El peligro de perder el control sobre la información secreta es que puede casuar un daño potencial y dañino a los intereses de la nación, las empresas y los individuos. En este artículo la presidenta de la Asociación de Jóvenes en Inteligencia, Defensa y Seguridad (INDESEC), Alejandra Moreno, explica los mecanismos de control que utilizan los países para evitar que la información contemplada en documentos secretos pueda hacerse pública.
Considerando el glosario de términos y definiciones de interés para los profesionales de la Inteligencia de los Estados Unidos, la Inteligencia de Estado consiste en la recopilación, análisis y diseminación de información relevante y estratégica para un Estado, principalmente en lo relacionado con la seguridad estatal y las relaciones internacionales con el fin de apoyar y orientar las decisiones y acciones del gobierno.
Al tratarse de información relacionada con la seguridad del Estado, tanto en su contenido como en relación a la fuente de la que se ha obtenido la información, se mantiene en secreto pasando a denominarse «información clasificada». Este tipo de información se caracteriza por estar dotada de mecanismos de protección reforzados para evitar que la información contemplada en documentos secretos pueda hacerse pública. Por ejemplo, uno de ellos sería la limitación del acceso a la información únicamente a quienes estén investigando una cuestión concreta dentro de la propia agencia.
El peligro de perder el control sobre la información secreta es que puede casuar un daño potencial y dañino a los intereses de la nación, las empresas y los individuos. Por ello, la filtración de información de Inteligencia está considerada como un delito grave por la mayoría de los Estados y se contemplan penas de prisión para los responsables. De hecho, existen dos formas de calificar este tipo de actuación como tipo delictivo. Por un lado, está el delito de la revelación de secretos, que consiste en la obtención de forma legítima de información clasificada para su posterior divulgación de manera no autorizada. Es decir, que un analista de Inteligencia revele información a la que ha tenido acceso por razón de su cargo. Por otro, encontramos el delito de espionaje, que consiste en la obtención de información clasificada de manera clandestina para utilizarla en beneficio propio o de un tercero, como podría ser otro Estado. En este supuesto, no se trataría de un analista de Inteligencia, sino de un espía, ya que estaría actuando de manera ilegal para acceder a dicha información.
A pesar de las preocupaciones y de las medidas impuestas por los gobiernos y las organizaciones de todo el mundo para evitar que este tipo de información pierda su carácter secreto, a lo largo de la historia se han llevado a cabo diversas filtraciones de información, incluso a pesar de que ello supone un delito. Y esto es así por distintos motivos, entre los cuales destacan: el interés por exponer una conducta ilegal o inmoral, las razones ideológicas-políticas o las intenciones maliciosas con las que algunos pretenden valerse de la información confidencial para venderla o mal emplearla posteriormente.
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Tres casos destacados de filtraciones de información
Caso de David Shayler contra MI5 en Reino Unido (2000)
El caso de David Shayler presenta una filtración de información endógena. Shayler trabajó para el Servicio de Inteligencia de Reino Unido (MI5) desde 1991 en investigaciones políticas y fue en el año 2000 cuando fue acusado por el Reino Unido por un delito de filtración de información confidencial a la prensa. Se le acusó de revelar información que había conocido por razón de su cargo y que suponía una violación a la Ley de Secretos Oficiales de Reino Unido.
El acusado reveló información que había conocido como consecuencia de una intervención telefónica y compartió información y documentos secretos en los que se incluía que el MI5 había llevado a cabo operaciones ilegales y engañosas para obtener pruebas contra políticos y activistas de izquierdas.
Durante el juicio, Shayler trató de defender la motivación que le había llevado a revelar dicha información justificando que sus actuaciones eran en realidad un acto de conciencia para exponer la corrupción y los abusos dentro del MI5 y que no puede entenderse como delito la denuncia de un delito porque constituye una violación a los derechos humanos. Sin embargo, sus argumentos fueron desestimados, puesto que, no es suficiente la justificación del interés público para incumplir con el deber de secreto que le corresponde por razón de su cargo.
Caso de Edward Snowden (2013)
Una situación similar se dio con las filtraciones de información sobre la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSA) por Edward Snowden. Este es uno de los casos más populares en materia de filtraciones de información donde se debate entre la consideración de Snowden como traidor de la nación o como héroe por dar a conocer comportamientos ilícitos de las agencias de Inteligencia de los Estados Unidos. Concretamente, sostuvo que las agencias de Inteligencia gubernamentales practicaban la vigilancia a gran escala para acumular, conservar y examinar en privado incontables comunicaciones personales de individuos alrededor del mundo. Cuando esto supone una infracción a nuestros derechos humanos en tanto que se trata de una vigilancia ilegal.
