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¿Qué está pasando en Haití?

Análisis

Ana García De Paredes Dupuy
Ana García De Paredes Dupuy
Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Sus principales intereses son el funcionamiento de las Organizaciones Internacionales y su influencia a nivel global, así como la aplicación del Derecho Humanitario y el análisis geopolítico en el contexto de conflictos armados.

Haití ha pedido formalmente ayuda militar a la comunidad internacional para hacer frente a las múltiples crisis que azotan el país. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 el vacío de poder de Haití ha sido ocupado por líderes del crimen organizado y pandillas que controlan parte de la capital del país, mientras el descontento social con el gobierno ha derivado en protestas, saqueos y enfrentamientos con la policía.

Haití, la que fuera colonia francesa hasta 1803, año en el que adquirió la independencia tras una revuelta organizada por la población esclavizada, se ha visto inmersa en constantes dificultades para liberarse de ciclos de dictaduras y golpes de Estado que han mantenido al país en la pobreza e impedido brindar a la mayoría de sus habitantes los servicios más esenciales desde entonces.

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Aunque el terremoto demoledor que arrasó con gran parte del país en el año 2010 se consideró como una oportunidad para resucitar la infraestructura y empezar de nuevo brindándole al gobierno la capacidad de dirigir la reconstrucción, el dinero y la asistencia humanitaria no logró que Haití enfilara en una nueva dirección.

A día de hoy, muchos expertos consideran que el país se encuentra en peores condiciones que cuando comenzó la reconstrucción. Además, a estos acontecimientos se sumaba un brote de cólera que ocasionó el fallecimiento de al menos 10.000 haitianos, vinculado a la llegada de miembros de las fuerzas de pacificación de Naciones Unidas que estaban infectados. 

El asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 agravó la inestabilidad de la nación caribeña y profundizó el temor de un aumento de la violencia política generalizada, considerándose el culmen de años de inestabilidad en el país, controlado por el caos y la violencia. 

Desde entonces, el vacío de poder de Haití ha sido ocupado por líderes del crimen organizado, que desde el año pasado controlan algunas zonas de la capital, instaurando un reino del terror. Los secuestros, los saqueos y la violencia asociada a las pandillas han vuelto ingobernables algunas regiones del país, lo que ha provocado que muchos haitianos sientan miedo de salir de sus casas y ha obligado a algunas organizaciones de ayuda, cruciales para la sobrevivencia de muchos en el país, a reducir sus actividades.

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Hoy, los delincuentes todavía controlan o influyen en partes de la capital, Puerto Príncipe, y los secuestros para pedir rescate amenazan los movimientos cotidianos de los residentes. En las últimas semanas, manifestantes en varias ciudades pidieron la renuncia del primer ministro Ariel Henry ante los altos precios de los combustibles, la inflación y el crimen desenfrenado.

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El gobierno haitiano solicita la intervención de la comunidad internacional

A principios de noviembre, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó lo que llamó una “situación absolutamente de pesadilla” en Haití con pandillas que bloquean el movimiento de combustible y otros materiales en el puerto de Puerto Príncipe. El país se enfrenta a una crisis humanitaria, mientras que un nuevo brote de cólera también ha dejado decenas de muertos.

El embajador de Haití en Estados Unidos, Bocchit Edmond, le dijo a CNN el pasado viernes, 25 de octubre que el gobierno convocaría elecciones democráticas si la comunidad internacional interviene con asistencia militar en el país.

Ante tal situación de violencia, y teniendo en cuenta «la inseguridad resultante de las acciones criminales de las bandas armadas y sus patrocinadores», el Consejo de Ministros de Haití aprobó el pasado viernes, 7 de octubre, una resolución que instaba al jefe de Gobierno, Ariel Henry, a pedir ayuda a la comunidad internacional para contener a las pandillas que están dificultando la seguridad de las calles haitianas.

Pocos días después se conocía la petición oficial de la ONU, liderada por Estados Unidos, para el envío urgente de militares a este país caribeño para poder recuperar el control tras el bloqueo de las bandas criminales a productos básicos, medicamentos o combustible.

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El Subsecretario de Estado de Estados Unidos para las Américas, Brian Nichols, afirmó el pasado miércoles 26 de octubre tener la «esperanza» de que, a principios del próximo mes, se aprobara una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) para enviar tropas internacionales a Haití. Pero los haitianos no ven con buenos ojos la iniciativa, ya que la mayoría de ellos no guardan buenos recuerdos de las incursiones extranjeras en el país.  

