La Guardia Revolucionaria de Irán ha capturado dos petroleros griegos en el Golfo Pérsico, parte de la escalada de tensiones que se viven desde 2019 y que aún persisten en la región.
El cuerpo militar de élite iraní ha informado, a través de un comunicado, que la Marina de la Guardia Revolucionaria capturó dos petroleros griegos por violaciones en las aguas del golfo: los buques «Delta Poseidon» y «Prudent Warrior». Esta captura ha sido parte de la respuesta a la incautación de un buque petrolero iraní. Teherán avisó que se tomarían “medidas punitivas” y acusó a Estados Unidos de ser el «promotor» de la intervención.
El “Pegas”, el barco iraní afectado, fue incautado en Grecia cuando se dirigía hacia Turquía por presunta violación de las sanciones europeas impuestas contra Rusia tras la invasión de Ucrania. El buque fue trasladado al puerto de Karistos junto a la tripulación, de nacionalidad rusa.
Además, un tribunal griego de primera instancia decidió que el petróleo que transportaba sería transferido a EEUU lo que, desde Teherán, tacharon de “inaceptable” y acusaron a Grecia de «rendirse ante las presiones de Estados Unidos».
El encargado de negocios de Suiza, como representante de Estados Unidos en Irán, fue convocado para “transmitir la preocupación y la enérgica protesta de Irán por la continua violación de las leyes internacionales y las convenciones marítimas relativas a la libre navegación y el comercio por parte de la administración estadounidense”, según dijo el director general del Departamento de Asuntos Estadounidenses del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Unión Europea se pronunció, este domingo, pidiendo la rápida aclaración y resolución de la incautación de los petroleros. «Seguimos con gran preocupación la inaceptable incautación de dos barcos griegos por parte de Irán en el Golfo Pérsico», declaró el servicio de acción exterior de la UE en un comunicado. Al mismo tiempo pidieron la aclaración inmediata de lo sucedido y pasos para reducir la tensión actual.
Desde el medio nacional de noticias iraní, “Nournews” se ha defendido la actuación del Gobierno iraní como una respuesta «legal y proporcionada» a la acción de griega «contra los intereses de Irán». Además, se expone que Teherán no va a retroceder de sus marcadas “líneas rojas” en las negociaciones, sin tomar represalias ni acciones hostiles hacia la comunidad internacional.
El periodista y analista de relaciones internacionales iraní, Mohammad Ghaderi, considera que la actuación iraní ha sido acorde al ejercicio de sus derechos, y en el marco del derecho internacional contra la “piratería griega”.
El experto recalca que la incautación de los petroleros griegos es parte de la respuesta al “terrorismo económico” occidental hacia Irán y que con ello ha emitido dos mensajes a la comunidad internacional; primero hacia los países vecinos exportadores de petróleo, haciendo un llamamiento a defender sus derechos y seguridad “con autoridad”, donde “la piratería griega no debe convertirse en una herejía contra los países de la región”.
En segundo lugar, hacia “los países aparentemente poderosos y hostiles” para que tengan en cuenta que Irán no se quedará sin responder a ninguna amenaza hacia sus intereses. Con lo que termina dirigiéndose directamente a Estados Unidos y sus aliados: “poner a prueba la voluntad de Irán en este sentido es un error estratégico que les costará muy caro”, avisa.
Escalada de tensiones en el Golfo Pérsico desde 2019
El Golfo Pérsico ha sido escenario de numerosos incidentes desde mayo de 2019 en el contexto de la escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos desde la retirada de Washington del acuerdo nuclear el año pasado y tras las sanciones impuestas al petróleo persa. Desde que los estadounidenses tomaron estas medidas, poniendo fin incluso a la importación de petróleo de algunos Estados, los iraníes amenazan con cortar el paso por el estrecho.
Este mes también fue protagonista de una cadena de incidentes en el Golfo, donde cuatro petroleros fueron atacados en las aguas emiratíes del golfo de Omán. La Casa Blanca acusó directamente a Teherán de la autoría de los ataques, pero los iraníes lo negaron. Se vinculó con otro ataque desde Yemen hacia un oleoducto saudí, asociándolo a una respuesta iraní hacia el embargo americano, ya que alteraría los precios del petróleo.
El mes siguiente, cerca del estrecho de Ormuz, y durante una visita del primer ministro japonés con el fin de mediar en el conflicto, dos petroleros fueron atacados. Las acusaciones de Estados Unidos fueron directamente hacia Irán, y estos últimos culpan a los americanos de aprovechar para inculparlos bajo una estrategia de “sabotaje diplomático y maquillaje de su terrorismo económico contra Irán”.
El líder de Japón, que se vio afectado directamente, ya que uno de los buques, y el principal objetivo, pertenecía a una compañía japonesa, decidió quedarse al margen para no posicionarse ante un bando u otro.
En julio fue el turno de los británicos, que incautaron un petrolero iraní en costas gibraltareñas cuando transportaba crudo al gobierno sirio acusados de violar las sanciones de la Unión Europea.
Al igual que en el último suceso, los persas acusaron a Estados Unidos de promover la captura, y amenazaron con hacer lo mismo con un buque inglés. A pesar de intentar reforzar su poder en el golfo a través del envío de más buques, los iraníes consiguieron atrapar el buque de bandera británica “Stena Impero” y el “Mesdar” bajo la acusación de “violar las reglas marítimas internacionales”. Francia intervino en las negociaciones diplomáticas para reducir la presión de las sanciones estadounidenses hacia Irán, y con ello se liberó el “Stena Impero” en septiembre de 2019.
Sin embargo, a pesar de los acuerdos alcanzados, en el mismo mes de septiembre aumentó la tensióncuando dieciocho drones y siete misiles crucero atacaron el campo petrolífero saudita de Khurais y la refinería de Abqaiq. El reino saudí acusó a Irán por la trayectoria de las aeronaves y misiles.
Posteriormente, un petrolero iraní fue atacado en el Mar Rojo en octubre de 2019, derramando parte del cargamento frente al puerto saudí de Jeddah, pudiendo ser parte de una respuesta de Arabia Saudí.
Las tensiones crecientes por la hegemonía del Golfo han llevado a que durante los dos últimos años se vieran aumentados los ataques entre los países vecinos y las fuerzas internacionales que operan en la zona.
Las actuaciones no se hacen solo por mar, sino que se incluyen ataques aéreos como a la Base Aérea K-1en el que murió un estadounidense, atribuido al Hezbolá iraquí, pero supuestamente instigado por Irán; a lo que respondieron los estadounidenses de la misma manera contra el grupo en Irak y Siria.
A principios de 2020, Estados Unidos realizó unaoperación con drones cerca del aeropuerto de Bagdad y provocando la muerte de Qasem Soleimaini, comandante de la Guardia Revolucionaria Iraní, a lo que se respondió con el lanzamiento de misiles contra la base aérea Ain al-Assad de Irak, operada conjuntamente por fuerzas estadounidenses e iraquíes.
Para terminar el año, Teherán acusó a EEUU de secuestrar un barco persa en el Mar de Omán para pasar el petróleo a un buque vietnamita. Sin embargo, Washington negó esta versión de los hechos, devolviendo las acusaciones a Irán de ser el que verdaderamente incautó al asiático sin motivos aparentes.
Irán no solo se encuentra en conflicto de intereses con Estados Unidos, sino que también tiene numerosas confrontaciones con su gran aliado en la región, Israel. En verano de 2021, la Unión Europea condenó el ataque iraní al buque israelí “Mercer Street”, mostrando la preocupación europea sobre los ataques que se suceden en la región; a pesar de la claridad de las pruebas, Teherán negó su autoría y amenazó con una respuesta ante cualquier medida punitiva o en contra de sus intereses nacionales.
Desde el aumento de tensiones en 2019 no han cesado las hostilidades. Estos son solo unos de los ejemplos de los innumerables ataques y respuestas que se han vivido durante estos dos años en la región, y que sin duda seguirán perpetuándose y afectando a cualquier país que opere en la zona y que tome bando occidental o persa.
