Cómo se han instaurado las criptomonedas en nuestra sociedad, el poder que pueden llegar a tener y cómo estos activos transforman nuestro mundo.

Han pasado más de doscientos cincuenta años desde que, en 1768, el periódico London Magazine acuñó el lema “No taxation without representation” (“No hay tributación sin representación”). Fue el eslogan con el cual los colonos británicos del nuevo mundo rechazaron, rotundamente, pagar impuestos a un Estado que no les representaba, desencadenando una guerra civil y la fundación de los Estados Unidos de América.

En 2022, las criptomonedas replantean un problema de delegación con modalidades y dinámicas muy diferentes y, sin embargo, con un igual riesgo de quebrantamiento de la autoridad constituida. El ejercicio de la función monetaria ha sido una de las prerrogativas típicas de los poderes constitutivos del Estado. Para considerar la concreta existencia y general vigencia de un sistema monetario, este debe demostrar que su unidad de cuenta reúne un conjunto de peculiaridades básicas, es decir, ser:

1) Una medida del valor de todos los bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, presentes y futuros;

2) Un medio de adquisición directa de productos y servicios;

3) Un instrumento de constitución y resolución de deuda;

4) Una fuente de atesoramiento en previsiones de la satisfacción de necesidades o deseos venideros. Lo que se suele definir como depósito de valor y cuyas características se resumen en los siguientes puntos:

4.1) La libertad de acceder pleno y rápidamente a él, o sea, la facilidad de disponer del dinero ahorrado;

4.2) La capacidad de mantener el poder de adquisición a lo largo del tiempo, de manera que el periodo de inactividad de capitales no destinados a consumos ni a inversiones, no merme su valor.

Todas estas cualidades que le confieren a la moneda una cotización indudablemente superior a su materia, peso y volumen, no tendrían efectividad a falta de una precondición fundamental, o sea, el reconocimiento y la aceptación concorde e incondicional como medio de pago por la universalidad de actores. Una aprobación que, además, se asienta en la certeza de su irreproducibilidad, excepto por parte de organismos autorizados que reglamentan su flujo, previniendo y combatiendo tanto la falsificación como la generación y circulación de fondos de procedencia ilegal.

Es evidente que los cimientos de la moneda se arraigan en un concepto tan abstracto y, sin embargo, tan palpable, como la confianza. Se trata de un rasgo común a todas las divisas contemporáneas que –después de abandonar los acuerdos de Bretton Woods– no se cotizan por su valor intrínseco o por la convertibilidad en metales preciosos tradicionales y nuevos (oro, platino, plata, diamante, paladio, rodio, iridio, rutenio, etc…), sino por el crédito que obtienen entre los ciudadanos, a tal punto de merecerse la definición de dinero fiduciario. Es exactamente esta fe la que ha ido menguando progresivamente a partir de 1990, en unas décadas que el expresidente de la Reserva Federal, Greenspan, ha denominado “La era de las turbulencias”.

En esta etapa abrumadora, se han desatado escándalos desmedidos y se han desinflado burbujas financieras con consecuencias aniquiladoras para el tejido productivo y social. A causa de la pérdida de confianza, las colectividades han empezado a cuestionar la exclusividad estatal y supraestatal de la soberanía monetaria y la delegación completa de su gestión al ordenamiento bancario.

Este último, en un entorno de austeridad salarial y crecimiento lento, ha generado dinero sin necesidad de crearlo físicamente, a través de hipotecas, préstamos y créditos al consumo, no correspondientes a las capacidades del conjunto económico y, de hecho, sobrevaloradas por una distorsionada estimación de las tendencias de largo alcance y una avidez cortoplacista.

