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Triple Frontera: el epicentro del narcotráfico y el contrabando en Sudamérica

La creciente presencia de organizaciones criminales en la región ha generado tensiones y desafíos en la cooperación entre los países vecinos. En este artículo, Lucas Paulvinoch, alumno del Máster Profesional de Analista Criminal y Criminología Aplicada de LISA Institute, analiza los esfuerzos recientes de Argentina y Paraguay para enfrentar la expansión del narcotráfico y el contrabando, elementos clave en esta situación.

La Triple Frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, se extiende a lo largo de los ríos Iguazú y Paraná. Su ubicación entre los cuerpos de agua no solo define los límites naturales entre los tres países. También ha facilitado históricamente el movimiento de personas y mercancías. Esto ha transformado a la zona en un polo logístico de principal relevancia para el comercio, las finanzas y las actividades delictivas.

De un lado, el Puente Tancredo Neves, que cruza el río Iguazú, conecta Puerto Iguazú en Argentina con Foz do Iguaçu en Brasil. Del otro lado, el Puente de la Amistad, sobre el río Paraná, une Foz do Iguaçu con Ciudad del Este, en Paraguay. Además, el tránsito entre las fronteras por Puerto Iguazú en Argentina y Presidente Franco en Paraguay se efectúa a través de balsas. Las rutas fluviales de la región se extienden hasta encontrar su salida al océano Atlántico por los puertos de Brasil y Argentina.

Ciudad del Este, en Paraguay, es conocida como zona franca. Es un motor económico con transacciones comerciales que alcanzan cifras de 15 mil millones de dólares anuales. Se posiciona solo detrás de Hong Kong y Miami. La diversidad cultural en este cruce internacional se nutre de los intercambios comerciales entre los países. También se ve enriquecida por los flujos migratorios, lo que le da mayor complejidad étnica y religiosa a la región.

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Esta gran riqueza multicultural favoreció el despliegue de actividades ilegales por parte de grupos y clanes familiares con distintas procedencias. Estos grupos, más tarde, dieron forma a organizaciones que, a través de sus conexiones globales, estrecharon relaciones con estructuras criminales de otras partes del mundo.

Desde hace décadas, la Triple Frontera se ha posicionado como un nudo geoestratégico de gran relevancia. También se ha convertido en un centro neurálgico para el contrabando, el narcotráfico, el lavado de activos y una amplia gama de servicios criminales.

Las rutas de la geopolítica de la Triple Frontera

El polo logístico de la Triple Frontera funciona como un corredor y un punto de acopio para las drogas provenientes tanto del interior del continente como del extranjero. Paraguay es el mayor productor de cannabis en Suramérica. Además, la cocaína producida en Perú y Bolivia transita por este corredor para llegar a mercados de mayor valor. Desde Brasil y Argentina, la droga se dirige hacia destinos en Europa, donde el precio de reventa se multiplica significativamente.

La hidrovía del Paraná ha ganado un papel protagónico en este proceso. La droga puede ingresar a Argentina por vía terrestre, a través de Salta y, en menor medida, Jujuy. También puede llegar por vía aérea mediante avionetas que realizan escalas en Paraguay y aterrizan en aeropuertos clandestinos o campos privados.

Los productos que ingresan a Ciudad del Este, en Paraguay, pueden proceder del Asia-Pacífico, vía los puertos brasileños como Santos o Paranaguá. También pueden llegar de Miami, ingresando por vía aérea a través del Aeropuerto Internacional Guaraní. Esta convergencia de rutas y orígenes consolida a la Triple Frontera como un nodo estratégico en la red de tráfico internacional. A su vez, representa un reto para la soberanía estatal en un escenario global cada vez más complejo y competitivo.

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La importancia de la Triple Frontera en el tráfico de drogas configura un eje central de la geopolítica del crimen en la región. La colaboración entre organizaciones criminales locales, como el Comando Vermelho (CV), el Primer Comando de la Capital (CCP) y otros grupos vinculados a mafias internacionales, ha permitido que el narcotráfico se consolide como una de las principales fuentes de financiamiento de actividades ilícitas en la región. Además, ha ganado cada vez más influencia en las estructuras gubernamentales.

Con un poder de fuego y cooptación fortalecido por sus recursos financieros, estos grupos se apoyan en la infraestructura fluvial y terrestre para transportar drogas desde las zonas de producción hasta los centros de distribución. Esto genera un sistema logístico que abarca desde el contrabando de productos falsificados hasta la exportación de estupefacientes a mercados internacionales. Este sistema les permite construir redes criminales cimentadas sobre un nutrido flujo comercial.

De este modo, la Triple Frontera no es solo un cruce de caminos en la geografía, sino un epicentro en el que confluyen intereses económicos, políticos y criminales. El aumento de las capacidades y la modernización de los sistemas de control, junto con la cooperación entre países, serán fundamentales para fortalecer la seguridad y el desarrollo en el Cono Sur.

Las zonas grises en los conflictos actuales

La Triple Frontera, al ser un área donde operan organizaciones criminales con controles estatales limitados, es la principal zona gris de Sudamérica. En este territorio, el control efectivo del espacio se ve socavado por una vasta red de actividades ilícitas que cruzan las fronteras de manera más o menos imperceptible. Estas actividades cuentan con una alta penetración en las instituciones públicas, así como en los organismos y fuerzas de seguridad.

La circulación de productos falsificados ha hecho que la región sea históricamente conocida como un enclave del contrabando. Desde el tráfico de armas y personas, hasta partes de automóviles robados, productos electrónicos, divisas, drogas y cigarrillos, el contrabando ha sido una actividad predominante. Es precisamente en vinculación al contrabando de tabaco donde se han señalado las fuentes de crecimiento criminal de la red de Hezbolá en la región.

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La complejidad del entramado criminal se ve reforzada por la presencia de organizaciones tanto locales como transnacionales que operan en el territorio con alianzas estratégicas que trascienden el Atlántico. El PCC ha forjado vínculos con la’Ndrangheta calabresa a través del tráfico y el lavado de dinero. Estos vínculos permiten que el flujo de bienes ilícitos se retroalimente y facilite la comisión de otros delitos.

La descentralización de las rutas de tráfico y la flexibilidad de las redes criminales han permitido que actores internacionales se inserten en un entorno donde las fronteras se vuelven líneas difusas en la práctica. Las zonas grises de la Triple Frontera se convierten, así, en un escenario propicio para el desarrollo de una amplia plataforma de servicios criminales. Además, se establecen como un centro logístico para las operaciones de organizaciones criminales de todo el mundo, desafiando la capacidad de los Estados para ejercer un control efectivo.

El refuerzo de la presencia militar de los Estados Unidos en la hidrovía del Paraná y su interés renovado en expulsar a los actores cercanos o involucrados con China, Irán y otros grupos ligados a la financiación del terrorismo y la proyección internacional de organizaciones criminales, demuestra que la Triple Frontera no solo representa un desafío para la seguridad regional. También tiene repercusiones a nivel global.

Tensiones vecinales en la Triple Frontera

En los últimos años, las tensiones entre Argentina, Brasil y Paraguay, desencadenadas por conflictos vinculados a la Triple Frontera, han ido en aumento. El papel cada vez más relevante de las organizaciones criminales y su creciente vinculación con grupos y actores ligados al terrorismo internacional incrementó los niveles de alerta. Esto multiplicó las fricciones entre los gobiernos, lo que provocó la parálisis de muchas iniciativas de cooperación.

Además de los recursos hídricos compartidos, la presencia de represas hidroeléctricas de carácter estratégico permite el uso de esas capacidades hídricas con fines de agresión. Esto crea un marco de desconfianza, sustentado por conflictos históricos entre las tres naciones. En los últimos años, las diferencias respecto a la infraestructura y la navegabilidad de las vías fluviales, así como los controles fronterizos, se han convertido en factores de discordia, siendo el narcotráfico un punto fundamental en esta tensión.

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La frontera Paraguay-Brasil está catalogada entre las cinco más peligrosas de América Latina. Desde 1996, un Comando Tripartito, conformado por las fuerzas de seguridad de los tres países, ha intentado contrarrestar el contrabando, el tráfico de armas, el narcotráfico, el sicariato y otros delitos. Sin embargo, a medida que las actividades ilícitas se diversificaron y expandieron, la eficacia de esta coordinación se vio erosionada, y las medidas adoptadas resultaron ineficientes.

Hace una semana, Argentina y Paraguay firmaron la Declaración de Clorinda. Este acuerdo bilateral tiene como objetivo fortalecer la cooperación en defensa y seguridad. Se pone un enfoque especial en la lucha contra las organizaciones criminales en las fronteras. En este marco, se acordó reactivar el Comité Argentino-Paraguayo (CAP) de Defensa y Seguridad Internacional. Este comité servirá como un espacio para la coordinación estratégica y el intercambio de información.

Los recientes cambios legislativos y operativos en Argentina reflejan una creciente presión sobre la zona por parte de los gobiernos de la región. Esto ocurre en el contexto de la determinación de los Estados Unidos de recuperar su influencia en el Cono Sur. De esta forma, se le asigna a la zona una relevancia decisiva para asegurar la parte sur del continente.

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Crisis económica en América Latina: ¿Por qué la región sigue atrapada en la dependencia de los recursos naturales?

América Latina y el Caribe enfrentan una crisis económica prolongada, marcada por la dependencia de recursos naturales y la falta de industrialización. A pesar de las inversiones extranjeras, la región sigue atrapada en un modelo de bajo valor agregado. Miquel Ribas, alumno del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico y el Curso de Experto en China de LISA Institute, explica cómo las tensiones geopolíticas y la desigualdad interna agravan aún más su situación.

Hasta la década de los años ochenta del siglo pasado, América Latina y el Caribe (ALC) experimentaron un auge económico significativo. Esto fue gracias al boom de los recursos naturales. Sin embargo, a partir de ese momento, la región de ALC se ha sumido en una profunda crisis económica. Parece que no puede salir de ella.

El fin del orden mundial bipolar, con la desaparición de la Unión Soviética y el comunismo ortodoxo, marcó un cambio significativo. A pesar de los cambios en la mayoría de los países de la región, que pasaron de regímenes dictatoriales a democráticos, no se han resuelto los principales problemas que enfrenta la región. Esto ha ocurrido independientemente de la ideología política y del enfoque económico. Además, la presencia de grandes potencias, más allá de ofrecer retórica de apoyo a los pueblos latinoamericanos, no se traduce en mejoras reales para sus poblaciones. En muchos casos, incluso se podría decir que hay un gran desinterés hacia la región por parte de estos actores.

