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Se avecina la desdolarización del sistema financiero mundial

Al igual que la pandemia de covid-19 aceleró la adopción digital provocando profundos cambios que aún se continúan manifestando a día de hoy, la hipótesis de Diego Torres, presentador del podcast «Bitcoin para todos» y profesor del Curso de introducción al Bitcoin de LISA Institute, es que el conflicto en Ucrania acelerará el procesos de desdolarización y la adopción de sistemas financieros globales alternativos.

Este artículo es la versión en texto del episodio «Se avecina la desdolarización del sistema financiero mundial» del podcast «Bitcoin para todos» presentado por Diego Torres, experto en criptomonedas y Profesor del Curso de Introducción al Bitcoin de LISA Institute.

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Hoy hablaremos del conflicto en Ucrania, un tema que está consternando al mundo y que también preocupa al ecosistema «cripto». Hay muchas inquietudes sobre el impacto que puede provocar el conflicto bélico en el comportamiento de los activos «cripto» y, en particular, en la industria «cripto».

Sin elucubrar demasiado sobre los posibles acontecimientos provocados por el actual conflicto, lo que sí podemos visualizar es que el conflicto en Ucrania es un catalizador similar a lo que fue la pandemia. La pandemia aceleró la adopción digital provocando cambios profundos que aún se están manifestando.

Mi hipótesis personal es que el conflicto en Ucrania va a acelerar el proceso de desdolarización y la adopción de sistemas financieros alternativos. Antes de hablar de esos sistemas financieros alternativos, indagaremos un poco en la problemática geopolítica y estratégica que este conflicto implica.

El famoso militar y filósofo prusiano, Carl von Clausewitz, afirmaba en su libro «De la guerra» que «la guerra es la política por otros medios». Lamentablemente, o mejor dicho, las lamentables acciones que se están llevando a cabo en el teatro ucraniano no son más que la maniobra de escalada de una política que divide al mundo en dos.

Es sabido por todos los expertos en el ámbito militar y estratégico que tales acciones militares sólo son exitosas si logran sus objetivos estratégicos en períodos muy breves, minimizando pérdidas humanas y materiales. Todo conflicto bélico que no se resuelva rápidamente, hablando de su nivel de máxima escalada, termina generando un escenario de «perder-perder»; al menos en términos humanitarios, materiales y, posiblemente, estratégicos para quien inicia la acción.

Otro General, en este caso un estratega francés llamado André Beaufre, desarrolló el concepto de inestabilidad intrínseca de la acción que es justamente la capacidad de determinados medios militares de alcanzar un objetivo de forma exitosa en un periodo reducido de tiempo.

Cuando hay inestabilidad intrínseca de la acción, las «empresas» militares son rentables y, cuando digo «empresas» me refiero a los proyectos militares, a las acciones militares que, además, también son tentadoras para los líderes nacionalistas y expansionistas. Sin embargo, cuando no hay una inestabilidad intrínseca de la acción, la empresa militar es evitada por su falta de eficacia y sólo son utilizadas en todo caso, como medio de disuasión, persuasión o coacción.

Por lo tanto, cuando un Gobierno se embarca en un conflicto armado que no se resuelve en un período muy breve, o bien cometió un error de cálculo (hay muchos ejemplos, muchos estadounidenses) o bien, en virtud de los intereses en juego, ha utilizado los medios militares buscando una ventaja en la negociación política tras las bambalinas.

Kiev, el muro de Berlín del siglo XXI

Es difícil saber lo que está pasando en Rusia con este ataque claramente. Ahora bien, los conflictos se manifiestan en múltiples capas y, en este caso, la acción militar rusa disparó una tremenda escalada estadounidense en la capa económica y financiera. Una respuesta ante la invasión rusa de sanciones económicas y financieras muy fuertes que condicionan y debilitan fuertemente a Rusia y lo empujan hacia China, su única salida.

Es de larga data el uso de medios financieros para lograr objetivos estratégicos por parte de los Estados Unidos y, si bien suelen tener eficacia en el corto plazo porque genera un daño y un condicionamiento muy concreto, su uso extensivo los desgasta y motiva acciones en sus víctimas que, a largo plazo, buscan alternativas debilitando este sistema y acotando su alcance. Me refiero a las sanciones impuestas a través del sistema financiero global, actualmente gobernado casi de manera unilateral por los Estados Unidos. Para algunos pensadores, las acciones estadounidenses constituyen la agonía de un sistema económico mundial imperial caduco, basado en el uso de la fuerza.

Otra pregunta, a nivel estratégico, es cuál es la posición o el rol de China en todo esto. Lo más probable es que China acompañe y de forma más o menos sutil a su vecino ruso, al menos en los ámbitos no militares, como, por ejemplo, facilitándoles su sistema de pagos internacional llamado Cips para atenuar el impacto de las sanciones de Estados Unidos. De hecho, ha habido comunicaciones oficiales donde China indica que Rusia sigue siendo su socio estratégico más allá o pese a la guerra.

Por otro lado, estas acciones económicas y financieras son obviamente conocidas por todos y, tanto los rusos como los chinos, han venido trabajando hace más de una década en intentar reducir su dependencia del sistema financiero global. Antes de escalar el conflicto, Rusia contaba con unas 630.000 millones de dólares de reservas en el país, el cuarto país en reservas del mundo (detrás de China, Japón y Suiza). Ahora lo que es realmente interesante es que Rusia viene desdolarizando sus reservas desde hace más de una década: sólo un 16% de las mismas son dólares, hay un 20% de oro, 30% de yuanes y un 32% de euros, entre otros activos.

Por otro lado, Rusia es un país con muy poca deuda, tiene una deuda de un 20% del PIB; es decir, claramente Rusia viene haciendo los deberes hace varios años. En relación a los embargos, cabe destacar que aún Rusia no ha tomado represalias. Tengamos en cuenta que en Rusia hay miles de millones de dólares en activos financieros que Rusia podría embargar y son, básicamente, un monto equivalente a los de los embargos que han sufrido.

Para ir cerrando el cuadro estratégico, cabe decir que Rusia es apoyada por China, por India y por algunos países árabes o africanos. Si sumamos estas voluntades, estamos hablando de que hay millones de personas que podrían tener una visión del conflicto bastante diferente de la que tenemos en Occidente.

Esto nos permite entender que hay diferentes miradas, pero lo que hay que comprender es que el alcance del conflicto es global y de lo que se trata es de un nuevo orden mundial. Lo que fue ayer no será mañana y, sólo a modo de ejemplo, veamos el insólito cambio en la política norteamericana respecto de las importaciones de petróleo desde Venezuela.

Resulta que ahora Venezuela se vuelve una alternativa muy viable para los Estados Unidos con el precio del gas y del petróleo por las nubes, pudiendo este último alcanzar los 200 e incluso 300 dólares por barril, de acuerdo a los especialistas en la cuestión llevando a pensar que cualquier acción que garantice el suministro es razonable. Para cerrar este cuadro de grieta global, podemos afirmar que Kiev puede llegar a ser el nuevo muro de Berlín del siglo XXI.

¿Son las plataformas digitales descentralizadas una solución viable?

Volviendo a lo que nos interesa. La utilización de medios financieros como mecanismos de guerra financiera, al contrario de lo pensado a simple vista, terminan debilitando el sistema financiero. Aquí es donde la pregunta a formular es si las plataformas digitales descentralizadas están en condiciones de convertirse en la infraestructura de un nuevo sistema financiero global. La respuesta rápida es no porque aún no están dadas las condiciones para que eso suceda.

Si bien ha crecido enormemente la infraestructura descentralizada durante los últimos años, la verdad es que aún falta mucho; al menos para abordar un desafío de las proporciones que estamos hablando. Una cosa es crear comunidades alrededor de colecciones de NFT o incluso crear protocolos financieros que sólo serán utilizados por el «early adopters» y otra muy distinta es crear una infraestructura descentralizada que soporte el intercambio de valor de las naciones y soporte el comercio internacional.

Así como Bitcoin no estaba preparado para ayudar a Assange y Wikileaks en el 2011, hoy no estamos en condiciones de hacernos cargo de semejante sistema. Con esto no quiero desalentar a nadie, simplemente quiero ser realista: menos del 5% de la población mundial ha tenido contacto con Bitcoin y ni hablar con el resto del ecosistema.