El Ministerio de Defensa de Taiwán ha denunciado la incursión de treinta aviones de guerra chinos en su zona de indentificación de defensa aérea: la segunda más grande en cantidad de aviones de guerra desde comienzos de año.
La semana pasada te contamos en LISA News el trasfondo y posibles implicaciones regionales de las polémicas declaraciones del presidente estadounidense, Joe Biden, en las que aseguraba que, ante la posibilidad de que China tratara de tomar Taiwán por la fuerza, Estados Unidos respondería con una intervención militar en la isla.
Este lunes, el Ministerio de Defensa de Taiwán denunció que 30 aviones de guerra chinos hicieron incursiones en su zona de identificación de defensa aérea (ADIZ, según sus siglas en inglés). Según en comunicado de prensa del Ministerio de Defensa, identificaron seis cazas J-16, ocho cazas J-11, cuatro cazas J-10, dos cazas SU-35, dos cazas SU-30, seis aviones de transporte Y-8 y dos aviones de reconocimiento y alerta temprana KJ-500. El Ministerio de Defensa ha asegurado que, en respuesta, se emitieron avisos por radio y se desplegaron sistemas de misiles de defensa aérea para vigilar las actividades.
— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) May 31, 2022
Según el Ministerio de Defensa, las rutas de vuelo ejercidas por la China continental han puesto en alerta los sistemas de misiles de defensa aérea de Tapei, que han sido desplegados con el objetivo de monitorear las actividades de los aviones chinos, además de alertar por los sistemas de radio de que abandonen la zona inmediatamente.
No es la primera vez que Taiwán avisa de las actividades militares de China. En octubre del año pasado Pekín realizó su incursión más grande: en dos días consecutivos se acercaron a la zona aérea de defensa un total de 77 aviones. En este momento se reaccionó por parte de Taipei con las mismas medidas de prevención que en el caso actual.
A finales de 2021, Taiwán mostró su preocupación ante la capacidad china de realizar una invasión a gran escala en la isla tras la incursión de los aviones en octubre. Estados Unidos alertó la semana pasada sobre la “provocación” que supone la actuación de China y avisó que, si va más allá,intervendría militarmente en la isla.
Una llamada de atención en Ucrania, también para Pekín
Con el conflicto en Ucrania, el presidente estadounidense, entre líderes de otros países, han llamado la atención sobre cómo la invasión de Putin en Ucrania podría ser un incentivo para que China haga lo mismo en Taiwán si no se responde de forma clara. Es por ello que, según los expertos, la respuesta de la comunidad internacional hacia Rusia debe de ser “una llamada de atención” también para Pekín. Estos últimos meses se ha comparado la situación de ambos contextos, siempre rechazándose por China de que se trate de la misma situación.
Para el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, Javier Gil, «China lleva muchos años mostrándose mucho más agresiva con Taiwán. Les ha dicho muchas veces que si reconoce la independencia les invadirían». El experto considera que el gigante asiático está utilizando la “debilidad estadounidense” después del desastre de Afganistán para contemplar las medidas posibles con el objetivo de recuperar Taiwán.
Ernesto Pascual, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Oberta de Catalunya, explica también los motivos geopolíticos para que tenga tanto interés en controlar la isla. «Un bloqueo naval de Estados Unidos podría hacer que no pasase el crudo por el estrecho de Malaca y podría paralizar China”, advierte el experto. Es por ello que si recupera el territorio de Taiwán, ante una amenaza de esta envergadura podría tener el control de las entradas al país.
Ante el hipotético caso de una invasión, Javier Gil, considera que China se ve «muy fuerte» económica y políticamente, con más aliados y con más inversión militar. “La China actual no es la de hace 20 años. Ahora es más agresiva, con más confianza en sí misma. En un futuro no descartaría que se atrevieran a una invasión militar a Taiwán”, incide.
Es posible que China esté aprovechando los esfuerzos occidentales y el foco internacional sobre la invasión de Ucrania para conseguir unir el territorio que historicamente comprendía «Una Sola China». Sin embargo, si las restriciones a Rusia muestran la fuerza que supone la cohesión de la comunidad internacional, podrían evitar que las amenazas sobre la isla queden ahí, sirviendo como «aviso» y evitando una intervención por la fuerza como hizo Putin en Ucrania.
Este 30 de mayo se han cumplido 40 años de la entrada de España a la OTAN, una fecha considerada «histórica» por el contexto en el que se celebra: la guerra de Ucrania y la próxima Cumbre de la Alianza que Madrid acogerá este mes de junio. En este artículo te damos las claves para entender la historia de España en la Alianza y qué piensan los españoles sobre la OTAN hoy.
España celebra su 40 aniversario de adhesión en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en contexto considerado histórico a raíz de la guerra de Ucrania y la próxima Cumbre de la Alianza que Madrid acogerá este mes de junio y en la que se adoptará el Concepto Estratégico de Madrid, un documento que marcará el futuro de la organización para los próximos 10 años.
Según apuntó en el acto de celebración del 40º aniversario de la adhesión de España a la Alianza el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, este nuevo Concepto Estratégico no se limitará al «ámbito militar convencional» sino que irá «más allá» como consecuencia de la «creciente importancia de las amenazas híbridas».
Además, esta Cumbre podría contar con la novedad de las dos candidaturas de Suecia y Finlandia si Turquía cede en su bloqueo a ambos países. En este artículo de LISA News te contamos qué hay detrás del bloqueo turco y analizamos si significa un acercamiento a uno de los bandos por parte de un país miembro de la organización desde 1952, antes que España.
La Cumbre también se celebra en un contexto geoestratégico clave y, sobre la guerra de Ucrania, Sánchez afirmó que la OTAN y la UE se enfrentan, posiblemente, al «mayor desafío de su historia», y destacó que Putin no tendrá éxito en su invasión porque los países aliados han demostrado una»firmeza inquebrantable» en el apoyo a Ucrania. «Desde el principio ha quedado muy claro que la unidad y cohesión entre aliados es la mejor arma de disuasión de la OTAN para impedir una escalada del conflicto», subrayó.
Sánchez también señaló la importancia de preservar la unidad «de los que creemos en la democracia, en el estado de derecho y en un orden internacional basado en normas que protegen las libertades civiles y políticas». «Es imprescindible que reforcemos nuestra capacidad de disuasión, que exige capacidades militares modernas que sólo se adquieren mediante un elevado gasto en defensa. Pero no hay coste más alto que el de enfrentarnos a conflictos armados y a la terrible inestabilidad que generan», señaló.
Un contexto para entender la OTAN
La Organización Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se estableció en 1949 con la firma del Tratado de Washington, en virtud del cual doce países de ambos lados del Atlántico se comprometían a defenderse mutuamente en caso de ataque armado contra cualquiera de ellos.
La OTAN cuenta actualmente con 30 miembros, además de 21 socios de cooperación en el Consejo de Asociación Euroatlántico (EAPC), siete socios del Diálogo Mediterráneo (MD), cuatro países que participan en la Iniciativa de Cooperación de Estambul (ICI) y nueve «socios en todo el mundo».
Según asegura la organización internacional, la OTAN tiene como propósito garantizar la libertad y la seguridad de sus miembros a través de medios políticos y militares. Así destacan que, tal y como establece el artículo 5 del Tratado de Washington, «las Partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas en Europa o América del Norte será considerado un ataque contra todas ellas». Este principio de defensa colectiva sólo ha sido invocado una vez en la historia, en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre contra los Estados Unidos en 2001.
Como ya hemos mencionado, la OTAN cuenta actualmente con 30 miembros: los doce países fundadores (Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos), Grecia y Turquía (que se unió en 1952) , República Federal de Alemania (1955), España (1982), República Checa, Hungría y Polonia (1999), Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia (2004), Albania y Croacia (2009), Montenegro (2017) y Macedonia del Norte (2020).
De acuerdo con el artículo 10 del Tratado de Washington, «cualquier otro Estado europeo que esté en condiciones de promover los principios de este Tratado y de contribuir a la seguridad del área del Atlántico Norte» puede adherirse a esta organización.