Desde el fin del boom económico, la región ha estado sufriendo un proceso de empobrecimiento. Este proceso ha generado un gran número de problemas internos significativos. La mayoría de los países no logra solucionarlos. Esta tendencia se ha contrastado con el crecimiento y el desarrollo de las regiones de Asia Oriental y el Sudeste Asiático. Este proceso ha generado críticas de los países latinoamericanos hacia la actitud de Estados Unidos. La mayoría de la población percibe que, mientras ellos se empobrecen, Estados Unidos se enriquece. Esto se debe a las relaciones económicas basadas en el esquema económico de norte-sur.

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Recientemente, un nuevo actor ha incrementado su influencia de manera sustancial en la región, deviniendo el segundo socio comercial regional: China. Sin embargo, el surgimiento de China como nuevo socioeconómico plantea dudas. Nos hace pensar en cómo China quiere abordar las relaciones con los países de la región. ¿Quiere Pekín realmente ayudarlos a alcanzar altos niveles de desarrollo? O, por el contrario, ¿actúa siguiendo un patrón similar al de Washington?

Estados Unidos: un modelo colonial bajo las premisas de la Doctrina Monroe

Desde fines del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, tuvo lugar en los países de la región ALC la llamada «Era de la revolución». A lo largo de este periodo, la mayoría de ellos se independizaron de sus antiguas potencias coloniales. Al mismo tiempo, cuando el poder de las potencias europeas estaba decayendo, Estados Unidos emergía como la nueva gran potencia continental. 

Sin embargo, a diferencia de las potencias europeas, Estados Unidos era, inicialmente, una potencia aislacionista. Su objetivo era convertirse en el principal actor en el continente, siguiendo los principios de la Doctrina Monroe.

La razón que explica este fenómeno fue que Estados Unidos contaba con un territorio extremadamente extenso. Este territorio ofrecía una enorme variedad climática y una dotación de factores de producción. Esto permitía la producción de diferentes tipos de cultivos agrícolas. Además, Estados Unidos disponía de una gran cantidad de materias primas. Todo esto les permitió industrializarse por su cuenta, sin depender del exterior. Este hecho difería significativamente de los imperios europeos. Sus territorios, poco extensos, los obligaron a buscar recursos naturales en África y Asia.

Desde la independencia y tras su conversión en la principal potencia, Estados Unidos ha implementado un modelo de relaciones económicas. Este modelo sigue la teoría del centro-periferia. El interés de Washington se ha basado en importar materias primas o inputs. A la vez, exporta sus excedentes de capital (outputs), eliminando toda competencia extranjera.

La Guerra Fría impulsó este patrón económico, reforzando el poder de las élites nacionales. Estas élites, tanto políticas como económicas, garantizaban el suministro de materias primas a Estados Unidos. A cambio, Washington les proporcionaba protección contra la amenaza del comunismo.

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La política de Washington hacia América Latina se ha centrado en su oposición al desarrollo industrial independiente de los países latinoamericanos. Mientras tanto, Estados Unidos explotaba sus inmensas reservas de materias primas. Además, vetaba el paso al comunismo internacional. Esto generó un esquema funcional centrado en complementar la economía estadounidense. Sin embargo, los países latinoamericanos no podían competir con ella en sectores estratégicos de elevado valor agregado.

El alto nivel de demanda de recursos naturales por parte de Washington generó crecimiento económico en la región. No obstante, este contexto de enorme riqueza en materias primas que posee el continente, junto con la falta de desarrollo industrial, ha colocado a la región en una posición de debilidad.

La región se ha convertido en víctima de la llamada «trampa de los recursos naturales». Esta trampa se basa en «los efectos adversos de la riqueza en recursos naturales sobre su bienestar económico, social y político».

Los ingresos obtenidos durante el boom económico hicieron que los gobiernos latinoamericanos olvidaran la necesidad de reformular sus políticas económicas. No se les dio suficiente importancia a la especialización en otros sectores de mayor valor agregado, como el industrial (producción manufacturera) o el tecnológico.

Estos sectores prácticamente no existen debido a la falta de mano de obra cualificada y especializada. Esta escasez de trabajadores es el resultado de la falta de atención gubernamental en el desarrollo de la educación y el capital humano. Además, el endeudamiento no ha contribuido a fomentar el ahorro como mecanismo de control de la inflación. Consecuentemente, la región no tiene margen ahorro para destinarlo a generar un mayor esfuerzo inversor en nuevos sectores.

Al mismo tiempo, para Estados Unidos, la región siempre ha sido considerada su patio trasero. Uno de los objetivos de la política exterior estadounidense hacia la región ha sido evitar el surgimiento de una nueva gran potencia que pudiera cuestionar su primacía político-económico-militar. Esta política parece haber tenido éxito, ya que, en 1993, un informe del Banco Mundial clasificó a América Latina como la región con mayor desigualdad de renta del mundo.

El desembarco chino: un enfoque basado en el patrón estadounidense

Durante los últimos años, desde la llegada de Hu Jintao al cargo de Secretario General del Partido Comunista Chino (PCCh) en 2002, Pekín ha desplegado una política exterior más global. Esta política sigue su concepto de ascenso pacífico.

Una política exterior que el actual Secretario General del PCCh, Xi Jinping, ha reforzado. Esta orientación es más global y asertiva, materializada en el proyecto de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR). El interés chino hacia América Latina no obedece, sin embargo, a una política altruista ni a relaciones win-win, a pesar de la retórica gubernamental.

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La política de Pekín hacia ALC se estructura en torno a dos objetivos principales. En primer lugar, es una cuestión diplomática basada en el principio de «Una sola China». En este contexto, a principios del siglo XXI, una parte relevante de Estados de la ALC reconocían a Taipéi y no a Pekín. Sin embargo, con la nueva política china, Pekín ha conseguido que muchos países, como Panamá, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua o Honduras, hayan cambiado el reconocimiento diplomático de Taipéi por Pekín. El otro objetivo relevante es la alta demanda de materias primas que Pekín necesita para mantener sus altos niveles de crecimiento.

Los intereses chinos en América Latina se centran principalmente en la agricultura, la ganadería y la minería. Estos sectores están vinculados a la extracción de minerales, productos de escaso valor añadido. Son muy dependientes del ciclo económico y de los mercados compradores.

Piénsese que China debe alimentar aproximadamente al 20% de la población mundial. Sin embargo, dispone solo del 11% de la tierra cultivable. Además, entre el 15 y el 20% de este territorio está contaminado. Así, a pesar de las inversiones que China ha realizado en la región, Pekín está desarrollando un proceso de reprimarización y desindustrialización de la estructura productiva regional.

Este proceso ha causado una mayor concentración exportadora de productos vinculados al sector primario y minero de bajo valor agregado, como alimentos y materias primas. También ha contribuido a acentuar la concentración monopólica de la producción exportadora.

Además, ha incentivado la desindustrialización productiva. Las inversiones estratégicas, que antes se dirigían al desarrollo de otros sectores productivos, ahora van al sector primario y minero.

La clase política de América Latina está centrando su atención más en adaptar las estructuras económicas y la infraestructura para impulsar la complementación económica con China. En lugar de eso, no está buscando apoyo para el desarrollo de capital físico, humano ni en impulsar la ciencia (I+D+I). Este patrón económico contribuye a situar a la región en una posición de debilidad dentro de la división internacional del trabajo.

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Los países de ALC demandan la importación de productos de alto valor agregado. La consolidación de una estructura exportadora basada en sectores de bajo valor y la falta de industrialización han derivado en que las industrias nacionales no tengan capacidad de producción.

Esto contribuye a agrandar el déficit comercial. En este contexto, China no fomenta la diversificación de las economías de América Latina. Al contrario, Pekín las incentiva para que importen estos productos de mayor valor agregado de China. Mientras tanto, las especializa en la producción de productos agrarios vinculados al sector primario y la extracción de materias primas.

En el caso de Argentina, por ejemplo, Buenos Aires dispone de recursos y capital para producir bienes de media y alta tecnología. Esto incluye reactores para la industria nuclear, tubos de acero para gasoductos, ferrocarriles, coches eléctricos y sistemas de riego, entre otros. Sin embargo, los sucesivos gobiernos argentinos, en lugar de reforzar estos sectores mediante incentivos a la producción nacional, están adquiriendo estos productos de China mediante importaciones. Esto ha incrementado el déficit en su balanza comercial.

China ha seguido un patrón similar al aprovechar el vacío dejado por Washington. Además, la estructura económica de los países de ALC se adapta a las necesidades económicas de Pekín. Sin embargo, China no ha impulsado el fortalecimiento de las capacidades productivas de ALC ni ha cambiado su marco de relaciones.

La asimetría en torno a las relaciones económicas le beneficia a China. No ha innovado en la formulación de sus relaciones con América Latina, sino que ha seguido y consolidado el patrón establecido por Estados Unidos.

Además, China no va a correr el riesgo de amenazar los intereses de Washington en su patio trasero. La doctrina de Xi se basa en un enfoque de desarrollo centrado en la sociedad y en la mejora general de las condiciones de vida de la sociedad china. Este concepto se conoce como «El Sueño Chino». Este objetivo exige estabilidad tanto interna como externa. En este contexto, los intercambios comerciales con Estados Unidos siguen siendo, aún, esenciales para el desarrollo de China.

Las estrategias de China hacia ALC se centran, en síntesis, en la seguridad del acceso a los recursos naturales de la región. Estos recursos constituyen uno de los principales objetivos del PCCh. Sin embargo, pese a este interés, la región no es prioritaria para China. Pekín es consciente de que, en caso de una contienda con Estados Unidos, esta no tendrá lugar en ALC, sino en Asia-Pacífico. En este caso, en ALC se intentará evitar que un conflicto tenga lugar. Para ello, se priorizará el mantenimiento de una estructura económica complementaria a las economías de ambas superpotencias.

China sigue, igualmente, con su principio de evitar inmiscuirse de manera directa en los asuntos internos de otros Estados. Este principio forma parte de un eje de su política exterior denominado «no interferencia en asuntos internos». En ALC, Pekín evita utilizar la región como un juego de suma cero que ponga en peligro sus relaciones con Estados Unidos. Esto es principalmente por el acceso a la tecnología de los Estados Unidos, que es necesaria para «El Gran Rejuvenecimiento de la Nación», el objetivo central de Xi Jinping.

A pesar del incremento de la presencia cultural china a través de los Institutos Confucio, es poco probable que tenga un efecto relevante. No hay que olvidar que los países de ALC y China nunca han tenido lazos culturales cercanos.

Además, sus relaciones históricas y culturales tienen pocas similitudes. Al fin y al cabo, la civilización latinoamericana es heredera de los valores europeos. Por su parte, los chinos no se han caracterizado por ser una civilización expansionista que busque exportar sus valores al resto del mundo. Ellos mismos se han considerado como el Imperio del centro (Zhongguo).

Problemas de América Latina : fragmentación, elitismo y falta de estructuras de bienestar

Los Estados de ALC no parecen capaces de superar sus problemas regionales, como el hecho de que los gobiernos de la región todavía son extremadamente reacios a ceder soberanía en favor de la constitución de organizaciones supranacionales, para evitar que su poder se vea limitado por acuerdos regionales.

