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La lucha por los recursos naturales del Sáhara Occidental
Jose Corrochano, creador deCentro de Mando y alumno certificado en elCurso de Experto en Ciberinteligencia explica los intereses que se encuentran detrás de cada una de las partes tras el último comunicado de España con respecto a la relación con Marruecos y la situación en el Sahara Occidental. Te lo contamos.
INTELIGENCIA
Masterclass | Ciclo de Inteligencia: retos del siglo XXI | LISA Institute
El próximo jueves 28 de abril Eugenia Hernández, Directora de la Unidad de Análisis de Inteligencia de la Escuela de Inteligencia Económica de la UAM, ofrecerá una Masterclass en colaboración con LISA Institute: Ciclo de Inteligencia: retos del siglo XXI. Puedes inscribirte aquí.
Sec2Crime, partners de LISA Institute, entrevistan a Daniel Villegas, director de LISA, sobre el papel actual de las profesiones en Inteligencia. Las empresas e instituciones públicas necesitan (y buscan) Analistas de Inteligencia, te contamos los conocimientos y habilidades que estos requieren.
Por qué contar con los criminólogos en el Plan contra los Delitos de Odio
El CPCM considera necesario el Plan de Acción contra los Delitos de Odio y felicita al Ministerio de Interior por su puesta en marcha, pero insiste que para que tenga éxito necesita contar con los profesionales de la Criminología. Te lo contamos.
CIBERSEGURIDAD
La historia del Ciberterrorismo a través de casos reales
Conocer la historia del ciberterrorismo es clave para poder prevenirlo. En este artículo repasamos los principales ciberataques considerados Ciberterrorismo según su tipología.
¿Cómo impacta la invasión de Ucrania a la industria de la Ciberseguridad?
Aunque aún es pronto para determinar cuál es el papel de la Ciberguerra en la invasión a Ucrania, desde CyberEdge sí han tratado de ofrecer algunas predicciones sobre cómo podría afectar a la seguridad de la información y a la industria de la Ciberseguridad en su informe anual.
El software Pegasus, un arma de doble filo
Pegasus es un software diseñado por la compañía israelí NSO Group que pretende colaborar con las agencias gubernamentales para detener y prevenir la delincuencia organizada y el terrorismo. Sin embargo, su función se ha desvirtuado y el programa ha sido utilizado como instrumento de espionaje ilegítimo por los gobiernos de varios países.
DERECHOS HUMANOS
La invasión de Ucrania: ¿Hacia un nuevo orden mundial?
Es cada vez más probable que la guerra de Putin contra Ucrania abra un escenario mundial nuevo en el que se produzca una relativa desglobalización que de paso a cuatro polos. Te lo contamos.
La problemática de los defensores de las mujeres acusadas de brujería en Papúa Nueva Guinea
En el año 2013 el gobierno papú neoguineano abolía una ley que criminalizaba la brujería. Sin embargo, a pesar de su derogación, es usual que en el país se sigan cometiendo atentados contra esta práctica, y en especial en contra de las mujeres acusadas de practicarla.
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Los delitos forestales son una forma de delincuencia organizada y un tipo de crimen contra el medio ambiente. Actualmente, el comercio ilegal de madera representa hasta el 30% de comercio global de este producto. En la región de América Latina y el Caribe, la tala ilegal tiene gran impacto en la destrucción de la biodiversidad y en el deterioro de las comunidades indígenas. Te lo contamos.
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Pegasus es un software diseñado por la compañía israelí NSO Group que pretende colaborar con las agencias gubernamentales para prevenir e investigar la delincuencia organizada y el terrorismo. Sin embargo, su existencia es utilizada por muchos gobiernos, dentro o fuera de la legalidad, así como por otros «actores» que denuncian un uso ilegal o indiscriminado para llevar a cabo espionajes a políticos y ciudadanos.
La revista estadounidense The New Yorker junto con el laboratorio The Citizen Lab -adscrito a la Universidad de Toronto y especializado en el desarrollo de seguridad cibernética- publicaron el lunes 18 de abril una investigación, conocida como «CatalanGate», que aseguraba una trama de espionaje a políticos y activistas independentistas catalanes.
Como consecuencia de esta publicación, el líder de la Generalitat, Pere Aragonès ha anunciado la congelación de las relaciones con el gobierno de España y ha exigido a este último “transparencia” y “asunción de responsabilidades”.
L'operació d'espionatge massiu contra l'independentisme català és una vergonya injustificable. Un atac als drets fonamentals i a la democràcia extremadament greu. Un exemple més de la repressió contra un moviment pacífic i cívic. Arribarem fins on calgui.
— Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) April 18, 2022
Por su parte, el Gobierno de España niega tener relación con esta trama y asegura “que siempre ha actuado conforme a la legalidad vigente”.
La Ministra de Defensa, Margarita Robles, en el pleno del Congreso añadió que cualquier intervención en las comunicaciones que se realiza en España «requiere la previa autorización por parte de un Magistrado» y siempre quedando fundamentado con un ilícito penal grave y con una motivación legal de necesidad y proporcionalidad.
Se cuestiona la fiabilidad e independencia de la publicación de The Citizen Lab
Según The Citizen Lab, estas informaciones han sido verificadas de forma «independiente» por el Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional.
Sin embargo, la investigación llevada a cabo por varios Analistas e Investigadores, apunta a que el «CatalanGate» realmente es un «FakeCatalanGate» al ser una trama orquestada por los círculos independentistas.
Estos Analistas e Investigadores aportan informaciones y pruebas, tales como las fechas de la reserva previa del dominio «catalangate.cat» o que The Citizen Lab y el Programa Tecnológico de Amnistía Internacional tienen a una persona en común trabajando, que es Etienne Maynier, lo cual hace cuestionar la posible independencia de esta verificación y la fiabilidad de toda la información aportada.
El Gobierno de España también ha sido víctima de un ataque con Pegasus
El 2 de mayo de 2022, en rueda de prensa, el Ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, comparecieron para informar que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la Ministra de Defensa, Margarita Robles, también sufrieron ataques mediante Pegasus en sus dispositivos móviles, durante 2021.
Según el Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al Centro Nacional de Inteligencia, estos ciberataques a los dos políticos, supusieron la extracción de un volumen de información de sus dispositivos móviles profesionales, pero aún se desconoce la autoría del ataque.
El Ministro de Presidencia afirmó que se sigue auditando la ciberseguridad de los dispositivos móviles del resto de miembros del Gobierno y que se revisarán los protocolos de seguridad y tomarán nuevas medidas de ciberseguridad.
Bolaños, además, añade que se compartirán las conclusiones y nuevas medidas de seguridad con el resto de las Administraciones públicas de España, así como que el caso se ha puesto en manos del Ministerio de Justicia para que lleve a cabo una investigación judicial independiente, apuntando a que se trata de un ataque externo a las instituciones del Estado, sin concretar si se refiere a un país extranjero o a otros actores hostiles contra el Gobierno de España.
Los dos espionajes a Sánchez y el espionaje a la titular de Defensa, Margarita Robles, coincidieron con dos hechos políticos que marcaron la actividad del Gobierno de España durante esos días:
La concesión de los indultos a los líderes independentistas condenados por la organización ilegal de un referéndum de independencia.
La entrada en territorio español del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, el 18 de abril de 2021, para recibir atención médica en Logroño.
Por el momento, no hay ninguna prueba que atribuya los espionajes a estas causas o a los «actores» vinculados a estos hechos.
NSO GROUP, la empresa que desarrolló Pegasus
La compañía israelí NSO Group, también conocida como Q-Cyber, diseñó Pegasus en el año 2010.Este software espía fue concebido para combatir la delincuencia organizada y el terrorismo. El grupo NSO es una de las empresas más controvertidas de Israel, que ha convertido el país en una de las principales industrias de spyware o software malicioso. Esta controversia se debe a la falta de regulación internacional en el sector, que ha supuesto el uso ilegítimo de esta herramienta en numerosas ocasiones.
La investigación “Proyecto Pegasus” conducida por Amnistía Internacional en colaboración con otras organizaciones, reveló en el año 2021 que el programahabía sido utilizado para espiar a políticos, activistas y disidentes de regímenes represivos. Agnès Callamard, secretaría general de Amnistía Internacional, expuso que “el software espía de NSO es el arma preferida de los gobiernos represivos que intentan silenciar a periodistas, atacar a activistas y aplastare a la disidencia, poniendo en peligro innumerables vidas”.
Etienne Maynier, tecnólogo del Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional y miembro de The Citizen Lab, afirmó que el «Proyecto Pegasus» presentaría pruebas sobre la falsedad en las declaraciones emitidas por NSO que garantizaban que “su software sólo se utilizaba en investigaciones penales legítimas”. Mayiner, por otro lado, apremiaba a los gobiernos a regular la industria para poner fin a las “violaciones de derechos humanos generalizadas que facilita Pegasus”.
Con relación a su funcionamiento, el software se instala en los dispositivos de diferentes formas y es invisible para las víctimas. Una de ellas es a través de enlaces en servicios de mensajería como WhatsApp, iMessage o SMS, aunque también lo hace a través de entradas que no requieren acción por parte del ciudadano. Pegasus accede a los datos personales de los móviles, a los mensajes e incluso es capaz de vigilar a tiempo real a sus víctimas a través de las cámaras y micrófonos de los dispositivos. Además, puede realizar capturas de pantalla y acceder a los archivos guardados.