Caso de los papeles de Panamá (2016)
El caso de los papeles de Panamá supuso la fuga de información confidencial más grande hasta la fecha en materia de refugios fiscales. Se extrajeron de manera encubierta más de 11,5 millones de documentos del bufete de abogados Mossack Fonseca que incluían correos electrónicos, contratos y transacciones bancarias de un periodo de casi cuatro décadas. Aunque no se trata de una filtración de información estatal per sé, lo cierto es que esta filtración de información revelaba la identidad de algunos funcionarios y detalles sobre cómo eludir las políticas fiscales.
Con numerosas sucursales en todo el mundo, la compañía panameña sostuvo que sus sistemas informáticos fueron comprometidos y despojados de información. En este caso, aún se desconoce la fuente de la filtración, aunque no se sospecha como responsable a ningún empleado, lo que apunta a que haya podido ser un caso de espionaje, pues lo que ocurrió fue que se entregó al periódico alemán Süddeutsche Zeitung todos estos documentos secretos, que luego fueron compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
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¿Qué medidas ponen los Estados para evitar las filtraciones de información?
Podríamos hablar de tres tipos: penas, límites de acceso al personal y medidas de seguridad física.
Las penas por delitos de divulgación de información secreta en España oscilan entre uno y cuatro años de prisión con multas que ascienden a los 24 meses en función de la información revelada según se indica en el Código Penal. En Reino Unido, la Ley de Secretos Oficiales de 1989, castiga la revelación de secretos con penas de hasta dos años. Por su parte, en el caso de los Estados Unidos, la Ley de Espionaje de 1917, establece penas por revelación de secretos con multas de 10.000 dólares y dos años de prisión. Estas penas ascienden a veinte años cuando la revelación pueda afectar a las fuerzas armadas y hasta los 30 años si se dan en tiempo de guerra, donde además si el daño causado fuese muy elevado podría condenarse al culpable incluso a la pena de muerte.
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Pero Estados Unidos no es el único Estado que castiga con pena de muerte la revelación de secretos, pues se da en otros Estados también, especialmente en aquellos que no respetan el Estado de Derecho. Este es el caso de Irán, cuya Ley de Espionaje ha condenado en numerosas ocasiones a miembros de grupos religiosos que no profesan la religión islámica, ya que su Código Penal de 1996 remite la cuestión del espionaje a la enemistad contra Dios y concreta como condena la pena de muerte.
En lo que respecta a los límites de acceso del personal de los servicios de Inteligencia uno de los requisitos que se encuentra en las normativas reguladoras del personal de las agencias de Inteligencia, como podría ser en el Estatuto del personal del CNI, es tanto ser nacional del país para el que se quiere trabajar, como carecer de antecedentes penales.
Por último, cabe mencionar las medidas de protección física de la información clasificada. Donde encontramos un control de los accesos tanto físicos como electrónicos, que solo permite conocer de esta información a quien esté autorizado para ello, esté capacitado y concienciado de la importancia de la seguridad de la información. Además, se reflejan en estas medidas la necesidad de establecer mecanismos de control para garantizar que se cumplen las políticas y protocolos regulados a estos efectos, así como la colaboración y cooperación con los servicios periodísticos de información, para evitar que se pueda llegar a difundir determinada información.
En definitiva, el trato a las filtraciones de información a nivel jurídico refleja el entender, los valores y las prioridades de nuestra sociedad a la hora de discernir entre la necesidad de guardar secreto y la revelación de injusticias y actos ilegales que se puedan estar llevando a cabo por organismos de Inteligencia estatal y que son contrarios a los derechos humanos, y especialmente al derecho a la privacidad. Tras este análisis cabe concluir que el secreto prevalece y tiene un papel crucial para velar por la seguridad. Así, para evitar cualquier abuso a los derechos de las personas por la posible utilización arbitraria de los servicios de Inteligencia lo más importante es que se regulen de manera adecuada mecanismos de control por organismos independientes. Es decir, que exista un control a nivel parlamentario, judicial y legislativo del funcionamiento y la actividad de las agencias de Inteligencia del Estado.