Historia deEspaña en la OTAN
España se convirtió en el miembro número 16 de la OTAN el 30 de mayo de 1982. Cuarenta años después, el país se posiciona entre los cinco primeros países de la Alianza según la puesta a disposición de medios y capacidades y es el séptimo aliado en relación a la aportación de efectivos.
La historia de España en la OTAN comienza el 25 de febrero de 1981 cuando, en su debate de investidura como presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo propuso que España se integrase en la Alianza. Así, la posible adhesión se debatió en el Congreso en octubre de ese año y, el 2 de diciembre de 1981, España comunicaba a la Alianza su intención de adhesión. El 30 de mayo de 1982, España se convertía en el miembro número 16 de la OTAN.
Por contextualizar este ingreso fue en las elecciones generales del 28 de octubre de 1982, cuando se abrió un periodo de reflexión que culminó con el referéndum de 1986 en el que el 52,54% de la población votó a favor de la adhesión. Sin embargo, este paso no conllevaba la incorporación de España a la estructura militar integrada y estaba prohibido instalar, almacenar o introducir armas nucleares en el territorio español.
En 1996 el Congreso de los Diputados apoyó que el Gobierno negociase el ingreso de España en la estructura de Mandos de la OTAN. Pocos meses después, el 8 y el 9 de julio de 1997, España acogía la primera Cumbre de la OTAN en Madrid y aspiraba a participar de forma «plena» en la estructura militar integrada de la OTAN, algo que se completó en 1999.
Cuarenta años después de la adhesión, la actual ministra de Defensa española, Margarita Robles, apuntó durante el acto de celebración del 40º aniversario, que «la incorporación en la OTAN fue una decisión difícil en su momento, pero muy acertada». «En el mundo en el que vivimos es necesario que haya una Alianza como la que tenemos, fuerte y defensora de valores», recalcó.
Por su parte, el presidente del Gobierno español destacó que la permanencia de España en la OTAN cumple una misión «trascendental». «Nos permite ser lo que somos y garantizamos que seremos lo que España quiere ser. La OTAN no es solo una alianza militar sino un frente común en defensa de los principios que originan la prosperidad y bienestar de nuestro pueblos», dijo.
El acto en cuestión fue presidido por el Rey Felipe VI y contó con la participación del secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, ex secretarios generales de la Alianza; expresidentes del Gobierno de España; ministros del Ejecutivo y representantes de las altas Instituciones del Estado español. A la conmemoración ha asistido también el Embajador de Ucrania en España y el consejero diplomático de Volodímir Zelenski, que se encuentra en Madrid en visita oficial.
También asistieron los miembros del Consejo Atlántico de la OTAN, integrado por los Embajadores Representantes Permanentes de los países aliados en Bruselas (algo sumamente excepcional, ya que no es habitual que el Consejo Atlántico viaje fuera de Bruselas).
Durante la intervención de Stoltenberg en el acto, agradeció a España su «compromiso» con la seguridad trasatlántica que, según Stoltenberg, «es y seguirá siendo vital». También afirmó que, en el futuro, «España continuará desempeñando un papel fundamental dentro de nuestra Alianza, porque en este momento de competencia global cada vez mayor, nuestra unidad es nuestra fortaleza».
¿Qué piensan los españoles sobre la OTAN hoy?
Como ya hemos mencionado, en 1986 un 52,54% de la población española votaba a favor de la adhesión de España en la OTAN; pero, ¿qué piensan los españoles hoy?. Según las últimas encuestas parece que los españoles apoyarían mayoritariamente la pertenencia a la Alianza, aunque con matices. Según una encuesta reciente realizada por el Real Instituto Elcano en febrero de este año, un 80% de los encuestados se posicionan a favor de la permanencia de España en la OTAN.
Por ofrecer una cifra de contexto previa a la invasión rusa de Ucrania, un 78% apoyaba la permanencia en noviembre de 2018. A día de hoy, además, tres de cada cuatro encuestados creen que la pertenencia a la OTAN ha dado mayor seguridad a España ante posibles amenazas exteriores.
Sin embargo, la división de la opinión pública parece centrarse en relación al papel de la organización en el contexto internacional. Por poner un ejemplo concreto y reciente, destacamos el si la OTAN debería o no intervenir militarmente en Ucrania: según la misma encuesta, un 52% estaría en contra de la intervención y un 48% estaría a favor.
El apoyo a la implicación militar española es mayor entre los hombres (54%), mayores de 45 años (52%) y quienes se identifican con la derecha (54%); mientras que el «rechazo» parece ser mayor entre las mujeres (58%), quienes tienen entre 18 y 29 años (62%) y se identifican con la izquierda (59%).
Estas «reñidas» cifras coinciden con los datos del último barómetro del mes de mayo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Según el CIS, un 19,2% de los encuestados se mostraba «muy de acuerdo» con que la OTAN interviniera militarmente en ayuda de Ucrania y un 18,5% se mostró «muy en desacuerdo».
Un apunte que se considera relevante a destacar en cuanto a la opinión pública en España en el contexto de la guerra de Ucrania es que, según la encuesta del Real Instituto Elcano, se ha encontrado un aumento sustancial de la percepción de Rusia como amenaza a medida que se alargaba la invasión en el tiempo: ha pasado del 5% al 34% ocupando el primer puesto como amenaza a la seguridad superando a Marruecos, en segunda posición, y al terrorismo yihadista, que se encuentra en tercer lugar.
Las Fuerzas Armadas españolas en las misiones de la OTAN
La celebración del 40º aniversario de la adhesión a la OTAN coincide en España con otra fecha clave para la seguridad y defensa en el país: el Día de las Fuerzas Armadas.
«Tenemos 3.500 personas listas para operar donde la Alianza lo solicite, además de potentes capacidades militares. Es otro signo del firme compromiso de España con los objetivos y principios de la Alianza en estos 40 años», aseguró el general de Brigada del Ejército del Aire, Francisco Javier Vidal.
España participó en la primera misión de la OTAN en 1992 y, desde entonces, alrededor de 125.000 militares españoles se han desplegado en 22 operaciones en lugares como Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Libia, el golfo de Adén, el Cuerno de África, Afganistán y en el Mediterráneo, en las que han perdido la vida 119 españoles, incluidos 2 intérpretes.
En la actualidad, España participa en seis misiones OTAN: Policía Aérea del Báltico, Grupos Navales Permanentes OTAN, Operación ‘Sea Guardian’ en el Mediterráneo, ‘Enhance Foward Presence’ en Letonia, Operación ‘Apoyo a Turquía’ y en ‘NMI’ Misión OTAN en Irak. El compromiso de España con la Alianza Atlántica se ha reafirmado recientemente con despliegue de 157 militares más para reforzar el flanco sur en la base letona de Ādaži.
Así, la aportación de la Alianza Atlántica a España y al resto de miembros se refleja en una seguridad colectiva, la defensa en todos los ámbitos y una interoperabilidad plena con el resto de aliados, según aseguró el presidente del Gobierno español. «La OTAN ha contribuido enormemente a un bien público fundamental: la prosperidad de nuestras sociedades y el bienestar de sus ciudadanos necesitan imperiosamente de la seguridad. Porque cuando nuestras sociedades están en peligro, todos sus fundamentos corren el riesgo de colapsar», destacó Sánchez.
Así, España ha contribuido con medios y efectivos a las principales misiones de la OTAN, demostrando su compromiso y solidaridad como socio de la Alianza. «Gracias a la pertenencia a la OTAN, España ha abordado con éxito el reto de modernizar las Fuerzas Armadas, que han sabido aprovechar esta oportunidad con un grado extraordinario de compromiso y profesionalidad», concluyó.
Técnicas y herramientas de detección de Desinformación Fake News
Quién participa
Daniel Iriarte(@Danieliriarteo). Periodista, Corresponsal y Analista Internacional especializado en Geopolítica, Seguridad Global, Desinformación y Amenazas Híbridas. Ha sido reportero y enviado especial en más de 50 países de África, Oriente Medio, Europa del Este y Asia, cubriendo la Primavera Árabe, conflictos del Cáucaso o las guerras de Libia y Siria. Licenciado en Periodismo (UCM) y Máster en Estudios sobre Terrorismo (UNIR).