En 2019, el servicio de mensajería WhatsApp sufrió un ataque del programa, a través de una llamada de vídeo que no requería repuesta por parte del usuario. Según la investigación de The New Yorker, el programa accedió a más de 1000 dispositivos móviles a nivel mundial. La compañía Meta, propietaria de la aplicación, no dudó en demandar al grupo NSO. La compañía israelí que alegó en su defensa que ella sólo concedía su programa a los gobiernos y era en estos últimos en los que recaía la responsabilidad de utilizarlo con buen provecho Cabe destacar que actualmente, todavía no se ha resuelto el proceso judicial.
Apple también sufrió un ataque similar en su sistema operativo. En 2021, The Washington Post reveló que nueve dispositivos móviles Apple, per a políticos estadounidenses que trabajaban en el extranjero también habían sido infectados con Pegasus.
Pegasus en sí mismo no es un software ilegal, sino que lo es su uso fuera de los cauces legales y judiciales establecidos.
Su fácil uso, implica que puede haber sido utilizado de forma ilegal por numerosos países y «otros actores» para cometer abusos e incluso violaciones de los derechos humanos, pero la realidad es que las pruebas para demostrarlo suelen ser insuficientes o difíciles de conseguir.
Sin embargo, hay entidades que siguen publicando acerca de los supuestos usos ilegales o ilegítimos.
En el año 2016, The Citizen Lab y Lookout llevaron a cabo una investigación en la que se reveló por primera vez la amenaza de Pegasus. El autor del descubrimiento fue Ahmed Mansoor, activista de derechos humanos, pues había recibido enlaces maliciosos en su dispositivo -iPhone- y los envío a los expertos de The Citizen Lab para su análisis. En los resultados se demostró que Pegasus podía traspasar las barreras de seguridad de Apple e infectar los dispositivos.
En 2018, tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en Arabia Saudí – caso que continúa pendiente de resolver- se descubrió que el programa también había sido instalado en varios de sus teléfonos.
Por otro lado, los tribunales británicos revelaron también que Emiratos Árabes Unidos había utilizado el programa para espiar a la Princesa Haya Bint Al Hussain, ex mujer de Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, mandatario de Dubái y actual primer ministro de los Emiratos Árabes.
El programa también fue encontrado en el iPhone de Jeff Bezos, fundador de la compañía Amazon. Pegasus entró en su dispositivo a través de la descarga un video que contenía que Mohammad bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudi le había enviado por el servicio de mensajería WhatsApp.
En 2021, una investigación realizada por el grupo Front Line Defenders identificó señales de un ataque del software Pegasus en los teléfonos móviles de activistas palestinos. Aboy Shehadeh, político israelí miembro del legislativo, aseguraba que “Israel había utilizado la este tipo de tecnología para espiar a los ciudadanos palestinos”
Pegasus también había sido utilizado de forma ilegal por países como El Salvador, México o Marruecos con el fin de investigar a periodistas y activistas contrarios a sus gobiernos. En concreto, en el Salvador Pegasus fue instalado en los dispositivos de periodistas que investigaban sobre los casos de corrupción en el país.
Con relación a Europa, Shalev Hulio, consejero delegado de NSO Group exponía en The New Yorker que “casi todos los gobiernos de Europa utilizan nuestras herramientas”. De hecho, y a raíz de las investigaciones del Proyecto Pegasus y The Citizen Lab, la Eurocámara ha abierto una Comisión de Investigación para examinar el uso del programa espía. También pretende el uso de este por parte de Hungría y Polonia.
Esta comisión celebraba su primera sesión el día 19 de abril, un día después de que se publicara la investigación de The Citizen Lab sobre Pegasus y el supuesto «CatalanGate». Sin embargo, la Comisión Europea anunció el 20 de abril, que el informe de esta comisión sería de carácter consultivo, pues la Unión Europea carece de competencias sobre la seguridad nacional de los Estados miembros y que por tanto, son los tribunales nacionales a quienes corresponde la autoridad de tratar con el problema.
Dado que las acusaciones del uso ilegal de este software son difíciles de probar, estas acusaciones se han utilizado (y se siguen utilizando) para atacar a gobiernos y agencias gubernamentales, dependiendo de cada caso, con más o con menos legitimidad.
Aún así, salvo la legislación vigente en cada país y la división de poderes existente, la realidad es que no hay ninguna forma de controlar ni prevenir el uso ilegal de Pegasus por parte de los países, agencias gubernamentales u otros «actores» que lo utilizan para intervenir los dispositivos y las comunicaciones.
El CPCM considera necesario el Plan de Acción contra los Delitos de Odio y felicita al Ministerio de Interior por su puesta en marcha pero insiste que para que tenga éxito necesita contar con los profesionales de la Criminología.
La Criminología es una disciplina científica que abarca la criminalidad de forma multidisciplinar abordándola desde una perspectiva del derecho, psicológica, médica, sociológica, antropológica y política. Para ello, los criminólogos estudian y analizan la delincuencia como fenómeno, el delito como hecho, al delincuente y a la víctima como actores relevantes y a los medios de control social formal e informal como método de influir en la delincuencia y sus actores.
La profesión de Criminólogo/a, además, desarrolla los aspectos preventivos de la conducta delictiva, de la conducta antisocial, de la Victimología y de los problemas de convivencia a través del análisis en profundidad de los fenómenos y problemas sociales vinculados con la delincuencia y la convivencia, incluidas las del ámbito escolar.
Esta labor preventiva se desarrolla en todos los ámbitos del control social formal: operadores policiales, jurídicos, penitenciarios y de justicia de menores. También en el control social informal, como pueden ser entidades locales, comunidades, centros educativos o empresas. En todos ellos la Criminología aporta y enriquece los conocimientos y soluciones prácticas.
«La prevención y los apoyos a las víctimas del delito son imprescindibles y nuestro trabajo en materia de seguridad nacional es incuestionable», señaló el anterior decano de los criminólogos madrileños, Ángel García Collante, en relación a su petición de que se incorporen los criminólogos a la función pública
«Parece que no quieren avanzar en lograr una sociedad moderna, en la línea con el resto de la Unión Europea, donde los criminólogos ejercen una papel cada vez más preponderante en la prevención del delito en ámbito público y privado, en el tratamiento penitenciario y en la esfera de la responsabilidad penal de los menores, entre otros muchos campos que abarca esta Ciencia», señalaba Carmen Balfagón, decana del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid y vicepresidenta de la Comisión Intercolegial, el pasado enero.
Este miércoles que se ha sumado una nueva reivindicación y Balfagón ha solicitado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que «no dé la espalda» y cuente con los criminólogos y criminólogas del país para poner en marcha su II Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio.
Según Marlaska, se trata de un paquete de 86 medidas que intenta «prevenir, detectar, investigar y atajar esta tipología delictiva» en auge, para lo que Ministerio del Interior tiene previsto destinar el 1,07 millones de euros. Tal y como anunció ayer Grande-Marlaska en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el plan pretende «frenar la tendencia al alza de estos delitos y reducir la infradenuncia».
Balfagón ha mostrado su disposición a colaborar con el Ministerio para que, tanto este plan, como otros, puedan contar con las aportaciones criminológicas imprescindibles en este tipo de actuaciones. Y lamenta que se olvide que en el momento actual, en nuestro país, hay 38 universidades impartiendo el Grado en Criminología, aportando a la sociedad cada cuatro años 12.000 nuevos profesionales criminólogos y criminólogas.
La decana de los criminólogos madrileños quiere recordar al ministro que una de las áreas de estudio y práctica de la Criminología es la prevención del crimen y el delito, es decir, la elaboración de protocolos y planes para favorecer la seguridad y evitar la comisión de infracciones penales. En varias regiones de Europa, la aportación del criminólogo como profesional científico ha sido de ayuda fundamental para reducir los niveles de delincuencia y aumentar la seguridad subjetiva de sus habitantes, demostrando con ello que estas regiones son modernas y eficaces ante la lucha contra el delito.
El CPCM considera necesario este Plan de Acción contra los Delitos de Odio y felicita al Ministerio por su puesta en marcha pero insiste que para que tenga éxito necesita contar con los profesionales de la Criminología, recordando que el pasado 31 de enero este Colegio firmó un acuerdo de colaboración activa con el Movimiento contra la Intolerancia para luchar juntos por la defensa de los Derechos Humanos, la erradicación de la intolerancia y los delitos de odio. Son muchos los profesionales graduados en Criminología que cuentan con formación específica en victimología de delitos violentos y de odio y que llevan trabajando desde hace años en esta problemática.
Por otro lado, la decana solicita a Marlaska su firme decisión para lograr que España sea un país moderno donde el papel activo de los criminólogos no este vetado en instituciones dependientes del Ministerio que dirige, como puede ser Instituciones Penitenciarias, como una reivindicación histórica de nuestro colectivo profesional que todavía no ha sido atendida.