La homogeneidad (lingüística, cultural y religiosa) se está erosionando como consecuencia de que cada país intenta formular su propia política exterior y redefinir de su papel en el continente. Este nuevo enfoque más nacionalista está transformando una región inicialmente homogénea en una heterogénea caracterizada por rivalidades interestatales y menores niveles de integración. Asimismo, la mayoría de los Estados que comparten los mismos problemas internos no parecen tener solución.

Entre los principales problemas de la región destacan los elevados niveles de endeudamiento, la corrupción y la presencia de un grupo heterogéneo de actores no estatales. Además, se observan elevados niveles de desigualdad económico-social, como el elevado nivel de desempleo, la informalidad laboral e índices de pobreza. Aproximadamente un 27% de la población, es decir, unos 172 millones de personas, vive en pobreza. Estos factores actúan como el principal vector de la violencia, el crimen organizado y el tráfico de drogas.

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El gran problema, sin embargo, es que ninguno de los actores, tanto estatales como no estatales, está interesado en realizar mejoras para resolver los problemas políticos internos. Tampoco buscan avanzar para superar el atraso económico que ha llevado a la región a especializarse en sectores intensivos en mano de obra y de bajo valor añadido. Esto ha propiciado la consolidación de lobbies (o élites) empresariales y políticos que no están interesados en ningún cambio en el modelo productivo. Esto lo hacen para evitar la pérdida de sus privilegios.

El sector público, por su parte, tampoco cuenta con los recursos para impulsar políticas públicas para una transición en sus sectores productivos basada en la mejora del capital humano y la productividad o el refuerzo o la implantación de Estados de bienestar capaces de mitigar la pobreza y la desigualdad económica o la mejora de sus sistemas sanitarios. 

Desafíos y pronóstico futuro para los países de América Latina: un futuro poco halagüeño

Si ALC quiere evitar el fracaso, debe superar tres desafíos principales. Por un lado, debe superar el debate entre nacionalismo y supranacionalismo adoptando un enfoque de actuación como un bloque único compacto, abandonando las rivalidades interregionales.

En segundo lugar, se debe abordar el problema de los altos niveles de desigualdad, la seguridad y la superación de la crisis de modelos económicos y políticos. Estos están caracterizados por la elevada corrupción y la necesidad de mejorar los respectivos Estados de bienestar, los cuales han sufrido un deterioro. Este deterioro es consecuencia de la incapacidad de los diferentes gobiernos para reforzarlos, como lo ha puesto de manifiesto la pandemia del coronavirus.

Finalmente, se requiere la implementación de programas económicos encaminados a superar la estructura económica basada en la explotación y exportación de materias primas y recursos agrarios/ganaderos. El objetivo es reemplazar este modelo por el desarrollo de sectores de alto valor agregado y una mayor integración, tanto en el sistema regional e internacional como en las cadenas de valor.

Asimismo, la situación económica mundial, con una depreciación del dólar, la caída del consumo chino y los crecientes nacionalismos orientados a la producción, no son cambios alentadores para ALC. Las grandes potencias buscan garantizar el acceso a su población, como lo ha afirmado el Fondo Monetario Internacional.

Igualmente, el aumento del coste de los créditos o préstamos internacionales, la alta inflación, la tendencia a la desglobalización y la disminución de la demanda de recursos naturales sitúan a ALC como una región aún más periférica. Además, la región se ve como menos estratégica para las grandes potencias.

Por todo ello, la esperanza de la población de volver a una situación similar a la vivida hasta los años 1980 seguirá siendo una utopía. Como se ha visto, no hay alternativa para que la región se desarrolle desde un modelo económico alternativo.

Parece que la región sigue una tendencia de la sociedad internacional, que se caracteriza por ser cada vez más desequilibrada y desigual. Los objetivos esenciales de la región deben ser el análisis del gasto público y las opciones de política tributaria para promover la equidad y evitar efectos adversos. También deben corregir problemas en los sistemas de salud y educación, fortaleciendo sus respectivos Estados de bienestar.

Lamentablemente, esto no está en la agenda de ningún actor relevante, ya que les interesa y conviene mantener el statu quo regional.

Finalmente, la región no puede beneficiarse de la actual rivalidad y competencia entre las grandes potencias. Ninguna de ellas (China y Estados Unidos) está interesada en ayudar a que la región cambie su modelo económico. Este modelo se basa en un bajo nivel de especialización y debe transformarse hacia uno con mayor potencial basado en el desarrollo de sectores de mayor valor agregado.


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La inmigración como herramienta geopolítica de Marruecos en su relación con España

Marruecos utiliza la migración como una herramienta estratégica para obtener concesiones políticas y económicas, afectando las relaciones con la UE y sus vecinos. En este artículo, el alumno del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, Roberto Pozas, analiza las implicaciones de la migración como herramienta diplomática y los retos que enfrenta Europa y África en su gestión.

La inmigración es una herramienta estratégica utilizada por el Reino de Marruecos para la  consecución de sus fines geopolíticos. Su privilegiada situación geográfica, entre el Mediterráneo  y el Sahel, reafirma que Marruecos es pilar estabilizador de la región.  

Cabe destacar que esta herramienta se ve favorecida por factores internos como altas tasas de  desempleo, desigualdades económica y tensiones regionales (Sáhara Occidental, región del Rif  entre otras), facilitan la presión que ejerce Marruecos a la UE y, en particular, a España, a fin de  obtener apoyos financieros y concesiones en diversos ámbitos.  

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La historia reciente muestra que, a través de los Acuerdos de Asociación, la UE busca allanar la  base para un Acuerdo sobre Movilidad que garantice el control migratorio y de seguridad en las  rutas migratorias, tanto Atlántica como Mediterránea Occidental. Sin embargo, acontecimientos  recientes ponen en evidencia el empleo de Marruecos del fenómeno migratorio con fines  estratégicos.  

Todo esto será objeto de estudio en el presente artículo, tratando de responder a las siguientes  preguntas: ¿Cómo utiliza Marruecos el fenómeno migratorio para lograr objetivos  diplomáticos, económicos y políticos? ¿Cuáles son las implicaciones para España y Estados  vecinos?  

La migración como herramienta geopolítica para Marruecos

La presión migratoria, como moneda de cambio, es un método habitual en las relaciones de Marruecos con España, siguiendo una línea de diplomacia coercitiva en pos de obtener  objetivos up supra mencionados.  

Profundizando en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos, hay que decir que uno de los  incidentes más relevantes al respecto ha sido la denominada Crisis de Ceuta, donde según  cálculos oficiales, más de 8000 personas cruzaron ilegalmente la frontera, con la connivencia e  impulso del Gobierno de Rabat, quizás como represalia a la hospitalización en España del Líder del  Frente Polisario, Brahim Gali.  

A raíz de este suceso, la postura de la UE y más concretamente la del Gobierno de Madrid, fue contemplar de modo más favorable la reivindicación marroquí sobre la soberanía saharaui, teniendo  en cuenta además la presión ejercida por el gobierno estadounidense.  

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No podemos obviar la dimensión de seguridad sobre este tema, ya que Marruecos emplea al  fenómeno migratorio como recurso a su favor en cuanto a las negociaciones con la UE, buscando  esas mejores condiciones de financiación y una posición diplomáticamente superior con el  respaldo de EE. UU. 

En definitiva, la estrategia marroquí, apuesta por la conjunción de incentivos de carácter positivo,  como son los acuerdos de asociación, colaboración en temas de seguridad; con amenazas implícitas,  mediante las crisis migratorias, formalizando una diplomacia pragmática en cuanto a los intereses  del Gobierno de Rabat sobre sus vecinos.  

Consecuencias e Implicaciones de la inmigración para la UE  

La política migratoria de Marruecos ha evidenciado la dependencia europea en el control  migratorio y en seguridad. Frecuentemente, este control se intenta solucionar mediante la dotación  de mayores cantidades de recursos económicos hacia el estado magrebí, sin cuestionar el modelo  actual.  

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En este contexto, corresponde a los políticos europeos justificar ese gran gasto económico que  supone la externalización de la política de inmigración, lo que a su vez genera críticas tanto externas como internas a la UE. Estas críticas se encuentran orientadas al impacto sobre los  derechos humanos y cuestionan si esta estrategia es la más efectiva para seguir canalizando ingentes  fondos hacia el reino alauí o si, por el contrario, sería preferible el desarrollo integral del África  Subsahariana, lo que ayudaría a un mejor tratamiento del fenómeno migratorio.  

Consecuencias e Implicaciones para África  

En el ámbito africano, es relevante resaltar el impacto sobre los Estados del Sahel, como origen de  la gran parte del flujo migratorio que se dirige a Marruecos. Este país ha favorecido la regularización de inmigrantes, lo cual a su vez ha fortalecido sus relaciones con los vecinos del  Sur, reforzando así su africanidad como parte elemental de su identidad.  

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Lo anterior le ha facilitado el retorno a la Unión Africana, consolidando así su posición geopolítica  en el continente, al mismo tiempo que se enmarca dentro de su estrategia regional, destinada a contrarrestar la posición argelina, como principal adversario, y reforzando, por otra parte, su postura  acerca del Sáhara Occidental.  

Riesgos y desafíos de la inmigración para Marruecos

Nos gustaría destacar el elevado costo interno que conlleva la gestión de los flujos migratorios, ya  que no supone una solución a medio ni largo plazo, sino que, por el contrario, favorece la trata de  personas y el deterioro de un sistema internacional basado en normas.  

Otro de los riesgos para el reino alauí es la posibilidad de generar tensiones con sus socios  europeos, ya que el empleo coercitivo de la migración implica una violación de los derechos humanos; sin ignorar el riesgo que supondría un posible cambio en el panorama político interno de la Unión  Europea, que podría reaccionar hostilmente ante esta política, lo cual plantearía graves problemas a  la economía marroquí.  

Añadamos a lo anterior, la sobrecarga significativa en las infraestructuras de los servicios públicos  (sanidad, vivienda, seguridad, etc.) que sin duda se da en las comunidades locales y fronterizas  marroquís.  

Conclusión y perspectivas futuras

En conclusión, Marruecos ha integrado la gestión migratoria en su estrategia geopolítica, lo  que ha generado tanto oportunidades como retos para la consolidación de su posición en el Magreb  y África. Además, el reino alauí emplea esta herramienta para la desestabilización interna de  Estados europeos, como España, buscando concesiones particularmente ventajosas en áreas como la  financiación e inversión extranjera.  

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No obstante, es fundamental que todas las partes involucradas, especialmente la UE y la sociedad  civil marroquí, reflexionen sobre si es viable a largo plazo y constaten la vulneración flagrante de los  DD. HH.  

