorar las investigaciones, por no obedecer las órdenes judiciales o por no comparecer ante el tribunal.

En varios casos, los jueces han dicho que las investigaciones policiales sobre los disturbios fueron “de mala calidad”, “insensibles” o “burlescas”. En septiembre de 2021, un tribunal de Delhi absolvió a tres hombres musulmanes acusados ​​de saquear y destrozar una tienda propiedad de un hombre hindú, alegando que las autoridades investigadoras no llevaron a cabo una investigación adecuada. 

El juez Vinod Yadav calificó la investigación de insensible e indolente y dijo que esto era cierto en muchos otros casos de disturbios en Delhi que se llevaron ante el tribunal. “Mucho tiempo de esta Corte está siendo consumido por casos como el presente, donde casi no hay investigación por parte de la policía”, dijo. Un mes más tarde, el juez Yadav, que había hecho una serie de observaciones críticas en la conducta de la policía en las investigaciones de los disturbios de Delhi, fue trasladado por motivos no declarados.

La Comisión de Minorías de Delhi independiente llevó a cabo una investigación que encontró que la violencia fue “planeada y dirigida” y que algunos policías participaron activamente en los ataques contra musulmanes. En un video que se volvió emblemático del sesgo antimusulmán de la policía durante los disturbios, se ve a varios policías obligando a cinco hombres musulmanes gravemente heridos tirados en la calle a cantar el himno nacional indio para “demostrar su patriotismo”. Luego la policía los detuvo. Uno de los hombres, Faizan, de 23 años, murió a causa de sus heridas dos días después. Dos años después, sigue pendiente una investigación, y los policías responsables de la violencia custodial no han sido procesados ​​ni sancionados. Las autoridades todavía tienen que investigar otros denuncias de complicidad policial en la violencia.

Por el contrario, la policía de Delhi ha presentado cargos por motivos políticos contra 18 activistas, estudiantes, políticos de la oposición y residentes, 16 de ellos musulmanes. Los casos policiales se basan en gran medida en declaraciones de divulgación que son sospechosamente similares y chats de WhatsApp y mensajes de redes sociales sobre la organización y el anuncio de protestas pacíficas. La policía ha presentado esto como prueba de complicidad en una conspiración mayor para difamar al gobierno indio iniciada por los organizadores de las protestas contra la Ley de Ciudadanía.

Las autoridades han presentado cargos en virtud de la draconiana Ley de (Prevención) de Actividades Ilícitas, relacionadas con actividades ilícitas, financiación del terrorismo y planificación y comisión de actos de terrorismo. También han acusado a organizadores y activistas de protestas de sedición, asesinato, intento de asesinato, promoción de la enemistad religiosa y daños a la propiedad pública, entre otros presuntos delitos. Todos los acusados ​​han sido críticos con el gobierno del BJP y la ley de ciudadanía. Incluyen miembros de Pinjra Tod, un colectivo autónomo de mujeres estudiantes; United Against Hate, un grupo que trabaja para proteger a las minorías religiosas; y el Comité de Coordinación Jamia, que encabezó la protesta estudiantil en la Universidad Jamia Millia Islamia.

En junio de 2021, el Tribunal Superior de Delhi, al conceder la libertad bajo fianza a los activistas Natasha Narwal, Devangana Kalita y Asif Iqbal Tanha, dijo que la policía no había presentado ninguna prueba que demostrara que los acusados ​​habían cometido un delito relacionado con el terrorismo. El tribunal agregó, “que en su ansiedad por suprimir la disidencia y en el temor morboso de que las cosas se salgan de control, el Estado ha desdibujado la línea entre el ‘derecho a protestar’ garantizado constitucionalmente y la ‘actividad terrorista’. Si tal confusión gana terreno, la democracia estaría en peligro”.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por el uso por parte del gobierno indio de la Ley de (Prevención) de Actividades Ilícitas contra activistas de derechos humanos. Varios expertos en derechos humanos de la ONU han pedido la liberación inmediata de los activistas arrestados por protestar contra la Ley de Enmienda de Ciudadanía.