«Por todo lo anterior, pedimos al ministro Grande-Marlaska que abra su Ministerio a la ciencia, investigación y experiencia que pueden aportar los criminólogos, algo innegable a un Estado democrático, moderno, y europeo del siglo XXI. No puede darnos la espalda a todos los profesionales de la Criminología que, desde el 2003, han salido de las universidades españolas», ha resumido Carmen Balfagón en nombre de todos los Colegios Profesionales de la Criminología de España.
Sec2Crime, partners de LISA Institute, entrevistan a Daniel Villegas, director de LISA, sobre el papel actual de las profesiones en Inteligencia. Las empresas e instituciones públicas necesitan (y buscan) Analistas de Inteligencia, te contamos los conocimientos y habilidades que estos requieren.
Hoy en día, la profesión relacionada con la Inteligencia, ya sea de análisis o cualquier otra, está sujeta a un estereotipo generalizado. Desde LISA Institute, a la hora de enfocar cualquier programa formativo, ya sea los cursos de Analista de Inteligencia, ya sea en los cursos deExperto en Análisis de Inteligencia o los cursos más especializados enOSINT,IMINT y en otras disciplinas vinculadas a la Inteligencia, queremos hacer énfasis en que las profesiones relacionadas con la Inteligencia son totalmente normales.
Cuando tratamos la Inteligencia, no estamos hablando de «James Bond» ni de enfoques «hollywoodienses», estamos creando profesionales del pensamiento crítico, y creando profesionales que realmente tengan las capacidades analíticas avanzadas que les permitan poder analizar problemas complejos, sean cuales sean. Ya sea en el ámbito empresarial, en el ámbito de la seguridad y la defensa, o en cualquier otro.
En los programas formativos de LISA Institute, y en especial en elMáster Profesional de Analista de Inteligencia, a raíz de escuchar lo que piden empresas e instituciones, desarrollamos habilidades analíticas avanzadas, que son principalmente técnicas de análisis estructurado y técnicas de análisis no estructurado. Esto permite ayudar a los analistas a trabajar en equipo y a reducir cualquier sesgo cognitivo que les aleje de la verdad, permitiéndoles ser más asépticos y más objetivos.
Gracias al «partnership» que tenemos con múltiples proveedores de software y que facilitaremos a los alumnos de forma totalmente gratuita, estos pueden practicar y aprender con los mismos software que se utilizan en los servicios de inteligencia. Para poder aprender paso a paso cómo funcionan esos softwares, ofrecemos formación práctica, pues otro bloque de habilidades que se aprende en nuestro Máster son precisamente las habilidades que diferencian a un analista normal de un analista de inteligencia.
Factores principales que demandan las Empresas e Instituciones que buscan Analistas de Inteligencia
Uno de los factores principales que demandan Empresas e Instituciones es que los analistas sean profesionales de la redacción de informes de Inteligencia y de la comunicación y difusión general de los mismos. Hoy en día es difícil encontrar formaciones profundas y de calidad en las que se explique paso a paso cómo se hace un informe de Inteligencia.
Los informes de Inteligencia son algo que tiene que estar muy bien estructurado, ya que normalmente van dirigidos a personas que tienen poco tiempo y que tienen que tomar muchas decisiones; por ello no puede ocupar más de una página, ayudándonos siempre de una infografía o de imágenes representativas. Incluso utilizar cómo se hace hoy en día en múltiples servicios de Inteligencia, productos multimedia interactivos en los que la persona que recibe el informe es capaz de poder interactuar con el contenido de una forma productiva para poder tomar las mejores decisiones y de la forma más objetiva posible.
Todo este conjunto de habilidades es lo que necesita un analista a nivel profesional, es lo qué empresas e instituciones nos suelen solicitar en la bolsa de trabajo y de lo que adolecen muchas personas hoy en día.
Pero, ¿quiénes exactamente demandan estos conocimientos y ofertan estos puestos de trabajo? La Inteligencia, en general, es una profesión en auge y cada vez hay más cultura de Inteligencia, como se demuestra en el aumento de ofertas de trabajo con estos mismos requisitos. Evidentemente, todavía no todas las empresas tienen una unidad de Inteligencia, pero probablemente pronto llegará el día en el que, por lo menos, todas las grandes y medianas empresas dispongan de este tipo de servicios a nivel interno.
Sin embargo, este sí que es ya el caso de grandes empresas que trabajan en sectores estratégicos, que tienen en consideración las Infraestructuras críticas y que están expuestas a múltiples riesgos y amenazas en sectores ampliamente competitivos.
Si quieres saber más sobre las Salidas Profesionales en el ámbito de la Inteligencia, puedes ver este vídeo:
Sí, existe una rama de la criminología que se dedica al estudio de daños y delitos contra el medio ambiente y aquí te la explicamos.
La criminología verde es una rama de la criminología que se dedica al estudio de daños y delitos contra el medio ambiente. El término fue acuñado por Michael J. Lynch en 1990 y se ha ido haciendo cada vez más popular, especialmente en los últimos diez años.
El estudio de los daños contra el medio ambiente, la humanidad y otras especies, infligidos sistemáticamente por entidades con ánimo de lucro y a diario también por ciudadanos, se considera cada vez más una preocupación social de vital importancia. Estos daños engloban acciones como el abuso y explotación de sistemas ecológicos y especies, contaminación ambiental, comercio ilícito de materiales tóxicos y especias en riesgo, monopolización de recursos naturales, modificación genética de alimentos, biopiratería y nuevas formas de conflictos como resultado de la degradación ambiental.
A diferencia de la criminología más «clásica», la criminología verde se interesa por cualquier tipo de actividad que cause daño, tanto ambiental, como humano, como social. Y no se centra únicamente en aquellos actos que se consideran delitos y están tipificados como tal en los ordenamientos jurídicos.
Es decir, no se limita únicamente a lo que el Estado considera criminal, sino que también descubre comportamientos dañinos y perjudiciales, particularmente de los poderosos, como los propios países y grandes corporaciones. Algunos sociólogos sostienen que la globalización también es un factor clave para la criminología verde, ya que muchas de estas acciones cruzan fronteras.
La importancia de este tipo de criminología aumenta al mismo tiempo que la degradación ambiental desde la amenaza del cambio climático, la posible extinción de un millón de especies en un futuro cercano o la ubicuidad de la contaminación plástica. Además, comprende una variedad de perspectivas entre las que destacamos la explotación y la desigualdad, independientemente de cómo se indentifiquen y expresen estos problemas.
Principales temas de estudio de la criminología verde
Los temas y cuestiones más comunes en la investigación criminológica verde se pueden clasificar de diferentes formas. Sin embargo, lo que sí está claro es el largo alcance que tienen las acciones ilegales contra el medio ambiente que atentan directamente contra el medio que todos habitamos.
Cambio climático
Aunque las causas del cambio climático siguen siendodebatidas, lo cierto es que el consumo de energía es una de las principales. Las sociedades de consumo ricas contribuyen de manera desproporcionada a este problema que impondrá en el futuro cargas sociales y económicas altas a las naciones que son económicamente pobres.
La criminología verde, tras haber estudiado el vínculo entre el cambio climático y el crimen, sugiere que el primero va a estimular una serie de fuerzas profundamente criminógenas. Es decir, desde este ámbito de la Criminología, se plantea la posibilidad de que el cambio climático favorezca la comisión de crímenes y el aumento de acciones desviadas.
Alimentos y agricultura
Los alimentos constituyen un elemento esencial y, al igual que otros bienes preciosos, tienen un valor en el mercado (tanto legal como ilegal). La forma en que los alimentos son cultivados, manufacturados, procesados, producidos, comercializados y vendidos atraen diferentes tipos de crímenes y actividades perjudiciales.
Por ejemplo, favorecen acciones como el fraude de alimentos, la intoxicación alimentaria, las violaciones de las leyes de etiquetado de alimentos, las prácticas de comercio ilegal, la manipulación de precios, la explotación laboral relacionada con los alimentos y los delitos financieros que implican alimentos.
La evidencia confirma que la escasez de alimentos, el hambre en el mundo, la problemática en relación a los alimentos genéticamente modificados o el daño causado por la creación de monopolios en las industrias biotecnológicas pueden poner en riesgo procesos e interacciones sociales, económicas y, por supuesto, ecológicas, que pueden derivar en la comisión de crímenes.
La invasiva frontera de desarrollo agrícola en la selva amazónica ha destruido sistemas ecológicos, provocando graves daños ambientales, y ha causado daños sociales, como un número creciente de asesinatos asociados a esta actividad.
Desechos
El crimen organizado participa en muchos aspectos de los servicios públicos, desde la eliminación de desechos hasta la construcción y el mantenimiento de edificaciones. A consecuencia de este “emprendimiento criminal”, se dan acciones como prácticas de corrupción, contaminación y desarrollo de proyectos inadecuados y peligrosos. Algunos expertos en delitos verdes, han llegado a definir este tipo de acciones ilegales como “crimen de cuello sucio”.
Muchas empresas pueden beneficiarse de crear vínculos con el crimen organizado, por ejemplo a la hora de eliminar residuos de manera ilegal, más económica o con menor control. Esto ha permitido conocer déficits estatales a la hora de regular la eliminación de residuos.
Abuso de especies animales
Razones como la responsabilidad ética que tiene el ser humano con los animales, el uso de las estadísticas de maltrato animal como indicador de los niveles de violencia en una sociedad y el hecho de que el daño a los animales es ya un tema que tratan los sistemas judiciales, hacen que las temáticas en torno a los animales sean de interés para esta rama de la criminología.