Daniel Villegas (@DanielVillegas). Director de LISA Institute. Licenciado en Criminología (UIC). Graduado en Prevención y Seguridad Integral y Posgrado Superior en Gestión y Derecho de la Seguridad (EPSI), Máster en Mundo Árabe e Islámico (UB), Máster en Terrorismo (UNIR), Máster en Análisis de Inteligencia (UAB), Máster en Cybersecurity Management (UPC) y CISA (ISACA).
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Daniel Iriarte es periodista, Corresponsal y Analista Internacional especializado en Geopolítica y Seguridad global. Ha sido reportero y enviado especial en unos 50 países de África del Norte, Oriente Medio y el sur y sudeste de Asia, así como Europa del este, cubriendo sucesos en primera persona como la Primavera árabe, la crisis kurda, los conflictos del Cáucaso, la emergencia del Estado Islámico o las guerras de Libia y Siria.
Ha vivido gran parte de su vida en El Cairo (Egipto), Sofía (Bulgaria), Bangkok (Tailandia) y Estambul (Turquía). A nivel académico es Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Estudios sobre Terrorismo en la Universidad de La Rioja.
También es coautor y editor del libro «Estado Islámico: la yihad en el poder» (Ed. Dyskolo, 2015); coautor del libro «¿Qué queda de las revueltas árabes?» (Ed. Catarata, 2015); coautor del libro «El retorno de Eurasia» (Ed. Península, 2012) y guionista y codirector del documental «El rumor de la arena: Historias del Sáhara Occidental» (Atila Films, 2007).
La OTAN utiliza herramientas de respuesta integral y preventiva con tecnologías emergentes y disruptivas para combatir las amenazas híbridas, uniendo instrumentos militares y no militares. En concreto, para combatir la actividad híbrida de China y Rusia.
En el Reporte Anual del Secretario General de la OTAN de 2021 presentado el 31 de marzo de 2022, se tratan las amenazas cibernéticas llevadas a cabo por actores estatales y no estatales, indicando que en 2021 hubo un aumento en campañas cibernéticas disruptivas y maliciosas, así como ataques de ransomware dañinos.
Estos ataques, según la Alianza Atlántica, han sido dirigidos a infraestructuras críticas y cadenas de suministro, que son «especialmente sensibles» por ser pilares fundamentales para el correcto funcionamiento de los Estados, así como para la seguridad de los mismos.
Para hacer frente a esta situación, los países aliados han respaldado la Política Integral de Defensa Cibernética de la OTAN, y están decididos a emplear «todas sus capacidades para disuadir y contrarrestar las amenazas cibernéticas» con el mandato defensivo de la OTAN y el Derecho Internacional, para lo que se requiere un enfoque integral uniendo esfuerzos a nivel político, militar y técnico.
Este compromiso, que fue adoptado en 2016 en la Cumbre de Varsovia, ha sido y sigue siendo clave para desarrollar la resiliencia nacional. Así los Aliados continúan trabajando para desarrollar su fuerza cibernética, reclutando expertos, desarrollando programas de reserva cibernética, e invierten en capacidades y experiencia de defensa cibernética, todo ello basándose en el artículo 3 del Tratado del Atlántico Norte:
“A fin de lograr más eficazmente la realización de los fines del presente Tratado, las Partes, actuando individual y conjuntamente de manera continua y efectiva mediante la aportación de sus propios medios y prestándose asistencia mutua, mantendrán y acrecentarán su capacidad individual y colectiva de resistir a un ataque armado.”
En julio de 2021, el Consejo del Atlántico Norte, junto con los aliados individuales, países socios y otras organizaciones internacionales, emitió una declaración condenando las actividades cibernéticas maliciosas, incluyendo el compromiso de Microsoft Exchange Server, para promover un ciberespacio libre, abierto, pacífico y seguro.
Los Estados hostiles o actores no estatales utilizan una combinación de herramientas militares y no militares que son un desafío de seguridad importante. Los ataques cibernéticos tienen como objetivo golpear a las nacionales aliadas por debajo del umbral del ataque armado, para desestabilizar y dividir a las comunidades.
Estas amenazas híbridas socaban la defensa de la OTAN, como ocurre cuando atacan las infraestructuras críticas. Por esta razón, la OTAN utiliza herramientas no militares para apoyar las tres tareas principales de la Alianza, que son la defensa colectiva, la gestión de crisis y la seguridad cooperativa.
Desde 2021, la OTAN ha comenzado a trabajar con herramientas de respuesta integral y preventiva, para estas amenazas híbridas, uniendo instrumentos militares y no militares. En concreto, para la actividad híbrida de China y Rusia, con tecnologías emergentes y disruptivas.
En septiembre de 2021, se desplegó un Equipo de Apoyo contra Híbridos en Lituania por parte de la OTAN, formado por un equipo de expertos que ayudaba a las autoridades lituanas a analizar la campaña relacionada con la migración realizada por Bielorrusia, reforzando su resiliencia en amenazas híbridas.
También, en noviembre de 2019, se desplegó el primer Equipo de Apoyo contra Híbridos para Montenegro, siendo el de Lituania el segundo, demostrando que la OTAN ayuda a sus Aliados a responder a las amenazas híbridas. Así, la OTAN ha trabajado conjuntamente con la Unión Europea en este tipo de amenazas en el Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas.
Las amenazas híbridas, según establece la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019 del Gobierno de España, “son acciones coordinadas y sincronizadas dirigidas a atacar de manera deliberada las vulnerabilidades sistémicas de los estados democráticos y las instituciones, a través de una amplia gama de medios, tales como acciones militares tradicionales, ciberataques, operaciones de manipulación de la información, o elementos de presión económica.”
A raíz del polémico caso «Pegasus» en España, en LISA News publicamos esta guía para ayudarte a entender cómo está regulado el CNI en España, cuáles son sus funciones y dónde este el límite de sus actividades. Más allá del marco normativo actual, en este artículo te damos las claves sobre las nuevas propuestas de regulación del servicio de Inteligencia Español.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, compareció este jueves en el Congreso de los Diputados para esclarecer la actuación del Ejecutivo en relación con el espionaje a través del programa informático Pegasus. En su intervención, también anunció nuevas propuestas legislativas sobre el marco normativo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que te explicaremos, en claves, más adelante en este artículo.
En relación con la actividad del CNI, Pedro Sánchez declaraba que «el Gobierno marca las prioridades en materia de riesgos de Seguridad, pero ni conoce ni decide sobre las decisiones operativas de los servicios de Inteligencia, que son siempre sometidas a quien tiene la decisión final, que es la autoridad judicial que realiza el control legalmente previsto».
Respecto a la supuesta infiltración a través del software de espionaje en dispositivos móviles de políticos independentistas y activistas catalanes y de varios miembros del Gobierno, el presidente español ha destacado que estos ataques se repiten desde hace años en muchos países del entorno.
Durante la comparecencia, el presidente ha repasado las actuaciones llevadas a cabo para esclarecer el asunto. Estas han sido el control interno por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la presentación de las conclusiones en la Comisión de secretos oficiales, y por último, la investigación del Defensor del Pueblo.
Además, Sánchez ha defendido diferenciar «lo que son informaciones con indicios sólidos» de las «simples conjeturas». También ha añadido que «el Gobierno cumple con su deber de preservar el orden constitucional, con los instrumentos que le otorga la Constitución. Nada fuera de la ley, todo conforme a la ley«.
Las propuestas legislativas para la reforma del marco normativo del CNI
Sánchez también ha detallado en su comparecencia diversas iniciativas del Ejecutivo para mejorar la seguridad. Algunas de ellas son la incorporación de 10.000 efectivos de Policía y Guardia Civil, la mejora salarial de los agentes, un plan de infraestructuras de 600 millones de euros o el Plan Nacional de Ciberseguridad.
Con relación al marco regulatorio de la Seguridad Nacional y de Ciberseguridad, Pedro Sánchez ha defendido la necesidad de proceder a una «actualización, modernización y nueva regulación de la seguridad y la ciberseguridad del Estado». También ha asegurado que los avances normativos deben acompañarse de compromisos presupuestarios y de una mayor coordinación en materia de Ciberseguridad.
