En 2022 vimos una oleada de expulsiones de diplomáticos rusos de países europeos acusados de espionaje en el contexto de la guerra en Ucrania. Sin embargo, el uso de supuestos diplomáticos con fines relacionados con el espionaje no es algo nuevo y en este artículo te explicamos cómo se regulan los espías a nivel internacional.
Polonia fue el primer país en anunciar la expulsión de 45 diplomáticos rusos el pasado 23 de marzo de 2022. A Varsovia se sumaron Bulgaria, Estonia y Letonia, añadiendo a la lista 43 expulsiones más. Una semana más tarde, el 29 de marzo, Bélgica, República Checa, Irlanda y Países Bajos también se unían a la "purga" de diplomáticos rusos y, desde el lunes 4 de abril, Alemania, Francia e Italia han tomado decisiones similares.
Por poner un ejemplo de las motivaciones de estas expulsiones, desde Polonia han asegurado que las personas expulsadas eran espías bajo el servicio del Kremlin que se hacían pasar por diplomáticos y han asegurado que responderán con "total coherencia y determinación" a este tipo de acciones. Desde los otros países se han realizado declaraciones similares también relacionadas con una respuesta a la invasión de Ucrania.
Desde Bruselas la decisión de expulsión de 17 trabajadores de la embajada rusa en La Haya, y 21 por parte del gobierno belga se tomó en un comité ministerial en consulta con Holanda. Estas personas expulsadas bajo cobertura diplomática han sido consideradas una "amenaza para la seguridad nacional", causa por la que la decisión fue tomada en concordancia con "otros países de ideas afines", según explicó el Ministro de Exteriores neerlandés. Esta información fue sacada a la luz por el Servicio General de Inteligencia y Seguridad (AIVD) y el Servicio de Seguridad e Inteligencia Militar (MVID) de los Países Bajos.
El 4 de abril de 2022 Alemania declaró como persona "non grata" a 40 miembros de la diplomacia rusa. Estas personas son consideradas como una amenaza, por lo que han decidido expulsarlas en tan solo 5 días. A este acto se sumó Francia, que expulsó a "numerosos" diplomáticos por realizar "actividades contrarias a los intereses de seguridad nacional" destacando que la decisión "forma parte de un proceso europeo".
Al día siguiente, España expulsó a 25 diplomáticos rusos sin acusaciones de espionaje, pero sí asegurando que "representan una amenaza para los intereses de seguridad" del país. El ministro de Exteriores, Jose Manuel Albares, mantuvo que el motivo de la expulsión "en unos días" eran los crímenes de guerra cometidos en Bucha. Sin embargo, sí que mantiene al embajador ruso en España, Yuri Korchagin, por el interés en darle una "oportunidad al diálogo". Fuentes del Gobierno esperan que Rusia responda del mismo modo porque ha sido su reacción habitual tras este tipo de acciones.
Bulgaria, Estonia, Lituania y Letonia también decidieron reducir la representación rusa de su territorio asegurando que algunos actuaban como oficiales de inteligencia y, también, en forma de condena a los crímenes cometidos en Ucrania. Desde la República Checa también se propuso que la representación rusa en la Unión Europea y la OTAN fuera limitada y dio un plazo de 72 horas a un diplomático de la Federación Rusa de su territorio.
El gobierno irlandés se ha manifestado en este sentido despidiendo a cuatro "altos funcionarios" de la embajada de Dublín por realizar "actividades de espionaje" desde su capital y bajo la sospecha de pertenecer a una agencia militar rusa que se dedica a recopilar inteligencia. Estos trabajadores han sido acusados de reunirse con grupos paramilitares irlandeses con el objetivo de avivar el "malestar político" entre Gran Bretaña e Irlanda. Tras haber expulsado a 3 miembros del cuerpo diplomático a principios de marzo con motivo de espionaje, Eslovaquia ha expulsado a 35 personas más pertenecientes a la embajada rusa en Bratislava.
Italia ha sido el último país europeo en sumarse a la expulsión de diplomáticos rusos bajo el argumento de "motivos de seguridad". Roma ha declarado como "persona non grata" a 30 miembros del cuerpo diplomático, apoyándose en que la medida ha sido adoptada en concordancia con sus socios europeos y de la OTAN. En sus declaraciones, el ministro de exteriores Luigi Di Magio, mostró la voluntad italiana en frenar las agresiones y llegar a un alto el fuego que ayude a zanjar un acuerdo.