Dentro del abuso de especies, cabe destacar, por su relevancia, la caza furtiva y el comercio ilícito de especies por parte de grupos criminales para financiar sus actividades. Ha llegado a sugerirse, incluso, la existencia de fuertes vínculos entre el terrorismo y el tráfico de especies animales para la financiación, lo que despierta preocupaciones por la Seguridad Nacionale internacional.
Justicia ambiental y victimización ambiental
Si, como hemos destacado anteriormente, la criminología verde pone el foco en los impactos diferenciales que las conductas ilegales o desviadas tienen sobre el entorno, es lógico que esté interesado en el estudio de las víctimas ambientales (ya sean personas, animales o hábitats). En relación a este tema, se pueden identificar dos frentes de investigación: la justicia ambiental y la resistencia a los impactos desproporcionados que generan prácticas de daño ambiental en comunidades en riesgo de exclusión, y la victimización y victimología ambiental.
Por ejemplo, es más frecuente que vertederos o zonas con impacto ambiental (plantas químicas, centrales eólicas, industrias contaminantes, etc.) se ubiquen cerca de poblaciones desfavorecidas o excluidas, por tratarse normalmente de zonas más empobrecidas y con menos capacidad de decisión en decisiones políticas.
En definitiva, los problemas ambientales guardan mucha relación con otras injusticias y problemáticas sociales como la pobreza, el racismo, el sexismo, el desempleo, el deterioro urbano, los problemas de salud, la disminución de la calidad de vida o del acceso a servicios públicos básicos, etc. Todas estas cuestiones son abordadas estén o no tipificadas en un ordenamiento jurídico.
Criminología verde: tipos de crímenes
Como ya hemos mencionado, el objeto de la «criminología verde» es estudiar y prevenir el daño ambiental, causado por acciones delictivas o que atentan contra los objetos de protección de esta rama de la criminología. Entendiendo como daño ambiental, en un sentido amplio, como toda aquella afectación derivada de una actividad humana, individual o colectiva que interrumpe el sistema biótico en general.
Así, destacamos aquí algunas de las principales conductas o actividades. Las actividades industriales humanas (que derivan en vertidos, emisiones, lluvia ácida, etc.), las conductas que afecten los principios de conservación de especies y vida silvestre (tráfico animal, destrucción de hábitat, desaparición de especies y maltrato animal), y las actividades científicas que implican manipulación o experimentación de especies.
El daño ambiental no depende de la gravedad de la conducta que lo originó, sino de diversos factores como las características de la zona geográfica afectada, la influencia de los medios de comunicación, la normativa comunitaria, la construcción social y los intereses políticos, los que determinarán si una afección al ambiente es un daño o no.
Hay expertos como Eamonn Carrabine, que diferencian entre los crímenes verdes primarios y los secundarios. Los primarios serían aquellos daños directos causados contra el medio ambiente y las especies como la contaminación del aire, la deforestación o el abuso animal. Los secundarios serían aquellos que surgen de una actividad gubernamental o corporativa ilegal o negligente, entre los que se puede mencionar los desechos peligrosos.
El criminólogo Gary Potter agrega a la clasificación del anterior autor un tercer tipo de crímenes. Estos serían aquellos cometidos como respuesta deliberada o directa al daño ambiental y a la criminalidad, causados o exacerbados por la experiencia de victimización ambiental. Estos pueden verse relacionados, por ejemplo, con la interacción entre los elementos humanos y no humanos del ecosistema, siendo los procesos sociales el factor dominante en algunos casos.
La importancia del Ciclo de Inteligencia y del proceso de producción.
La Inteligencia como producto integrado y adaptado al cliente.
Cómo los marcos sociales, técnicos y de obtención ha cambiado la Inteligencia respecto a los nuevos tiempos en los que vivimos.
Quién participa
Eugenia Hernández. Directora de la UNINT (Unidad de Análisis de la Escuela de Inteligencia Económica de la Universidad Autónoma de Madrid). Analista de Inteligencia. Licenciada en Ciencias Políticas por la UCM. Diplomada en Altos Estudios de Defensa Nacional por el CESEDEN. Máster en Acción Política en el Estado de Derecho por la UFV. Profesora de Inteligencia Aplicada y STRATCOM en el departamento de RRII de la UFV. Profesora en el Máster de Inteligencia y Ciberseguridad en la Universidad NEBRIJA. Dirigiendo trabajos de Investigación en el Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (España) en el en el CESEDEN. Miembro del Observatorio de vida militar designado por el Pleno del Congreso de los Diputados (España). Profesora del Máster Profesional de Analista de Inteligencia de LISA Institute.
Daniel Villegas (@DanielVillegas). Director de LISA Institute. Licenciado en Criminología (UIC). Graduado en Prevención y Seguridad Integral y Posgrado Superior en Gestión y Derecho de la Seguridad (EPSI), Máster en Mundo Árabe e Islámico (UB), Máster en Terrorismo (UNIR), Máster en Análisis de Inteligencia (UAB), Máster en Cybersecurity Management (UPC) y CISA (ISACA).
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Además…
Eugenia Hernández también es Profesora del Máster Profesional de Analista de Inteligencia de LISA Institute, siendo esta una de las Masterclass relacionadas con el mismo. Si estás interesad@ en la próxima edición de este Máster que empezará en unos meses, ya puedes reservar tu plaza aquí.
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Más allá de los organismos más reconocidos y con competencia directa en cuestiones relacionadas con el terrorismo en España existen otras unidades especializadas en materia antiterrorista quizá menos conocidas. En este artículo te explicamos cómo es el esquema de los organismos implicados en la lucha antiterrorista, cómo funcionan y cómo cooperan entre sí.
El terrorismo, según las fuentes oficiales, es un conjunto de actos cometidos con la finalidad de intimidar una población, obligar a un Gobierno u organización a realizar o abstenerse de realizar algún acto, o desestabilizar gravemente una estructura política, económica o social fundamental para un país u organización internacional.
En España hemos vivido y vivimos acontecimientos de esta índole que han marcado la visión y memoria de la ciudadanía, y que, por desgracia, han dejado un rastro de destrucción y miseria, a la par que han ayudado a que los gobiernos, instituciones y organismos de seguridad se pongan «manos a la obra» en la mejora de sus actuaciones y protocolos en la defensa de la población y el Estado.
Si echamos la vista atrás podemos ver como, en Europa, hemos tenido numerosos grupos terroristas, sobre todo de corte nacionalista, como el IRA o ETA, de corte ideológico como GRAPO, o religioso como el terrorismo islámico, entre muchos otros grupos locales o nacionales de cada país propio.
Esta dilatada experiencia nos ha llevado a desarrollar muchos protocolos, colaboraciones y mejoras que ayudan a la detección, prevención y actuación frente a este fenómeno que solamente pretende destruir y dañar, aunque siguen habiendo mejoras notables que se pueden implementar. No debemos nunca bajar la guardia frente a este aspecto, ya que aprovecha los momentos de debilidad o confianza para expandir sus tentáculos por donde puede.
Además, hemos de ser conscientes que el terrorismo es algo con lo que debemos convivir, ya que aunque «terminemos» con uno, pueden aparecer otros: la violencia es algo innato en el ser humano y debemos estar preparados para las amenazas futuras que atenten contra la seguridad de nuestros países.
Organismos implicados en la seguridad y en la lucha antiterrorista
En los países europeos hemos desarrollado sistemas sociales y estatales basados en, entre otros principios, el Estado de Derecho, el cual nos marca ciertas directrices a tener en cuenta respecto de la seguridad ciudadana y del estado. El uso de la fuerza de Max Weber va estrictamente ligado a esa seguridad, ya que, ante una amenaza, se han de aplicar ciertas medidas de disuasión, prevención y actuación, las cuales en ocasiones requieren de un uso de fuerza medido contra dicho peligro.
Concretamente, para este autor, la fuerza es aplicada monopolísticamente por el Estado a través del poder que le da el propio derecho, con el fin de poder mantener el orden establecido. Es por ello que cuando se produce un ataque a dicho orden social, estatal o institucional, como en el caso del terrorismo, es el único legitimado legalmente para responder.
En este camino de defensa de la seguridad y mantenimiento del orden se encuentran las fuerzas y cuerpos de seguridad, dotadas de respaldo legal para hacer frente a dichas amenazas con el uso de la fuerza. Concretamente, en España, la Ley Orgánica 2/1986, junto con el artículo 104 y 149 de la Constitución, respaldan dicha legitimación de la fuerza ejercida por estas autoridades.
En nuestro territorio actúan diferentes instituciones y organismos que se dedican a la prevención y actuación contra el fenómeno terrorista hoy en día, siendo los más conocidos socialmente la Policía Nacional y la Guardia Civil, además de otros de menor reconocimiento en esta lucha, como la Policía Local, Policías Autonómicas, Fuerzas Armadas y CNI.
En total, tenemos un muy amplio conjunto de cuerpos de diferentes competencias, estructuras, protocolos y funcionamientos, los cuales han de coordinarse y cooperar entre sí para poder ofrecer al Estado y la ciudadanía la seguridad que se merecen. Sin embargo y pese al constante interés de cooperación y mejora de las relaciones y coordinaciones sufren errores, fallas y vulnerabilidades que ponen en peligro la seguridad de todos.