Finalmente, en cuanto a las perspectivas futuras, la situación actual podría derivar, por un lado,  en el replanteamiento no solo de las relaciones entre España y Marruecos, sino también entre la  globalidad de la UE y el Reino de Marruecos. Sería deseable una perspectiva más equitativa y  sostenible, que estaría impulsada por un eventual cambio de orientación más democrático del  régimen marroquí. Por otra parte, no podemos ignorar la posibilidad de que se intensifiquen las  tensiones de las que ya hemos hecho mención al aludir a los posibles cambios de orientación  política en la UE.  


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La historia reciente de Colombia y su camino hacia la paz

A lo largo de las últimas décadas, Colombia ha vivido momentos clave que han marcado su rumbo político y social. La influencia de actores internacionales, el narcotráfico y la fragmentación de los grupos armados han complicado la estabilidad del país. En este artículo, el alumno del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, Santiago Vega Villa, examina cómo la historia reciente muestra una lucha constante por lograr la paz, mientras el país se enfrenta a desafíos persistentes.

Colombia ha sido un país con una historia turbulenta y llena de periodos de violencia y guerra civil. Desde su independencia, el país se enfrentó a un ciclo de guerras civiles. Estas enfrentaron a conservadores y liberales durante largo tiempo. A inicios del siglo XX, hubo un breve respiro. Sin embargo, las tensiones globales de la década de 1930 marcaron un nuevo giro. La radicalización que se vivió en esa época, junto con los efectos de la Segunda Guerra Mundial, también influirían en la política nacional.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en tres grupos de países: aquellos del «Primer Mundo», que estaban aliados con los EE. UU. en la OTAN; los del «Segundo Mundo», que estaban aliados con la URSS, siendo repúblicas soviéticas o formando parte del Pacto de Varsovia; y, finalmente, los del «Tercer Mundo», que eran los países no alineados.

Los países del «Tercer Mundo» incluían la gran mayoría de los estados del sur oeste de Asia, África y Latinoamérica, en donde estaba también Colombia. Durante la Guerra Fría, estos países se convirtieron en un nuevo campo de batalla e influencia para las dos principales potencias (EE. UU. y URSS).

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Estados Unidos empezó a buscar una alineación política más cercana con Latinoamérica a través de las Conferencias Panamericanas. Estas conferencias llevaron a la región, en 1948, a firmar la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, los EE. UU. ejercían la mayor influencia sobre las políticas de adhesión y permanencia en la organización. Parte de estas condiciones incluían el rechazo al comunismo y la desincentivación de las relaciones diplomáticas con la URSS.

Durante la formación de la OEA, la pugna política en Colombia entre liberales y conservadores volvía a teñirse de radicalización y violencia. Uno de los principales candidatos a las elecciones presidenciales de 1950 por el Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, se alejaba de la tradicional lucha entre partidos. En su lugar, cambiaba la narrativa, presentando al pueblo en contra de las élites.

Además, manifestaba su recelo y antipatía frente a la influencia de los EE. UU. en la política latinoamericana y, por extensión, hacia la futura OEA. El mismo día de la firma de la OEA en Bogotá, Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado. Esto desató los disturbios más grandes de la historia de la ciudad, conocidos como el Bogotazo.

El asesinato crea una división profunda entre liberales y conservadores y lleva a Colombia a una nueva guerra civil llamada la violencia. En este periodo, que va hasta 1958, se da una dictadura seguida por un acuerdo entre liberales y conservadores para mantener la paz. Este nuevo gobierno de coalición tiene por objetivo compartir un poder alternado por cuatro periodos presidenciales y así traer estabilidad a Colombia.

Sin embargo, parte del acuerdo resultó en la exclusión de fuerzas políticas, principalmente de izquierda. Esto llevó a la creación de grupos guerrilleros comunistas en 1964, conocidos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Este hecho marcó el inicio de un nuevo conflicto en el país, entre el Estado, constituido por los dos partidos tradicionales, y los grupos guerrilleros de izquierda, apoyados por la URSS y la Cuba de Castro. Aunque surgieron otros grupos guerrilleros, ninguno alcanzó la misma relevancia que los mencionados, salvo el M19, formado en 1970.

En esta nueva fase de lucha, el Estado colombiano no contaba con las capacidades suficientes para vencer militar ni diplomáticamente a las guerrillas. Estas, a su vez, lograron tomar posesión de los territorios donde no había presencia del Estado.

El impacto del narcotráfico en Colombia

A finales de los años 70, el narcotráfico comenzó a tomar un papel central en Colombia. El Cartel de Medellín, a cargo de Pablo Escobar, se convirtió en uno de los más grandes del país, alcanzando su mayor poder durante la década de 1980. Las enormes sumas de dinero provenientes del narcotráfico, sumadas al colapso económico de la URSS, llevaron a las guerrillas a utilizar el tráfico de drogas como medio para financiar la guerra contra el Estado. Con esta nueva capacidad económica, las guerrillas incrementaron su potencial militar, expandiendo su influencia sobre más zonas del país. El Estado, por su parte, se vio incapaz de controlar su expansión.

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La fase moderna del conflicto interno empieza desde 1985, impulsada por los recursos del narcotráfico. Ante la incapacidad del Estado para controlar a las guerrillas, los grandes terratenientes comenzaron a formar grupos de autodefensa, con el beneplácito del Estado colombiano, para proteger sus territorios. Aunque las organizaciones formadas, conocidas como paramilitares, tenían un tinte de legalidad, la ausencia de control estatal resultó en el abuso de poder por parte de estos grupos y en el uso de las armas con fines delictivos.

Con una ideología de extrema derecha, los paramilitares realizaron proselitismo armado en las regiones bajo su control. Utilizaron la fuerza y el terrorismo contra la población civil y los opositores políticos, además de recurrir al narcotráfico como fuente de financiación. Debido a que eran uno de los principales frentes de lucha contra las guerrillas, existió una colaboración activa en términos de inteligencia y operaciones conjuntas con el ejército colombiano.

Las negociaciones de paz y el acuerdo con las FARC-EP

En la década de los 80, el gobierno intentó llegar a acuerdos con las guerrillas por vías diplomáticas. Sin embargo, ninguno de los procesos tuvo éxito. Esto se debió al juego sucio entre las guerrillas, los paramilitares y el Estado. Un ejemplo de ello fue la firma de los acuerdos de La Uribe.

En estos se prometió la desmovilización de las FARC-EP y la creación de un partido político, la Unión Patriótica. Durante el proceso, muchos de los líderes e integrantes del partido fueron asesinados por agentes paramilitares y del Estado. Algunos integrantes no desmovilizados de las FARC-EP continuaron con sus actividades delictivas y proselitismo armado en favor de la Unión Patriótica.

Ante la pérdida de legitimidad del Estado, se hizo cada vez más difícil solucionar los conflictos de manera diplomática. Además, surgió la necesidad de una democracia más plural. Por ello, en 1991 se firmó una nueva constitución para Colombia. Esta nueva constitución va a cambiar el sistema bipartidista por un multipartidista, así dando más espacios políticos fuera de los partidos Liberal y conservadores.

A pesar de esta apertura política, los partidos tradicionales seguían consiguiendo la mayoría de los votos. La situación de la guerra empeoró hasta entrada la década de 2000. Durante los años 90, persistieron las falencias a nivel de Estado para hacer frente a las guerrillas con el ejército. Ante esto, el Estado decidió legalizar los grupos de autodefensa como apoyo en la guerra. Sin embargo, las constantes violaciones a los derechos humanos y una demanda de inconstitucionalidad terminaron con la legalidad de estos grupos. A pesar de esto, los grupos continuaron operando de manera ilegal.

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En paralelo, los grupos narcotraficantes, cuyo objetivo primordialmente es financiero y no político, siguen operando en el país a través de diferentes carteles. Sin embargo, durante la década de los 90 y con el apoyo de la DEA, se logró desmembrar a las principales organizaciones como el Cartel de Medellín y el Cartel de Cali. A pesar de esto, el narcotráfico seguía en aumento y los principales traficantes pasaron a ser las guerrillas y los paramilitares.  

Sin una solución real a la capacidad militar, el Estado busca nuevamente la vía de la negociación. Al mismo tiempo, negocia con EE. UU. un tratado de ayuda para la creación de una fuerza militar y policial capaz de hacer frente al conflicto. Este tratado, conocido como el Plan Colombia, resultó en una inversión de diez mil millones de dólares. La inversión se destinó principalmente a mejorar las capacidades militares de Colombia desde 2001 hasta 2016.

Después de alcanzar su tope en víctimas entre 2001 y 2003, los indicadores de violencia comenzaron a reducirse. En este punto, el Estado recobró la iniciativa y la ventaja frente a las guerrillas. Adicionalmente, con el objetivo de darle un carácter legal a la guerra, el gobierno decidió buscar la desmovilización de los grupos paramilitares. Esto se logró a través de la Ley de Justicia y Paz, entre 2003 y 2006. Algunas disidencias de estos grupos se mantienen activas y continúan operando estructuras de narcotráfico.

A pesar de estos avances, el Estado seguía teniendo problemas con el control territorial. Aunque las fuerzas armadas y la policía pudieron llegar a todos los rincones del país, no lograron mantener una presencia permanente. Las instituciones de un Estado democrático no se consolidaron en muchas zonas del país. Además, hubo límites en el control que el ejército pudo ejercer en diferentes regiones y en la prevención del crimen. Por otro lado, se empezaron a multiplicar las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. Por este motivo, el estado colombiano empieza a buscar la firma de un acuerdo de paz con la guerrilla principal del país: las FARC-EP.

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Las negociaciones con las FARC-EP comenzaron en el 2012 y terminaron con el acuerdo firmado en el 2016. Este fue un acuerdo de paz integral que tomó como referencia casos de éxito como los de Irlanda y Sudáfrica. Incluía mecanismos de justicia transicional, reparación y justicia para las víctimas, así como garantías de no repetición del conflicto.

Además, el gobierno colombiano y las FARC-EP solicitaron al Consejo de Seguridad de la ONU su acompañamiento con la firma del acuerdo. En 2016, se designó la Misión en Colombia, la cual, desde 2017, se estableció oficialmente como la Misión de Verificación de la ONU en Colombia (UNVMC). Esta misión tiene como responsabilidad verificar y apoyar la implementación del proceso de paz en el país, así como las iniciativas para poner fin al conflicto colombiano.

El acuerdo de paz tuvo un éxito inicial, con una reducción de las acciones violentas, la integración de varios excombatientes a la vida civil y la creación de un partido político por parte de las desmovilizadas FARC-EP.

Sin embargo, debido a las dudas de un sector de la sociedad, la oposición política a la implementación de algunas partes del acuerdo, el asesinato de excombatientes y los incumplimientos por parte de los actores involucrados, la violencia se ha recrudecido en los últimos años. Esto ha generado preocupación tanto a nivel local como internacional. Adicionalmente, el ELN no ha firmado acuerdos con el gobierno y, aunque ha habido intentos para soluciones diplomáticas, todas han sido infructuosas.