Tras la decisión del primer ministro Ariel Henry de pedir ayuda, miles de personas salieron a la calle para exigir su dimisión y denunciar a Estados Unidos, Canadá y la ONU como responsables de los males del país. Para muchos haitianos, una intervención militar podría tener repercusiones negativas, ya que no consideran a la ONU como una institución legítima, dados sus sucesivos fracasos en el país.

A pesar de que la propuesta de Washington contó con cierto apoyo en el Consejo de Seguridad, algunos países expresaron sus reservas, señalando las recientes protestas en Haití contra la intervención extranjera y apuntando también a estos grandes problemas de la anterior fuerza de paz enviada entonces a aliviar al país, por lo que por el momento no parece contar con los apoyos suficientes como para seguir adelante.

Geng Shuang, representante permanente adjunto de China ante la ONU, sostuvo que el organismo debía ser cauteloso a la hora de apoyar una nueva fuerza para Haití: «En un momento en que el gobierno haitiano carece de legitimidad y es incapaz de gobernar, ¿el envío de una fuerza de acción rápida de este tipo a Haití recibirá el apoyo comprensivo y la cooperación de las partes en Haití, o se enfrentará a la resistencia o incluso detonará una confrontación violenta con la población?», preguntó.

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Sin embargo, China se mostró a favor de un segundo proyecto de resolución que establecería una serie de sanciones para las bandas y sus líderes, el cual se aprobó finalmente por unanimidad el pasado viernes 21 de octubre. Las sanciones incluyen no solo un embargo de armas para los actores no estatales, sino también una prohibición de viajar fuera del país a los líderes de las bandas armadas, más la congelación de sus bienes bancarios.

¿En qué consisten estas fuerzas militares de paz de las Naciones Unidas?

Las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, también conocidas como los Cascos Azules por el color que tienen estos, consisten en cuerpos militares que tienen como función crear y mantener la paz en zonas de conflictos, así como también monitorear y observar los procesos de paz y de brindar asistencia a excombatientes en la implementación de tratados con fines pacíficos.

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Su funcionamiento tiene lugar bajo órdenes directas del Consejo de Seguridad de dicha Organización, y están compuestas por las fuerzas armadas y policiales de los países miembros de las Naciones Unidas, que, como parte de su ejército nacional, trabajan como adscritos para este organismo por períodos normalmente de hasta un año si están sobre el terreno, o dos o tres si están en la Sede. 

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Fue en 1948 cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas apostó por la formación de esta fuerza multinacional, con la capacidad de poner fin y supervisar el cese de las hostilidades entre Egipto e Israel. Sin embargo, el objetivo de estos Cascos Azules está bien expuesto, como solucionar los conflictos y el mantenimiento de la paz, en numerosas ocasiones han sido el objeto de críticas por distintas actuaciones contrarias a los derechos humanos, como el caso de Ruanda en 1994, cuando fueron acusados de abandonar a los tutsis a manos del exterminio hutu; y en el ya nombrado Haití en 2007, cuando miembros de las tropas fueron acusados de abuso y explotación sexual contra la población.

Uno de los mayores cambios que el Mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas ha presenciado en los 70 años de su existencia ha sido la emergente naturaleza multidimensional de las operaciones de paz. El personal militar de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se despliega a menudo en entornos inhóspitos, lejanos y peligrosos en los que se enfrentan a desafíos de magnitud sin precedentes al proteger a los civiles, bajo una amenaza asimétrica.

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Las Naciones Unidas solo pueden desplegar personal militar con la autorización explícita de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el cual determina cuántas tropas son necesarias, para que posteriormente la Sede de las Naciones Unidas se ponga en contacto con los Estados Miembros para identificar el personal necesario y desplegarlo.

Es importante recordar que el Consejo de Seguridad está formado por 15 Estados, de los cuales cinco (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia) son permanentes y tienen derecho a veto. Esto genera un desequilibrio, ya que un solo Estado puede tumbar una propuesta de despliegue de los cascos azules.

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El caso de la crisis de Haití evidencia como la ejecución de las misiones de este cuerpo se ve obstaculizada por la lenta e imprudente respuesta servicial, la escasa gestión administrativa de por parte de órganos rectores, la falta de confianza con los Estados Miembros y el personal, la escasez de recursos y la carencia de transparencia y responsabilidad.

Es por ello que desde 2017 se implementa una reforma generalizada a largo plazo, con la cual se introducen nuevos y mejorados enfoques de mantenimiento de la paz a la vez que fortalecerán nuestra cooperación para la prevención mediante la acción temprana, así como adaptarse para hacer frente a los nuevos y cambiantes retos actuales.

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