Lo que sí es real es que la adopción «cripto» y el entendimiento de su propuesta de valor se verán tremendamente aceleradas por este conflicto. En situaciones como las que estamos viviendo en los gobiernos tienden a volverse más autoritarios y a tomar medidas cada vez más arbitrarias, poniendo en evidencia los problemas del «status quo».

El acceso a servicios financieros es un ejemplo muy obvio. Millones de personas de las zonas afectadas por la guerra perdieron acceso a sus bienes en el momento en el que más necesitaban esos recursos financieros. Sin embargo, aquellos que tenían acceso a servicios «cripto» pudieron operar sin problemas y aliviar la complicación logística que implicaba salir de Ucrania, por ejemplo.

Por otro lado, los rusos también vieron afectados sus activos: cayó el rublo, la bolsa, perdieron la posibilidad de acceder a pagos internacionales e, incluso, tienen restricciones de acceso a sus activos en bancos. La respuesta natural ante este escenario es la búsqueda de alternativas. La necesidad tiene cara de hereje y esa búsqueda de alternativas no es sólo a nivel individual, sino también a nivel de organizaciones e incluso a nivel estatal.

¿Y las monedas digitales emitidas por bancos centrales?

Llegados a este punto la pregunta sería cuáles son las alternativas al sistema actual y desde mi punto de vista, existen dos grandes alternativas en el horizonte. La primera es, obviamente, los protocolos descentralizados globales como Bitcoin, Ethereum y el resto del ecosistema; la segunda son los sistemas financieros basados en monedas digitales emitidas por bancos centrales (las famosas Central Bank Digital Currency o CBDC, según sus siglas en inglés). Si bien es cierto que no hemos hablado demasiado de ellas son una cuestión relevante para el ecosistema «cripto».

Lo primero que hay que comprender es que éstas se inspirando en aquellas: sin las cripto, hoy no estaríamos hablando de monedas digitales emitidas por bancos centrales. ¿Esto significa que son parecidas o que buscan los mismos objetivos? Obviamente no y, de hecho, son la antítesis. Podemos pensarlas como un último eslabón en la evolución del sistema financiero centralizado.

Desde el punto de vista de su definición, no hay tal cosa. En realidad no hay una definición clara de qué son las monedas emitidas por bancos centrales. Hay algún concepto vago de moneda digital o «token» emitidos por un Banco Central a través de una plataforma digital centralizada utilizada para la distribución entre la población y para prestar servicios financieros.

La forma más simple de pensarlas es como un mercado pago o un paypal, pero estatal. Para comprender mejor su alcance y hacer un «doble clic», podemos tomar el caso más avanzado de monedas digitales emitidas por bancos centrales que hoy existe, que es el caso de China como no podía ser de otra manera.

China, para tener un poco de contexto, es actualmente un gran usuario de monedas digitales a través de sus plataformas privadas como Alipay y WeChat, que son básicamente sistemas «Fiat» digitalizados similares a un mercado pago. Se encuentran online desde el 2014 y, en el 2020, el volumen transaccional de estas dos plataformas superó tres veces al PBI de China de ese año (unos 52 trillones de dólares), que es básicamente el doble de los movimientos en tarjetas de crédito globales de ese mismo año.

China es por lejos el país más digitalizado en este sentido y, para hacerse una idea, solo falta decir que el 37% del PBI chino está digitalizado, contra un 9% en los Estados Unidos. Es sabido que China toma decisiones con un horizonte temporal de largo plazo y no da puntada sin hilo. En el año 2014, China estableció la estrategia de desarrollar una alternativa al sistema financiero creado por los Estados Unidos durante el final de la Segunda Guerra mundial. Ese mismo año otorgó licencias de Banco a las mayores plataformas de redes sociales como Alibaba y WeChat, y delegó en ellos la posibilidad de desarrollar toda una red de pagos.

En Occidente, para que tengamos una idea, no entregaban licencias bancarias a fintechs (se ha comenzado a hacer recientemente) y el panorama era que los bancos estaban por un lado y las «start ups» por otro. China, a diferencia de Occidente, digitalizó su economía alentando la innovación en el sector financiero.

Ahora bien, en ese mismo año 2014, el Banco Central de China lanza un proyecto para crear una moneda digital administrada por un Banco Central (por su Banco Central), con el objetivo de manejar las transacciones digitales de manera centralizada y eliminar el efectivo.

El modelo chino

Después de seis años de trabajo, en septiembre de 2020, el Banco Central comenzó pruebas en Shenzhen, ciudad que une a Hong Kong con la China continental. Esta es una ciudad moderna, ideal para un primer testeo. Desde ese momento hasta hoy ha habido múltiples pruebas y ya están muy cerca de hacer una implementación nacional.

Ahora cualquier podría preguntarse cuál es la diferencia real entre utilizar el dinero en Alipay o utilizar una moneda digital administrada por un Banco Central. Siguiendo el caso de China que es el que conocemos, por lo pronto hay una cuestión tecnológica.

La moneda digital China está inspirada en el modelo de transacciones no gastadas de Bitcoin; es decir, en un modelo de verificación de transacciones a partir de la firma digital. Todo esto es muy Bitcoin y, en este sentido, es una mejora en cuanto al anonimato en algunas transacciones pequeñas que pueden realizarse con la plataforma China, incluso de manera «offline». Es decir, podemos operar de manera «offline» mientras que con Alipay hay que hacerlo obligatoriamente «online».

Al igual que con Bitcoin, los usuarios de la plataforma podrán recibir y enviar transacciones sin censura. Recordemos que uno de los objetivos es reemplazar el dinero papel, por lo tanto, es necesario competir con sus funcionalidades más básicas. Es por eso que el sistema debe proporcionar la posibilidad de hacer pagos en entornos sin señal de celular (en China y en muchas otras partes del mundo son vastos esos entornos). Al mayor anonimato y pago fuera de línea, se le agregan la inclusión financiera y la facilidad de uso, con un celular básico y simplemente leyendo un QR se puede operar. Claramente es un «upgrade» al sistema monetario Fiat.

En el caso de China, si bien la moneda digital será emitida por el Banco Central, la misma será distribuida a la gente a través de la banca comercial, es decir, que no reemplaza a los bancos. No reemplaza los bancos y, en el fondo, es un sistema en dos capas que complementa el sistema tradicional ya instalado. Van a seguir existiendo cuentas bancarias, pero también va a existir una parte que se va «tokenizar», una proporción de todos el dinero va a dar «tokenizado», al igual que el efectivo representa sólo una parte de la población que está en circulación.

Todo esto tiene muchas ventajas en eficiencia y reducción de costos. También tengamos en cuenta que el promedio mundial de que una persona tenga billetes cuesta unos 350 dólares al año. Sí, la emisión de billetes, que podamos tener billetes, tiene este costo altísimo. Además, este sistema también otorga la capacidad de proveer ayuda directa a las personas que lo necesitan en el momento en el que lo necesitan al poder implementarse la emisión de dinero para ayudas específicas ante catástrofes naturales o crisis económicas.

Esto parece una tontería, pero vean el ejemplo de los Estados Unidos donde un 22% de la población, es decir, unos 63 millones de personas no tienen acceso a buenos servicios bancarios. A modo de ejemplo, cuando el Gobierno de los Estados Unidos quiso enviar el famoso cheque de los 1.200 dólares por adulto no solo se produjo una demora espantosa producto de una logística compleja, sino que además los que más necesitaban los 1.200 dólares no tenían acceso a servicios bancarios como para depositar el cheque. Así terminaron en «cuevas» cambiando ese cheque por un efectivo con comisiones usurarias.

Con un sistema de moneda digital al estilo chino, esto se podría evitar y le ayuda a ser inmediata y sin intermediarios, o sea, realmente sería una solución muy buena. hay evidencia de esto, no es solamente una cuestión conceptual. En China se ha aprobado el sistema en pequeñas villas que eran muy pobres y vieron cómo el nivel de vida se ha podido incrementar, dado que al digitalizar la forma de comercializar los productos, estas villas podían ofrecer sus artesanías por medios digitales y de esa manera mejorar su situación económica.