Aunque el acuerdo con las FARC-EP y el apoyo de la UNVMC siguen vigentes, el Estado no ha tomado posesión de los territorios que fueron desocupados por esta guerrilla. Esto continúa alimentando el problema de la falta de presencia estatal en algunas regiones de Colombia y su posterior ocupación por grupos al margen de la ley.

Estos grupos incluyen la aún activa guerrilla del ELN, las disidencias de los grupos paramilitares, las nuevas disidencias de las FARC-EP, conocidas como el Estado Mayor Central (EMC) y la Nueva Marquetalia, y otros grupos narcotraficantes, como el cartel de Sinaloa de México.

Con la excepción del ELN, la mayoría de los grupos existentes, autodenominados como guerrillas, paramilitares y carteles, son principalmente organizaciones narcotraficantes sin intereses políticos definidos más allá de los territorios en los que operan. Esto, sumado al grado de fragmentación de estos grupos en el territorio, hace que una salida negociada sea difícil e impracticable, a menos que se logre un acuerdo general.

El actual gobierno de Colombia se propuso un acuerdo general llamado «La Paz Total», y desde 2022 se iniciaron diálogos con los principales grupos al margen de la ley. Aunque ha habido algunos avances en términos de cese al fuego con algunos grupos, también se ha presentado un aumento en la violencia y la presencia de estas organizaciones criminales en varios municipios del país.


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Polonia se abre a deportar a miembros de bandas extranjeras

El gobierno de Polonia busca incrementar las medidas de seguridad del país para reducir la delincuencia extranjera.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha anunciado la finalización de una operación de seguridad contra bandas extranjeras en el país, que resultó en numerosas detenciones. «Recibí información detallada del Ministerio del Interior sobre las acciones decisivas de los servicios contra las bandas extranjeras. Se produjeron numerosas detenciones. Ha llegado el momento de las deportaciones», declaró Tusk en sus redes sociales. Esta acción se produce después de que un informe oficial revelara que aproximadamente el 5% de los delitos cometidos en Polonia durante 2024 fueron perpetrados por ciudadanos extranjeros.

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En respuesta a esta situación, el ministro del Interior polaco, Tomasz Siemoniak, había adelantado previamente la preparación de un plan de «acciones duras de todos los servicios». Siemoniak sugirió que se utilizarían «todas las herramientas» disponibles para abordar este problema, indicando una postura firme del gobierno frente a la delincuencia de origen extranjero. Ahora, con las detenciones completadas, el gobierno polaco parece estar listo para proceder con las deportaciones, marcando una nueva fase en su estrategia de seguridad nacional.

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Reino Unido suspende ayudas y anuncia sanciones a Ruanda por su implicación en el conflicto en RDC

Las medidas británicas buscan presionar a Kigali para cesar su apoyo al grupo rebelde M23, que se hace con el control del este de RDC.

El Gobierno británico ha anunciado la suspensión de la ayuda bilateral a Ruanda y la imposición de nuevas sanciones debido a su implicación en la ofensiva del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) en el este de la República Democrática del Congo (RDC). El Ministerio de Exteriores del Reino Unido ha declarado que estas medidas se mantendrán «hasta que se logren avances significativos» hacia el fin de las hostilidades y la retirada de las fuerzas ruandesas de RDC. Entre las acciones anunciadas se incluyen la limitación de actividades de promoción comercial de Ruanda, la suspensión de asistencia en capacitación de defensa y la revisión de licencias de exportación para el ejército ruandés.

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David Lammy, ministro de Exteriores británico, ha enfatizado que «Ruanda puede tener problemas de seguridad, pero es inaceptable resolverlos militarmente. Solo puede haber una solución política a este conflicto». Esta decisión se produce tras la visita de Lammy a Kinshasa, donde se reunió con el presidente congoleño Félix Tshisekedi y anunció un paquete adicional de ayuda humanitaria de 14,6 millones de libras para el este de la RDC.

Ruanda protesta la medida británica

En respuesta, el gobierno de Ruanda ha calificado las medidas británicas de «punitivas» y «lamentables». Además, aseguran que «no ayudan en nada a RDC ni contribuyen a la búsqueda de una solución política duradera al conflicto en el este de RDC». El Ministerio de Exteriores ruandés ha acusado a Reino Unido de «elegir claramente un bando» y ha criticado a la comunidad internacional por «no responsabilizar al Gobierno de RDC de los repetidos ataques a sus propios ciudadanos». Ruanda argumenta que estas acciones «animan a RDC a perseverar con un enfoque militar, prolongando así el conflicto y el sufrimiento de la población civil».

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El conflicto en el este de la RDC se ha intensificado con los avances territoriales del M23, integrado principalmente por tutsis congoleños. La RDC acusa a Ruanda de apoyar directamente al M23. Sin embargo, Ruanda alega que Kinshasa reprime a los tutsis congoleños con el apoyo de grupos armados como las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR). Esta escalada de tensiones ha llevado a una crisis diplomática regional y a una gran preocupación internacional por la estabilidad en la región de los Grandes Lagos.

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Armenia: El desafío de alejarse de Rusia y acercarse a la Unión Europea

En medio de un contexto regional complejo, Armenia busca reducir su dependencia de Rusia mientras establece nuevas alianzas. Su situación geopolítica y relación con Turquía serán clave para su futuro. En este artículo, Salvador Iborra, alumno del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, analiza los desafíos y las oportunidades que enfrenta el país en su giro hacia el Oeste.

Con el colapso de la Unión Soviética, Armenia se convirtió en uno de los aliados más cercanos de Rusia. Formó parte incluso de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una alianza militar comandada por Moscú y Estados exsoviéticos. Esto generó una integración económica potente. Tres décadas más tarde, Ereván pretende cambiar su enfoque.

Armenia y Rusia, dos aliados, ¿inseparables?

Los lazos entre ambos Estados tienen su origen en la guerra ruso-persa de 1828, tras la cual la Armenia oriental formó parte de Rusia. Este era percibido como un protector de los cristianos en su área de influencia, incluida el Cáucaso

La República Democrática Armenia, nacida en 1918 tras el colapso del Imperio Ruso, pretendía asegurar su independencia y soberanía. Para ello, estableció relaciones amistosas con todas las entidades políticas rusas. Confiaba en que dicho apoyo contrarrestaría la hostilidad del resto de Estados transcaucásicos y de Turquía.

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Tras el colapso soviético, la Federación Rusa fue un apoyo firme de los armenios en la Primera Guerra del Alto Karabaj. Este conflicto fue el primero de los enfrentamientos armados postsoviéticos. Formó parte de una larga lista de enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán por el enclave de dicho nombre.

De esta manera, podemos observar cómo Moscú ha sido tradicionalmente un proveedor de seguridad para los armenios, en múltiples y variados contextos históricos. Desde 1991 hasta 2020, Armenia se hizo muy dependiente del Kremlin en campos muy distintos.

Primeramente, y como ya hemos adelantado, el de seguridad. Como miembro de la OTSC, Armenia tenía acceso comercial a las armas rusas a precio doméstico. Alineó sus fuerzas armadas con los estándares rusos, lo que simplificó la integración de los equipos importados. En este contexto, Armenia fortaleció sus capacidades adquiriendo cazas Su-30SM, sistemas de defensa aérea Tor-M2KM y aceptando préstamos de Moscú para la adquisición de sistemas de cohetes. Las importaciones armenias de armamento ruso fueron de un 94% en el período de 2011-2020, por lo que la dependencia era absoluta.

En segundo lugar, en el ámbito comercial, Rusia recibe el 45% de las exportaciones armenias. Además, es el Estado que más exporta a Armenia, con una cuota del 30%. En el sector de la comida, la dependencia también es muy alta. Prácticamente el 100% de las importaciones de trigo y maíz provienen de Rusia. Asimismo, el 82% de la pasta, el 72% del aceite y el 66,6% de las harinas también llegan desde Rusia. A todo ello sumamos el hecho de que Moscú es la mayor fuente de inversión extranjera directa, constituyendo el 60% del total.

Tercero, la carestía de recursos autóctonos energéticos obliga a Armenia a importar gas natural y petróleo. Esto cubre la mayor parte de sus necesidades energéticas, que representaron el 78,6% en 2020.

Las interconexiones energéticas con Azerbaiyán y Turquía son inexistentes dada su enemistad, por lo que la situación es aún más difícil. El gas natural representa el 80% de sus importaciones energéticas, siendo Rusia su principal proveedor, con un 87%, que se lo vende a tarifas subsidiadas.

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La realidad es que la posición geográfica de Armenia respecto a su vecindario ha empujado al país a esta dependencia casi natural. Azerbaiyán es su mayor enemigo, y Turquía es un aliado estrecho de este, aunque parece que está habiendo un tímido proceso de normalización de relaciones.

Las relaciones con Georgia han sido frías y, además, Armenia no tiene salida al mar. No obstante, esta vinculación ha sufrido un revés que amenaza con transformar los cimientos del equilibrio de poder de la región.

La Segunda Guerra del Alto Karabaj y la ofensiva de 2023: puntos de inflexión

La ambivalencia de Moscú durante la reactivación del conflicto de Nagorno Karabaj en 2020 despertó las alarmas del gobierno armenio. Aunque había razones para que Rusia interviniera en favor de Ereván, como la competencia por la influencia en el Cáucaso con Turquía, también existían motivos para no castigar a Azerbaiyán. Ambos países mantienen lazos de seguridad y comerciales significativos.

Otro factor clave para la no intervención rusa es su aprensión hacia el actual gobierno de Nikol Pashinyan. Este llegó al poder tras la Revolución armenia de 2018, en el marco de las Revoluciones de colores, tan denostadas por el Kremlin desde 2014. Pashinyan, con un liderazgo liberal y crítico de la dependencia de su país hacia Moscú, es comparado por políticos rusos con Petro Poroshenko, el presidente ucraniano electo tras el Euromaidán.

Este conflicto terminó con un acuerdo de alto el fuego. Rusia garantizaba el despliegue de casi dos mil soldados para el mantenimiento de la paz en Nagorno Karabaj. Sin embargo, fue una victoria contundente para Azerbaiyán. Este ganó el control del 72% de la República de Artsaj (ubicada en el Alto Karabaj). Además, el conflicto demostró la superioridad de las fuerzas armadas de Azerbaiyán y el aislamiento de Armenia.