La soberanía subterránea de las criptomonedas

Es en este hueco de credibilidad en el que se han introducido los primeros criptoactivos –el más famoso, el Bitcoin– presentándose no como un portfolio especulativo, etiqueta que desde los Gobiernos se está intentando ponerles en los últimos años, sino como una herramienta de liberación del cartel crediticio y del poder centralizado. Ellos promovían su difusión y ascenso sobre cinco pilares, que siguen siendo su marca de fábrica:

• La creación de una divisa con una arquitectura totalmente digital.
• La realización de un circuito de intercambios distinto al ordenamiento oficial y fundamentado en la completa descentralización, con dominio de las relaciones «peer to peer» (P2P por sus siglas en inglés) o, dicho de otra manera, de computadora a computadora.
• El uso de la técnica de la blockchain, o cadena de bloques, y de la criptografía asimétrica. Una tecnología que ofrece una interconectividad de punto a punto, en virtud de una red mundial de ordenadores que comunican sin intermediarios y, asimismo, registran todas las operaciones de una manera tal que casi imposible infringir su seguridad.

Para vulnerar las informaciones contenidas en un eslabón, sería necesario rectificar todos los anteriores de la serie, sincronizados entre ellos en una secuencia histórico-temporal. Una operación para la que se debe disponer de una capacidad computación descomunal, con costes inalcanzables por consumo energético y de tiempo.

De hecho, cada bloque imprime una marca del tiempo (timestamp) calculada como mediana de las marcas del tiempo de otros nodos y, a la vez, añade un número estocástico único (nonce) para autentificar la transacción llevada a cabo con un algoritmo matemático (hash).

• La creación de comunidades independientes de usuarios y proveedores.
• La garantía de inmediatez, trazabilidad, protección y anonimato de las transacciones, prescindiendo de las compañías bancarias y sus comisiones de negociación.

Con este arquetipo novedoso se ha conseguido vehiculizar la imagen de una estructura democrática en contra y fuera del aparato institucional y crediticio. Una representación que se ha reforzado con el paso del tiempo, cuando la rápida e inesperada expansión de algunos de los criptoactivos, ha producido dos resultados de importancia extrema.

El primero, haber encontrado el favor de numerosos operadores financieros – las llamadas exchanges – dispuestos a canjearlos por las principales monedas oficiales, como dólar, euro y libra esterlina, y, además, convertir estas últimas en criptomonedas.

El segundo, la aceptación como medio de pago por parte tanto de plataformas de comercio electrónico (e-commerce) como de empresas con tiendas físicas. Estas referencias les han otorgado el reconocimiento de moneda convertible. En definitiva, ya no se califica como una unidad de cuenta fluctuando dentro de los confines de un acotado mercado doméstico o de una limitada colectividad cibernética, sino libremente cambiable por la divisa de cualquier país y gastable en cualquier lugar del mundo.

Por lo tanto, en el caso del Bitcoin, se ha superado la intención de su misterioso inventor (o inventores), conocido con el seudónimo de Satoshi Nakamoto, que en definitiva era la de elaborar un activo refugio, de nueva generación, equivalente al oro. En realidad, se ha engendrado una moneda fuerte, al igual que el franco suizo, el dólar y el yen, y que, a diferencia de los metales preciosos y de otros valores defensivos (diamantes, bonos y acciones con cotización estable), no necesita ninguna ulterior conversión en una unidad de cuenta.

Lo que hace única a esta divisa y que marca la diferencia con las otras, es que, por primera vez, la soberanía monetaria se aparta del poder público. En efecto, no procede ni de un gobierno ni de una unión supranacional, prescinde de una autoridad monopolista de gestión, como un banco central o federal, y no necesita un territorio físico. Resumiendo, se configura como un sistema monetario con las siguientes características:

• Inmaterial, porque es totalmente digital.
• Metafísico, por trascender localidades reales.
• Apátrida, dado que su moneda no tiene una nacionalidad.
• Postidentitario, en cuanto sus participantes gozan de alta privacidad y anhelan un completo anonimato.
• Descentralizado, o sea, aparentemente, sin un centro de mando y, ciertamente, sin un núcleo de imputación de responsabilidad.