Ahora bien, la principal desventaja de este sistema es que incrementa la capacidad de control del Gobierno, esto es obvio, y reduce la privacidad e incrementa la fragilidad ante ciberataques. Para atenuar este problema, el Gobierno chino ideó un sistema de varios centros de información independientes para dar mayor privacidad.

¿Cómo funciona el tema? Por lo pronto, China creó como una especie de «blockchain» (no es «blockchain» pero es parecido) que se dedica a verificar las transacciones p2p y esa verificación se realiza con hashes y no con números de cuenta. Esto quiere decir que solo se verifica la validez de la transacción y no se sabe quién está detrás de la misma lo que ofrece bastante privacidad.

Ahora bien, hay otro nodo grande que se llama «Big Data» en el que se analizan las transacciones de manera agregada y, en caso de detectar un comportamiento sospechoso es posible presentar un caso. En este momento sí se puede llegar a solicitar la información para ver qué persona o qué celular estuvo detrás de cada transacción que haya participado en este escenario dudoso.

Con esto quiero decir que la información del usuario y las transacciones está segregada en el sistema chino, esto es como para garantizar una mínima privacidad. Es igual en el caso de China, en el que la privacidad sería mayor que la que tienen los usuarios que usan We Chat o Alipay, que están totalmente expuestos.

Finalmente hay que destacar que las monedas digitales de bancos centrales serán utilizadas eventualmente para el comercio internacional. Y aquí está la principal cuestión: ¿cuál sería la respuesta del sistema financiero internacional?

Seguramente China, una vez implementado el sistema internamente, incorporará a sus socios comerciales en países en vías en desarrollo para que puedan encontrar beneficios tercerizar en China la utilización de servicios monetarios basados en dichas monedas digitales. Claramente será una herramienta eficaz para lograr influencia internacional.

La realidad es que China le saca varios cuerpos de ventaja al resto del planeta en este aspecto y, si su implementación tiene éxito, su sistema será observado como una alternativa al anticuado y obsoleto sistema Swift. La moneda china no sería así solo una respuesta a la amenaza «cripto» como se creía, sino también una respuesta estratégica y geopolítica a la hegemonía estadounidense.

Y cierro con esta idea: los acontecimientos que estamos viviendo, en mi opinión, van a beneficiar la adopción «cripto» pero también el desarrollo de estas nuevas herramientas centralizadas.

Este artículo es la versión en texto del episodio «Se avecina la desdolarización del sistema financiero mundial» del podcast «Bitcoin para todos» presentado por Diego Torres, experto en criptomonedas y Profesor del Curso de Introducción al Bitcoin de LISA Institute. ¡Síguele en Spotify!

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Comprender la amenaza terrorista en África para mitigarla

Según UNOCT recientemente ha sido aún más "evidente" la amenaza del ISIS, Al Qaeda y sus filiales en África y cómo sus acciones tendrán "repercusiones graves y duraderas mucho más allá del continente". Por ello, esta semana se celebra una Conferencia parlamentaria de alto nivel para tratar las amenazas terroristas existentes y analizar las emergentes en el continente africano.

Del 30 al 31 de marzo de 2022 se celebra una Conferencia parlamentaria de alto nivel titulada "Comprender la amenaza terrorista en África: nuevos retos y medidas necesarias" en Doha (Qatar) organizada por la Oficina del Programa de la UNOCT sobre la Participación Parlamentaria en la Prevención y Lucha contra el Terrorismo, con la colaboración de la Unión Parlamentaria Africana (APU) y el Consejo Shura del Estado de Qatar.

Durante la Conferencia los representantes de parlamentos nacionales africanos y de las asambleas parlamentarias debatieron sobre las amenazas terroristas existentes y emergentes en el continente africano. También trabajaron para identificar las medidas necesarias para apoyar a los países africanos en la mitigación y tratamiento de estas amenazas a través de la asistencia técnica, creación de capacidades (incluyendo el desarrollo o la revisión de estrategias nacionales) y planes de acción para combatir el terrorismo y prevenir el extremismo violento.

Los debates se articularon en torno a cuatro sesiones: principales amenazas terroristas actuales y emergentes en el continente africano; medidas necesarias para mitigar, prevenir y abordar las amenazas actuales y emergentes; proyectos y programas internacionales de asistencia técnica en materia de lucha contra el terrorismo y prevención del extremismo violento; y necesidades de los parlamentos africanos en materia de asistencia técnica y creación de capacidades.

En la sesión de apertura de la Conferencia, el Secretario General Adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNOCT, según sus siglas en inglés), Vladimir Voronkov, destacó que el apoyo a los Estados africanos en sus esfuerzos contra el terrorismo, respondiendo a sus necesidades, está entre las "máximas prioridades" de UNOCT.

"La amenaza que plantea el rápido aumento de la presencia y la actividad de las organizaciones terroristas en partes de África en los últimos años se ha convertido en una de las preocupaciones internacionales más apremiantes", advirtió Voronkov para destacar que la expansión del ISIS, Al Qaeda y sus filiales en el centro, oeste y este de África tendrá "repercusiones graves y duraderas mucho más allá del continente".

El Secretario General Adjunto de UNOCT recordó cómo en 2017 el ISIS fue "derrotado" en Siria e Iraq y cómo la comunidad internacional se mantuvo "cautelosamente optimista". Y con razón: tras la derrota territorial del grupo, el ISIS ha conseguido extender su influencia en varios Estados africanos donde los grupos terroristas locales les "han jurado lealtad".

Según Voronkov, recientemente ha sido aún más "evidente" la amenaza del ISIS, Al Qaeda y sus filiales al haber "aumentado" en" frecuencia y letalidad" sus ataques realizados especialmente en el Sahel, la cuenca del lago Chad, Mozambique, Somalia y otras partes de África. En este sentido resaltó que "se necesita hacer más para abordar las amenazas que asolan la región, especialmente con respecto a mejorar la cooperación regional y el intercambio de información, experiencia y mejores prácticas para prevenir y combatir el terrorismo".

Así, aseguró que esta conferencia parlamentaria de alto nivel es una "parte clave de una iniciativa más amplia" para dar un nuevo impulso a la cooperación interparlamentaria entre los parlamentos nacionales de África y las asambleas parlamentarias pertinentes para abordar colectivamente la amenaza en evolución del terrorismo y el extremismo violento. 

"La conferencia de hoy demuestra la importancia de los esfuerzos antiterroristas dirigidos por africanos y de propiedad africana que se ven fortalecidos por la solidaridad entre los parlamentos africanos y la responsabilidad colectiva que tienen hacia sus respectivos pueblos. A pesar de las dificultades provocadas por la pandemia, la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo ha intensificado su apoyo a todos los Estados Miembros y ha desarrollado una estrategia de presencia creciente sobre el terreno", dijo Voronkov.

Esto incluye al personal ubicado en Burkina Faso, Irak, Sudán, Asia Central y la nueva Oficina del Programa en Nairobi que UNOCT acaba de inaugurar, así como la Oficina del Programa para la Lucha contra el Terrorismo y Capacitación en Rabat, que funciona como un centro de capacitación para la seguridad , funcionarios judiciales y encargados de hacer cumplir la ley para África. 

"Estamos convencidos de que los parlamentarios desempeñan un papel esencial en el apoyo a los gobiernos para que cumplan con las obligaciones internacionales de lucha contra el terrorismo respetando el estado de derecho y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales mientras luchan contra el terrorismo y previenen el extremismo violento", concluyó.

Claves de la expansión del terrorismo en África

Según UNOCT la amenaza que representa el "rápido crecimiento" de la presencia y actividad de las organizaciones terroristas en el continente africano en los últimos años se ha convertido una de las "preocupaciones internacionales más críticas". Según el Índice Global de Terrorismo, países como Nigeria, Somalia, República Democrática del Congo, Malí, Burkina Faso, Mozambique, Libia y Egipto se encuentran entre los países del mundo más afectados por el terrorismo.

Como se ha mencionado anteriormente, tras la derrota del ISIS en Siria e Iraq en 2017 la organización terrorista ha conseguido extender su influencia en varios estados africanos, donde los grupos terroristas locales juraron lealtad al ISIS. Este es el caso de grupos locales en Nigeria y el Sahel que luchan bajo la bandera del grupo terrorista yihadista.