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Durante los tres años siguientes a la guerra, el descontento armenio continuó aumentando progresivamente: 

  • Los renovados combates en septiembre de 2022 y la no intervención de la OSTC previa activación del artículo 4 abrieron el debate en Armenia sobre si era beneficioso continuar siendo miembro de la organización. Adicionalmente, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó Ereván dicho mes en un movimiento cargado de simbolismo.
  • La negativa del primer ministro Pashinyan a participar en los ejercicios militares conjuntos de la organización ocurrió tras la negativa de la OTSC. Esta se negó a condenar la agresión de Azerbaiyán.
  • El intercambio de fuegos de artillería en mayo de 2023 llevó a Pashinyan a declarar que Armenia podría considerar retirarse del tratado de la OTSC. Esto ocurrió debido a la falta de apoyo ruso, lo que llevó a negar el apoyo del país a Rusia en la Guerra de Ucrania.
  • El 3 de septiembre de 2023, Pashinyan declaró que era «un error estratégico» depender íntegramente de Moscú en lo relativo a la seguridad. Afirmó que «Rusia está reduciendo su influencia en el Cáucaso Sur y no puede satisfacer las necesidades armenias». Además, confirmó que Armenia estaba diversificando sus acuerdos de seguridad con la UE y Estados Unidos.

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La estocada final se produjo cuando Azerbaiyán lanzó su última ofensiva el 19 de septiembre de 2023, provocando el colapso en un solo día de la República de Artsaj, retomando el control de toda la región, el Alto Karabaj y empujando a toda la población armenia de la zona a Armenia.

Rusia fue de nuevo acusada de incumplir sus obligaciones de seguridad a través de sus fuerzas de mantenimiento de paz. El presidente Putin, por su parte, justificó su negativa a intervenir en unas declaraciones realizadas por el presidente armenio en las que, a cambio de garantías de seguridad, reconoció la soberanía azerbaiyana sobre el Alto Karabaj.

Giro hacia el oeste: El dilema de Armenia

Reconociendo que la dependencia de un único socio ha generado riesgos para Armenia, el país ha comenzado a intensificar su compromiso. Este compromiso consiste en diversificar relaciones con una serie más amplia de actores externos, así como fortalecer su capacidad militar.

Una nueva estrategia de disuasión

El gasto de defensa armenio ha aumentado hasta alcanzar cifras inauditas, según Leonid Nersisyan, investigador del think tank armenio APRI. En 2025, el presupuesto será de unos 1.700 millones de dólares, un 20% más con respecto al año anterior. No obstante, a pesar de la subida, sigue estando muy por detrás de Azerbaiyán.

La realidad es que el riesgo de una escalada militar sigue siendo significativo, incluso tras la anexión total de Nagorno Karabaj y el proceso de negociaciones en marcha. El presidente azerbaiyano, Ilham Alyev, acusó a Armenia a principios de enero de ser una amenaza fascista que debe ser destruida. Adicionalmente, las reclamaciones de Bakú del corredor Zangezur siguen en pie. Dicho corredor permitiría conectar a Azerbaiyán con su territorio de Nakhichevan, situado al otro lado de la región armenia de Syunik. A su vez, esto lo conectaría con Turquía y Europa.

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Junto al aumento del gasto en defensa, Ereván ha optado por nuevos acuerdos de seguridad, como la misión de observación civil de la UE, establecida a lo largo de la frontera con Azerbaiyán. Esta pretende sustituir la de la OTSC, que se mostró impotente en la última ofensiva de 2023. Por otro lado, ha firmado contratos de defensa con la India por valor de más de 1.500 millones de dólares y con Francia por 250 millones. Estos nuevos lazos de seguridad incluyen el despliegue de instructores militares franceses e iniciativas de formación de defensa lideradas por la India.

En el mismo camino, ha cobrado especial protagonismo la reciente Carta de Asociación Estratégica entre Estados Unidos y Armenia de enero de 2025. Junto a medidas de cooperación económica, energética y de inversión, Washington se ha comprometido a proporcionar 27 millones de dólares. Estos fondos se destinarán a apoyar los esfuerzos armenios en el desarrollo de capacidades de seguridad fronteriza. Asimismo, ha financiado el desarrollo de un Centro de Operaciones de Ciberdefensa

Esfuerzos diplomáticos

En enero, Pashinyan anunció la intención del gobierno armenio de solicitar la membresía de la Unión Europea, supeditando dicha decisión a la celebración de un referéndum nacional. Solo un mes más tarde, el parlamento armenio ha adoptado un proyecto de ley destinado a iniciar el proceso de adhesión.

Por otro lado, el Servicio de Inteligencia Armenio ha evaluado que es poco probable que el actual estatus de suspensión de la membresía armenia en la OSTC varíe durante 2025. Si bien tales actos suponen un paso adelante del país en su desacoplamiento de Rusia, la realidad es que la situación geográfica de Armenia complica dicho proceso. Además, su participación en la Unión Económica Euroasiática (UEE) liderada por Rusia y la lentitud de los procesos de adhesión de la UE (que pueden tomar décadas) dificultan aún más este horizonte.

En este contexto, cobra aún más sentido la declaración del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Este reconoció que la intención de unirse a la UE es un derecho soberano de Armenia. Sin embargo, también afirmó que es incompatible con su membresía en la UEE. Dada la actual dependencia económica armenia de Rusia, el precio a pagar es muy alto.

Otro gesto importante fue la ratificación del Estatuto de Roma, por el que Armenia se convirtió en miembro de la Corte Penal Internacional el 1 de febrero de 2024. Esto permitiría al país detener a Vladímir Putin en caso de que este plantease una visita.

Turquía, ¿el elemento clave para Armenia?

Turquía y Armenia llevan involucradas en un proceso de normalización diplomática desde julio de 2024. Enfrentadas por el vínculo turco-azerbaiyano y el negacionismo turco del genocidio armenio, Ereván depende de un restablecimiento de relaciones con Ankara para poder acelerar su desacoplamiento de Rusia. Erdoğan subordina la normalización al progreso de las conversaciones de paz entre Bakú y Ereván.

Lo cierto es que el acercamiento armenio a Occidente y sus aspiraciones de ingresar a la UE, difíciles por los factores antes mencionados, podrían facilitarse si ambos Estados abriesen sus fronteras y cooperasen. Turquía se convertiría en un puente para Armenia y Bruselas. Asimismo mismo, Turquía es miembro de la Unión Aduanera de la UE y de la OTAN.

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La apertura de la frontera turco-armenia brindaría a los armenios acceso a los mercados europeos, la posibilidad de mejorar la conectividad regional y reducir su aislamiento y reducir la dependencia de Moscú. Bruselas y Washington ven con buenos ojos este proceso y lo apoyan, pues reduciría la influencia de Rusia o Irán en el Cáucaso.

Conclusiones

El pivot to the West armenio es evidente. El liderazgo de Pashinyan pretende reducir la dependencia nacional de Moscú para asegurar la seguridad militar del país en un contexto regional amenazador. Sin embargo, reconoce que el desacoplamiento es muy complicado.

Las exportaciones armenias a Rusia se dispararon un 463% tras la imposición de un elevado programa de sanciones a Moscú. Esto convirtió a Armenia en un punto de transbordo comercial clave.

El horizonte armenio es incierto. Aunque existe un sector del Trumpismo fuertemente pro-armenio y muy crítico con la limpieza étnica del Alto Karabaj, el enfoque de la nueva Administración estadounidense con Rusia podría complicar la posición armenia.

Sumado a ello, la relación energética europea con Azerbaiyán podría llevar a que Bakú presionara a Bruselas a su favor en el conflicto armenio. Las perspectivas de Ereván variarán en función de la evolución de unas conversaciones de paz muy delicadas. Además, dependerán de cuánto quiera apostar Erdoğan por una normalización diplomática, que es indispensable para Armenia.


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Eje Canarias-Estrecho-Baleares: frontera inestable entre España y Marruecos 

La creciente amenaza de Marruecos hacia España en diversas áreas, desde la política exterior hasta la migración y la seguridad, exige una respuesta firme y estratégica. Este informe analiza las implicaciones de las reclamaciones territoriales marroquíes y sus efectos sobre la integridad de España. En este Trabajo Final de Máster (TFM) del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, el alumno Javier Moreno analiza las dinámicas geopolíticas entre Marruecos y España.

El Trabajo Final de Máster (TFM) del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute consiste en la elaboración de un Informe de Análisis Internacional real y profesional, en forma y contenido, en el que se apliquen los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas en el Máster, simulando un entorno profesional real. El alumno, a mitad del Máster, debe proponer:

  1. Una temática de TFM sobre algún país, conflicto o tema de análisis dentro de una de las siguientes regiones geoestratégicas del mundo (Unión Europea y Federación Rusa, Oriente Medio y África, Oriente Medio y África, América del Norte y América del Sur y Asia-Pacífico).
  2. Un destinatario real (ficticio o no) del Informe que realizará, con el objetivo de aportar un valor concreto a una empresa o una institución pública real, a elección del alumno.

Durante el Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico se aprenden y practican múltiples técnicas y métodos de obtención y análisis internacional y geopolítico. Estas metodologías deberán ser utilizadas por el alumno para investigar, analizar y realizar el Informe de Análisis Internacional de forma profesional, siempre con la ayuda, soporte y acompañamiento de un Mentor, experto en la temática o región escogida por el alumno.

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Título: Eje Canarias-Estrecho-Baleares: Frontera inestable entre España y Marruecos 

Alumno: Javier Moreno

Tutora: José Pontijas

Fecha de entrega: febrero 2025

Itinerario: Europa y Federación Rusa


🌐 Informe de Análisis Internacional 🌐

El Reino de Marruecos representa una amenaza importante para el Reino de España en diferentes ámbitos. También se plantean una serie de medidas que el Gobierno español podría considerar para mitigar esta situación y proteger los intereses españoles. Es fundamental abordar esta cuestión con firmeza, puesto que, de no aplicarse una política estratégica adecuada, la integridad territorial de España podría verse seriamente comprometida.

La finalidad de este análisis es ofrecer una visión estratégica que permita anticiparse y responder de manera efectiva al reto que supone Marruecos para España, a corto, medio y largo plazo. Este informe va dirigido al Presidente del Gobierno de España, elaborado a petición de su gabinete. El objetivo es plantear soluciones a la problemática derivada de la política exterior marroquí.

La amenaza de Marruecos

Para España, el eje compuesto por las Islas Canarias, las Plazas de Soberanía y las Islas Baleares suponen actualmente su frontera sur. Al otro lado de esta frontera se encuentra el Reino de Marruecos, que desde su independencia en 1956 ha supuesto una amenaza constante para España. Esto se debe a su política expansionista, con la cual se ha anexado gran parte de los territorios españoles en el norte de África, a excepción de las Plazas de Soberanía.

Las plazas de soberanía son los territorios españoles en el Norte de África. Estos forman parte íntegra de los reinos que se ubicaban en la península desde el siglo XV. Al igual que las Islas Canarias como parte de la Corona de Castilla. Pese a los argumentos marroquíes derivados de la idea del «Gran Marruecos», el estado marroquí carece de legitimidad para reclamar territorios españoles. No son colonias ni ciudades ocupadas.