Respecto a la normativa que gobierna los servicios de Inteligencia, el presidente ha anunciado dos iniciativas legislativas. En primer lugar, el Gobierno aprobará una nueva ley de información clasificada, que sustituirá a la ley vigente, aprobada en 1968, para «adaptar la norma a los principios democráticos y constitucionales y a los mayores estándares internacionales», según ha manifestado el presidente.
En segundo punto, el Ejecutivo reformará la Ley Orgánica Reguladora del Control Judicial Previo del CNI, en línea con las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Algunas de las últimas son el perfeccionamiento del control judicial y parlamentario.
En lo que se refiere al control parlamentario, elDefensor del Pueblo subrayaque, durante tres años, no ha existido la denominada «Comisión de Secretos Oficiales» en el Congreso de los Diputados.
De hecho, el informe hace énfasis en que las discrepancias políticas o la composición de la Cámara no puede ser un obstáculo para garantizar el funcionamiento regular de las instituciones.
Respecto al control judicial previo, el Defensor del Pueblo asegura que deben tenerse en cuenta las reflexiones de la doctrina científica que se ocupa de temas de Seguridad e Inteligencia. También, de las preocupaciones de los ciudadanos y organizaciones, así como de las consideraciones del Parlamento europeo sobre el programa Pegasus en cuanto al control judicial. Finalmente, el Defensor del Pueblo ha recomendado la apertura del CNI a la sociedad.
En línea con las últimas consideraciones del Defensor del Pueblo, Pedro Sánchez, ha señalado en su intervención que «el objetivo [de las propuestas] es reforzar las garantías del control -parlamentario y judicial-, además de asegurar el máximo respeto a los derechos políticos e individuales de las personas». También que «se tendrán en cuenta las consideraciones que formule el Parlamento Europeo sobre las tecnologías de interceptación de comunicaciones de última generación», ha expuesto.
Todas aquellas actividades realizadas por los terroristas que impliquen el uso de las TIC serán consideradas como ciberterrorismo. Propaganda, reclutamiento o ciberataques con el objetivo de atentar contra las infraestructuras informativas de los Estados o sectores privados son algunas de ellas.
En primer lugar nos centraremos en la propaganda. Debemos partir de la idea de que las acciones terroristas tienen como objetivo ser el punto de mira de la sociedad, más que el producir bajas humanas. No en todos los casos relacionados con el terrorismo yihadista se puede aplicar esta información ya que sí encontramos actos terroristas en lugares poco mediáticos para Occidente donde, además, suelen ser más violentos.
Las organizaciones terroristas se han apoyado en Internet como medio de expresión con el objetivo de hacer llegar su mensaje a cada rincón del mundo. Esta propaganda se utiliza, en mayor medida, para captar la atención de la multitud y manipular a la población. Los objetivos de esta propaganda suelen ser grupos desfavorecidos o marginados. La ONU señala al material utilizado para la propaganda en forma de mensajes, presentaciones, revistas, vídeos, audios e, incluso, videojuegos.
Pero, ¿cuándo esta propaganda se considera terrorista? La propaganda, por sí misma, no está prohibida. Es uno de los principios básicos del Derecho Internacional dentro de la protección de los Derechos Humanos Fundamentales donde encontramos la libertad de expresión. Sin embargo, sí existen excepciones a este principio entre las que destacamos aquellas comunicaciones que puedan perjudicar la protección de la seguridad nacional o que inciten a la comisión de actos de violencia contra personas o grupos específicos.
Muchas plataformas digitales y medios de comunicación están tratando de censurar la propaganda terrorista pero no todas. En el internet «visible» al que puede acceder cualquier persona, existe una mayor protección respecto al contenido que se publica; sin embargo, no ocurre lo mismo en la Deep Web donde no hay control sobre este tipo de contenidos.
En relación al adoctrinamiento encontramos actividades relacionadas con radicalización violenta y reclutamiento. En cuanto al primero, consideramos como adoctrinamiento aquel fenómeno por el que las personas se adhieren a ideas que pueden conducirles a cometer actos terroristas. En cuanto al reclutamiento, en este contexto terrorista, lo entendemos como el proceso en el que el individuo se adhiere a un grupo cuya ideología es radical y favorece la conflictividad con otros grupos, empleando el uso de la violencia.
Más allá del plano físico, a día de hoy, ambas actividades se realizan también a través de Internet existiendo tres modelos de comunicación entre «emisor» y «receptor»:
El primer modelo, consistiría en difusiones masivas de las organizaciones donde aparece una figura relevante de la organización que es quien da el mensaje a la base. En el segundo modelo, habría contestación por parte de la base y los agentes de radicalización comparten sus enseñanzas a los potenciales adeptos utilizando servicios de mensajería instantánea para recibir contestación. En el tercer modelo, todos tendrían el mismo estatus dentro de la organización y compartirían contenidos realimentando su radicalización.
Como mencionábamos anteriormente en relación a la propaganda, los objetivos de los grupos terroristas recaen en los grupos más desfavorecidos o marginales ya que es más fácil reclutarlos y radicalizarlos mediante sentimientos de injusticia, exclusión y/o humillación.
Por poner un ejemplo, en 2003 Al Qaeda realizó una campaña de reclutamiento online con el objetivo de reunir a personas dispuestas a viajar a Iraq y atacar a las fuerzas estadounidenses que se establecieron allí, según informó el Instituto SITE (Search for International Terrorist Entities), grupo de inteligencia estadounidense.
Información o planificación de atentados terroristas
Cuando nos referimos a la información o planificación como actividades ciberterroristas nos referimos a cómo gracias al anonimato y comunicación con cualquier persona establecida en cualquier parte del mundo que permite Internet la planificación de los actos terroristas puede ser menos peligrosa para los propios terroristas al haber menor peligro de ser detectados.
Además, Internet ofrece una gran cantidad de información fácil y accesible como pueden ser acceso a mapas para establecer rutas u objetivos. Un ejemplo lo podemos encontrar en Francia en el caso del Ministerio Público contra Hicheur. Adlène Hicheur es un nacional francés que nació en Argelia, físico nuclear, y fue condenado a prisión por participar en confabulación delictiva para preparar un acto terrorista entre 2008 y 2009.
Hicheur estuvo apoyando intelectual y logísticamente a Al Qaeda Magreb Islámico, Frente Mundial de Medios de Información Islámicos y al Centro Rafidayin mediante mensajes secretos cifrados.
Ciberfinanciación terrorista
La recaudación o financiación terrorista también puede incluirse dentro de las actividades consideradas como ciberterrorismo. Estas consisten en el apoyo financiero a actividades o grupos terroristas en forma de acción económica, ayuda o mediación, ya sea relacionada con fondos, bienes o recursos. Cuando la relacionamos con el ciberterrorismo consistiría en concreto con aquella financiación que se realiza a través de Internet en la que se puede incluir el rescate por información robada tanto a Gobiernos como empresas.
Tradicionalmente los grupos terroristas se han financiado mediante atracos, secuestros, extorsión, tráfico ilícito y donaciones, pero actualmente se financian también mediante carding, phishing, pharming, ataques ramsonware, etc. En la Deep Web los grupos terroristas también tienen acceso a un gran mercado de productos ilítcitos que les aportan financiación.
Recaudación directa: se realiza utilizando sitios web o chats, por campañas masivas de correo y comunicaciones dirigidas a simpatizantes que hagan donaciones.
Comercio electrónico: se ofrecen productos que interesen a los simpatizantes.
Servicios de pago en línea: permiten transferencias, ya sea por tarjeta de crédito, o incluso por PayPal o Skype.
Contribuciones a organizaciones benéficas: los grupos terroristas crean una empresa fantasma, disfrazada de entidad benéfica, para solicitar donaciones.
Un ejemplo de este tipo de actividad ciberterrorista sería el ocurrido en 2020 cuando se detuvieron a treinta personas por ciberfinanciación terrorista que habían transferido dinero a miembros del ISIS y Al Qaeda en Siria.