Se puede definir como un no-lugar que –a diferencia de la definición que ofrece el antropólogo Marc Augé– no es funcional al credo de las élites y de su ámbito organizacional, por el contrario, genera derechos y aspira a englobar individuos fuera del perímetro oficial.

Queda pendiente descubrir si las criptocomunidades seguirán dedicándose a una actividad financiera de intercambio y especulativa, o, en cambio, profundizarán su alcance con el fin de establecer relaciones interpersonales, de reconocimiento recíproco, de cooperación, de asistencia y de elaboración de reglas y constituciones, más allá de la búsqueda de una provechosa rentabilidad.

Esta potencial implicación es la que produce la mayor inquietud en los organismos financieros nacionales e internacionales, dado que el concepto y la interpretación de la soberanía monetaria experimentaría una remodelación, como consecuencia del desplazamiento de su dominio desde los protagonistas actuales hacia sujetos no institucionales.

De hecho, un Estado que no controla su moneda es un Estado con una autoridad limitada; si bien esta última es, cada vez más, ejercida a través de entidades jurídica y formalmente independientes (bancos centrales), pero, en la práctica, supeditadas al duopolio público-privado incubado por puertas giratorias, participaciones gubernamentales y nombramientos procedentes de la corporatocracia financiera.

En este sentido, las criptomonedas constituyen para los gobiernos un riesgo mucho más contundente de las tradicionales actividades especulativas, como, por ejemplo, las que hundieron la libra esterlina y la lira italiana en 1992, ya que cuestionan los fundamentos mismos del sistema, así como lo hemos conocido hasta ahora.

Una amenaza que se agiganta, si se incluyen las divisas y las transacciones desarrolladas en la web profunda (deep web), un espacio que no se debe confundir con la dark web y cuya extensión –entre 400 y 500 veces más grande que la Internet superficial – comparten junto a organizaciones y sociedades del universo militar, académico, científico e institucional. La forma y las modalidades con las que las criptomonedas dragan este mundo sumergido permite atribuirle una soberanía subterránea, no exenta de errores y leyendas, que recuerda el Texto en una libreta de Cortázar.

Una investigación equilibrada e imparcial debe desmentir la sinonimia entre descentralizado y democrático que se intenta conferir a los criptoactivos. En la historia contemporánea, se han ocasionados ejemplos fehacientes de fuerzas centrífugas que, con expectativas taimadas, se han alejado del núcleo del poder, sin mantener sus promesas de mayor participación, libertad e igualdad. En el relato de las cadenas de bloque quedan muchas sombras sobre el papel de los mineros y de las exchanges.

Los primeros se sobreponen a los normales usuarios por su tarea de reunir, registrar, validar y proteger las transacciones en un nuevo bloque íntegro y seguro, a cambio de una recompensa en moneda virtual. Es un trabajo muy dispendioso, ya que, para realizar un constante procesamiento de algoritmos, se precisa una estructura hardware constituida por un centro o una red de máquinas especializadas, con una conexión permanente, un ininterrumpido y estable suministro energético y un adecuado aparato de refrigeración.

Se trata de una labor con una inversión y un nivel de gastos ordinarios que, no estando al alcance de cualquiera, acaba privilegiando a individuos y empresas con ingentes recursos, con conocimientos aptos a construir un fondo de minería y capaces, en breve tiempo, de mudarse a lugares donde puedan bajar sus costes de gestión.

Todo esto sin contar que el rol que desempeñan los mineros, por un lado, los pone en competencia entre ellos y, por el otro, los vuelve potencialmente capaces de coordinarse en un ataque común a la cadena de bloque a la que pertenecen, para intentar adueñarse de ella. Es irrefutable que el control que experimentan los mineros, los inversores y los programadores, se coloca en un escalón más alto del que disponen los usuarios, por lo tanto, se cuestiona la efectividad de la descentralización como un parámetro constante.

