ActualidadEl Título 42 y la crisis migratoria entre Estados Unidos y México

El Título 42 y la crisis migratoria entre Estados Unidos y México

Análisis

Ana García De Paredes Dupuy
Ana García De Paredes Dupuy
Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Sus principales intereses son el funcionamiento de las Organizaciones Internacionales y su influencia a nivel global, así como la aplicación del Derecho Humanitario y el análisis geopolítico en el contexto de conflictos armados.

Con la entrada de 2023, miles de inmigrantes continúan esperando, en algunos puntos de frontera entre Estados Unidos y México, la resolución del Título 42. En este artículo te explicamos en qué consiste esta orden y cómo ha fomentado las discrepancias políticas entre republicanos y demócratas, así como las claves para entender la crisis humanitaria que se está viviendo en esta frontera.

En 2022, los miles de inmigrantes indocumentados que permanecen en la frontera entre Estados Unidos y México se quedaron a la espera, una vez más, de la aprobación de una reforma migratoria que, según los expertos, tampoco sucederá en los próximos dos años de la presidencia de Joe Biden.

Más que una reforma migratoria integral, el polémico Título 42, que deporta expeditamente a los migrantes en la frontera, y el cual sigue vigente, fue el gran protagonista del año. 2022 terminó con una crisis humanitaria que empeora diariamente en los estados fronterizos con México.

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En abril, la administración de Biden anunció el fin del Título 42, pero el debate saltó sobre la mesa. Los funcionarios alertaron de que no estaban preparados para manejar la llegada de inmigrantes en la frontera. Bajo esta política, son ya casi 2500 personas las que llegan a la frontera a diario.

Durante las últimas elecciones intermedias, los legisladores republicanos que se postulaban para la reelección utilizaron la derogación del Título 42 para atacar a los demócratas en materia de inmigración. Por su parte, los demócratas en los estados indecisos que enfrentan duras batallas de reelección también criticaron la medida, alegando que la administración carecía de un plan claro para lidiar con la afluencia de inmigrantes.

Finalmente, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que la controvertida restricción fronteriza, implementada bajo el gobierno de Donald Trump, seguirá vigente hasta que se resuelvan los recursos legales pendientes. 

La crisis humanitaria en la frontera entre Estados Unidos y México

La frontera entre Estados Unidos y México vive una constante transformación. No solo por las interacciones entre dos Estados con niveles económicos y políticos muy diferentes, sino también por los procesos sociales y culturales que parecen trastornar los límites. Las dinámicas fronterizas, a su vez, reflejan el contraste entre dos culturas continentales, la anglosajona y la latina, dando lugar a una compleja relación bilateral marcada por múltiples cruces, permisos y prohibiciones.

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La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) estimó que hay alrededor de 18 mil migrantes “a la deriva” en la frontera noreste de México por las “políticas migratorias inhumanas” de Estados Unidos y el gobierno mexicano.

Además, la organización señaló que la Casa Blanca no solo no acabó con esa medida, sino que además la expandió el pasado 5 de enero para incluir a personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes antes no eran objeto de expulsión inmediata a México.

En el lado mexicano de la frontera, la asociación también ha atestiguado que en la zona norte persiste “el sufrimiento causado por estas políticas inhumanas y la persecución de las autoridades”.

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“Políticas como el Título 42 y acuerdos binacionales similares generan graves situaciones humanitarias en poblados y ciudades que no cuentan con los recursos necesarios para atender crisis de esta magnitud”, aseveró MSF.

Estas declaraciones tuvieron lugar poco después de la celebración de la Cumbre de Líderes de América del Norte el pasado 10 de enero en Ciudad de México. Allí, Biden agradeció al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por recibir a migrantes deportados por Estados Unidos.

El Paso se ha convertido en uno de los puntos álgidos de la creciente crisis humanitaria en la frontera, con hasta 2500 migrantes mexicanos al día. El alcalde de la ciudad, Oscar Leeser y sus funcionarios, han declarado el estado de emergencia, ya que la comunidad se ha visto abrumada por el flujo continuo de solicitantes de asilo.

Si bien el Título 42 sigue vigente, El Paso desarrolla un plan alternativo para manejar una posible oleada de inmigrantes en caso de que se termine la orden.

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Por el momento, se han instalado alrededor de 1.000 camas en el centro de convenciones de la ciudad. Además, las escuelas, los hoteles, iglesias y otras organizaciones sin ánimo de lucro albergan a su vez a inmigrantes. La región vive un flujo migratorio récord con 2.76 millones de migrantes detenidos en la frontera de Estados Unidos con México durante el año fiscal 2022.

Es fundamental entender que los inmigrantes detenidos bajo el llamado Título 42 no son retenidos en áreas especiales para su procesamiento, sino que son inmediatamente deportados a México o Centroamérica, dependiendo de su lugar de origen. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), 1,7 millones de personas han sido deportadas desde que se implementó la política.

Además, al expulsar a los inmigrantes también se los expone a riesgos en las zonas fronterizas. La organización Human Rights First ha notificado desde el comienzo de la Administración Biden alrededor de 10.000 casos de secuestro, tortura, violación u otros ataques violentos contra personas bloqueadas o expulsadas a México bajo el Título 42.

Pero, ¿qué es el Título 42?

El Título 42 nace durante los primeros días de la expansión de la pandemia de COVID-19, desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y con el objetivo de establecer el orden público y detener la propagación del virus. Con ello, la orden permitiría a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos.