Otro ejemplo podría ser el robo de tarjetas de crédito para financiar actos terroristas ocurrido en Reino Unido en 2005. Tsouli, Waseem y al-Daour crearon cientos de sitios webs y foros donde incitaban al terrorismo, concretamente, al homicidio en Iraq. Para el mantenimiento de las webs y para conseguir fondos, robaron tarjetas de crédito, que posteriormente blanquearon.
Comunicaciones entre terroristas
Internet ha revolucionado las comunicaciones en todos los ámbitos, dejando atrás las conexiones analógicas. En concreto, en el ámbito de las organizaciones terroristas, tienen especial cuidado de no ser detectados por las fuerzas y cuerpos de seguridad, manteniendo el máximo secreto en sus comunicaciones.
Con este objetivo los grupos terroristas emplean técnicas como el dead dropping que consiste en esconder pen drives en lugares recónditos como pueden ser paredes o el uso de aplicaciones de mensajería cifrada como, por ejemplo, Mujahideen Secrets.
Otra de las técnicas que también realizan los grupos terroristas en el ámbito cibernético es la conocida como «Buzón muerto». Esta consiste en crear una cuenta de correo electrónico y redactar un correo que nunca se llega a enviar guardándose en la carpeta de «Borradores». Conociendo la contraseña varias personas pueden acceder y leer esa comunicación evitando el rastro que dejaría el envío del correo electrónico.
Adiestrar o entrenar a través de publicaciones online
A través de Internet las organizaciones terroristas también difunden manuales y tutoriales de vídeo con el objetivo de enseñar a combatir o crear explosivos. Al Qaeda y el ISIS facilitan también revistas electrónicas de contenidos genéricos en el que también incluyen tácticas y métodos de ocultación de armas en aeropuertos, confección de explosivos con materiales fáciles de adquirir o cómo realizar un atentado con un vehículo.
La revista que publica Al Qaeda es «Inspire» y su objetivo es permitir a los terroristas entrenarse para la yihad ofreciendo una gran cantidad de material ideológico que fomenta el terrorismo. Utilizan en la publicación declaraciones de Osama Bin Laden, el jeque Ayman al-Zawahiri y otros representantes de Al Qaeda.
En la publicación online también se facilitan herramientas de contrainteligencia y piratería para aumentar la seguridad de sus comunicaciones y actividades en línea ilícitas con técnicas de cifrado y anonimato.
Ciberataques terroristas
Entendemos comodefinición de ciberataques la de «el uso del ciberespacio para atacar los sistemas y servicios presentes en el mismo o alcanzables a través de aquel» en los que «el atacante busca acceder sin automatización a información o alterar o impedir el funcionamiento de los servicios».
En este sentido, las técnicas más frecuentes utilizadas por los ciberterroristas son el uso del malware, envío masivo de correo no deseado; spoofing o suplantación de identidad en los remitentes de mensajes; keyloggers o envío de archivos espías; uso de troyanos para controlar de manera remota los sistemas y sustraer información; uso de archivos bot del Internet Relay Chat; uso de rootkits, que modifican las direcciones de dominio o DNS, intrusiones no autorizadas; DDoS o denegación de servicio, BlindRadars o bloqueo del tráfico aéreo, etc.
Entre los múltiples ejemplos que existen mencionamos el ocurrido en 2012 y sufrido por Israel. En el ciberataque se realizaron ataques contra importantes páginas web israelíes como la página web de la Bolsa de Valores de Tel Aviv o de la compañía aérea nacional. Así se realizaron divulgaciones de información sobre tarjetas de crédito de miles de israelíes.
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China, Irán, Arabia Saudí y la pena de muerte como medio de represión
Esta semana Amnistía Internacional ha emitido un informe con los datos sobre las condenas a pena de muerte en el mundo en 2021. En este artículo te damos las claves del informe para entender cómo los grandes ejecutores -China, Irán y Arabia Saudí- lo utilizan como medio de represión.
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El Consejo Europeo aprueba las conclusiones sobre el desarrollo de la postura cibernética de la Unión Europea.La adopción de esta planificación responde al aumento de las amenazas que desafían a la UE y a los Estados miembros en el ciberespacio.
El pasado lunes 23 de mayo, el Consejo Europeo aprobó las conclusiones sobre el desarrollo de la postura cibernética de la Unión, con motivo de la creciente importancia que ha ido tomando el ciberespacio en la competición geopolítica.
El objetivo de la toma de posición en materia cibernética de la Unión Europea es dar respuesta. a las amenazas del ciberespacio, que atentan contra la UE y los Estados miembros. Estas últimas han ido creciendo durante los últimos años y han llegado a afectar a los intereses estratégicos, en materia de Seguridad y Defensa, de la comunidad.
Council approved conclusions on the development of the EU's cyber posture.
Aim: provide responses to actors seeking to deny the EU a secure & open access to cyberspace & affect its strategic interests
En primer lugar, reforzar la resistencia y las capacidades de la Unión Europea para proteger. El Consejo llama a la UE a mejorar la ciberseguridad propia. Para ello, aconseja la aprobación de las directivas que regulan la ciberseguridad común. En concreto, llama a la Comisión para que proponga requisitos comunes en ciberseguridad para los dispositivos conectados, así como para los procesos y servicios asociados a este ámbito. Por ello anima a las autoridades pertinentes, tales como la Agencia de Ciberseguridad de la UE (ENISA), a formular recomendaciones para mejorar la resistencia de las redes e infraestructuras de comunicaciones dentro de la Unión.
La segunda función hace referencia a la mejora de la solidaridad y la gestión global de las crisis. Dentro de esta, destaca la importancia de realizar pruebas cibernéticas, con el fin de validar y desarrollar la respuesta de la UE a los incidentes cibernéticos. En este ejercicio espera la participación del Consejo, de las agencias propias especializadas en ciberseguridad, así como la del sector privado. También insta a los Estados miembros a que faciliten la coordinación y la cooperación técnica entre ellos.
En tercer lugar, promover la visión de la UE sobre el ciberespacio. El Consejo reitera que con la adopción de la postura cibernética, la UE pretende prevenir el conflicto, mitigar las amenazas del ciberespacio y reforzar su estabilidad en el ámbito internacional. Además, pone énfasis en la importancia de lidiar en un ciberespacio donde se respeten los derechos y las libertades fundamentales, favoreciendo de esta forma el desarrollo y mantenimiento de las sociedades democráticas.
La cuarta de las funciones refiere al hecho de promover la cooperación con los países socios y las organizaciones internacionales. En especial, el Consejo apremia a la Unión Europea a reforzar la cooperación con la OTAN en materia de ciberseguridad.
Por último, la UE debe prevenir, defender y responder a los ciberataques. Con el fin de asegurar la UE y los Estados miembros de las amenazas cibernéticas, el Consejo pone énfasis en la necesidad de aumentar el intercambio de información, mediante la cooperación entre los equipos militares de respuesta de emergencias informáticas. También insta a los Estados miembros a facilitar el intercambio de información mediante la creación de redes y comunidades cibernéticas.
Dentro de esta última función, el Consejo expone las primeras líneas sobre la estrategia militar de la Unión en el ciberespacio: reafirma la necesidad de integrar la dimensión cibernética en el planeamiento de las misiones. Destaca también que ello contribuirá a mejorar el conocimiento de la situación cibernética de la UE.
En líneas generales, la adopción de la postura cibernética de la UE estará basada en mejorar la resistencia, capacidades y respuesta comunitarias a las amenazas del ciberespacio. Otro de los puntos que el Consejo ha destacado en la adopción de esta postura, es la necesidad de aplicar el derecho internacional en el ciberespacio.
Las condenas a pena de muerte en el mundo han sufrido un aumento del 20% en 2021 respecto al 2020, el año de la pandemia. Entre los países que más emiten este tipo de sentencias encontramos a China, Irán y Arabia Saudí, que las utilizan como medio de represión.
Esta semana Amnistía Internacional ha emitido un informe con los datos sobre las ejecuciones en 2021. La organización registró 579 ejecuciones repartidas en 18 países, lo que supuso un aumento del 20% respecto a las 483 ejecuciones registradas en 2020.