En el ámbito internacional, la pertenencia de España a la OTAN desde 1982 garantiza la defensa de Canarias y Baleares bajo los artículos 5 y 6 del tratado. Por el contrario, estas disposiciones no protegen las Plazas de Soberanía, al no estar incluidas, convirtiéndolas en puntos vulnerables.

Además, la UE, a través del artículo 51 del Tratado de Lisboa, contempla la defensa de la integridad territorial de España. Sin embargo, su implicación efectiva es poco fiable. Esto se debe al firme apoyo de Francia y EE. UU. a Marruecos por ser su gran aliado en el Magreb.

Por su parte, Marruecos forma parte de la Unión Africana. Allí ha utilizado su influencia regional y sus alianzas internacionales para consolidar su posición en el conflicto del Sáhara Occidental. También ha reforzado sus reclamaciones sobre Ceuta y Melilla. Su creciente inversión en energías renovables y en infraestructuras como el puerto de Tánger, diseñado para competir con Algeciras, son señales claras de su ambición. Además, el aumento de su presupuesto de defensa, que alcanza el 9% del PIB, refuerza su objetivo de consolidarse como la gran potencia regional.

Marruecos ha llevado a cabo una política exterior agresiva enfocada en el control del Sáhara Occidental y en el debilitamiento de las posiciones españolas en África.

El apoyo de Estados Unidos y Francia al plan de autonomía marroquí ha fortalecido su posición diplomática. Además, las maniobras militares conjuntas con potencias como EE. UU., Israel y Reino Unido (African Lion), han reforzado su capacidad militar. La compra de armamento pesado ha supuesto una seria amenaza. Esta amenaza se dirige a la integridad de España en el Norte de África y al eje Canarias-Estrecho-Baleares, frontera sur de España.

Añadido a esto, Marruecos ha adquirido armamento avanzado de Estados Unidos, Francia e Israel, entre otros. La construcción de una base militar al sur de Melilla refuerza la hipótesis de una posible amenaza militar a medio o largo plazo. Hasta la fecha, Marruecos no cuenta con grandes bases militares al norte del país.

Aunque el Ejército español tiene mejores capacidades, especialmente en aviación y armada, la obsolescencia de su equipamiento y la falta de inversión desde la crisis de 2008 podrían debilitar su posición frente a Marruecos a medio y largo plazo si no actúa debidamente. En materia migratoria, Marruecos ha utilizado la migración para presionar a España, desbordando a Ceuta, Melilla y Canarias con flujos migratorios masivos y organizados.

Destaca el gran número de lumpenproletariado y MENAS, causando mayor inestabilidad. El asalto masivo a la frontera de Ceuta en 2021, con la participación de menores no acompañados (MENAS) y la inacción deliberada de las fuerzas policiales marroquíes, demuestra esta estrategia. Asimismo, las restricciones comerciales y el cierre de fronteras desde 2018 han debilitado las economías de Ceuta y Melilla, aumentando la tensión en estas áreas. 

En lo que respecta a la amenaza en las Islas Canarias, el desacuerdo sobre el monte Tropic, rico en teluro, es otro foco de tensión. La ampliación unilateral de la jurisdicción marítima por parte de Marruecos en 2020 creó un solapamiento de reclamaciones con España. España ya había solicitado previamente la ampliación de su Zona Económica Exclusiva a la ONU.

Este conflicto subraya la necesidad de una respuesta diplomática firme por parte de España para proteger sus recursos y sus intereses. Además de esto, la pesca en aguas saharauis también supone un importante foco de tensión. 

Conclusiones

El Reino de Marruecos representa una amenaza significativa para España en los ámbitos territorial, militar, diplomático, migratorio y político. Su política expansionista, respaldada recientemente por potencias internacionales, y su estrategia de presión migratoria y rearme militar desafían la soberanía española.

La falta de inclusión de las Plazas de Soberanía en los mecanismos de defensa de la OTAN o una dudosa defensa por parte de la UE, junto con la obsolescencia del equipamiento militar español, agravan estas vulnerabilidades. Se estima que España debería apostar por una postura más firme y estratégica para proteger sus intereses nacionales.

Esto incluye aumentar la inversión en defensa, reforzar su diplomacia en la UE y la OTAN, especialmente la inclusión de las Plazas de Soberanía bajo la protección de la organización. También se debe establecer medidas de disuasión claras frente a las acciones marroquíes. Garantizar la estabilidad de territorios como Ceuta, Melilla y Canarias es crucial para la seguridad e integridad territorial de España. Para ello, se debe mantener debidamente el eje Canarias-Estrecho-Baleares.

🌐 Memoria del Informe 🌐

Para una mayor comprensión de este Trabajo Final de Máster (TFM) realizado en el contexto del Máster Profesional en Analista Criminal y Criminología Aplicada de LISA Institute, a continuación puedes consultar la memoria del Informe, en la que se muestran todas las fases realizadas: Fase de Dirección y Planificación, Fase de Obtención, Fase de Tratamiento de la Información, Fase de Análisis, Fase de Difusión y Fase de Retroalimentación.

¿Qué espera el mundo del próximo Papa? La sucesión papal en el contexto geopolítico

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El pontificado de Francisco ha dejado una huella profunda en la Iglesia Católica, marcada por reformas pastorales, inclusión y desafíos internos. Sin embargo, con su salud deteriorada y un Colegio Cardenalicio dividido, la sucesión papal se presenta como uno de los eventos más cruciales para el futuro de la Iglesia. En este artículo, el alumno del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, Alejandro Vigo, explica el impacto de este proceso y los retos que enfrentará el próximo Papa.

El pontificado del Papa Francisco, iniciado el 13 de marzo de 2013, ha sido un periodo transformador para la Iglesia Católica. Como el primer papa latinoamericano, jesuita y en adoptar el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, Jorge Mario Bergoglio ha dejado una huella imborrable en la Iglesia y el mundo. Su legado se caracteriza por un enfoque en la misericordia, la inclusión, la justicia social y una apertura hacia las periferias, tanto geográficas como existenciales.

Sin embargo, a sus 88 años y con una salud frágil, evidenciada por su hospitalización en febrero de 2025 por una infección respiratoria grave, las especulaciones sobre su sucesión se intensifican. Este análisis explora el impacto de su pontificado. Identifica a los candidatos más destacados para sucederlo y examina los desafíos que enfrenta el Vaticano en el futuro inmediato y a largo plazo.

El legado del Papa Francisco: puntos clave

Reforma pastoral y doctrinal

Francisco ha priorizado una Iglesia «en salida», cercana a los pobres y marginados. Su exhortación apostólica Evangelii Gaudium (2013) estableció el tono de su papado, promoviendo una evangelización basada en la alegría y la cercanía. Ha flexibilizado posturas en temas delicados, como la acogida a los divorciados vueltos a casar (Amoris Laetitia, 2016) y el diálogo con la comunidad LGBT+, aunque sin alterar la doctrina oficial.

Reforma de la curia

La reestructuración de la burocracia vaticana ha sido un objetivo central. Con la constitución apostólica Praedicate Evangelium (2022), Francisco descentralizó el poder, otorgando mayor protagonismo a los laicos y las conferencias episcopales. Sin embargo, esta reforma ha enfrentado resistencias internas, especialmente de sectores conservadores, que ven en ella una amenaza a la tradición.

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Inclusión y diálogo inter religioso

Su viaje apostólico a Asia y Oceanía en 2024, el más largo de su pontificado, reflejó su compromiso con las periferias y el diálogo interreligioso. Encuentros como el de Abu Dabi en 2019, donde firmó el Documento sobre la Fraternidad Humana con el Gran Imán de Al-Azhar. Destacan su apuesta por la paz y la coexistencia entre religiones.

Gestión de escándalos

Francisco ha enfrentado críticas por su manejo de los abusos sexuales en la Iglesia. Aunque implementó medidas como la abolición del secreto pontificio en casos de abuso (2019). Su respuesta inicial fue percibida como lenta, lo que dañó su credibilidad en algunos círculos.

Legado político y social

Su crítica al capitalismo desenfrenado y su defensa de los migrantes han resonado globalmente, pero también han generado tensiones con líderes conservadores y populistas. En América Latina, su origen argentino lo ha convertido en un símbolo de esperanza, aunque también en un blanco de polarización.

La sucesión papal: proceso y contexto

El final del pontificado del Papa Francisco, ya sea por su fallecimiento o una eventual renuncia (siguiendo a Benedicto XVI), marca el inicio de uno de los eventos más enigmáticos y trascendentales de la Iglesia Católica: la elección de su sucesor.

La «elección de un papa» se lleva a cabo en el cónclave. Este término deriva del latín cum clave («con llave»), reflejando el encierro literal de los cardenales electores en la Capilla Sixtina. Allí permanecen hasta que se llega a un acuerdo. Este proceso está codificado en la constitución apostólica «Universi Dominici Gregis» (1996) de Juan Pablo II. Fue ajustado por Benedicto XVI y Francisco. Combina siglos de tradición con reglas estrictas para garantizar secretismo y deliberación.

Solo los cardenales menores de 80 años al momento de la vacante papal pueden votar. En febrero de 2025, hay 132 cardenales electores, de un total de 229, según el último consistorio de Francisco (el más reciente en diciembre de 2024, cuando nombró a 21 nuevos cardenales). Estos electores provienen de 66 países, una diversidad sin precedentes que refleja la globalización de la Iglesia bajo Francisco.

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Para ser elegido, un candidato necesita dos tercios de los votos (actualmente 88, si todos los electores están presentes). Este requisito fomenta el consenso, pero puede prolongar el proceso si las facciones están divididas.

El cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco comienza entre 15 y 20 días tras la vacante, salvo que los cardenales decidan acelerarlo. Esto ocurre tras declararse la Sede Vacante por muerte o renuncia. En caso de fallecimiento, el camarlengo, actualmente Kevin Farrell, certifica el hecho. Luego clausura la habitación papal y destruye el Anillo del Pescador para evitar falsificaciones. Después, convoca a los cardenales a Roma. Estos se aíslan en la Capilla Sixtina tras la misa Pro Eligendo Romano Pontifice y el extra omnes. Inician un proceso sin contacto externo, reforzado históricamente tras cónclaves largos como el del siglo XIII.

Se realizan hasta cuatro votaciones diarias con papeletas anónimas, exigiendo dos tercios de los votos para elegir al papa. Si tras 33 escrutinios no hay acuerdo, se pasa a una votación extraordinaria entre los dos más votados.

El humo negro (fumata nera), con paja húmeda y químicos, indica fracaso. El humo blanco (fumata bianca), con papel seco y clorato potásico, señala la elección. Esto es seguido del ‘Habemus Papam’ (Tenemos Papa). Francisco permitió a cardenales mayores de 80 años participar en las congregaciones generales previas. En estas, discutieron desafíos como secularización y abusos. Sin embargo, mantuvo la esencia del sistema.

