Las criptomonedas han transformado la estructura financiera global, impulsando economías alternativas y facilitando actividades ilícitas. Grupos criminales y terroristas aprovechan su anonimato para mover grandes sumas de dinero y blanquear activos. En este artículo, Lucas Paulvinoch, alumno del Máster Profesional de Analista Criminal y Criminología Aplicada de LISA Institute, explica cómo, a pesar de su adopción creciente, especialmente en América Latina, la falta de regulaciones claras y la baja supervisión continúan siendo desafíos.
El avance de las criptomonedas ha dado lugar a un nuevo paradigma en la estructura financiera global. Esto ha impulsado tanto la modernización económica como el crecimiento de economías alternativas fuera del sistema bancario tradicional.
En ese marco, las organizaciones criminales y terroristas han sofisticado sus herramientas. Han encontrado en las monedas digitales un método eficiente para mover grandes cantidades de dinero. Este método elimina los riesgos asociados a los métodos convencionales de lavado de activos.
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El crecimiento sin precedentes en la utilización de criptoactivos durante los últimos años ha transformado radicalmente la manera en que se financian y operan tanto las actividades legítimas como las ilícitas. Especialmente tras la pandemia de Covid-19.
Las monedas digitales permiten menores costos de transacción, la agilización de los micropagos, la facilidad para las remesas y nuevas posibilidades de ahorro e inversión. Estos atributos se vuelven especialmente atractivos en países con regímenes económicos caracterizados por la inestabilidad o la alta inflación.
Tradicionalmente, los grupos criminales han dependido de estructuras como empresas ficticias, cuentas bancarias en paraísos fiscales y transacciones en efectivo. Estas se utilizan para ocultar el origen de sus ingresos ilícitos. Sin embargo, la irrupción de las criptomonedas ha simplificado este proceso. Permite la conversión de dinero ilegal en activos digitales, su transferencia a través de múltiples billeteras anónimas y, posteriormente, su reconversión en dinero lavado o bienes de alto valor.
En el mundo existen más de 10 mil monedas virtuales con diferentes características de filosofía, tecnología o regulación. Y cada día se lanzan nuevas divisas a través de procesos conocidos como Ofertas Iniciales de Monedas (ICO, por sus siglas en inglés).
Este dinamismo del sector ha permitido el ingreso en aluvión de nuevos actores. Esto facilita la inserción de las organizaciones criminales en un ecosistema que se solapa entre varios aspectos: lo abierto y lo oculto, lo identitario y lo anónimo, lo legal y lo ilegal.
En América Latina, la adopción del Bitcoin registra algunos casos ejemplares. Entre ellos están Venezuela, Argentina, Colombia y Brasil, que se encuentran entre los 20 principales del Índice Global de Adopción Cripto.
Estos grupos han recurrido a transacciones en la dark web, plataformas descentralizadas y «mixers» de criptomonedas que fragmentan los montos para dificultar su rastreo. La descentralización y el anonimato de estas transacciones dificultan la detección de flujos de dinero dirigidos a organizaciones terroristas.
Ejemplos recientes han demostrado que grupos como Hezbolá y Al-Qaeda han utilizado billeteras electrónicas anónimas. Estas les han permitido recibir donaciones y financiar operaciones en distintas partes del mundo. En América Latina, un informe de Chainalysis reveló que algunas de estas estructuras han logrado mover fondos a través de intermediarios. Lo han hecho sin ser detectados por las autoridades.
Los riesgos de la digitalización del crimen
La combinación entre altos índices de pobreza, baja bancarización y la existencia de poderosos mercados ilegales ha dado lugar a la presencia de organizaciones criminales de gran complejidad y alcance. Esto ha convertido a América Latina en un caldo de cultivo para la proliferación de esquemas fraudulentos basados en criptomonedas.
En Brasil, el mayor mercado de cripto de la región, los esquemas piramidales han crecido exponencialmente. Estos prometen rentabilidad rápida, lo que ha resultado en estafas masivas.