Bajo la orden del Título 42, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) prohibía la entrada de ciertas personas que “potencialmente representan un riesgo para la salud”, ya sea por las restricciones de viaje previamente anunciadas o por haber ingresado ilegalmente al país con el fin de “eludir las medidas de detección médica”.

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Con ello y a raíz de la implementación del Título 42, los funcionarios fronterizos pueden expulsar inmediatamente a los migrantes que ingresan a través de Canadá y México hacia Estados Unidos. Sin embargo, los menores migrantes no acompañados están exentos.

El 1 de abril del 2022, los CDC anunciaron planes para rescindir la orden, afirmando que ya no es necesaria dadas las condiciones de salud pública actuales y la mayor disponibilidad de vacunas y tratamientos para el covid-19. Sin embargo, la política sigue vigente.

¿Por qué el Título 42 genera debate?

En 2021, con la llegada del demócrata Biden, las esperanzas de once millones de indocumentados que por más de dos décadas lucharon por obtener un camino a la ciudadanía estadounidense habían regresado. Sin embargo, por el momento, todos los intentos han fracasado.

Antes de la implementación del Título 42, los migrantes que llegaban a Estados Unidos para pedir asilo u otra protección humanitaria, tenían la oportunidad de presentar sus casos ante un juez de inmigración. Ahora, el derecho se ha mermado, ya que los migrantes ni siquiera reciben una orden de deportación. 

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Desde marzo de 2020, alrededor de 2,5 millones de personas han sido expulsadas en virtud de las disposiciones del Título 42. La mayoría de ellas durante la presidencia de Biden. La política sigue vigente, a pesar de que el presidente estadounidense ha reiterado la necesidad de ponerle fin. La Casa Blanca prometió “ampliar y agilizar las vías legales para una migración ordenada”.

El camino que ha llevado al Gobierno de Biden a su actual política de inmigración ha sido largo y tortuoso. En 2022, la administración trató de poner fin al programa del Título 42, pero una coalición de estados, en su mayoría liderados por el Partido Republicano, presentó una demanda para impedir que el Departamento de Seguridad Nacional terminara con su aplicación. Algunos estados recurrieron a la Corte Suprema, que ha ordenado que se mantenga mientras se resuelven los litigios actuales.

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En 2021, los CDC determinaron que la expulsión de ciertos ciudadanos era necesaria para proteger la salud pública. David Shahoulian, funcionario del Departamento de Seguridad estadounidense acuñó que “simplemente no puede procesar a todas las familias no ciudadanas de manera segura en las circunstancias actuales, y especialmente en el caso de una afluencia a gran escala”.

El funcionario de Seguridad Nacional también señaló que Estados Unidos enfrentaba un número récord de no ciudadanos, incluyendo familias, en la frontera, “provocando que las instalaciones fronterizas se llenen más allá de su capacidad operativa normal”. En febrero de 2022, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos realizó más de 158.000 detenciones en la frontera sur, según datos de la agencia.

¿Qué pasará con el Título 42?

Las posibilidades de conseguir una reforma migratoria en los próximos dos años no son prometedoras. Según Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinos en California, “ningún partido va a tomar el riesgo de trabajar en resolver leyes migratorias que favorezcan a los indocumentados, todo va a estar dirigido a la seguridad de la frontera”.

En este sentido, es importante subrayar que la Cámara de Representantes en los próximos dos años estará en manos de los republicanos, liderazgo conocido por sus intensas medidas anti migratorias. En el Senado, la historia se repite. Tras la salida de la senadora Kyrsten Sinema el noviembre de 2022, los demócratas cuentan apenas con una mayoría gracias al voto de la vicepresidenta Kamala Harris.

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Sin una posibilidad clara para que el Congreso logre un acuerdo, las mayores posibilidades de lograr un alivio hacia este bloqueo, o al menos una protección contra la deportación, quedan en manos del Ejecutivo del presidente Biden. Sin embargo, aunque así fuese, seguiría enfrentándose a demandas por parte de los estados, como ya ha sucedido.

Ante esta situación, el presidente norteamericano está en busca de vías alternativas que aseguren una mínima protección en la frontera. Tras la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN) del pasado 10 de enero de 2023, se acordó la creación de un centro migratorio para acoger en el sureste de México a personas refugiadas del continente, según acordaron los mandatarios de los tres países.

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“Los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá colaborarán con el Gobierno de México y organismos internacionales para ofrecer servicios y asistencia para personas refugiadas en dicho espacio”, explicaron. Sin embargo, en la rueda de prensa posterior a la Cumbre, López Obrador negó que fueran a construir un centro migratorio, sino invertir en albergues. 

Según el comunicado conjunto, los mandatarios se comprometieron a aumentar las “vías regulares como alternativa a la migración irregular en América” y “fortalecer los procesos de asilo”. Antes de la cumbre, Estados Unidos lanzaba un programa migratorio acordado con México que prevé dar 30 mil permisos humanitarios a venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, pero deportar a territorio mexicano a aquellos que crucen la frontera de forma irregular.

Editado por:

Soraya Aybar Laafou. Editora y analista especializada en África en LISA News. Politóloga y periodista interesada en los derechos humanos, la geopolítica y los procesos migratorios. Me apasionan las Relaciones Internacionales y observo con especial interés al continente africano. Soy directora de África Mundi, el primer medio de análisis sobre África en castellano.

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Ana García De Paredes Dupuy

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