En 2019, el ISIS declaró que su "Provincia de África central" incluía partes de Mozambique y la República Democrática del Congo donde, según informaron, desarrollaron alianzas con grupos armados locales.

Hasta la fecha tanto el ISIS como Al Qaeda desarrollan actividades en casi todas las regiones de África a través de numerosas sucursales o afiliados como pueden ser Al-Shabaab, Boko Haram, al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), la Provincia de África Central del Estado Islámico (ISCAP), el Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) y la Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP).

El Equipo de Supervisión de Sanciones y Apoyo Analítico, en su reciente vigésimo noveno informe al Comité del Consejo de Seguridad de conformidad con las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas a ISIS y Al Qaeda, indicó que la mayoría de estos grupos han seguido avanzando en África. En África occidental, y en particular en la región del Sahel, esos grupos han "explotado con éxito las quejas locales y la debilidad de la gobernanza para controlar un número cada vez mayor de seguidores y recursos, a pesar de las divisiones y rivalidades internas". 

Diversos informes también sostienen que el éxito de los afiliados de ISIS y Al Qaeda en África a lo largo de 2021 sigue siendo "muy preocupante" para los Estados miembros a pesar de los "reveses" que han podido sufrir en Mozambique y en el Sahel.

Por ejemplo, la filial del ISIS en la cuenca del lago Chad se ha fortalecido, "lo que confirma su estatus como, numéricamente, la provincia más fuerte del ISIS fuera de la región central y parece preparada para expandir su área de operaciones". Mientras tanto, los principales afiliados de Al Qaeda, tanto en Somalia como en el Sahel, "han seguido creciendo en fuerza y ambición, lo que ha dejado a los Estados Miembros preocupados porque se han inspirado en el ejemplo de los talibanes en el Afganistán".

La cuestión de la creciente amenaza del terrorismo en África se estableció entre las principales prioridades africanas para 2022 en la 35º sesión de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, celebrada el 5 de febrero de 2022 en Addis Abeba (Etiopía).

El Presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, describió el "flagelo" del terrorismo en el continente como "de una escala sin precedentes" y que "junto con el resurgimiento de cambios inconstitucionales de gobierno, exige un nuevo enfoque para abordar la seguridad en el continente", especialmente a la luz de "nuevos factores desestabilizadores" en África que afectarían más allá de las fronteras del continente.

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Quién participa

  • Ángel Gómez de Ágreda (@AngelGdeAgreda). Coronel del Ejército del Aire (España). Diplomado de Estado Mayor y Máster en Terrorismo y Anti-terrorismo (UNIR). Ha sido profesor del Departamento de Estrategia y Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, en el CESEDEN, y jefe de la Sección de Cooperación del Estado Mayor del Mando Conjunto de Ciberdefensa.
  • Daniel Villegas (@DanielVillegas): Director de LISA Institute. Licenciado en Criminología (UIC). Graduado en Prevención y Seguridad Integral y Posgrado Superior en Gestión y Derecho de la Seguridad (EPSI), Máster en Mundo Árabe e Islámico (UB), Máster en Terrorismo (UNIR), Máster en Análisis de Inteligencia (UAB), Máster en Cybersecurity Management (UPC) y CISA (ISACA).

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Qué ha pasado con los Derechos Humanos en 2021

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Esta semana Amnistía Internacional ha publicado su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. En este artículo te desgranamos los principales retrocesos según la organización y las claves de qué ha ocurrido en algunos países como China, Afganistán, Ucrania o Francia.

El informe anual de Amnistía Internacional analiza el impacto de las dinámicas a escala global, regional y nacional en 154 países del globo durante el año anterior. En el informe de este año se destaca cómo en el último año ha aumentado la inestabilidad mundial y cómo el sufrimiento humano se ha visto agravado por la «incapacidad» de los organismos internacionales para abordar las desigualdades.

«El año 2021 debería haber sido un año de cura y recuperación. En cambio, se convirtió en el vivero de una desigualdad más profunda y una mayor inestabilidad, un legado corrosivo para los próximos años», ha declarado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, en una rueda de prensa ofrecida desde Johannesburgo (Sudáfrica). «Los primeros meses de 2022 son el legado directo de lo que se hizo y no se hizo en materia de derechos humanos en 2021. Los resultados de 2021 nos acercaron cada vez más al borde del abismo», ha advertido.

Así, desde AI destacan cómo determinados gobiernos reprimieron durante el año pasado las voces «independientes y críticas» y algunos llegaron a utilizar «la pandemia como pretexto para reducir aún más el espacio de la sociedad civil». También recuerda cómo han surgido nuevos conflictos y se perpetuaron otros no resueltos y denunciaron cómo las personas obligadas a huir de sus países «se vieron sometidas a una cadena de abusos tales como las expulsiones sumarias ejecutadas por los países del norte global».

En relación a las estadísticas globales a raíz del seguimiento realizado por la organización de derechos humanos durante 2021 se desprende que los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica se vieron reprimidos a «niveles alarmantes» en todo el mundo. En este sentido denuncian que:

  • Se registraron denuncias verosímiles de uso excesivo o innecesario de la fuerza por parte de las fuerzas del Estado contra manifestantes o personas que protestaban. Según los datos, en un 55% de los países analizados se hizo un uso excesivo o innecesario de la fuerza contra manifestantes.
  • Se aprobaron nuevas leyes que restringían la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Según los datos, un 43% de los países analizados aprobaron nuevas leyes que restringían a las personas la expresión pacífica de sus derechos.
  • Se practicaron detenciones arbitrarias de defensores y defensoras de los derechos humanos. Según los datos, un 54% de los países analizados detuvo arbitrariamente a quienes defendían los derechos humanos.

En este informe de 2021 se ha centrado principalmente en tres asuntos que aquí desgranamos: la salud y las desigualdades, el espacio de la sociedad civil y las personas refugiadas y migrantes.

La salud y las desigualdades

Según la organización de derechos humanos, las vacunas «hicieron abrigar la esperanza de acabar definitivamente con la pandemia», que al término de 2021 se había cobrado al menos 5,5 millones de vidas, según la OMS, si bien otras estimaciones cifraban un número real de muertes dos o tres veces superior.

Así critican cómo muchos gobiernos se comprometieron a apoyar una cobertura global de vacunación, y tanto el G7 como el G20 formularon compromisos importantes y, sin embargo, y pese a los esfuerzos de algunos gobiernos del Sur global en particular, la cooperación internacional fue en buena parte «un fracaso».

«Los países de ingresos altos acumularon millones de dosis más de las que necesitaban, hasta el punto de que algunos podían vacunar entre tres y cinco veces a toda su población», aseguran en el informe para destacar que a final de año, menos del 8% de la población total africana (1.200 millones de personas), tenía la pauta de vacunación completa. Esto supone, según AI, la tasa más baja de todos los continente y «una diferencia abismal» respecto al objetivo del 40% fijado por la OMS para el fin de 2021.

El espacio de la sociedad civil

Otra de las claves del informe es que, según AI, este 2021 en lugar de proporcionar espacio para la discusión y el debate sobre la mejor forma de afrontar los retos del año, «la tendencia de los gobiernos siguió siendo la de reprimir las voces independientes y críticas». «Durante el año, muchos gobiernos redoblaron sus esfuerzos para imponer medidas represivas a quienes los criticaban, a menudo con el pretexto de contener la difusión de información falsa sobre la COVID-19», denuncian en el informe.

AI pone de ejemplo cómo en China e Irán las autoridades detuvieron y procesaron a personas que habían criticado o cuestionado sus medidas para atajar la enfermedad. En todo el planeta hubo gobiernos que impidieron o disolvieron protestas pacíficas de forma indebida, a veces con la excusa de la aplicación de las normas que evitaban la propagación del virus.

Además, varios gobiernos, principalmente de las regiones de Asia, África, y Oriente Medio y el Norte de África, bloquearon o restringieron drásticamente el acceso a Internet y las redes sociales.