La «buena» noticia es que, más allá del alto número de personas que han sufrido la pena de muerte el año pasado, esta cifra representa el segundo número de ejecuciones más bajo registrado por Amnistía Internacional en la última década.
La mayoría de las ejecuciones de las que se tuvo noticia se produjeron en China, Irán, Egipto, Arabia Saudí y Siria. Entre los métodos de ejecución utilizados en todo el mundo en 2021 se encuentran los siguientes: decapitación, ahorcamiento, inyección letal y arma de fuego.
A pesar de denunciarse desde Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos que no existen datos «reales» del uso de la pena de muerte, China se posiciona como el mayor ejecutor mundial. La cifra de ejecuciones es Secreto de Estado, sin embargo, Amnistía Internacional denuncia que hay miles de personas que han sido condenadas a muerte y ejecutadas en el país.
En el mismo caso se encuentran Corea del Norte y Vietnam, cuyo secretismo y falta de acceso a la información impidieron evaluar las tendencias e incluirlas en el total global.
Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos y Japón también reanudaron las ejecuciones el año pasado; sin embargo, otros países como India, Qatar y Taiwán no registraron la actividad, al contrario que el año anterior.
Gran parte de este incremento correspondió a Irán, que ejecutó al menos a 314 personas (frente a las 246 de 2020), su mayor número de ejecuciones desde 2017. Otro caso destacable es Arabia Saudí, donde aumentaron las ejecuciones registradas un 140%, al pasar de 27 a 65 casos.
A pesar de que las cifras han aumentado respecto al año anterior, 2020 constituyó la cifra más baja registrada por Amnistía Internacional. El 2021 se ha presentado como el segundo año consecutivo más bajo en número de ejecutados registrado por la organización. En 2019, 2020 y 2021, Amnistía Internacional constató 657, 483 y 579 ejecuciones, respectivamente.
Estos registros presentan a finales de 2021 que más de dos tercios de los países del mundo habían abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. En 108 países se habría abolido en la ley para todos los delitos, y 144 países la habían abolido en la ley o en la práctica. Solo en 55 países aún se conservaba la pena de muerte.
Amnistía Internacional registró la imposición de 2.052 condenas a muerte en 56 países, lo que constituía un incremento del 39% respecto a las al menos 1.477 impuestas en 54 países en 2020; no obstante, al concluir 2021 se tenía constancia de que al menos 28.670 personas habían sido condenadas a muerte. Nueve países concentraban el 82% del total conocido: Irak, Pakistán, Nigeria, Estados Unidos, Bangladesh, Malasia, Vietnam, Argelia, Sri Lanka.
Según AI, al menos cuatro personas fueron ejecutadas por delitos que se habían cometido cuando eran menores de 18 años en Irán y Yemen. Amnistía Internacional cree que otras personas de esta categoría permanecían condenadas a muerte en Maldivas y Myanmar. También informan de que al menos el 4% de estas personas eran mujeres, 24 de las 579 personas registradas en: Arabia Saudí, Egipto, Estados Unidos e Irán.
Desde Amnistía Internacional se alerta de que al menos 134 de las ejecuciones fueron por supuestos delitos de drogas en China e Irán, un incremento del 346% respecto al año anterior; además de que se impusieron condenas a muerte en procedimientos que incumplían las normas internacionales sobre juicios justos en países como Arabia Saudí, Argelia, Bangladesh, Camerún, Egipto, Irán, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Singapur, Somalia y Yemen.
Pese a estos retrocesos, el número total de ejecuciones registradas en 2021 constituye la segunda cifra más baja, después de la de 2020, que Amnistía Internacional ha registrado desde al menos 2010.
Las claves de la pena de muerte, por continentes
En América, todas las ejecuciones registradas se llevaron a cabo por parte de Estados Unidos, siendo el decimotercer año consecutivo en el que en el resto de países no se registraron incidencias. Sí que se impusieron 25 nuevas condenas de muerte en tres países: Estados Unidos de América, Guyana y Trinidad y Tobago.
La organización tiene constancia de que, desde 1988, en 2021 se ha obtenido la cifra más baja en Estados Unidos ya que la Administración Biden estableció una moratoria temporal de las ejecuciones federales. Además, otro estado más se sumó a la lista de abolicionistas de la pena de muerte: Virginia ha sido el número 23 del país, siendo el primero de la región del sur.
En Asia y Oceanía se registraron ejecuciones en cinco países, Bangladesh, China, Corea del Norte, Japón y Vietnam, también la cifra más baja en más de dos décadas del continente. Sin embargo, se impusieron al menos 819 nuevas condenas a muerte en 16 países, un incremento del 58% respecto a 2020 (517), en gran parte debido a los aumentos en Bangladesh, India, Myanmar, Pakistán y Vietnam.
Después de dos años en Japón se ahorcó a tres personas. Por segundo año consecutivo, Pakistán no reportó ninguna ejecución y también prohibió el uso de la pena de muerte en personas con discapacidades psicosociales; por su parte, Tailandia ha seguido exculpando las condenas de muerte.
Filipinas también ha amenazado con volver a retomar esta práctica; sin embargo, algunos senadores se han opuesto rotundamente a cualquier iniciativa al respecto. En Singapur, por ejemplo, no se registró ninguna ejecución en 2021 después de dos años, pero este año se ha reanudado la práctica.
El gobierno de Malasia anunció que presentaría reformas legislativas sobre la pena de muerte en el tercer trimestre de 2022, y el gobierno de Papúa Nueva Guinea emprendió una consulta nacional sobre la pena de muerte, que se tradujo en la adopción de un proyecto de ley en enero de 2022.
Los casos en Europa y Asia Central se reducen a una ejecución y una pena de muerte en Bielorrusia, que sigue siendo el único país que las lleva a cabo. Kazajistán firmó una ley que abolía la pena de muerte para todos los delitos, y Armenia se unió a un tratado internacional sobre la materia. En el caso de Rusia y Tayikistán, las ejecuciones se mantienen suspendidas.
Oriente Medio y Norte de África se constataron 520 ejecuciones en 7 países —Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Siria y Yemen—, un incremento del 19% respecto a 2020.
Según AI, Irak redujo a más de la mitad las ejecuciones y Siria se convirtió en el quinto mayor ejecutor. Hubo al menos 834 nuevas sentencias a muerte en 17 países, lo que suponía un aumento del 32%, con fuertes incrementos en Egipto, Irak y Líbano. Esta cifra no refleja las numerosas penas de muerte que se cree que se impusieron en Irán.
A pesar de que en Egipto, la cifra de ejecuciones ha descendido considerablemente, se condenaron a muerte al menos a 356 personas el pasado año, un aumento del 34%, cifra más alta de condenas que ha registrado 2021 en el mundo según la organización.
En África Subsahariana, El número de ejecuciones, registradas en 3 países, se duplicó con creces hasta llegar a 33, como consecuencia de los aumentos en Somalia y Sudán del Sur. El otro país que llevó a cabo ejecuciones fue Botsuana.
Al menos 373 nuevas penas de muerte fueron registradas en 19 países, un aumento del 22%, debido a los incrementos en Mauritania y República Democrática del Congo, y a pesar de un importante descenso en Zambia.
Hay países que se han planteado el empleo de estas condenas en los últimos años, el Parlamento de Sierra Leona aprobó por unanimidad una ley en la que se establecía la abolición de la pena de muerte para todos los delitos, mientras que en Ghana y República Centroafricana se iniciaron procesos legislativos para abolir la pena de muerte, que aún siguen en proceso.
¿Hacia una tendencia de abolición de la pena de muerte global?
A pesar de que los datos sean alarmantes, desde la organización aseguran que se ha hallado una tendencia positiva general que ayudará a la abolición mundial de esta práctica, ya que es el segundo año consecutivo con datos más bajos desde los primeros registros de Amnistía Internacional.
Sin embargo también apuntan a que la causa de este descenso se debe a las medidas tomadas tras la pandemia, donde las restricciones retrasaron considerablemente los procesos judiciales; es por ello que este año, al levantarse muchas de las normas, aumentaron los casos en comparación con el año anterior.