Con el amplio número de cuerpos de seguridad podemos tener la sensación de que ésta está más que asegurada, aunque los hechos hablan por sí mismos, y podemos ver como la seguridad total no existe y que no tenemos mucho margen de mejora en estos aspectos de colaboración y cooperación. Destacar que, pese a que todos tienen competencia directa en la seguridad ciudadana, la competencia en terrorismo se encuentra repartida, en virtud de la LO 2/1986 artículo 11 y 12, entre la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Cooperación nacional en la lucha antiterrorista
Dentro de los organismos más reconocidos y con competencia directa en terrorismo, Policía Nacional y Guardia Civil, existen unidades especializadas en las materias de terrorismo de todo tipo, los cuales se encuentran coordinados entre sí con su propio cuerpo y con los demás de manera interna o mediante organismos externos, vinculados directamente con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, como son los siguientes.
CITCO, CNI y CIFAS
El Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) fue creado en 2004 por medio del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de Mayo, motivados por los atentados del 11M, con la finalidad de crear un grupo especializado en terrorismo que unificara la información disponible sobre el terrorismo que influyera en territorio español, sin llegar a asumir operatividad, solamente de mera coordinación de información e inteligencia. Además, se usa como puente directo de cooperación con las fuerzas de seguridad europeas e internacionales.
En su poder está el SICOA, un programa informático que unifica toda la información policial sobre terrorismo, una base de datos de acceso por la Policía Nacional, Guardia Civil y CNI (los tres cuerpos con actuación directa en dicho organismo) con la finalidad de unificar datos e inteligencia antiterrorista de manera eficaz, ayudando a la cooperación entre cuerpos.
El CITCO se constituye como uncentro neurálgico de inteligenciaen materias de terrorismo, crimen organizado y radicalismos violentos, llegando a coordinar hasta 200 operaciones y siendo el enlace internacional con las fuerzas de seguridad de los demás países en estas materias.
Según palabras del propio ex Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el CITCO es “un centro más eficaz y ágil en la recepción y análisis de la información, más ágil en la elaboración de inteligencia estratégica y prospectiva, mejor coordinador de las estrategias nacionales y un mejor escudo contra el terrorismo y crimen organizado».
Dentro de este centro se integran profesionales de diferentes instituciones, como Policía Nacional, Guardia Civil, CNI, Instituciones Penitenciarias y Fuerzas Armadas. Un grupo multidisciplinar que puede aportar diferentes visiones en la lucha antiterrorista mediante estrategias bien estructuradas y coordinadas entre sí.
Por otro lado, el organismo de inteligencia nacional, conocido como el Centro Nacional de Inteligencia o CNI, también tiene ciertas competencias en la lucha antiterrorista.
Las Policías Autonómicas en la lucha antiterrorista
En España tenemos un amplio abanico de cuerpos de seguridad propios de las CCAA, concretamente cuatro cuerpos, de los cuales algunos han alcanzado un poder y relevancia muy notable en las comunidades que operan, como es el caso de los Mossos, y que de manera más o menos directa tienen influencia en la lucha antiterrorista.
Estos cuerpos no se encuentran dentro de ningún protocolo, pacto ni centro de coordinación y/o cooperación antiterrorista, pese al papel relevante que tienen ellos en la seguridad de la ciudadanía. Es más, pese a que en el 2006 se firmó el pacto de cooperación entre Mossos y CNCA, y en el 2009 con la Ertzaintza, éstos no se han materializado al 100%, tal como apuntan algunas noticias periodísticas.
Además, estudios realizados por el “Síndic, el defensor de les persones” en el 2017, después de los atentados de Cataluña, refuerzan estas noticias, remarcando que dichas relaciones de cooperación y coordinación son escasas y poco efectivas, probablemente por causas y/o intereses políticos o de otra especie que desconocemos.
A día de hoy, no existe constancia de que la relación entre los cuerpos de seguridad nacionales y autonómicos haya mejorado, cosa que pone en peligro a la ciudadanía y el orden frente a los peligros presentes y futuros. Ejemplo claro de esto son los diferentes problemas que se derivaron entre organismos tras los atentados de Barcelona y los intentos separatistas y radicales violentos en Cataluña de los últimos años.
Así pues, en este campo la información no es tan desesperanzadora, ya que sí tenemos ejemplos de cooperaciones fructíferas con la Ertzaintza respecto del antiterrorismo contra ETA, aunque considerando la importancia del fenómeno criminal, el terrorismo y demás peligros que ponen en riesgo la seguridad de las personas, no debería ser una colaboración temporal ni esporádica, sino constante y reforzada continuamente.
La Policía Local en la lucha antiterrorista
De la lectura de la LO 2/1986 podemos ver como las competencias atribuidas a las policías locales son menores, dejando a la policía municipal en un segundo plano respecto de la seguridad ciudadana en materia antiterrorista, respecto de la cual se desconoce siquiera si tienen una mínima implicación, cosa que dudamos.
A pesar de que el Plan de Estrategia Nacional contra el Terrorismo de 2019 reclama la cooperación de todas las fuerzas de seguridad, vemos como tenemos algunos de ellos que se encuentran en segundo plano o incluso excluidos de ciertas materias de relevancia para la seguridad de la ciudadanía, aspecto que en las policías locales han intentado subsanar con acuerdos, leyes y decretos bilaterales de cooperación entre municipios, las cuales a nuestro pesar no incluyen nada acerca de la cooperación antiterrorista.
Las Fuerzas Armadas en la lucha antiterrorista
Como hemos podido observar, la inclusión de esta institución en el CITCO es efectiva, y no es para menos, ya que hablamos del terrorismo, un fenómeno que, en ocasiones, es transnacional y transcontinental, como el terrorismo yihadista, el cual requiere de una intervención extrafronteriza para salvaguardar la seguridad del interior del país.
Las Fuerzas Armadas tienen un importante papel en la lucha antiterrorista, ya que cuentan con capacidad operativa y de inteligencia, dotándose de unos equipos de prevención y actuación muy eficaces para luchar contra cualquier amenaza.
Como podemos ver, la cooperación entre las diferentes fuerzas implicadas en la defensa nacional frente al terrorismo, es reflejada claramente en el campo jurídico y escrito, aunque en ocasiones hemos podido observar como éstos han fallado o han sido ineficaces por diversas razones, provocando acontecimientos desastrosos para nuestro país.
Además, partiendo de la base de que la seguridad total no existe, debemos centrarnos en mejorar constantemente dichos protocolos y legislaciones con el fin de salvaguardar la seguridad ciudadana eficazmente contra las nuevas amenazas que se nos avecinan, ya que nos queda mucho camino por recorrer para lograr una armonía coherente en este campo.
Jose Corrochano, creador de Centro de Mando y alumno certificado en el Curso de Experto en Ciberinteligenciaexplica los intereses que se encuentran detrás de cada una de las partes tras el último comunicado de España con respecto a la relación con Marruecos y la situación en el Sahara Occidental.
Una noticia que ha llamado la atención recientemente en medio del revuelo mediático por continuación de la guerra entre Rusia y Ucrania, ha sido la decisión de España de intentar retomar, con una dudosa estrategia, la relación con Marruecos, reconociendo su plan de Autonomía sobre el Sáhara Occidental como la opción más viable.
A pesar de que sea una decisión contraria a lo que dicta la legalidad internacional, lo que manifiesta la opinión pública española y saharaui y a la postura de España en política exterior en las últimas décadas.
Este comunicado ha provocado gran revuelo diplomático y mediático, y, sin duda, generará también terribles consecuencias económicas, especialmente en el sector más voluble en España en los últimos años: el energético.
Con esta decisión, España pretende retomar las buenas relaciones con Marruecos, a pesar de que es muy probable que no renuncie a su voluntad de reclamar para sí Ceuta, Melilla, las Islas Canarias y los recursos minerales que albergan sus aguas. Además de que, con esta medida, se perjudique la buena sintonía que el país mantenía con Argelia, principal proveedor de gas para España en un momento en que, debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, es más necesaria que nunca.
Estos conflictos diplomáticos y el conflicto de intereses por los recursos naturales (gas y tierras raras principalmente) dan comienzo a una lucha geoeconómica.
¿Qué es la geoeconomía?
Para poder entender de qué se trata esta materia, es necesario acercarnos a la principal figura de esta disciplina en España, Eduardo Olier, que la define en su libro “Geoeconomía: las claves de la economía global” como “la economía política que se desarrolla bajo un sustrato de poder en orden a mantener una preponderancia en el contexto global”, es decir, las acciones y estrategias de carácter económico que se aplican en las relaciones internacionales para el desarrollo satisfactorio de una política exterior concreta.
Esta disciplina, de la manera que la están usando numerosos países en la esfera internacional, especialmente Marruecos, puede incluirse en la famosa tipología de formas de ejercer el poder en las relaciones internacionales del profesor Joseph Nye, dentro del Smart power, o poder inteligente, en el que un Estado debe aspirar al uso racional, eficiente y combinado de poder duro y poder blando.