Personas refugiadas y migrantes expulsadas sumariamente en los países del Norte global

En 2021 hubo desplazamientos masivos causados por crisis tanto emergentes como ya arraigadas. La situación de países como Afganistán, Etiopía y Myanmar dio lugar a nuevas olas de desplazamiento.

Miles de personas continuaron abandonando Venezuela, y sólo el conflicto en curso en República Democrática del Congo llevó a 1,5 millones de personas a huir de su hogar en 2021. En todo el mundo, millones de personas tuvieron que dejar sus países debido a violaciones de derechos humanos relacionadas con conflictos y violencia, con desigualdades, y con el cambio climático y la degradación ambiental; entre los grupos más afectados por el desplazamiento se hallaban las minorías étnicas.

Según ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, a mediados de año había 26,6 millones de personas refugiadas y 4,4 millones de solicitantes de asilo en todo el mundo. «La comunidad internacional no proporcionó el apoyo adecuado y, lo que es peor, restringió el acceso a las zonas seguras. Las personas en movimiento se vieron además sometidas a una cadena de abusos, y la comisión sistemática de violaciones generalizadas de derechos humanos, tales como expulsiones sumarias, tortura y violencia sexual no fue castigada», critican.

Qué retrocesos en derechos humanos ha habido en 2021, por países

En este apartado damos las claves de lo que ha ocurrido este 2021 en relación a los derechos humanos en diferentes países que pueden interesar al lect@r tal y como se refleja en el informe de Amnistía Internacional.

Afganistán

Las partes en conflicto en Afganistán continuaron cometiendo con impunidad importantes violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra, y otros graves abusos y violaciones de derechos humanos. Los homicidios, tanto indiscriminados como selectivos, alcanzaron cifras sin precedentes.

Entre los objetivos de los talibanes y de agentes no estatales figuraban defensores y defensoras de los derechos humanos, mujeres activistas, periodistas, personal sanitario y humanitario y minorías religiosas y étnicas. Durante la toma del país por los talibanes se desencadenó una oleada de homicidios de represalia. Miles de personas, en su mayoría hazaras chiíes, fueron desalojadas a la fuerza de sus hogares.

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Ucrania

La impunidad por la tortura seguía siendo endémica. La violencia de género continuó siendo generalizada, aunque una nueva ley eliminó obstáculos jurídicos para el enjuiciamiento de personal militar y policías por violencia de género en el ámbito familiar. Continuaron los ataques homófobos por parte de grupos que defendían la discriminación y la violencia.

La investigación de ataques contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos era lenta y a menudo ineficaz. Un anteproyecto de ley sobre los servicios de seguridad preveía facultades de vigilancia adicionales sin salvaguardias jurídicas. Continuó la represión de la disidencia y de defensores y defensoras de los derechos humanos en la Crimea ocupada. Seguían sin investigarse las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por las dos partes en el conflicto del este de Ucrania.

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China

La situación de los derechos humanos en toda China siguió empeorando. Activistas y abogados y abogadas de derechos humanos denunciaron actos de hostigamiento e intimidación, juicios injustos, detenciones arbitrarias en régimen de incomunicación durante largos periodos, así como tortura y otros malos tratos simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y otros derechos humanos.

El gobierno continuó con su campaña de adoctrinamiento político, detención masiva arbitraria, tortura y asimilación cultural forzada contra la población musulmana residente en Xinjiang. Se separó a miles de niños y niñas uigures de sus progenitores. En Hong Kong, la Ley de Seguridad Nacional permitió que se cometieran violaciones de derechos humanos sin precedentes desde la creación de la Región Administrativa Especial.

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Francia

Las leyes sobre “seguridad global” y “refuerzo de los valores republicanos” suscitaban preocupación en relación con la vigilancia masiva, así como con el derecho a la libertad de expresión y de asociación. Las autoridades continuaron empleando disposiciones penales imprecisas y excesivamente amplias para arrestar y enjuiciar a personas que se manifestaban pacíficamente, y utilizaron armas peligrosas en el mantenimiento del orden en reuniones públicas.

En junio, la policía usó fuerza excesiva para dispersar a cientos de personas que se habían congregado pacíficamente con motivo de un festival de música. En julio, una coalición de organizaciones interpuso una demanda colectiva alegando que el gobierno no había adoptado medidas para impedir el uso de criterios raciales y la discriminación racial sistémica por parte de la policía.

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Perú

Perú registró el mayor número de muertes por COVID-19 por millón de habitantes. Persistía la preocupación por la impunidad en relación con el uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios y funcionarias encargados de hacer cumplir la ley. Se presentaron acusaciones penales formales en causas relativas a actos de esterilización forzada y se reanudaron las actuaciones en otras vinculadas al ejercicio sistemático de violencia sexual. Las autoridades seguían sin abordar adecuadamente la crisis de salud que sufrían los pueblos indígenas a causa de la contaminación medioambiental por sustancias tóxicas. Aumentaron los casos de violencia de género, al igual que el número de mujeres desaparecidas.

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Etiopía

Todas las partes en el conflicto armado cometieron abusos y violaciones graves de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual contra mujeres y niñas, y millones de personas se vieron internamente desplazadas. Se negó la ayuda humanitaria a millones de personas en Tigré. La violencia étnica se cobró al menos 1.500 vidas. La policía llevó a cabo detenciones y reclusiones arbitrarias en el contexto del estado de emergencia.

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Rusia

La pandemia de COVID-19 continuó agravando el ya lamentable estado de los servicios de salud. Se violaron de forma habitual los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Las reuniones públicas organizadas por la oposición política estaban prohibidas casi en su totalidad. Se utilizó ampliamente la legislación sobre “agentes extranjeros” y “organizaciones indeseables”, junto con enjuiciamientos por cargos falsos y otras formas de presión, para reprimir la disidencia.

Se perpetraron con impunidad amenazas y ataques contra periodistas, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Se intensificó la persecución a miembros de Testigos de Jehová. La tortura y otros malos tratos seguían siendo endémicos en los lugares de detención y el enjuiciamiento de sus autores, excepcional. Hubo informes de desapariciones forzadas en Chechenia. 

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Estados Unidos

El gobierno del presidente Biden manifestó su intención de restaurar el historial de Estados Unidos en materia de derechos humanos, pero los resultados obtenidos en las políticas y prácticas fueron desiguales. Las autoridades colaboraron de nuevo con las instituciones internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas y las iniciativas multilaterales para combatir el cambio climático, pero no adoptaron políticas de asilo e inmigración respetuosas con los derechos humanos respecto a la frontera entre Estados Unidos y México ni materializaron su programa de derechos humanos en el ámbito nacional.

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Venezuela

La continuada crisis de derechos humanos se vio agravada por los efectos de la pandemia de COVID-19. Continuó la política de represión aplicada por el gobierno de Nicolás Maduro, y se conocieron nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y tortura y otros malos tratos contra personas a las que se consideraba críticas con el gobierno.

Se sometió a intimidación, hostigamiento, agresiones y detención a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas. Empeoró la emergencia humanitaria y persistían las violaciones de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con un sistema de salud cada vez más debilitado y escasez de agua, combustible, alimentos y electricidad. La impunidad por violaciones de derechos humanos continuó siendo la norma.

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Irán

Miles de personas fueron interrogadas, enjuiciadas injustamente o sometidas a detención arbitraria sólo por ejercer pacíficamente los derechos humanos, y cientos continuaron en prisión injustamente. Las fuerzas de seguridad hicieron uso ilegítimo de medios letales y de perdigones para sofocar protestas. Las mujeres, las personas LGBTI y las minorías étnicas y religiosas sufrían violencia y discriminación arraigada.

Hubo novedades legislativas que menoscabaron aún más los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la libertad de religión o de creencias y el acceso a Internet. Siguieron perpetrándose tortura y otros malos tratos de forma generalizada y sistemática, incluida la negación de atención médica adecuada a personas bajo custodia.

Las autoridades no garantizaron el acceso oportuno y equitativo a la vacuna contra la COVID-19. Se impusieron castigos judiciales como flagelación, amputación y ceguera. La pena de muerte se aplicó ampliamente y se usó como arma de represión.