Por otra parte, las exchanges se presentan como oficinas de cambio en línea(online), que cruzan la oferta y la demanda de criptodivisas, fijan su valor y, como se ha mencionado anteriormente, permiten su compraventa y conversión tanto en monedas virtuales como oficiales. A pesar de existir diferentes categorías de exchanges (tradicionales, broker, plataformas OTC, DEX fondos), la mayoría cobra una comisión por sus servicios, que pueden ir del simple auxilio en la compraventa, al análisis del mercado, la información personalizada y el almacenamiento y defensa de la cartera de inversión.

Así que, las criptodivisas que proponían una relación sin mediaciones en los intercambios, no solo tienen ya un afianzado organigrama de intermediarios, sino que algunos de ellos han sido reconocidos por las autoridades financieras (bancos centrales y comisiones nacionales de valores) y objeto de inversión y creación por parte de entidades tradicionales.

Una situación que, a pesar del rechazo mutuo, refleja la ambigüedad de estos contrapuestos sistemas, y que, a la vez, destaca la capacidad inveterada de la economía de mercado de las democracias liberales de devorar todo lo que se pone en su contra, digiriéndolo, incorporándolo y transformándolo en un negocio aprovechable.

Esta dialéctica de imperecedera metamorfosis, que le permite escapar de su hecatombe, encuentra una brillante definición en las palabras del sociólogo Giner: “(el capitalismo N. del A.) nunca deja de ser fiel a sí mismo, de ser lo mismo, para mudarse sin embargo en lo aparentemente contrario. He ahí el secreto de su pervivencia, de su resistencia”.

Análisis, propuestas y respuestas de los organismos financieros

En 2018, el Banco Mundial (BM) trazaba la estrategia a seguir para frenar la difusión de los criptoactivos, sintetizado en un enunciado anfibológico: «El éxito de varias criptomonedas ejerce una presión competitiva sobre los métodos de transacción de las instituciones financieras existentes. Sin embargo, se han puesto de manifiesto serias limitaciones. La organización descentralizada de mercados sin intermediarios de confianza puede ser muy costosa, y la volatilidad del valor de las criptomonedas es un gran obstáculo a que se conviertan en una alternativa a la moneda de curso legal».

Con estas palabras se subrayaban una necesidad y un pronóstico, este último disimulando una acuciante inquietud. Ante todo, la invitación sibilina a los actores institucionales del mercado financiero a subvertir la lógica de la relación directa entre cliente y vendedor en las cadenas de bloque, penetrando en este mercado para ofrecer la consuetudinaria actividad de mediador en los intercambios. Una acción que efectivamente se ha promovido con buenos resultados, provocando un aumento de los costos de gestión para los usuarios, sin evitar o prevenir la volatilidad y el desplome de un cierto número de criptodivisas.

Por otra parte, el mismo concepto de permanente y extrema fluctuación que se les atribuye, es poco convincente. Se comete un error de estimación, midiendo su valor, sin tener en cuenta que se trata de un mercado emergente de rápida evolución tecnológica y que, normalmente, necesita un tiempo bastante largo de estabilización, desde su lanzamiento, pasando por su expansión, hasta su consolidación o desaparición.

Probablemente, la mayoría quedaría asombrada en descubrir como mucha deuda soberana de economías del primer mundo (Euro Government Bond Index), presenta una volatilidad diaria superior a la de algunos bonos corporativos de mercados en vías de desarrollo. De hecho, desmintiendo las previsiones del BM, la popularidad de las criptomonedas no se ha detenido e, incluso, ha ido aumentando la magnitud de sus inversores.

Una consecuencia fácilmente explicable si se considera que la sucesión, a partir de 2008, de un largo ciclo de crisis, específicamente concentrado en el sector crediticio, ha producido:

• Subida de las tarifas para el mantenimiento de las cuentas corrientes.
• Aplicación de tasa zero o de tipos negativos sobre los depósitos de empresas y particulares.
• Recuperación solo parcial de la inflación de las rentas fijas (salarios y pensiones) por efectos de las políticas gubernamentales de austeridad.