Los recursos que quiere Marruecos
El principal motivo de disputa en esta ocasión es la soberanía del volcán “Tropic”, de 1.100 metros de altura, ubicado a 250 millas náuticas de las costas españolas (dentro de la ampliación solicitada a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas o CLPC).
La disputa por la soberanía de este islote se deberá resolver de acuerdo al derecho internacional marítimo. Según se establece en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, “todo país es soberano sobre las doce primeras millas de mar -22 kilómetros- desde su costa”. A esto se le conoce como “mar territorial”, y sobre él, cada Estado ejerce su soberanía sobre el espacio aéreo, marítimo, terrestre y submarino. De ahí y hasta las 200 millas, es decir, en el tramo de 22 a 370 kilómetros de la costa, cada país puede establecer su zona económica exclusiva (ZEE).
En ella, cada país puede extraer, conservar y administrar los recursos naturales del mar y del subsuelo, incluyendo animales, minerales y energía.
Por último, cada Estado puede solicitar a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas ampliar su plataforma continental para extender sus derechos sobre el subsuelo hasta las 350 millas náuticas (648 kilómetros) a través de un procedimiento legal.
Las intenciones expansionistas de Marruecos chocan frontalmente con el derecho internacional, que veta cualquier tipo de vía unilateral y que asegura el establecimiento de las fronteras marítimas entre países colindantes al acuerdo entre ambos Estados. Por su parte, España ha solicitado la ampliación de nuestra ZEE a la ONU alegando, con informes científicos, que (geológicamente) el subsuelo al sudoeste de la isla de El Hierro no corresponde Marruecos, ni a ningún país del continente africano, sino que es una prolongación natural del archipiélago, con multitud de montes submarinos con el mismo origen volcánico que creó las Islas Canarias.
Esta formación montañosa fue descubierta gracias a una expedición científica inglesa y española, “James Cook 142”, en 2016. La importancia de ese islote es que en su parte norte se encuentra uno de los mayores yacimientos de telurio del mundo: se estima que un 10% de toda la reserva mundial, aproximadamente 2.670 toneladas, con un precio estimado de 200 y 500 dólares por kilo; algo que la Unión Europea considera formalmente como un abastecimiento de “materias primas estratégicas”.
La importancia de este territorio se basa en la existencia del monte “Trópic” (de 1.100 metros de altura, ubicado a 250 millas náuticas de las costas españolas), una de las mayores reservas marinas de minerales del mundo. La revista científica estadounidense “Science” ha estimado que en él hay una enorme cantidad de cobalto (el mineral necesario para la fabricación de todo tipo de dispositivos) en un volumen tan grande como para construir 277 millones de coches eléctricos.
Además, este vasto territorio también contiene la mayor reserva de telurio conocida en el mundo (un 10% del total), unas 2.600 toneladas con un precio estimado de 200 y 500 dólares por kilo.
La noticia negativa de todo esto es que estas reservas ubicadas al suroeste del archipiélago canario son «inexplotables» ya que se encuentran a una distancia de entre 1.000 y 4.000 metros de profundidad, algo que no será factible de conseguir, y convertir en producto industrial hasta, aproximadamente, dentro de 10 o 15 años.
Por su parte, las autoridades alauitas quieren obtener más yacimientos de minerales y tierras raras (cobalto, fosfato o litio) y añadirlas a sus reservas (las mayores del planeta), y cuyas ventas suponen alrededor de 1/3 de las exportaciones de estos elementos.
Los recursos que ya posee Marruecos
Marruecos tiene grandes yacimientos de multitud de minerales, entre otros, cobalto, flúor o fosfato, materiales imprescindibles para la producción de cualquier tipo de dispositivo eléctrico. En los últimos años, el reino alauita está llevando a cabo un intenso proceso de transición ecológica, desarrollando una industria más energética, para obtener un mayor crecimiento económico.
Cobalto
Es un mineral clave para la transición ecológica, ya que supone un elemento central para fabricar equipos médicos, baterías recargables de los ordenadores portátiles, teléfonos o las baterías de iones de litios que necesitan los vehículos eléctricos, etc.
Fosfato
Este recurso es muy importante en diversos sectores (alimentación, fertilizantes o la industria médica y farmacéutica) y es bastante escaso, de difícil extracción y no se puede sintetizar en un laboratorio. Actualmente, posee el 72% de las reservas mundiales de fosfato, de las que obtiene un beneficio medio de 6.300 millones de dólares, que representan el 20% de sus exportaciones, suponen el 5% del PIB.
La empresa minera que explota las minas de fosfato en Marruecos, OCP Group, es de propiedad estatal. Solo la mina de Khouribga, la explotación de fosfatos a cielo abierto más grande del mundo produce 35.000 millones de toneladas de fosfatos al año.
El territorio del Sáhara Occidental, de iure, no de facto, sigue siendo objeto de responsabilidad de España, que, como Potencia Administradora, tiene que cumplir con las obligaciones que recogen los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas hasta que finalice el período de descolonización, y sea un territorio independiente.
El interés de Rabat en controlar esta zona se debe a que es muy rica en recursos naturales, con grandes yacimientos en petróleo y gas (que Marruecos aprovecha para explotar, ignorando a la ONU y violando el derecho internacional), pesca (posee uno de los mayores caladeros del Océano Atlántico de 150.000 km cuadrados, con más de 200 especies de peces y 60 tipos de crustáceos y moluscos) minerales raros como circonita o fosfato (unas reservas de aproximadamente 50.000 millones de toneladas: la mayor del mundo) y arena.
En definitiva, Marruecos quiere hacerse con el control del Sáhara Occidental por sus abundantes y múltiples recursos naturales, minerales y energéticos, y la hoja de ruta que se ha marcado para ello solo va a perjudicar a España, el propio territorio y sus intereses en la región.
Tras la reunión la semana pasada entre Pedro Sánchez, Mohammed VI y el Presidente Aziz Akhannouch, por el fin del ayuno, iftar, se publicó una nota con los temas acordados que han supuesto el respaldo al plan Marroquí de control del Sáhara para “recuperar” las relaciones bilaterales tal y como estaban antes de la crisis provocada por la entrada a escondidas de Brahim Ghali.
España no tiene desde hace más de una década una política exterior definida y por ello sufre constantemente las provocaciones y afrentas de Rabat, enfadando por el camino a otro socio principal en la región, Argelia, por lo que el perjuicio para España es doble. Y no parece que la situación vaya a cambiar en los próximos meses.
*Este artículo es una adaptación en formato texto del vídeopublicado por José Corrochano en su canal de Youtube «Centro de Mando». Si quieres suscribirte a su canal, puedes hacerloaquí.
En el año 2013 el gobierno papú neoguineano abolía una ley que criminalizaba la brujería. Sin embargo, a pesar de su derogación, es usual que en el país se sigan cometiendo atentados contra esta práctica, y en especial en contra de las mujeres acusadas de practicarla.
En el Estado de Papúa Nueva Guinea, la violencia y los abusos contra las mujeres y las niñas son permanentes. En numerosas ocasiones, las mujeres son acusadas de practicar brujería y por este motivo son torturadas y asesinadas. Estas denuncias responden a la aprobación en 1971 de una Ley de Brujería que estuvo vigente hasta el año de su derogación, en 2013.
La aprobación de esta ley se consagra en el contexto de una nación que aún mantenía la necesidad de dar respuesta a sucesos naturales, como la muerte súbita, las enfermedades desconocidas o los accidentes. Así, la cultura guineana ha encontrado históricamente estas respuestas en la magia.
La Ley de Brujería estaba dirigida en contra de todo hombre o mujer que la practicara. Sin embargo, son estas últimas las que han recibido el mayor número de denuncias y quienes se han convertido en las víctimas principales de estas denuncias. Los castigos ejecutados son ancestrales y en ellos mueren mujeres y niñas inocentes.
En el año 2021, Naciones Unidas concluyó en el Examen Periódico Universal (EPU), que el gobierno de Papúa Nueva Guinea debía afrontar los problemas de derechos humanos del país, en especial los de violencia de género. Por otro lado, en las presentaciones a la investigación, sociedades civiles de la ONU como la Iniciativa Spotlight, recomendaron al gobierno guineano que debía revisar las leyes relacionadas con la brujería. Pues, actualmente y a pesar de que la Ley contra la brujería ya haya sido derogada, el Código Penal del Estado de Papúa Nueva Guinea sanciona a aquellos que utilicen o hagan uso de esta práctica.
La Iniciativa Spotlight es una campaña de alcance mundial, que aúna la labor de Naciones Unidas y de la Unión Europea para proteger los derechos de las mujeres y de las niñas, así como eliminar todo tipo de violencia y discriminación contra ellas. Por lo tanto, la protección y defensa de los acusados por brujería, reside mayoritariamente en manos de los voluntarios.
La iniciativa Spotlight y la necesidad de proteger a los defensores de los derechos humanos
Tal y como recoge Naciones Unidas, los defensores de las mujeres acusadas de brujería, así como los trabajadores que ayudan a las víctimas, también son agredidos, amenazados e intimidados. La razón que explica los abusos cometidos a los mediadores, refiere a que la sociedad guineana considera que los últimos se entrometen en una práctica regida por la costumbre. Por este motivo, la Iniciativa Spotlight junto con la Comisión de Reforma de la Constitución y la Ley han realizado una serie de consultas, con el fin de avanzar sobre una legislación que proteja a los defensores de los derechos humanos.