Aunque cualquier católico varón puede ser papa, en práctica se elige entre cardenales, valorando experiencia eclesiástica y proyección global. Tras la elección, el cardenal decano pide la aceptación. El elegido escoge su nombre papal (evitando «Pedro» por tradición) y se viste en la «Sala de las Lágrimas». El proceso culmina con una misa inaugural y la toma de posesión de San Juan de Letrán.

La renuncia de Benedicto XVI en 2013 reabrió la posibilidad de dimisión, aceptada por Francisco como excepcional. Con su salud frágil en 2025, tras una neumonía doble, y un Colegio Cardenalicio mayoritariamente nombrado por él. La sucesión reflejará su legado de apertura y globalización. Pero también las divisiones entre progresistas y conservadores, influenciadas por debates sobre sinodalidad e inclusión. Estos podrían complicar el consenso.

Candidatos potenciales a ser Papa

Dentro del Colegio Cardenalicio coexisten dos tendencias marcadas: los reformistas, alineados con la visión progresista de Francisco de una Iglesia inclusiva y descentralizada, y los tradicionalistas. Estos defienden una postura doctrinal más rígida y centralizada. Con más del 70% de los electores nombrados por Francisco, la balanza parece inclinarse hacia la continuidad progresista. Sin embargo, las tensiones internas podrían complicar el cónclave. Entre los nombres más mencionados como posibles sucesores destacan:

Luis Antonio Tagle

Filipino de 67 años, progresista y cercano a Francisco.  Su juventud lo posiciona para un pontificado largo, y su elección como primer papa asiático sería un símbolo del giro global de la Iglesia. Ex prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos (desde 2022, Dicasterio para la Evangelización). Tiene una fuerte conexión con las comunidades asiáticas, donde el catolicismo crece rápidamente. Filipinas, con más de 80 millones de católicos, es un bastión clave.

Pietro Parolin

Italiano de 70 años, ofrece un perfil de experiencia y moderación. Como secretario de Estado del Vaticano desde 2013, Parolin ha liderado la diplomacia vaticana, negociando el acuerdo provisional con China sobre nombramientos de obispos (2018, renovado en 2024) y mediando en crisis como la de Venezuela. Su trayectoria lo convierte en un candidato de continuidad con Francisco, pero con un enfoque más institucional que pastoral. En caso de ser elegido, rompería con cuatro décadas de pontífices extranjeros.

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Matteo Zuppi

Italiano de 69 años, arzobispo de Bolonia y progresista. Vinculado a la Comunidad de Sant’Egidio, destaca por  su compromiso social (medió en el conflicto de Ucrania) y su cercanía a las periferias. Es visto como una opción de continuidad. Sin embargo, su experiencia internacional es más limitada que la de Parolin o Tagle. Esto podría debilitarlo frente a cardenales que buscan un líder con mayor proyección global.

Robert Sarah

Guineano de 79 años y favorito del ala tradicional. Prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino (2014-2021), ha sido un crítico de las reformas de Francisco, defendiendo una liturgia tradicional y rechazando aperturas en temas como la homosexualidad o el papel de los laicos. Por el contrario, su edad avanzada y la composición progresista del colegio lo hacen un candidato con baja probabilidad.

De izquierda a derecha: Tagle, Parolin, Zuppi y Sarah.

Otros posibles candidatos: Peter Erdő (húngaro conservador) Willem Eijk (neerlandés conservador), Peter Turkson (ghanés moderado) o Fridolin Ambongo (congolés y progresista).

Geográficamente, Europa sigue siendo el continente con mayor representación en el Colegio Cardenalicio, con 55 electores (39,9%). América del Norte cuenta con 20 electores (14,5%). América Latina cuenta con 18 electores, al igual que África (13% cada uno). Asia ha aumentado su peso con 24 electores (17,4%) y Oceanía tiene 3 electores (2,2%). El Papa ha impulsado una mayor diversidad en la composición del Colegio. Nombró a cardenales en regiones tradicionalmente menos representadas, lo que incrementa las posibilidades de que el próximo Papa provenga del sur global.

Desafíos para el próximo Papa: tensiones geopolíticas y eclesiales

El sucesor del Papa Francisco heredará una Iglesia Católica en un momento de transición crítica, enfrentando desafíos que pondrán a prueba su capacidad para liderar a 1.300 millones de fieles en un mundo polarizado. El próximo Papa enfrentará retos de gran envergadura:

Tensiones geopolíticas

La guerra en Ucrania ha tensionado las relaciones del Vaticano con Rusia. Francisco ha abogado por el fin de las hostilidades, pero su crítica al envío de armas a Ucrania y su sugerencia de que Estados Unidos y la OTAN podrían compartir responsabilidad en el conflicto han generado controversia. Esta postura ha complicado el diálogo con el Patriarcado de Moscú, afectando las aspiraciones ecuménicas y las relaciones diplomáticas con Rusia. El próximo papa deberá decidir entre mantener esta neutralidad pacifista o adoptar una posición más alineada con Occidente, un dilema que influirá en la percepción del Vaticano en Europa del Este.

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Además, la guerra en Gaza y las declaraciones de Francisco sobre los bombardeos israelíes han llevado las relaciones del Vaticano con la comunidad judía a su punto más bajo desde el Concilio Vaticano II. La Santa Sede, que históricamente ha abogado por la solución de dos estados, se enfrenta a un dilema diplomático: restaurar los lazos con Israel sin desatender el sufrimiento de la población palestina, incluidos los cristianos de la región.

Además, la creciente inestabilidad en Siria, Líbano y Yemen sigue amenazando la presencia cristiana en Medio Oriente. El próximo Papa deberá equilibrar la defensa de la paz con la necesidad de preservar la influencia del Vaticano en una de las regiones más estratégicas del mundo.

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Por otro lado, desde la llegada de Xi Jinping, la Iglesia Católica en China ha enfrentado una presión creciente bajo la política de «sinización» religiosa impuesta por el Partido Comunista. Esta exige lealtad al Estado por encima del Vaticano. El acuerdo firmado por Francisco en 2018, renovado en 2022 y extendido hasta 2028, permite a Pekín influir en la designación de obispos.

Esta medida ha sido duramente criticada por sectores de la Iglesia, especialmente por el cardenal Joseph Zen. Mientras tanto, en América Latina, gobiernos como el de Nicaragua han tomado medidas represivas contra la Iglesia, cerrando medios católicos y encarcelando sacerdotes. El próximo Papa deberá redefinir la estrategia vaticana ante regímenes autoritarios, protegiendo a los fieles sin comprometer los principios fundamentales de la fe.

Tensiones eclesiales

La secularización en Occidente, acelerada desde el Concilio Vaticano II, ha debilitado la influencia de la Iglesia y ha profundizado la brecha entre modernistas y tradicionalistas. En países como Polonia, la asistencia a misa cayó del 50,3% en 1990 al 36,9% en 2019. Mientras tanto, partidos cristianodemócratas han apoyado legislaciones cada vez más secularizantes. Estudios de Pew Research (2018) y la Encuesta Mundial de Valores (2007-2020) confirman esta tendencia.

Esta ha sido impulsada en parte por la Unión Europea, que evitó referencias cristianas en el Tratado de Lisboa. El crecimiento del cristianismo en África no es suficiente para compensar la crisis en el mundo occidental. El próximo Papa deberá encontrar formas de revitalizar la Iglesia en Europa y América del Norte sin perder de vista la expansión en otras regiones.

Otro desafío crucial será sanar las divisiones internas. El Sínodo sobre la Sinodalidad (2021-2024) ha intensificado la brecha entre progresistas, que abogan por una mayor descentralización y apertura a temas como la inclusión LGBT+ y el rol de las mujeres, y conservadores, que temen una dilución de la doctrina. Figuras como el cardenal Raymond Burke han criticado abiertamente el rumbo de la Iglesia bajo Francisco, y la posibilidad de una fractura doctrinal es real si el próximo Papa no logra un consenso dentro de un Colegio Cardenalicio mayoritariamente bergogliano, pero no homogéneo.

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Finalmente, la crisis de los abusos sexuales sigue siendo una de las heridas más profundas de la Iglesia. Aunque Francisco abolió el secreto pontificio en 2019, muchas víctimas consideran insuficientes las reformas implementadas. El próximo Papa deberá tomar medidas más contundentes para restaurar la credibilidad y erradicar los encubrimientos que han dañado gravemente la imagen institucional de la Iglesia.


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Australia prohíbe el software antivirus Kaspersky en sistemas gubernamentales

La decisión del gobierno de Australia de vetar Kaspersky se debe a riesgos de interferencia extranjera, espionaje y sabotaje por parte de Rusia.

El Departamento del Interior de Australia ha prohibido el uso de software antivirus y otros productos de Kaspersky en todos los sistemas y dispositivos gubernamentales. La ministra del Interior, Stephanie Foster, emitió una directriz obligatoria bajo el Marco de Política de Seguridad Protectora (PSPF). En ella, argumenta que estos productos y servicios representan un «riesgo de seguridad inaceptable» para el gobierno, las redes y los datos australianos. «He determinado que el uso de los productos y servicios web de Kaspersky Lab, Inc. por parte de entidades gubernamentales australianas representa un riesgo de seguridad inaceptable (…) derivado de amenazas de interferencia extranjera, espionaje y sabotaje», declaró Foster en la Dirección PSPF 002-2025.

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La medida exige que las organizaciones gubernamentales identifiquen y eliminen todos los productos de Kaspersky existentes de sus sistemas y dispositivos antes del 1 de abril de 2025. Además, deben impedir la instalación de cualquier producto y servicio web de Kaspersky Labs e informar sobre el cumplimiento de estos requisitos. Aunque se permite solicitar exenciones por razones comerciales legítimas, estas están limitadas a funciones de seguridad nacional y regulatorias. Asimismo, deben implementarse salvaguardas de seguridad adecuadas. «También he considerado la importante necesidad de una señal política fuerte para las infraestructuras críticas y otros gobiernos australianos con respecto al riesgo de seguridad inaceptable asociado con el uso de los productos y servicios web de Kaspersky Lab, Inc», continuó.

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Esta decisión sigue los pasos de otros países. Por ejemplo, Estados Unidos impuso una prohibición similar en julio de 2024 bajo la administración Biden. La secretaria de Comercio estadounidense, Gina Raimondo, justificó entonces la medida afirmando que «Rusia ha demostrado una y otra vez que tiene la capacidad y la intención de explotar a las empresas rusas, como Kaspersky Lab, para recopilar y convertir en armas información confidencial de Estados Unidos». Kaspersky es una empresa rusa de seguridad informática fundada en 1997 por Eugene Kaspersky. Ofrece soluciones de protección contra malware y amenazas cibernéticas para usuarios individuales y corporativos. Sus productos incluyen antivirus, firewalls y software de seguridad en la nube. Sin embargo, durante los últimos tiempos ha recibido críticas por su posible vínculo con el gobierno ruso.

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