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Myanmar

La situación de los derechos humanos empeoró radicalmente tras el golpe de Estado de febrero. Las fuerzas de seguridad mataron a más de un millar de personas y detuvieron a muchos miles más que se oponían a la toma del poder por el ejército. Se recibieron informes sobre torturas generalizadas de personas detenidas.

Decenas de miles de personas se vieron forzadas a desplazarse debido al conflicto armado, en el que el ejército llevó a cabo ataques indiscriminados y ataques contra civiles y bienes de carácter civil. El número de personas que continuaban desplazadas a causa de conflictos o de actos de violencia ocurridos en el pasado era igualmente elevado.

La población de las zonas afectadas por el conflicto armado carecía de servicios básicos, y en algunas zonas el ejército impidió el reparto de ayuda humanitaria. El ejército sometió a las mujeres y a las niñas a violencia sexual.

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Colombia

Los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos en el marco del prolongado conflicto armado aumentaron en los departamentos del Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Norte de Santander. Ocho jóvenes perdieron la vida en los ataques que las fuerzas armadas lanzaron contra los grupos armados Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC- EP) y Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los departamentos del Chocó, Guaviare y Caquetá. Aumentaron los asesinatos de excombatientes de las FARC-EP. Al menos 100.000 personas fueron desplazadas o confinadas forzosamente como consecuencia del prolongado conflicto.

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España y Francia apuestan por un «claro liderazgo» en materia de seguridad y defensa

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Las ministras de Defensa de Francia y España, Florence Parly y Margarita Robles, presidieron ayer en Madrid el V Consejo Hispano Francés de Defensa y Seguridad, en un momento particularmente delicado en la situación internacional en el que han asegurado que «el compromiso de España y Francia con Ucrania es total y absoluto».

Tanto Robles como Parly se han referido a la guerra de Ucrania, destacando que la reacción de la UE y de la OTAN es un ejemplo de unidad y de movilización, y ambos países han reiterado que su compromiso con el pueblo ucraniano es firme «tanto desde el punto de vista humanitario como en el envío de material ofensivo».

El Consejo Hispano-Francés de Defensa y Seguridad, que llevaba nueve años sin celebrarse, ha culminado con una declaración conjunta que «pone de manifiesto que España y Francia quieren tener un claro liderazgo en materia de seguridad y defensa, y que apostamos plenamente por la complementariedad de la UE y de la OTAN», ha destacado Robles.

La declaración establece una serie de objetivos muy ambiciosos y una nueva hoja de ruta para la relación bilateral entre ambas naciones que, en palabras de Robles, «atraviesa por uno de sus mejores momentos», mientras que Parly ha constatado «con satisfacción que nuestra cooperación ha progresado muchísimo, tanto en el ámbito operacional como en el ámbito estratégico, y en el establecimiento de capacidades».

«Francia y España comparten las mismas prioridades en materia de defensa. Compartimos el mismo interés por desarrollar nuestras herramientas militares, trabajar en pro de la estabilidad del continente europeo y de su vecindad, aumentar nuestras acciones de apoyo en la lucha contra el terrorismo. Ahora que estamos viviendo un regreso brutal a la guerra en nuestro continente, nuestra unión es nuestra baza. Estamos decididos, juntos fortaleceremos la defensa de nuestros compatriotas», ha señalado Parly.

Ambas ministras se han mostrado firmes en “la importancia de invertir en la industria de Defensa europea”, en unos proyectos comunes como son el nuevo sistema de combate aéreo del futuro (FCAS) el eurodrón, o el programa Tigre. “Son programas que apuestan por la industria europea y también por la creación de puestos de trabajo que tan importantes son en este momento”, ha manifestado Robles.

Por su parte, Parly ha incidido en la necesidad de «gastar más y mejor» porque «lo que tiene que hacer la Europa de la Defensa no es solo invertir sino actuar de manera conjunta como estamos haciendo en el Sahel y en el marco de la OTAN en el flanco Este de Europa».

Sobre el Sahel y Mali

En la cuestión del Sahel, Robles ha señalado que España y Francia coinciden en seguir apoyando la lucha contra el terrorismo, afirmando que «estamos muy implicados y ahí vamos a seguir, abiertamente luchando contra el terrorismo en el Sahel o en cualquier lugar del mundo». «Hemos planteado desplegar nuestros esfuerzos saliendo de Malí para poder desplegarnos mejor en otros lugares», ha señalado Parly sobre la retirada de las tropas francesas del país subsahariano.

La cooperación en el espacio, trabajando en políticas comunes de ciberseguridad y defensa; la importancia de las presencias marítimas coordinadas (en el océano Índico, el mar Mediterráneo o el golfo de Guinea), así como el apoyo a la ‘Operación Atalanta’ contra la piratería han sido tratados como asuntos esenciales durante el consejo.

Robles también ha señalado la importancia del nuevo acuerdo para contribuir a la colaboración internacional en los ámbitos de la Alianza Atlántica y, especialmente, de la Unión Europea, tras el hito que ha supuesto la reciente aprobación de la «Brújula Estratégica».

Colaboración

La amistad y la excelente colaboración hispano francesa han quedado así subrayadas y reforzadas mediante la firma de una Declaración Conjunta en la que se han fijado los ejes de cooperación entre ambos ministerios, que se plasmarán en la actualización del Acuerdo de Cooperación en el ámbito de la Defensa entre los Gobiernos de ambos países, que sustituirá al que está actualmente vigente y que data de octubre de 1983.

La creación del Consejo Hispano-Francés de Defensa y Seguridad se decidió en la Cumbre Franco-Española de noviembre de 2005, con el fin de contribuir a un mejor desarrollo de la colaboración bilateral a través de proyectos comunes y a una cooperación más estrecha en beneficio de la Defensa europea.

Hasta la fecha, el Consejo se ha reunido en cuatro ocasiones, la última de ellas en 2013. En la declaración final de la XXVI Cumbre Hispano-Francesa, celebrada en Montauban el 15 de marzo de 2021, ambos países convinieron en organizar una nueva edición del Consejo, específicamente para materia de Defensa.

¿Qué se sabe sobre las bajas militares de soldados rusos en Ucrania?

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La periodista de la BBC, Olga Ivshina, destaca las tendencias clave de una investigación en profundidad de la BBC sobre bajas militares rusas en Ucrania en un hilo de Twitter.

Según la periodista asegura en un hilo de su perfil de Twitter, aproximadamente el 20% de todas las pérdidas verificadas en la investigación de la BBC son oficiales y se basan en el análisis de declaraciones oficiales, de gobernadores rusos, informes de medios locales, publicaciones de cuentas oficiales de universidades, escuelas, etc.

Para Ivshina, un 20% es un número "enorme", pero esto no significa necesariamente que uno de cada cinco militares rusos asesinados en el campo de batalla sean oficiales. "Es posible que los oficiales sean retirados del campo de batalla más rápidamente o que se les de un lugar más destacado en los anuncios de noticias locales", asegura la periodista.

Según explica, la mayoría de las bajas confirmadas son paracaidistas de diferentes rangos (desde soldado raso hasta coronel). Para ella, esto puede explicarse por el hecho de que Rusia utiliza a menudo a los paracaidistas como una "fuerza de asalto principal". "Están mejor entrenados y equipados en comparación con la mayoría de las otras unidades", asegura.

En el hilo de Twitter también destaca que la lista de pérdidas confirmadas también incluye más de 10 combatientes GRU spetsnaz (es decir, muy probablemente operadores especiales en lugar de oficiales de Inteligencia). Además de algunas bajas de las unidades de élite de las fuerzas especiales de Rosgvardia, incluida al menos 1 muerte confirmada del grupo de nivel superior "Vityaz" (Витязь).

Ivshina explica que "Vityaz" es considerada una de las unidades especiales más fuertes de Rusia: pasan por un arduo entrenamiento constante, los mejores militares pasan una de las pruebas más difíciles del mundo para ganar el derecho a usar "boina carmesí" (краповый берет), símbolo de su habilidades y espíritu excepcionales.

Además, según cuenta, los rusos también han confirmado la muerte de más de 10 pilotos militares, navegantes y mecánicos de vuelo. "Estos son especialistas únicos. El entrenamiento de 1 piloto de combate toma de 7 a 8 años y cuesta más de 3 millones de dólares. Los llamados pilotos de francotiradores necesitan entre 10 y 12 años para entrenar y cuestan más de 7 millones de dólares", afirma.