Según la ONU, la práctica para identificar a los acusados de brujería varían entre distritos. «Generalmente, cuando alguien ha muerto inesperadamente, la familia del difunto consulta a un Glasman (hombre) o una Glasmeri (mujer) para identificar quién es el responsable en la comunidad», aseguran.
En este sentido denuncian que las acusaciones de hechicería por parte de cualquiera de estas dos figuras han llevado a la tortura y el asesinato de docenas de mujeres en Papúa Nueva Guinea. «Si bien las acusaciones pueden dirigirse tanto a hombres como a mujeres, la mayoría de las víctimas de la violencia son mujeres», afirman.
«Cuando murió mi esposo, lo llevamos a su pueblo y allí su familia comenzó a sospechar que yo lo había matado, así que planearon cortarme la cabeza y enterrarme con mi difunto esposo. No era cierto, solo querían matarme» explica un superviviente a la ONU.
«La gente tiene estas costumbres, estas creencias», declara Mary Kini, de Highlands Human Rights Defenders Networks, quien ha dedicado más de 14 años a ayudar a las víctimas de la violencia relacionada con la brujería y la violencia de género en Papúa Nueva Guinea.
«Cuando aparece un Glasman o una Glasmeri y dice algo, la gente automáticamente reacciona a lo que está diciendo», asegura para denunciar que durante «muchos años» los defensores de los derechos humanos no han estado «protegidos» y algunos «han sido asesinados en el camino».
Un interesante hilo de Twitter del periodista y escritor, Nacho Montes de Oca, sobre el rol de China ante la invasión de Ucraniay cómo se relaciona con la nueva ola de encierrosdomiciliarios que está viviendo en exclusiva el país asiático.
Si quieres apoyar el periodismo independiente de Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) puedes hacerlo aquí.
China recluyó a 26 millones de personas por un brote de COVID que este pasado sábado mató a 26 personas. Parece una enormidad, pero todo indica que esta nueva fase de la pandemia obedece a dilemas muy complejos que el líder chino, Xi Jinping no parece haber previsto.
La invasión de Ucrania elevó un 30% el precio del petróleo y golpeó a China en su industria y su sistema energético exhausto desde antes de la guerra. El incremento global del 17,1% en el precio de los alimentos, según la FAO, afecta su capacidad de alimentar a 1.400 millones de personas.
El incremento del 12% en el precio del algodón golpea a sus textiles. El aluminio llegó a su máximo en 11 años y afecta a la producción automotriz y de electrodomésticos. Y la menor oferta siderúrgico mundial sacude a su construcción, que venía averiada por la caída de Evergrande. Esa crisis inmobiliaria trajo una crisis financiera profunda. A muchos les pasó desapercibida la caída del yuan respecto al dólar desde el inicio de la invasión. Más que una política deliberada para ganar competitividad, ese derrumbe parece indicar un problema mucho más profundo.
Esa crisis inmobiliaria trajo una crisis financiera profunda. A muchos les pasó desapercibida la caída del yuan respecto al dólar desde el inicio de la invasión. Mas que una política deliberada para ganar competitividad, ese derrumbe parece indicar un problema mucho mas profundo pic.twitter.com/ljSw6qjfYA
Además, la inflación anual subió al 1,5% y, de acuerdo a los analistas, podría trepar al 2%. Y esto mientras el aumento de las exportaciones disminuyó del 18% al 4,5% en un año, cuando comenzaban a recuperarse de la pandemia. Xi Jinping tiene motivos para preocuparse.
Es un coctel complicado: China no es autosuficiente en materias primas, enfrenta una crisis energética, una demanda constante de alimentos y su industria necesita insumos que no tiene. Vladímir Putin hizo que todo se tornara mucho más costoso. Y no parece haber solución a la vista: Pekín sabe que en la medida que el conflicto continúe y se radicalice, Occidente tendrá más reparos para adquirir sus productos si ayuda al bando opuesto. Rusia representa en 7,8% de su comercio. La suma de los países occidentales y sus aliados, un 67%. Ese es su talón de Aquiles.
China necesita inversiones externas para recuperar terreno y Rusia no se las puede dar. Y además precisa de tecnología para que sus manufacturas y líneas de producción sigan siendo competitivas. No hay modo de conseguir ambos si se confronta con Occidente y Pekín lo sabe. Y lo que es peor, al no haber tomado una postura de condena a la invasión y sugerir alguna ayuda a Rusia abrió las puertas a politizar su comercio con Occidente, que presiona cada vez con mayor fuerza para que, si no se suma al boicot, al menos no salve a Putin de su derrota.
Todo podría desmejorar para China si la siguiente ronda de sanciones incluye una “cláusula cubana” que penalice a países y empresas que comercien o asistan económicamente a Rusia. Un celular Xiaomi puesto en Moscú, puede costar miles que no se venden en Europa o EEUU. Occidente tiene muchas herramientas para presionar. China incumple todas las normas de respeto a los DDHH – un millón de uigures en los campos de concentración son testigos de ello-, de protección ambiental, de transparencia comercial y de respeto de patentes, entre otros.
También está presente la represión despiadada que ejerció en Hong Kong pese a haberse comprometido por escrito a respetar a su población en 1984. No es que Occidente se haya vuelto purista. Pero hasta hoy se “distrajo” con el comercio, como lo hizo con el gas de Putin.
Esa es una buena excusa para frenar la expansión China en su momento de debilidad, desactivar a un posible aliado de Rusia e intentar acortar la guerra. Y de paso podrá pasar a la ofensiva para recuperar mercados y fuentes de materias primas ganados por Pekín en años anteriores. Es sencillo: Occidente tiene que reemplazar las fuentes de provisión de materias primas rusas y necesitan recobrar los espacios que dejaron vacíos en el mundo. Mientras debatían géneros y futuros verdes, Rusia y China los llenaron sumando países, gobiernos y mercados a su bolsa.
Veamos ejemplos. China y Rusia apoyaron al régimen de Maduro y controlaron el petróleo, el oro y el uranio venezolano. Ahora Rusia concentró su estrategia en el histórico lazo con Cuba. EEUU se acercó a Caracas y junto a Europa presiona en América Latina para recuperar influencia. En África, China otorgó préstamos por 153.000 millones de dólares y ganó el control de grandes cantidades de materias primas. Para Europa y EEUU, debilitar a China es empezar a recuperarlos y de paso relegarla a un rol de acreedor con posibilidades inciertas de cobrar.
Sumemos la crisis global por un posible «default» de varios países que empezó con Sri Lanka, sigue con Rusia que insiste en pagar con rublos los bonos en dólares y probablemente continúe con Argentina. No es solo Ucrania, el mundo entró en una crisis de inflación y recesión. A mayor inflación mundial y menores ingresos, los países tienden a concentrarse en importaciones básicas en lugar de las manufacturas que hacen fuerte a China. Otro golpe para Pekín que en realidad es una reedición de lo sucedido durante la contracción global por el COVID.
China depende del comercio exterior mucho más que otros países. Aunque 2/3 de su inmensa población está en la clase media, no tiene un mercado capaz de absorber toda su producción. Al contrario, tantos consumidores la hacen más vulnerable a los aumentos de precios. Por tanto, si las empresas occidentales se retirasen como lo hicieron en Rusia o suspendieran sus actividades, el golpe para la economía china sería igual de grave y más aún si se acompaña con una caída de sus exportaciones a Occidente.
China es poderosa como Rusia, pero más dependiente. Por lo tanto, China es más vulnerable a las sanciones y sus crisis superpuestas la encuentran en un momento de fragilidad inédita. Se dieron todas las condiciones y encima «el tío Vlad» había prometido que todo se arreglaría en unos días. No fue el único que calculó mal los factores.
El verse tan afectada por las decisiones de Putin explica por qué China dejó a su aliada en relativa soledad. Cuando todos esperaban que Pekín respaldara a Moscú, ese país optó por abstenerse en votaciones clave y rechazar sutilmente la invasión con llamados al diálogo.
En contra de los que suponen una alianza fuerte entre ambos países, China rechazó el pedido de ayuda militar ruso, cortó sus créditos de desarrollo y hasta hoy hizo contorsiones para esquivar los reclamos de Putin para que se defina a favor suyo ante Occidente y le envíe armas. En tanto, Biden sacó 352 productos chinos de la lista de castigos arancelarios como prenda de compromiso. Europa le avisó en la cumbre Europa- China del 1 de abril que no tolerará el apoyo a Rusia. Tiene con qué amenazar: el 40% del comercio chino es con la Unión Europea.
Es cierto que mientras tanto China arregló un gaseoducto desde Rusia, pero también que lo hizo para obtener hidrocarburos a precio de oferta y que no acompañó ese acuerdo con un segundo frente de tensión militar en Taiwán, las Paracelso o las islas Senkaku disputadas con Japón. Allí está el otro problema. En los años anteriores, el líder chino desarrolló una imagen de camorrista regional en paralelo a los avances de Putin en su región de influencia. Y así, China inició o profundizó conflictos con casi todos sus vecinos y con EEUU. Vamos a repasarlos.