“Las investigaciones de la policía de Delhi sobre la violencia de 2020 apuntan a las razones de la falta de confianza en la policía en India y la necesidad urgente de reformas policiales para combatir los prejuicios comunales y otros problemas”, dijo Ganguly. “El hecho de no responsabilizar a las personas por la violencia comunitaria solo alimentará más abusos contra las minorías religiosas”.

La censura en redes sociales disminuye en 2021 a nivel global

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Según un informe, la censura de redes sociales en 2021 ha decaído en un 35% en todo el mundo en comparación con 2020.

La empresa de servicios VPN Surfshark ha explicado como ha mejorado la censura en de redes sociales en el mundo en el último año. 2021 empezó fuerte, cuando el gobierno de Uganda prohibió las redes durante las elecciones presidenciales y, el año anterior tampoco ofrecía muchas esperanzas, ya que solo en 2020 las redes sociales se bloquearon 29 veces en todo el mundo.

Pero este año, sin embargo, se redujeron considerablemente los casos registrados de cierres de redes sociales, siendo 19 en total, lo que supone una caída del 35% en comparación con el año anterior. 

Países que prohibieron redes sociales en 2021

Por otra parte, los apagones ocurrieron en 17 países diferentes (las redes sociales se bloquearon dos veces en Rusia y en Irán), paralizando la comunicación de millones de personas en momentos de angustia política y una pandemia mundial. Los cierres se dirigieron a aplicaciones como WhatsApp, Skype, Facebook Messenger, Viber y plataformas como Facebook, Twitter e Instagram.

Surfshark advierte de que la mayoría de los casos de cierre de redes sociales estaban relacionados con la política:

  • Siete casos (37%) afectaron a países que en el momento sufrían protestas (Burkina Faso, Sudán del Sur, Senegal, Irán, Rusia, Cuba y Colombia).
  • Cuatro casos (21%) afectaron a países durante las elecciones presidenciales (Congo, Uganda, Zambia y Rusia).
  • Los ocho casos restantes (44 %) ocurrieron durante un periodo de agitación política general (Chad, Etiopía, Nigeria, Sudán, Armenia, Bangladesh, Irán y Myanmar).

Y aunque los números fueron más bajos en 2021, siguieron una tendencia similar al año pasado. De los 29 casos de restricción de redes sociales en 2020, seis de ellos se ordenaron en medio de elecciones y ocho más ocurrieron durante varias protestas. A día de hoy existen 71 países que han impuesto restricciones en el uso de las redes sociales desde que Surfshark comenzó a rastrear el problema por primera vez, hace seis años.

Los cierres de las redes sociales siguen siendo los sospechosos habituales

En retrospectiva, 2021 fue mejor en términos de apagones de redes sociales, pero los sospechosos habituales continúan siendo los mismos desde el año pasado. Incluso con una caída del 35%, las mismas regiones han dominado las listas.

Este año, África se ha convertido en el continente con más censura en todo el mundo, responsable de casi el 53 % de todos los casos en 2021. Sus cierres también fueron los más políticos:

  • África lideró las cifras de cierre de las redes sociales durante los días de elecciones (3 de los 4 casos totales fueron en Congo, Uganda y Zambia).
  • Chad bloqueó Internet tras una redada en la propiedad de Yaya Dillo, representante de la oposición al gobierno de Chad. Este evento tuvo lugar el 28 de febrero, alrededor de dos meses antes de las elecciones presidenciales.

Los casos de cierre restantes ocurrieron en Asia (26 %), Europa (10,5 %) y América (10,5 %), mientras que Oceanía permaneció intacta. Se cree que todos los casos tuvieron alguna intención política detrás de ellos.

¿Qué muestra esta tendencia positiva?

Los casos de cierre de redes sociales han disminuido en un 35% este año, lo que es un paso en una buena dirección en cuanto a privacidad. Sin embargo, el hecho de que tales casos todavía ocurran en todo el mundo sigue siendo preocupante porque limita la libertad de expresión de las personas y su capacidad para comunicarse.