Como era de esperar, Rusia ha tomado cartas en el asunto expulsando a 10 diplomáticos de las repúblicas bálticas al considerar estas decisiones como una "provocación injustificada". El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso y expresidente del país, Dimitri Medvedev, ha amenazado con una respuesta "simétrica" que será "destructiva" para las relaciones bilaterales.
Sin embargo, estas expulsiones no supone algo nuevo: ocho personas rusas que trabajaban bajo el estatus de diplomático en la sede de la OTAN en Bruselas ya fueron cesadas de sus cargos debido a que eran "oficiales de inteligencia no declarados". El secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, anunció las expulsiones en octubre de 2022 debido a que realizaban actividades que "no estaban en línea con su acreditación".
Desde la OTAN no se hicieron públicos los nombres de estas personas, pudiendo ser reenviados a otras oficinas bajo cobertura diplomática; sin embargo, Rusia cerró su embajada en la Organización del Atlántico Norte. Esto sucedió en plena escalada del conflicto en el Donbás, aún cuando se preparaban para mantener conversaciones sobre la amenaza que suponía Rusia para Ucrania.
Cómo se regula el espionaje internacional
La inmunidad diplomática está regulada por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Las personas que gozan de este estatus obtiene una serie de privilegios y beneficios como la exención de ser juzgada u obligada a testificar en el extranjero, involucrando también a los familiares que acompañan en la misión.
Este "cargo" protege al que lo ostenta bajo la ley de su país y no del receptor, por lo que si el estado acreditante se rehúsa a colaborar en un proceso judicial en el estado de acogida de la misión, y ante la actividad ilegal del enviado, solo mediante la denominación de dicho miembro diplomático como "persona non grata" se puede proceder a la expulsión del representante en el territorio.
El espionaje a nivel internacional consiste en el intento de obtener información confidencial o estratégica de un estado en cualquier ámbito estratégico, como el militar o económico. No está regulada por un tratado como tal, aunque sí se menciona su estatus en caso de captura por parte del enemigo en contexto bélico: no tienen derecho a ser tratados como prisioneros de guerra.
Debido a la falta de regulación de esta actividad, hay muchas opiniones diferentes ante la legitimidad de esta práctica que trata de recabar información de un estado para ser utilizada en beneficio de otro. Este "vacío legal" es lo que permite que se reafirme el principio que indica que los estados pueden realizar toda actividad que no esté expresamente prohibida en el Derecho Internacional, por ello, podría entenderse que un estado puede realizar labores de espionaje de manera legal.
Por otro lado, también puede ser considerado como un acto ilícito que viola la norma principal de no injerencia en asuntos internos de otros estados, establecido en la Carta de las Naciones Unidas. Desde este punto también se ve que infringe el principio de soberanía de los países así como Derechos Humanos, la vigilancia ilegítima e irrespetuosa restringe la libertad de la sociedad. La práctica del espionaje también afecta al derecho a la privacidad y a la privacidad de la información, derecho que tenemos todos, también el Jefe de Estado de un país.
Con el avance en las nuevas tecnologías, la presencialidad para la labor del "espía" no es algo fundamental como lo era antes, ahora también se recolecta información confidencial a través de internet y las redes, llegando al terreno considerado el "más difícil de controlar": el espionaje en el ciberespacio. Un caso muy escuchado por todos es el escándalo Snowden, en el que el exagente de la CIA llevó a cabo una de las mayores filtraciones de secretos de estado de la historia, caso que reabrió el debate de la legitimidad del espionaje, aunque no se ha llegado a establecer una regulación.
Desde las Naciones Unidas se han hecho propuestas como la resolución 68/167 del "Derecho a la privacidad en la era digital", que intenta limitar la intercepción de comunicaciones y vigilancia de datos personales de los ciudadanos, siendo estos actos considerados una violación de los derechos a la privacidad y libertad de expresión, reafirmando los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y aclarando que estos derechos deben ser respetados de la misma manera en el ciberespacio.
En resumen, el espionaje pone en riesgo los principios éticos en los que se debe fundar la sociedad, causando un impacto en el Sistema Internacional. A pesar de que es una práctica que ha sido realizada sistemáticamente a lo largo de la historia, es muy difícil de regular. Sin embargo, esto podría cambiar debido a los escándalos que están sucediendo en las embajadas europeas y que comience a limitarse en papel para así evitar futuras crisis diplomáticas que rompan la confianza y la paz entre los estados, como ya estamos viendo que amenaza Medvedev tras las expulsiones de sus nacionales.