Sobre la distribución geográfica de las pérdidas en Rusia, expone los datos según un mapa publicado por la BBC hace una semana. En él se muestra cuántas pérdidas se informaron en cada región (cuanto más oscuro es el color, más pérdidas se han informado). En él se puede ver cómo las cifras han cambiado desde entonces, pero la tendencia parece seguir siendo la misma.

Fuente: BBC.

Según el mapa, la mayoría de las pérdidas corresponden a las regiones de Daguestán y Osetia del Sur. Muchos informes provienen de Buriatia (región de Siberia), pero eso no significa que, en realidad, la mayoría de los militares asesinados sean de etnia no rusa o musulmanes. La periodista destaca cómo se ha especulado mucho al respecto.

"Necesitamos recordar que la actitud hacia las bajas militares es muy diferente en diferentes culturas y regiones. Recibimos informes de que los funcionarios en Daguestán hicieron un gran esfuerzo para recuperar los cuerpos de los militares locales. También parecen informar oficialmente cada muerte y visitar los funerales", asegura en el hilo de Twitter.

Así explica que no ocurre lo mismo en otras regiones de Rusia. Por ejemplo, la semana pasada, 15 de las 85 regiones de Rusia no habían publicado ninguna información sobre la muerte de sus militares locales en Ucrania. Y en 1 de estas regiones, Kemerovo, la BBC logró establecer identidades y lugares de entierro de 7 soldados.

Pocas horas después de que se publicara la investigación de la BBC, las autoridades de Kemerovo anunciaron que 13 militares fueron enterrados en la región de Kemerovo desde el comienzo de la guerra: 11 de ellos nacieron en la región y 2 estaban sirviendo y viviendo allí. Según la periodista hay evidencias de una creciente presión sobre los periodistas locales en Rusia que informan sobre las pérdidas militares: "se eliminaron algunas de las publicaciones anteriores sobre soldados muertos en acción. A veces sucede en uno o dos días, a veces en una hora", denuncia.

Un periodista siberiano le dijo a la BBC según el informe que todos los medios de comunicación locales recibieron instrucciones del gobierno regional de no publicar ningún dato sobre las pérdidas en Ucrania. Según cuenta el periodista hay casos en los que los funcionarios locales presionan a los familiares de las víctimas y les ordenan que guarden silencio diciendo que "no hay necesidad de hacer un escándalo ahora" y que encontrarán la manera de "conmemorar a sus muchachos más tarde". Por tanto, la cantidad de pérdidas reportadas por cada región depende principalmente de la posición que tomen las autoridades locales.

Todos los informes oficiales subrayan que los soldados rusos muertos en Ucrania son militares profesionales (es decir, firmaron un contrato de serivicio), pero hay, al menos, un chico cuyos familiares afirman que era un recluta: su nombre es Maxim Khanygin y era de un pueblo en la región de Saratov.

Según cuenta también la periodista, los medios locales publicaron que el 5 de marzo se llevó a cabo una ceremonia de despedida para Maxim. "Hay fotos de soldados que llevan una corona, un retrato de Khanygin y la "Orden del Valor" que recibió por luchar en Ucrania. Pero las fotos no muestran ni una tumba ni un ataúd", explica Ivshina. La abuela de Khanygin afirma que la familia fue informada el 25 de febrero, pero no sabe cuándo recibirán el cuerpo e insiste en que su nieto era un recluta.

Otro caso es el de la madre de Pavel Pozanen (también asesinado en Ucrania) dijo a un periódico local que la firma de su hijo para convertirse en soldado contratado se recibió "ilegalmente" justo antes de que lo desplegaran. "Todo es muy complicado", dijo sin especificar detalles, el contratar ilegalmente".

La periodista de la BBC también añade que los familiares de los militares rusos asesinados en Ucrania rara vez expresan públicamente su actitud ante lo que se denomina una "operación especial en Ucrania". Sin embargo, la madre del prisionero de guerra Valery Zaluzhny le dijo a la BBC que "no sabe por qué todo esto es necesario". Aún así, hay opiniones opuestas.

Por ejemplo, Gulnara Valieva, madre del soldado de operaciones especiales, Yevgeny Dudin, (asesinado en Ucrania), le dijo a la BBC que Rusia debería "bombardear Ucrania más". Ella cree que Rusia solo realiza ataques de alta precisión contra objetivos militares ucranianos. Este es el mensaje transmitido constantemente por la televisión estatal rusa.También cree que Rusia realizó un ataque preventivo para evitar un ataque de Ucrania que era inminente.

"Ya odio a todos. Dicen que hay civiles allí y que nuestros muchachos no pueden dispararles. Pero le dispararon a mi hijo desde Kiev. ¿Por qué pueden disparar y nuestros muchachos no? Así que les digo ahora: bombardeen". civiles, puede ser entonces que más de nuestros muchachos regresen con vida", dijo Gulnara a la BBC.

En este artículo de la BBC mencionado en el hilo de Twitter de Olga Ivshina se pueden encontrar algunos gráficos interactivos. "Las cifras ya han cambiado, pero las tendencias parecen mantenerse", asegura la periodista.

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29 detenidos por introducir de forma irregular en España ciudadanos bolivianos a través del método «look alike»

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Los 29 detenidos por la Policía Nacional cedían sus pasaportes españoles a ciudadanos bolivianos con similitudes físicas a cambio de un precio que oscilaba entre 1.000 y 10.000 dólares americanos.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 29 personas por introducir de forma irregular a ciudadanos bolivianos en España a través del método look alike. Los detenidos, presuntamente, cedían sus pasaportes españoles a ciudadanos bolivianos con similitudes físicas a cambio de un precio que oscilaba entre 1.000 y 10.000 dólares americanos. En el caso de que fueran descubiertos en la frontera avisaban al titular del pasaporte para que pusiera una denuncia por sustracción o pérdida.

La investigación se inició al detectarse un aumento de ciudadanos bolivianos en vuelos procedentes de Bolivia, Argentina y Brasil que pretendían entrar en España haciéndose pasar por los titulares de los documentos que portaban. Para ello, ciudadanos españoles o residentes en España cedían sus pasaportes a nacionales bolivianos con similitudes físicas para que pudieran burlar el control fronterizo en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Los pasaportes utilizados de manera fraudulenta eran enviados a Bolivia a través de un tercero y se abonaba una cantidad económica acordada entre el benefactor y el usurpador. Cuando lograba cruzar el puesto fronterizo devolvía el pasaporte a su titular y finalizaba el pago, que podía oscilar entre 1.000 y 10.000 dólares americanos. 

En el caso de que el usurpador fuera descubierto en frontera, se le denegaba la entrada en España y pasaba a la sala de retornados  a la espera de ser devuelto a su país en el próximo vuelo. En ese momento, avisaba al titular del documento de viaje para que pusiera inmediatamente una denuncia por sustracción o pérdida y no fuera descubierta la trama.

Investigación abierta

Los investigadores detectaron que las personas implicadas en la trama se encontraban en distintos puntos de territorio español, llevándose a cabo un operativo en diez provincias en las que se ha procedido a la detención de 29 personas por favorecimiento de la inmigración ilegal, 10 en Madrid, 7 en Granada, 3 en Murcia, 2 en Islas Baleares, 2 en Vizcaya, 1 en Cuenca, 1 en Las Palmas, 1 en Navarra, 1 en Málaga y otro en Albacete. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

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Nuevas normas para aumentar la ciberseguridad en la Unión Europea

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La Comisión Europea ha propuesto nuevas normas que establecen medidas comunes en materia de ciberseguridad y seguridad de la información para todas las instituciones, órganos, organismos y agencias de la UE.

Según la Comisión Europea, la propuesta tiene por objeto reforzar su resiliencia y sus capacidades de respuesta frente a ciberamenazas y ciberincidentes, además de garantizar la resiliencia y la seguridad de la administración pública de la UE en un «contexto mundial de incremento de las actividades cibernéticas malintencionadas». 