Muchas personas utilizan las redes sociales e Internet para mantenerse en contacto con sus amigos y seres queridos. Esto hace que las restricciones y los casos de cierre sean extremadamente brutales, especialmente durante tiempos inciertos de una pandemia global. Las personas quedaron incapaces de recibir y compartir información crucial que podría afectar su salud y bienestar.

En términos de política, 2021 ha sido más estable que 2020, aunque todavía está lejos de ser ideal. Sin embargo, los países evidentemente no tienen miedo de apretar el gatillo en las redes sociales en áreas de agitación política. Esto sigue siendo especialmente cierto en África y Asia. Y aunque este año mostró un giro positivo con menos prohibiciones en las redes sociales, aún está por verse si la tendencia continuará en 2022 y más allá.

INTERPOL lanza un proyecto en contra de los abusos sexuales en el terreno humanitario

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La iniciativa, que recibe el nombre de «Proyecto Soteria», que se está implementando actualmente en África y Asia, tiene como objetivo evitar que los depredadores sexuales abusen de algunas de las personas más vulnerables del mundo.

En su mayor asociación con el sector de la ayuda, INTERPOL ha lanzado un nuevo proyecto destinado a tomar medidas enérgicas contra los perpetradores de explotación, acoso y abuso sexuales (SEAH) que trabajan para organizaciones humanitarias y de desarrollo.

El Proyecto Soteria, que lleva el nombre de la diosa griega de la seguridad, ya ha obtenido el apoyo de más de 20 destacadas organizaciones de ayuda, incluidas Oxfam, Save the Children y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La naturaleza globalizada del trabajo humanitario y de desarrollo, combinada con la urgencia con la que el personal a menudo necesita ser reclutado y desplegado, presenta desafíos para las organizaciones de ayuda a la hora de realizar una evaluación exhaustiva del personal tanto antes como después de su contratación.

Con demasiada frecuencia, los agresores sexuales del pasado pueden continuar trabajando y moviéndose dentro del sector, poniendo en riesgo a niños y adultos vulnerables.

“Debemos poner fin a la explotación, el abuso y el acoso sexuales en los sectores humanitarios y de desarrollo internacional”, dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) responsable de la protección, Vicky Ford.

“Es por eso que el Reino Unido está trabajando con INTERPOL, las ONG y otros involucrados en el Proyecto Soteria para identificar y tomar medidas contra los perpetradores sexuales. Estamos destacando estos abusos para mantener a salvo a las personas vulnerables”, agregó el Ministro.

Asociación intersectorial

“Si bien las organizaciones del sector de la ayuda a menudo brindan un santuario para mujeres, hombres y niños en medio del conflicto o la pobreza, también han sido blanco de personas que buscan abusar de víctimas vulnerables”, dijo el Secretario General de INTERPOL, Jürgen Stock.

“La amplia asociación intersectorial que Project Soteria ha construido con el apoyo del Reino Unido demuestra el compromiso común del sector de la ayuda y las fuerzas del orden para proteger a los beneficiarios de la ayuda y llevar a los delincuentes sexuales ante la justicia, sin importar las circunstancias”, agregó el Secretario General Stock.

Las organizaciones de ayuda desempeñan un papel vital en algunas de las condiciones más difíciles imaginables, brindando asistencia humanitaria y de desarrollo para aliviar el sufrimiento de las comunidades vulnerables en todo el mundo. Los perpetradores de SEAH en el sector de la ayuda socavan fundamentalmente esta misión, dañando a las mismas personas a las que deben proteger y ayudar.

El Proyecto Soteria busca generar confianza entre las organizaciones de ayuda y las fuerzas del orden mientras trabajan para fortalecer su capacidad respectiva para prevenir y responder a los casos de SEAH.

Aprovechando sus bases de datos globales y su red policial de 195 países, INTERPOL trabajará con las fuerzas del orden nacionales para reforzar su capacidad de investigar informes de SEAH y gestionar antecedentes penales. La organización policial mundial también colaborará con el sector de la ayuda para facilitar el intercambio de información y reforzar sus esfuerzos para detectar a los delincuentes anteriores y disuadir a los delincuentes potenciales.

