La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha condenado a Colombia por diversas violaciones a derechos derivados de la persecución y el espionaje a los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), una organización vinculada a la defensa de los derechos humanos.
La CorteIDH ha establecido que varias entidades estatales de Colombia llevaron a cabo actividades de inteligencia contra los integrantes del CAJAR y entregaron esa información a grupos paramilitares que luego amenazaron a los defensores de derechos humanos. «El Estado creó una situación de riesgo para la vida e integridad personal de las víctimas», ha declarado el tribunal.
«Las autoridades de Colombia recopilaron y conservaron distinta información, incluidos datos personales, a partir de lo cual elaboraron archivos y ‘hojas de vida’ que contenían anotaciones y registros de distinta naturaleza respecto de las víctimas, a quienes, hasta la fecha, no se les ha garantizado el acceso a los archivos de inteligencia, vedándoles la posibilidad de reclamar la actualización, rectificación o eliminación de los datos», ha denunciado la CorteIDH.
La sentencia fue notificada por el vicepresidente de la CorteIDH, el brasileño Rodrigo Mudrovitsch, por medio de un acto oficial realizado de forma virtual con la presencia de las partes involucradas en el caso. «La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia declaró la responsabilidad internacional de Colombia por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la libertad de pensamiento, a la autodeterminación informativa, a conocer la verdad, a la honra, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la libertad de asociación, de circulación y de residencia, a la protección de la familia, al derecho a la niñez y al derecho a defender los derechos humanos», dijo Mudrovitsch.
La vicepresidenta del CAJAR, Jomary Ortegón, destacó durante una declaración posterior a la lectura de la sentencia que la decisión reconoce que la vulneración del derecho a la vida «no solo ocurre con un asesinato». «El hecho de estigmatizar y perseguir ya de por sí pone en riesgo a la vida», señaló Ortegón. También resaltó la mención al derecho de circulación y residencia y recordó que cuando ella entró al colectivo, en 2001, la mitad de la asamblea directiva estaba en el exilio.
La máxima corte de derechos humanos de América ha dispuesto que Colombia deberá cumplir con medidas como investigar los hechos de violencia, depurar los archivos de inteligencia en los que aparecen los integrantes del CAJAR, pedir disculpas de forma pública, hacer un documental sobre la importancia de la labor de los defensores y reparar a las víctimas.
Artículo escrito por:
Laura Ruiz Sancho. Periodista. Apasionada de la geopolítica y siempre con un ojo puesto en la actualidad internacional. Experta profesional en terrorismo yihadista por la UNED y Máster en Verificación Digital y Periodismo de datos (CEU).