Para las compañías financieras se ha desatado la tormenta perfecta, debido a que las operaciones pasivas (recolección de capitales) y activas (colocación de capitales) se han reunido en una única fase de gestión, reduciendo los costos, aumentado las comisiones y trasladando los riesgos operativos directamente a los clientes.

En cambio, los ahorradores viven una auténtica pesadilla, dado que han tenido que convertirse, por causas de fuerza mayor, en inversores, si no quieren que su liquidez en una cuenta corriente, se trasforme en una carga como consecuencia de gastos de administración, inflación e intereses negativos.

En un símil escenario, las criptomonedas han acrecido su atractivo como instrumento defensivo, pasando de los 129 mil millones de capitalización de final de 2018 a los casi 2 billones en abril de 2022. En la realidad, a pesar del aparente optimismo, el BM ha enumerado ya unas medidas para obstaculizar su ascenso. Entrando en lo específico, sus directrices teorizan:

• La aplicación de reglas de supervisión financiera.
• La reglamentación y la imposición tributaria.
• El cuestionamiento y una lucha activa contra su consumo energético desorbitado.

Sin embargo, en el mismo documento, de manera contradictoria, se sugiere incentivar el estudio y la utilización por parte de los bancos de las redes descentralizadas globales, para mejorar sus servicios y explorar nuevas oportunidades de negocio. Esta intención se refuerza con la afirmación de favorecer una sinergia entre los gobiernos como administradores y supervisores de la tecnología de blockchain, los bancos centrales como emisores de divisa digital y los bancos comerciales en calidad de proveedores de los sistemas de pago e intercambio de monedas electrónicas.

Según parece, con estos instrumentos se programa llevar a cabo un doble plan de crisis. El plan A prevé que este aumento de vigilancia por razones legales (seguridad, evasión fiscal, blanqueo de dinero), podría volver poco apetecible el tráfico de criptodivisas, hasta circunscribir su uso o mermar por completo su mercado.

Por el contrario, en la eventualidad de un aumento incesante su demanda, el plan B supone apoderarse de la tecnología de la cadena de bloques e incorporarla a la infraestructura financiera oficial, de manera que a través de los intermediarios de confianza “las criptomonedas de mayor éxito estén vinculadas a la moneda de curso legal y sean emitidas por los bancos centrales”.

Una perspectiva que privilegia una blockchain autorizada con miembros preseleccionados, en la que la oferta de moneda continuaría siendo endógena y controlada centralmente. Fundamental, en ambos planes, es la concentración del poder de la minería, considerada como la llave maestra que vuelve más viable el ejercicio de la función de supervisión.

El BM acapara una considerable atención sobre lo que define el señoreaje de los mineros, definiéndolos, justamente, como los principales beneficiarios, pero, sin manifestar que el mismo mecanismo de recompensa es utilizado por los bancos centrales, cada vez que emiten billetes y reciben en correspondencia de su valor nominal unos activos o el pago de un interés por parte de las entidades crediticias.

La certeza de la existencia de este dúplice plan, está acreditada por las pautas propuestas por el BM, que desaconseja la aprobación de legislaciones restrictivas o draconianas y, más bien, impulsa:

• Implementar campañas negativas con anuncios de ataque, que identifiquen los riesgos de invertir en criptomonedas y provoquen el miedo en los consumidores (plan A).
• Activar mecanismos de aumento de las tarifas eléctricas para las empresas mineras, con el propósito de sujetar su valor agregado a un impuesto indirecto, idóneo para atajar su actividad y, asimismo, ralentizar la creación de divisas digitales (plan A).
• Extender el control desde las transacciones individuales a la actividad general de los mineros y de las empresas que se ocupan de actualizar su cadena, en particular, enfocándolo en temas de legitimación de capitales, evasión de impuestos, transferencias transfronterizas ilícitas y esquemas de bombeo y volcado (plan A).
• Consentir el desarrollo de esta nueva tecnología siguiendo, por medio de una vigilancia activa, la evolución y la soluciones que adoptará para resolver sus problemáticas (plan B).
• Empezar a delinear un método de tasación, que responda al posible éxito de los criptoactivos a través de la adecuación de las reglamentaciones tributarias. En concreto, la integración en la economía formal debe rescatarlos del vacío fiscal y someterlos a las mismas condiciones impositivas de los tradicionales valores financieros (level playing field), para quitarles su posición de ventaja (plan B).
• Plantearse una escalada tecnológica gubernamental antes de que experimentos prometedores lleguen a dimensiones inalcanzables (plan B).

Muchos países como México (2018), Brasil (2020), España (2021), El Salvador (2021), EE. UU. (2021) e India (2022) han comenzado a implementar las instrucciones del BM, aunque con herramientas muy heterogéneas y, a veces, remando en direcciones opuestas. Las medidas abarcan advertencias y normas de limitación de publicidad de criptoactivos, denuncia de su limbo jurídico, emisión de fondos cotizados vinculados a ellos (ETF por sus siglas en inglés), tasación de criptodivisas y empresas mineras, hasta llegar a su total legalización.

Este conjunto de preceptos dispares ha sido objeto de críticas por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual insta a elaborar una normativa global, para fijar estándares internacionales integrales aplicables en todas las jurisdicciones, en la creencia que solo un marco regulatorio mundial puede mitigar los riesgos de flujos de capitales con un impacto desestabilizador.

En este sentido, el FMI opina que cada actividad inherente a las criptomonedas tiene que ser objeto de autorización o licencia y, al mismo tiempo, sus productos y servicios deben presentar requisitos similares a los que proporcionan los corredores, los intermediarios financieros, los operadores crediticios y los agentes de custodia de valores.

Por lo visto, los informes oficiales carecen de un enfoque social, que podría ser razonable si, efectivamente, la pluralidad de individuos aglomerados alrededor del proyecto de las criptodivisas mantienen en el futuro una orientación especulativa. De concretarse esta hipótesis, es altamente probable que estos “criptoinversores” terminen atrapados en el orden financiero existente, que encauzará su saber hacer (recursos, técnicas, métodos y procesos) para aprovecharlo en beneficio propio.

Por el contrario, la capacidad de construir múltiples relaciones –económicas y sociales– dando vida a consorcios virtuales en el marco del libre mercado, puede llegar a plasmarlos como un modelo de desarrollo alternativo, inspirado en los principios del minarquismo o del anarcocapitalismo.

En tal caso, por primera vez, una universalidad de sujetos privados, no necesariamente en una posición de igualdad, desprendiéndose de los gobiernos y de sus autoridades financieras, construirían una miríada de comunidades autónomas, a partir de su independencia monetaria. Lo cierto es que en su futuro desarrollo, jugarán un papel decisivo los avances en la computación cuántica, que pueden determinar la obsolescencia de las cadenas de bloque, y, también, la guerra energética que se ha desencadenado entre las grandes potencias mundiales (Rusia, China y EE.UU.).

Teniendo en cuenta que la electricidad representa un recurso esencial para la proliferación de la tecnología descentralizada de los mineros, estos últimos tienen que lidiar con los incrementos tarifarios, descifrando las incógnitas que plantean factores como el aumento del término de consumo, la opción de instalación de equipajes de ahorro energético y una diferente modulación de la dificultad de los rompecabezas matemáticos para validar los bloques. Todos elementos que –según la combinación de las variables mencionada– pueden congestionar o descongestionar el mercado de las criptomonedas e incidir sobre su índice de concentración.

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