“Veo de primera mano el impacto devastador que la explotación y el abuso sexuales por parte de los trabajadores humanitarios tienen en las personas, sus familias y comunidades”, dijo Jane Connors, Defensora de los Derechos de las Víctimas de la ONU. “El Proyecto Soteria promete responsabilizar a los perpetradores y disuadir a otros de cometer estos errores. Esto asegurará a los sobrevivientes que los abusos se toman en serio y que sus derechos son reconocidos y protegidos”.

Próximos pasos

En los próximos meses, Project Soteria implementará talleres simultáneos para capacitar a casi 100 investigadores de protección infantil y violencia sexual o de género en África Oriental y Asia Meridional para utilizar las capacidades de INTERPOL y otras herramientas para identificar a los delincuentes.

A continuación, el equipo del Proyecto Soteria de INTERPOL iniciará actividades en el país, incluido el primer taller conjunto de la organización sobre SEAH en materia de aplicación de la ley y del sector de la ayuda y un curso de formación de dos días para empleados, voluntarios y pasantes del sector de la ayuda sobre lo que constituye el SEAH y cómo responder a eso.

También se desarrollará un esquema global de ‘búsqueda y verificación’ para permitir que las organizaciones piloto seleccionadas del sector de la ayuda envíen información de INTERPOL sobre los candidatos para identificar a las personas que podrían representar una amenaza para los adultos y los niños vulnerables.

El proyecto Soteria está financiado por FCDO y cuenta con el apoyo técnico de la Oficina de antecedentes penales del Reino Unido (ACRO). Un consejo asesor de representantes del gobierno, las fuerzas del orden, la ONU, expertos legales, el sector privado, la sociedad civil y los sobrevivientes de SEAH en el sector de la ayuda también informan sobre el proyecto.

EVENTO | ¿Qué va a ocurrir en Ucrania? | EOM

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¿QUÉ VA A OCURRIR EN UCRANIA?

🗓️ Martes, 22 de febrero de 2022

⏰ Este evento ya ha tenido lugar pero lo hemos guardado para ti en esta entrada.

👥 EOM

📍Online

💸 Gratis

Quién participa

  • Álvaro de Argüelles Lugo (@dearguelleslugo). Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho, y Máster de Filosofía Jurídica y Política en la UC3M. Interesado en Oriente Próximo y el Norte de África, especialmente en Libia. Colaborador de EOM.
  • Sonia Velázquez (@SVelazquez1705). Graduada en Relaciones Internacionales y Traducción e Interpretación por la Universidad Pontificia Comillas. Máster en Recursos Energéticos y doctoranda en Seguridad Internacional. Pasión por la geopolítica. Análisis sobre energía, vulnerabilidad energética y amenazas a la seguridad energética. Colaboradora de EOM
  • Emilio Ordiz (@EmilioOrdiz). Periodista. Máster en Unión Europea. Especializado en el estudio de los populismos y los discursos euroescépticos. Me interesa la integración europea, el Estado de derecho y la geopolítica. Con un ojo puesto en los Balcanes. Colaborador de EOM.
  • Eduardo Saldaña. (@EduardoSaldania). Codirector de EOM. Graduado en Relaciones Internacionales (URJC) y máster en Estudios Africanos (UAM).
  • Fernando Arancón (@FernandoArancon). Director de El Orden Mundial. Graduado en Relaciones Internacionales por la UCM. Máster en Inteligencia Económica en la UAM. Especialista y apasionado de la geopolítica.

El evento ya ha tenido lugar, pero lo hemos guardado para ti

Puedes volver a verlo en este enlace.

Además…

Si estás leyendo esto, probablemente sea porque eres consciente de que lo que ocurre en el mundo te afecta. Si quieres comprender cómo funciona el mundo más allá de la crisis entre Ucrania y Rusia, te recomendamos el Curso de Analista Internacional de EOM y LISA Institute.

En él aprenderás técnicas de análisis para entender, analizar y comprender mejor la relación causa-efecto de la Geopolítica, las Relaciones Internacionales y nuestro día a día.