Los otros conflictos de China
El más reciente fue en 2020 en la región del valle Galwan en donde tropas chinas e indias se trenzaron en combate. Además de la región de Aksai Chan, hay otro frente en Cachemira. Con Kirguistán y Tayikistán tiene problemas por la resistencia de los uigures desde esos territorios.
El mayor de todos los conflictos es en el Mar de la China, por donde pasa el 35% del comercio naval del mundo y en donde yacen enormes reservas de gas. Allí, Pekín reclama zonas que también son revindicadas como propias por Malasia, Filipinas, Taiwán, Vietnam, Brunéi e Indonesia.
Además, tiene una guerra comercial con Australia luego que ese país la acusara por el manejo de la crisis del COVID, un diferendo limítrofe con Nepal y otro conflicto con Vietnam por el río Mekong. Y problemas cada vez que una flota de EEUU navega por ese mar que considera propio
Estas tensiones y las que vendrán por el agravamiento de la situación económica global, hacen inevitable que, tras lo sucedido en Ucrania, Occidente pusiera a Xi Jinping en estado de “pre Putin” y le comunicaran que no caerá otra vez en la trampa de las promesas fallidas
En ese sentido, el discurso agresivo de Xi Jinping reclamando un lugar como potencia militar de primer orden y el desarrollo de armamentos cada vez más poderosos lo colocaron en curso de colisión futura con Occidente, que no quiere otro Putin y está operando para evitarlo.
A diferencia de crisis anteriores, China hoy ya no negocia con los países europeos y EEUU como entidades separadas. Putin parió una coalición occidental que comienza a entender que, si no da una respuesta cooperativa y dura, va a afrontar otros escenarios similares al de Ucrania.
Así como Putin chantajeó al mundo con trigo y aluminio, China lo hace con su comercio y sus nuevas armas. Notaron que la sola insinuación de una agresión a Taiwán dejó al mundo sin microprocesadores suficientes. Si China es un riesgo, hay que desactivarla cuanto antes. De modo que, en el tablero global, Putin le dejó servida a Occidente la oportunidad de unirse como bloque y enfrentar las apetencias militaristas de Rusia y al mismo tiempo hallar el modo de limitar el crecimiento militar y político de China. Gracias Vlad, empalaste dos potencias.
Frente al poder económico y militar combinado de Occidente están Rusia y China. Pekín se dedicó a armar conflictos, a establecer bases a lo largo de la Ruta de la Seda y a vender armas a granel. Pero lo que sucedió desde la invasión rusa, modificó por completo el panorama militar. Los tanques destruidos, los aviones derribados y el Moskva realizando una “operación especial de inmersión” sugieren que aún no hay tecnología ni doctrina suficientemente avanzadas para confrontar con éxito a Occidente. De algún modo, Ucrania también fue una derrota para China.
El parque militar de China es aún más obsoleto que el ruso. Sus tanques Tipo 96, los más numerosos, son un desarrollo del T72 ruso y hay apenas 200 del nuevo Tipo 99. Los Sukhoi/Shenyang que caen en Ucrania como gorriones de Mao son su principal arma aérea. Los J20, aún no llegan.
En el mar, ocurre algo similar. China tiene tres portaviones basados en el modelo ruso Azov de la era soviética. Y muchos submarinos y fragatas. Pero con solo desplazar un grupo de combate de EEUU, se lograría la paridad. Pekín todavía no está preparada para una guerra y lo sabe.
China alinea 3 millones de soldados. India 2 millones. Indonesia 450 mil. Japón 250 mil. Y detrás está la OTAN y sus aliados regionales con una superioridad numérica y tecnológica que ensombrece a los números que podría aportar Pekín en un conflicto y fue certificada en Ucrania.
En su intención de ser superpotencia, China creó un arco desde Japón a Australia que, sumando sus economías y capacidad militar convencional, pueden enfrentar sus apetencias regionales. Saben que lanza amenazas en público, pero en privado pocos la creen capaz de concretarlas. Pekín podría haber aprovechado para invadir Taiwán, formar una coalición con Rusia apoyándolo con armas y medios económicos o avanzar más en el Mar de la China. Pero no lo hizo. Sabe que si aprueba los métodos violentos de Putin pierde Taiwán para siempre. Pero hay algo más.
China se había propuesto llegar al año 2025 como potencia militar de primer orden. Los resultados en Ucrania trastocaron sus planes y las sanciones demostraron que el poder no pasa solo por el instrumento militar. La opción nuclear, tampoco funciona siquiera como amenaza.
China tiene 240 misiles nucleares intercontinentales en su arsenal. Un submarino norteamericano clase Ohio transporta 24 misiles Trident II D5 capaces de llevar cada uno hasta 15 ojivas atómicas. Con uno de los 14 Ohio de EEUU, puede superar a toda China, fin de la amenaza.
El último golpe contra la estrategia de China vino con el acuerdo entre Rusia y La India para la provisión de armamentos de alta tecnología incluyendo el sistema de misiles antiaéreos S400, quizás el más capaz de hacer frente a los últimos modelos de aviones de combate chinos.
Pekín hizo saber su molestia a Moscú por lo inoportuno del acuerdo, que además molestó a su aliado regional más fuerte, Pakistán, enemigo histórico de La India. Putin se movió con torpeza y supuso que el pacto con Nueva Deli apuraría una respuesta china. Se equivocó otra vez.
En realidad, Putin y Xi Jinping erraron todos los cálculos. Putin mira los mapas del frente mientras el líder chino observa que la crisis provocada por su aliado comenzó a arrastrar a su país a un escenario mucho peor que el que existiría de haberlo persuadido a no invadir.
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La guerra profundizó un proceso de desaceleración económica y de deterioro del ingreso frente al aumento de precios y costos, seguido por un aumento del desempleo que los que llevan las estadísticas intentan ocultar. Se trata de un panorama complejo para el gobierno chino.
En especial porque tanto el proceso de ingreso de pobres a la clase media como el sostener el nivel de consumo y ascenso social – la transacción implícita a cambio de la hipoteca de libertades- se paralizó desde el inicio de la pandemia y corre riesgo de revertirse por la guerra.
Esa presión puede volverse turbulencia si se afronta la escasez de comida o la ausencia de materias primas hace imposible sostener el milagro exportador chino y la crisis se profundiza. Ya no está Mao para matar a 100 millones y poner orden. Mejor probar primero con un encierro. O si se prefiere, para poner orden hay que comenzar a mostrar un poco de carácter ante el descontento y nada mejor que lanzar una alerta de COVID.
Resulta fácil cuestionar su veracidad con el hecho que, mágicamente, el virus no ataca a otros países como antes. Y la sospecha de que se trata en realidad de un montaje para mantener controlada a la población y de recordarles lo riguroso del estado chino es que el virus parece haber atacado coincidentemente en las regiones más afectadas económicamente por la guerra en Ucrania.
En efecto, el virus en su nueva versión “disciplinante” afectó a las ciudades industriales y exportadoras como Shanghái, Shenzhen y las provincias de Jilin y Tianjin. En Hong Kong, el repentino surgimiento de virus pausó las protestas civiles. Un virus con conciencia política.
El resurgimiento del COVID fue conveniente en muchos sentidos. Por un lado, justifica la represión interna y la pausa en la lucha contra otros países tras años de anunciar que era inminente el salto del dragón. Por el otro, le permite excusarse con Rusia por su falta de atención. De hecho, pareciera que la idea de Xi Jinping es decirles a sus ciudadanos insatisfechos “Ustedes no están descontentos, solo tienen COVID. Quédense en sus casas”. Y a su aliado Putin que es mejor que arregle el lío solo y cuanto antes sin arrastrarlo al Mar de las Sanciones.
Con esta serie de factores es comprensible entender el enojo de Pekín con Rusia. Lo que iba a ser una jugada rápida tras los juegos olímpicos de invierno se transformó en un problema crónico sin solución a la vista. China no va a ayudar a que siga prolongándose, ya lo dejó claro. Lo más lógico y previsible es que por ahora se cuide de no confrontar con Rusia, le preste algún respaldo limitado y ofrezca comprar a precios de oferta las empresas rusas vaciadas de capitales occidentales en sectores críticos como la industrias petrolera, siderúrgica y militar.
Pero para lograr todos estos objetivos tiene que hacer un equilibrio entre la desconfianza de Occidente y sus aliados regionales y la ansiedad de Putin que necesita de manera urgente una solución para su aislamiento y las sanciones que aceleran su efecto con cada día que pasa. Es por eso que China pidió licencia por enfermedad mientras calibra su respuesta. Quedó prisionera de la estrategia planteada por Xi Jinping, que este año que viene tiene que revalidar su poder en el XXI Congreso del Partido Comunista Chino. A todos les corre el tiempo en contra.
El líder chino se alió con Putin, aumentó el gasto militar al 7,1% del PBI y prometió convertir a China en la gran superpotencia. Hoy encierra a su gente y evita un rol central en la mayor crisis mundial. Los enemigos internos en el Partido, podrían facturarle tanta negligencia.
Queda la última posibilidad: que China apure su destino de potencia y abra un nuevo frente militar para distraer a su población de la crisis y reemplace el consumo con el espíritu belicista. Que tan probable es, nadie lo sabe. Pero como en Ucrania, sería una lucha sin ganadores.
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