La Secretaria General de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha mostrado su preocupación respecto a los nuevos datos obtenidos. “En lugar de aprovechar las oportunidades surgidas a raíz de las interrupciones de 2020, un reducido número de Estados demostró un entusiasmo preocupante al optar por la pena de muerte en lugar de por soluciones efectivas frente a la delincuencia, mostrando un cruel desprecio por el derecho a la vida a pesar de las urgentes y continuas crisis mundiales de derechos humanos”.
Callamard se dirigió a la minoría de países que aún siguen manteniendo esta práctica, avisándoles de la posibilidad real que muestran los datos para abolir los homicidios autorizados por el estado. “Está al alcance de la mano y seguiremos luchando por él, continuaremos denunciando la arbitrariedad, la discriminación y la crueldad inherentes a este castigo hasta que no quede nadie bajo su sombra. Es hora de que el castigo más cruel, inhumano y degradante sea relegado a los libros de historia”, declaró.
China, Irán y Arabia Saudí, los regímenes que más aplican la pena de muerte
En el Derecho Internacional no se prohíbe la pena de muerte; sin embargo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) restringe su uso a circunstancias excepcionales, limitándolos a los delitos más graves y solo tras un juicio justo. También se prohíbe la condena a menores y la ejecución de mujeres embarazadas.
La pena de muerte en China
La cifra de China sobre el número de ejecuciones y condenas no queda establecida, ya que son Secreto de Estado, sin embargo, se considera que es el país que supera con creces la media internacional, contando con miles de ejecutados anuales.
“Se necesita una pena severa para mantener el control” se considera desde el país, donde la represión es unas de las armas del gobierno para mantener el orden.En la legislación del país se excluye solo a menores y embarazadas al igual que en el Derecho Internacional, y se incluyen delitos tales como secuestros de aviones, fabricación y transporte de armas, contrabando, falsificación de moneda, violación, trata de niños y mujeres o incluso robo con fuerza y muchos más.
Sin embargo, la arbitrariedad del sistema, cuestiona la aplicación de las penas, ya que el robo con fuerza limita a robo grave, pero la gravedad no queda delimitada. No obstante, se considera que actualmente los delitos más habituales condenados a muerte (sin excluir que se condenen de otro tipo), son el asesinato agravado y el tráfico masivo de drogas.
Además se denuncia la denigración del condenado, cuyas fotos son publicadas con todos sus datos, incluso en un momento llegó a haber un programa televisivo denominado “entrevistas antes de la ejecución”.
Un ejemplo de utilizacion de la condena como herramienta de control la hallamos en 2014, cuando lasautoridades chinas arrestaron a Robert Schellenberg, ciudadano canadiense, por participación en actividades internacionales organizadas de tráfico de drogas. El Tribunal chino consideró que las pruebas eran fiables y suficientes, por lo que la condena “era justa”.
Sin embargo, la condena fue modificada, previamente solo se había condenado al acusado con 15 años de cárcel, pero el arresto en Canadá de una ejecutiva china de Huawei, hizo que apenas un mes más tarde se cambiara la sentencia.
El gobierno canadiense acusó a Pekín de utilizar una “diplomacia de rehenes”, con el objetivo de presionar a través de la ejecución de ciudadanos americanos para conseguir que libere a su empresaria, acusada por Estados Unidos de engañar al Banco HSBC Holdings Plc para que violara las sanciones estadounidenses contra Irán.
La condena de muerte y ejecución de los acusados en los países más represivos es utilizada como un arma más de los gobiernos para mantenerse en el poder y mantener a la gente bajo sus normas, asegurándose de que se cumplen rigurosamente, ya que nadie quiere ver las consecuencias de desobedecer las órdenes que emite el estado.
La pena de muerte en Irán
De las ejecuciones registradas en Oriente Medio, el 60% del total fueron llevadas a cabo por Irán, al que se le ha sumado en torno al aumento de esta práctica Arabia Saudí y Yemen.
Irán ha registrado el mayor número de ejecuciones registradas desde 2017, debido en gran parte al aumento de las condenas derivadas de delitos de drogas. Además, alerta el uso de esta práctica contra minorías étnicas, según Amnistía Internacional con cargos imprecisos como la “enemistad con Dios”, ya que al menos el 19% de las ejecuciones eran contra miembros de la minoría baluchi. Según la ley iraní, la sodomía, la violación, el adulterio, el robo a mano armada y el asesinato se encuentran entre los delitos que pueden conducir a la pena de muerte.
También se registran casos de aplicación de la pena de muerte en contra de la libertad de expresión, religiosa y sexual. En febrero de 2022 se ejecutaron a dos hombres homosexuales condenados por sodomía tras seis años en el corredor de la muerte. Mehrdad Karimpour y Farid Mohammadi fueron ahorcados en una prisión en la ciudad noroccidental de Maragheh.
Además, las condenas hacia menores de edad siguen vigentes en el país, en 2014, un joven fue condenado siendo menor de edad, acusado de matar a su novia; y a finales de 2021 fue ejecutado a pesar de retractarse en su confesión, alegando que fue sacado forzosamente bajo tortura. Además de violar el Derecho Internacional, ya que forma parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, se considera que el juicio no cumplía las condiciones mínimas de justicia que pide la comunidad de países.
La pena de muerte en Arabia Saudí
En Arabia Saudí, 9 personas fueron ejecutadas por delitos relacionados con el terrorismo, que en la mayoría de casos también implicaban homicidio, violencia o conspiración para cometer estos delitos.
El 12 de marzo, el reino wahabí ejecutó a 81 personas por delitos de “terrorismo”, cifra que supera al total del año anterior. El Ministerio de Interior anunció que se llevaron a cabo “las condenas a pena capital contra individuos condenadas por terrorismo y crímenes capitales”
En cuanto a los juicios, los saudíes declararon que a los acusados se les concedió el derecho a un abogado y se les garantizó todos sus derechos bajo las leyes saudíes durante el proceso judicial, sin embargo esta afirmación ha sido cuestionada por muchas organizaciones, ya que normalmente no se ajustan a las garantías mínimas que establecen los estándares internacionales.
También se ha criticado los motivos de las condenas, ya que muchos de ellos han sido denominados “terroristas” por Arabia Saudí, cuando en realidad son disidentes políticos. Este fue el caso de Mustafa al Darwish, joven saudí de la minoría chií que fue declarado culpable de cargos relacionados con su presunta participación en protestas violentas contra el gobierno, fue ejecutado en junio de 2021.
El adolescente tenía 17 años cuando fue acusado de fomentar un levantamiento armado contra la cúpula del reino saudí. Entre las acusaciones hacia al Darwish se encontraban “intento de perturbar la seguridad con disturbios” y “sembrar la discordia”. Fue detenido junto a dos amigos, y puestos en libertad el mismo día, les confiscaron el teléfono móvil y hallaron una foto que “les ofendía”, según su familia. Las autoridades obtuvieron su confesión tras someterle a tortura, lo que le obligó a confesar ante los cargos de los que le acusaban para que parasen.
Esta decisión fue en contra del Derecho Internacional e incluso leyes nacionales, ya que no se permite la condena de muerte por delitos cometidos bajo la menoría de edad, sin embargo, las autoridades llevaron a cabo la sentencia, y en junio de 2021 se ejecutó a Mustafa al Darwish por ser acusado de cometer un delito siendo menor en 2015.
No hay que olvidar que la falta de transparencia de los regímenes altera el número real de casos que ocurren anualmente en los países, a pesar de tener cifras de los que ejercen la pena de muerte, estas son siempre orientativas, y siempre se considera que son más de las que quieren mostrar los gobiernos.
La COVID-19 supuso un parón en la ejecución de reos, debido a la lentitud de procesos judiciales y las consecuencias de la pandemia en general, y es por ello que en 2020 se registró la cifra más baja de asesinatos del estado. Aunque en 2021 aumentara de nuevo el número de ejecutados, se observa una clara tendencia de decrecimiento en la aplicación de la pena de muerte, ya sea solo de forma práctica o incluso plasmando la abolición en las leyes de los países que se suman a eliminar el castigo.
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