Prepárate para el evento leyendo este análisis sobre la guerra híbrida de Álvaro de Argüelles para LISA News. En él explica cómo, aunque el término apareció originalmente vinculado a la guerra de Líbano de 2007, hoy está principalmente asociado a Rusia, que en los últimos años ha protagonizado decenas de ataques “no convencionales” contra los intereses de Occidente a lo largo de todo el planeta.

*Difundimos esta actividad libremente y sin beneficio porque queremos contribuir, más allá de la formación que ya ofrecemos desde LISA Institute, a difundir conocimiento para hacer del mundo un lugar más justo, seguro y protegido.

Si no quieres perderte otros eventos y actividades relacionados con la Inteligencia, Internacional, DD HH y Ciberseguridad que van a ocurrir próximamente, pincha aquí.

La comunidad internacional prepara sanciones para Rusia tras reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio el lunes (21/02/2022) la orden de despliegue de tropas bajo el pretexto de realizar funciones de “mantenimiento de la paz” en los territorios separatistas de Lugansk y Donetsk, autoproclamadas repúblicas ubicadas al sureste de Ucrania.

La decisión se anunció horas después de que el mandatario firmara acuerdos de «amistad y ayuda mutua» inmediata bajo los cuales se reconoce la independencia de ambas provincias. «Considero necesario tomar esta decisión, que había madurado desde hace mucho tiempo”, señaló el mandatario, quien también a su vez aprovechó para pedir la inmediata (…) responsabiliza a Kiev de cualquier ataque.

“En este momento las opciones que barajamos son o reconocemos la independencia territorial de Donetsk y Lugansk o cedemos al chantaje de Occidente. El reconocimiento va implícito con la responsabilidad“, dijo anoche Putin en un discurso para justificar su decisión.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado a Rusia de violar la integridad territorial de su país al reconocer la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. Zelenski hecho hincapié en que la decisión del presidente ruso significa la violación unilateral de Rusia a los Acuerdos de paz de Minsk y de las decisiones adoptadas con Alemania y Francia en el formato de Normandía.

«Ucrania califica de manera inequívoca las últimas acciones de Rusia como una violación de la soberanía e integridad territorial de su Estado», ha dicho Zelenski durante una alocución televisada. Señaló que con su decisión «Rusia legaliza sus tropas, que se encontraban en los territorios ocupados del Donbás desde 2014», con referencia al apoyo militar de Moscú a la sublevación armada en el Donbás. 

Por ello Zelenski anunció la convocatoria inminente de su Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y mantuvo contacto con el presidente estadounidense Joe Biden.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió con carácter de urgencia a petición de tres de sus miembros permanentes, EEUU, Reino Unido y Francia, en la que el embajador ucraniano denunció la ocupación «ilegal e ilegítima» de esas regiones del Donbás.

«El derecho internacional reconoce la integridad de Ucrania, hay que detener esta invasión», insistió. La representante de EEUU, Linda Thomas-Greenfied, criticó también la decisión de Putin y habló sobre el sufrimiento que podría provocar una guerra y la oleada de refugiados que llegarían desde Ucrania hasta el resto de Europa. Thomas-Greenfield también aseguró que Putin quiere devolver al mundo a 1919, la época en la que existían los imperios.

Joe Biden ha firmado este lunes (21.02.2022) una orden ejecutiva que prohíbe nuevas inversiones, comercio y otras transacciones económicas por parte de instituciones y ciudadanos estadounidenses en Donetsk y Lungansk y la Unión Europea aprobará esta tarde una primera tanda de sanciones contra Putin por agredir a Ucrania.

«Las tropas rusas han entrado en el Donbás y nosotros consideramos el Donbás una parte de Ucrania. Así que, ciertamente no lo llamaría una invasión completa, pero las tropas rusas están en suelo ucraniano», ha explicado Borrell.

Por su parte, el Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen también coinciden con que esta situación supone «una flagrante violación del derecho internacional, de la integridad territorial de Ucrania y de los acuerdos de Minsk».

España aprueba un nuevo Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista

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El Ministerio del Interior de España ha aprobado el Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista (PPPyRA), estrategia que actualiza el plan antiterrorista aprobado en 2005, que fue revisado en 2009 y 2015.