La población de América Latina registra un índice de los más bajos del mundo en conocimiento promedio sobre criptoactivos. La escasez de información, sumada a la ausencia de regulaciones claras, ha sido un impulsor del uso de criptomonedas para las actividades ilegales. El incremento exponencial de la ciberdelincuencia produjo pérdidas millonarias en países como Argentina, México y Colombia.
La falta de una supervisión financiera estandarizada permite que los grupos criminales exploten las brechas regulatorias. Así, pueden adaptar sus estrategias en función del país donde operan.
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Entre los factores que agravan el riesgo de la digitalización del crimen se encuentra el mayor acceso a internet en entornos de economías con alta informalidad y bajos índices de bancarización.
En ese sentido, se vuelve imperiosa la necesidad de inversión en infraestructuras digitales. Además, es urgente una mayor precisión en las regulaciones de los activos digitales, dado que la rapidez con la que evoluciona la tecnología blockchain ha superado la capacidad de los marcos legales tradicionales para mantenerse vigentes.
De acuerdo con el informe del GFI, solo 6 países en la región han implementado leyes y normativas específicas para el uso de criptomonedas. Este espectro va desde la prohibición total en Bolivia hasta la frustrada designación del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador.
Frente a este escenario, varios gobiernos han comenzado a implementar medidas para abordar la creciente amenaza del crimen digital.
En Argentina, la creación de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) ha permitido avanzar en investigaciones relacionadas con el blanqueo de activos mediante criptomonedas. Brasil ha visto cómo las autoridades identifican redes criminales que utilizan Bitcoin para financiar el tráfico de drogas. Además, han desarticulado esquemas fraudulentos de inversión en criptoactivos.
La implementación de herramientas tecnológicas por parte de los gobiernos y su alianza con el sector privado es fundamental para desarrollar plataformas que permitan rastrear transacciones en blockchain y detectar flujos financieros ilícitos.
Las dificultades de regular la velocidad de las criptomonedas
En este marco, las agencias de seguridad buscan desarrollar métodos más efectivos para la investigación y persecución de los delitos que involucran el uso de criptoactivos. Lo hacen mediante el empleo de tecnología y la actualización de estrategias, dado que las actividades ilícitas en el ciberespacio aumentan en frecuencia y sofisticación a medida que cuentan con mayores disponibilidades.
Los delitos digitales transnacionales, muchas veces complementarios de otras actividades delictivas, afectan en todos los niveles a individuos, empresas privadas, organismos estatales e infraestructuras críticas.
Sin embargo, las transacciones en criptomonedas ligadas directamente a actividades ilícitas aún representan un porcentaje ínfimo. Predomina el dinero en efectivo, que posteriormente se intenta blanquear a través de los activos digitales.
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Es por eso que muchos Bancos Centrales evalúan este último factor para desarrollar sus propias monedas digitales y avanzar en la despapelización del dinero. La inclusión financiera también presenta retos para la seguridad. Los emprendimientos criminales crecieron a la par de la emergencia de una nueva generación de inversores digitales.
El desarrollo de marcos regulatorios sólidos, así como la implementación de sistemas Conoce a tu cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT) más estrictos en las plataformas de criptomonedas, son los pasos fundamentales para prevenir sus usos ilícitos.
La rapidez con la que evoluciona la tecnología ha superado la capacidad de las leyes para mantenerse vigente y deja expuestos a los ciudadanos y a las economías de la región. Y las regulaciones se enfrentan a la dificultad de coordinar las necesidades de seguridad con la promoción de la innovación financiera.
La naturaleza transnacional del crimen digital exige la colaboración entre organismos de seguridad, agencias financieras y el sector privado. La cooperación será clave para diseñar medidas efectivas para el combate del crimen organizado sin generar distorsiones y externalidades negativas en el proceso de digitalización.
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