Además, este nuevo Plan incorpora las directrices de la Estrategia contra el Terrorismo de la Unión Europea, revisada en 2017, de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo de 2019 y de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2021 en relación al fenómeno de la radicalización de tipo yihadista.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó ayer de las líneas maestras de este PPPyRA a los grupos parlamentarios en una reunión mantenida en la sede del departamento, a cuyos portavoces ha señalado que «la lucha contra todo tipo de terrorismo y extremismos violentos requiere de la unidad política y social; nuestra experiencia nos enseña que el consenso político y social tejido en torno a las sucesivas actualizaciones del Plan Antiterrorista es una de las más sólidas fortalezas de nuestra estrategia».

Grande-Marlaska explicó que su diseño se adapta al riesgo que entrañan los modernos procesos de radicalización hacia diferentes tipos de extremismos violentos, en particular los de carácter yihadista, cuya principal expresión son las acciones violentas protagonizadas por los llamados «actores solitarios» y por grupos o células auto-radicalizadas.

Esta realidad aconsejaba revisar las medidas contempladas en los anteriores planes antiterroristas para orientarlas de manera más eficiente a la detección y anticipación frente a este tipo de acciones, así como para articular una respuesta coordinada y eficaz en los casos de atentados.

Objetivos del plan

El ministro ha explicado que el PPPyRA mantiene los cinco actuales niveles de riesgo (Nivel 1 para el riesgo bajo – Nivel 5, de riesgo muy alto, por la inminencia de un ataque terrorista o la comisión efectiva del mismo), pero articula una nueva respuesta operativa coordinada, integral y proporcionada a los riesgos derivados de la amenaza terrorista mediante el refuerzo de la coordinación policial y con otros centros sectoriales y entidades con competencias en seguridad.

Todas las medidas incluidas en el plan están dirigidas a la consecución de los siguientes objetivos:

  • PREVENIR, para lo que impulsa acciones preventivas destinadas a la detección, seguimiento y desactivación del fenómeno terrorista en su origen para dificultar la aparición y proliferación de procesos de radicalización.
  • PROTEGER, mediante el refuerzo de los dispositivos de seguridad y de los planes de protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que reduzcan posibles vulnerabilidades y minimicen las oportunidades de comisión de ataques terroristas.

El plan dedica especiales esfuerzos a preservar objetivos sensibles en ámbitos como las instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información sobre los que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales, así como los centros y organismos públicos u oficiales, así como cualesquiera otros, cuya destrucción, ataque o degradación suponga un daño importante.

  • PERSEGUIR a las organizaciones terroristas. El plan desarrolla las capacidades policiales de análisis y valoración del riesgo, así como las de dirección y coordinación, para aprovechar mejor la labor de inteligencia que realizan las Fuerzas y cuerpos de Seguridad en sus respectivos ámbitos de actuación.
  • RESPONDER a los ataques terroristas mediante una serie de procedimientos operativos de coordinación que minimicen sus consecuencias y favorezcan el restablecimiento de la normalidad.

Nuevas respuestas

Es en el ámbito de la respuesta tras un ataque o la comisión de un atentado terrorista en el que se centran las principales modificaciones del nuevo plan, que diseña nuevos procedimientos para identificar, localizar y capturar a los autores, así como para favorecer una pronta recuperación y vuelta a la normalidad ciudadana e institucional.

El plan prevé que, en los supuestos de atentado terrorista en España, o en el extranjero si son contra personas o intereses nacionales, se reunirán de inmediato la Mesa de Coordinación y la Mesa de Evaluación de la Amenaza. La principal novedad es que esta Mesa de Coordinación tendrá un carácter reforzado para que pueda:

  • coordinar la ejecución y el desarrollo de los planes de respuesta sectorial antiterrorista,
  • movilizar los recursos de cada cuerpo policial o institución participante en el plan,
  • y activar los servicios de asistencia a las posibles víctimas e identificación de las personas afectadas.

La Mesa de Coordinación reforzada estará integrada por:

  • La Secretaría de Estado de Seguridad y su Dirección General de Coordinación y Estudios.
  • Representantes de Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.
  • Miembros del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad.
  • La Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
  • La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
  • La Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.
  • Y las unidades o servicios de coordinación de crisis de los que dependan infraestructuras de transporte o de otra naturaleza cuando se considere conveniente.

Centros de gestión territorial

Se constituirá un Centro de Gestión de Crisis Territorial hasta que se produzca la localización y detención de los autores y la reducción del riesgo provocado por la acción terrorista.

Estos centros territoriales garantizarán la actuación conjunta, cohesionada y coordinada de la respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios de protección civil y las entidades asistenciales, en colaboración siempre con la administración autonómica y local correspondiente.

En estos centros territoriales se integrará también la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo para garantizar la asistencia integral a las víctimas, de acuerdo con la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

El PPPyRA ha sido elaborado por un grupo de trabajo del Ministerio del Interior que ha estado integrado por expertos de la Secretaría de Estado de Seguridad y su Dirección General de Coordinación y Estudios; del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad; de Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, y de las direcciones generales de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo y de Protección Civil y Emergencias, ambas adscritas a la Subsecretaría del Ministerio del Interior.

EVENTO | Crisis climática, seguridad nacional e inteligencia | Intel&Beers 

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CRISIS CLIMÁTICA, SEGURIDAD NACIONAL E INTELIGENCIA

🗓️ Jueves, 24 de febrero de 2021 

⏰ 19:30h (UCT+1)

👥 Intel&Beers  

📍Online

💸 Gratis

Quién participa

  • Carolina Andrade Quevedo (@CaroAndradeQ). Actualmente es asesora del Programa de Seguridad Climática del Instituto Igarape.

Carolina tiene más de diez años de experiencia en liderazgo de seguridad pública y estatal, así como en inteligencia estratégica a nivel nacional y regional. Más recientemente, se desempeñó como consultora y analista estratégica de las Naciones Unidas sobre integración regional, paz y seguridad internacional, acción climática, mujeres en el poder, multilateralismo y gobernanza global.

En este marco, Carolina llevó a cabo investigaciones académicas de campo en África y Oriente Medio, y acompañó las negociaciones diplomáticas en las Américas. Tiene una doble licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Económica y Social de la Universidad Pantheon-Sorbonne.

Además, también aboga por la democratización de los Estudios de Inteligencia para fortalecer a los ciudadanos empoderados e informados. Es miembro de la Red Global de Politólogos y de la Red de Inteligencia de Mujeres del King’s College. Es autora de varios artículos académicos y capítulos de libros sobre Inteligencia y Contrainteligencia en el Reino Unido, España, México, Ecuador y Chile.

Cómo inscribirse

Puedes inscribirte en este enlace.

Además…

Puedes leer en LISA News cómo el cambio climático es uno de los retos de la ONU para 2022. También queríamos recomendarte el anterior eventos de Intel&Beers «Presente y futuro de la inteligencia geoespacial» que puedes volver a ver aquí.

En él participó Javier Valencia, autor del análisis «China refuerza sus fronteras, tanto las terrestres como la digitales» publicado en LISA News. En el artículo, Valencia realiza un análisis sobre los avances que está desarrollando China en su afianzamiento de las fronteras, tanto las correspondientes a las físicas con terceros países, como las referentes a las digitales, aumentando su independencia digital.

Si quieres formarte en inteligencia geoespacial te recomendamos el curso de Analista IMINT (Inteligencia de imágenes) de LISA Institute especialmente dirigido a profesionales geoespaciales (topografía, geodesia, cartografía, geomática, etc.), entre otras profesiones.

*Difundimos esta actividad libremente y sin beneficio porque queremos contribuir, más allá de la formación que ya ofrecemos desde LISA Institute, a difundir conocimiento para hacer del mundo un lugar más justo, seguro y protegido.

Si no quieres perderte otros eventos y actividades relacionados con la Inteligencia, Internacional, DD HH y Ciberseguridad que van a ocurrir próximamente, pincha aquí.