«En un entorno un incidente aislado de ciberseguridad puede afectar a toda una organización«, ha declarado el comisario de Presupuesto y Administración, Johannes Hahn. Así también ha explicado que, por este motivo, es necesario «levantar un fuerte escudo contra las ciberamenazas y los ciberincidentes que podrían alterar nuestra capacidad de actuación».

Según el comisario, las normas propuestas marcan un «hito» en en el panorama de la ciberseguridad y la seguridad de la información de la UE y se basan en el refuerzo de la cooperación y el apoyo mutuo entre las instituciones, órganos, organismos y agencias de la UE, así como en la coordinación de la preparación y la respuesta. Se trata de un auténtico esfuerzo colectivo de la UE», ha declarado.

Según la Comisión Europea, en el contexto de la pandemia de COVID-19 y de los crecientes retos geopolíticos, la adopción de un enfoque común en materia de ciberseguridad y seguridad de la información se ha convertido en una necesidad. Consciente de ello, la Comisión ha propuesto un Reglamento sobre ciberseguridad y un Reglamento sobre seguridad de la información. Mediante el establecimiento de prioridades y marcos comunes, estas normas reforzarán todavía más la cooperación interinstitucional, minimizarán la exposición al riesgo y avanzarán en la consolidación de la cultura de seguridad de la UE.

La propuesta de Reglamento sobre ciberseguridad establecerá un marco para la gobernanza, la gestión y el control de riesgos en el ámbito de la ciberseguridad. Dará lugar a la creación de un nuevo Consejo interinstitucional de ciberseguridad, potenciará las capacidades de ciberseguridad y estimulará la realización de evaluaciones periódicas de madurez y una mejor higiene cibernética. Además, ampliará el mandato del Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas para las instituciones, órganos, organismos y agencias de la UE (CERT-UE) como centro de información sobre amenazas e intercambio de información y coordinación de la respuesta a incidentes, órgano consultivo central y proveedor de servicios.

Elementos esenciales de la propuesta de Reglamento sobre ciberseguridad:

  • Reforzar el mandato del CERT-UE y proporcionarle los recursos que necesita para ejercerlo;
  • Requerir a todas las instituciones, órganos, organismos y agencias de la UE que:

-Se doten de un marco para la gobernanza, la gestión y el control de riesgos en el ámbito de la ciberseguridad;

-Definan un código básico de medidas de seguridad para hacer frente a los riesgos detectados;

-Lleven a cabo evaluaciones periódicas de madurez;

-Pongan en marcha un plan de mejora de su ciberseguridad aprobado por los gestores de la entidad;

-Compartir sin demora indebida la información relacionada con los incidentes con el CERT-UE.

Reglamento sobre seguridad de la información

La propuesta de Reglamento sobre seguridad de la información creará un conjunto mínimo de reglas y normas de seguridad de la información para todas las instituciones, órganos, organismos y agencias de la UE, con el fin de asegurar una protección reforzada y sistemática contra unas amenazas a la seguridad de su información que están en constante evolución.

Estas nuevas normas configurarán una base estable para el intercambio seguro de información entre las instituciones, órganos, organismos y agencias de la UE, y entre estos y los Estados miembros, con arreglo a prácticas y medidas normalizadas de protección de los flujos de información. Los elementos esenciales de la propuesta de Reglamento sobre seguridad de la información:

  • Establecer un sistema de gobernanza eficaz para fomentar la cooperación entre todas las instituciones, órganos, organismos y agencias de la UE, a saber, un Grupo interinstitucional de coordinación de la seguridad de la información;
  • Determinar un enfoque común para la categorización de la información basado en el nivel de confidencialidad;
  • Modernizar las políticas de seguridad de la información, incluyendo plenamente en su ámbito de aplicación la transformación digital y el trabajo a distancia;
  • Racionalizar las prácticas actuales y lograr una mayor compatibilidad entre los sistemas y dispositivos pertinentes.

Contexto

En su Resolución de marzo de 2021, el Consejo de la Unión Europea destacó la importancia de un marco de seguridad sólido y coherente capaz de proteger integralmente al personal, los datos, las redes de comunicación, los sistemas de información y los procesos de toma de decisiones de la UE. Tal objetivo solo puede lograrse mediante un aumento de la resiliencia y una mejora de la cultura de seguridad de las instituciones, órganos, organismos y agencias de la UE.

Siguiendo la estela de la Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad y la Estrategia de ciberseguridad de la UE, el Reglamento sobre ciberseguridad que se ha propuesto hoy asegurará la coherencia con las políticas de seguridad de la UE vigentes, en total consonancia con la normativa europea actual:

Habida cuenta del creciente volumen de información sensible —clasificada y no clasificada— de la UE que manejan las instituciones, órganos, organismos y agencias de la UE, la propuesta de Reglamento sobre seguridad de la información tiene por objeto aumentar la protección de la información, racionalizando los diferentes marcos jurídicos de las instituciones, órganos, organismos y agencias de la Unión en este ámbito. La propuesta está en consonancia con:

  • La Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad, que incluye el compromiso general de la UE de complementar los esfuerzos de los Estados miembros en todos los ámbitos de la seguridad;
  • El elemento clave de la Agenda Estratégica para 2019-2024, adoptada por el Consejo Europeo en junio de 2019, que es proteger a nuestras sociedades de las amenazas en constante evolución que se dirigen contra la información manejada por las instituciones, órganos y organismos de la UE;
  • Las Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de diciembre de 2019, en las que se pedía a las instituciones, órganos, organismos y agencias de la UE que, con el apoyo de los Estados miembros, desarrollasen y aplicasen un conjunto completo de medidas para garantizar su seguridad.

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HRW denuncia abusos de grupos armados en la frontera entre Colombia y Venezuela

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Homicidios, desapariciones, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado. Según Human Rights Watch los enfrentamientos entre grupos armados en la frontera entre Colombia y Venezuela han provocado un aumento «dramático» de la violencia en los primeros meses de 2022.

Según, HRW, el 1 de enero de 2022 comenzaron los enfrentamientos entre el Comando Conjunto de Oriente, una coalición de grupos disidentes que surgieron tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos grupos se disputan el control del territorio y de actividades ilícitas en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure.

Los guerrilleros de ambos bandos, que anteriormente habían operado como aliados, han cometido múltiples abusos, incluyendo asesinatos, reclutamiento forzado, incluso de niños y niñas, y desplazamiento forzado. Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, que han estado implicadas en violaciones de derechos humanos que han dado lugar a investigaciones internacionales sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, han realizado operaciones conjuntas con miembros del ELN y han sido cómplices de sus abusos.

«Los grupos armados están cometiendo abusos brutales contra civiles en la frontera entre Colombia y Venezuela, en algunos casos con la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, y la respuesta de las autoridades colombianas ha sido inadecuada e insuficiente», señaló Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.

El 19 de enero, un coche bomba explotó cerca de un edificio en el centro de Saravena, Arauca, donde tienen su sede varias organizaciones comunitarias y de derechos humanos. Al menos 50 líderes comunitarios locales y defensores de derechos humanos estaban refugiados allí. El Frente 28 de las disidencias, parte del Comando Conjunto de Oriente, reconoció su responsabilidad en el ataque y señaló que el edificio era el «centro de mando urbano» del ELN.

Human Rights Watch ha recibido denuncias creíbles sobre múltiples asesinatos de civiles cometidos por grupos armados en Arauca y Apure. En la mayoría de los casos, los grupos armados acusaron a las víctimas de ser cómplices de otros grupos armados, una práctica que ha sido común entre los actores armados en Colombia durante décadas. No solo asesinatos, si no también se han recibido denuncias creíbles sobre varios casos de desapariciones, secuestros y reclutamiento forzado, incluyendo de niños y niñas, por parte de grupos armados.

Complicidad de las fuerzas de seguridad de Venezuela

Múltiples testigos, personas desplazadas y funcionarios humanitarios dijeron a Human Rights Watch que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, en particular de la FANB y la GNB, han realizado operaciones conjuntas con guerrilleros del ELN y habrían sido cómplices de sus abusos.

Desde enero de 2022, las autoridades venezolanas han dicho que las fuerzas venezolanas han destruido campamentos guerrilleros y laboratorios de drogas y han arrestado a 35 miembros de grupos armados a los que llaman “Terroristas, Armados, Narcotraficantes de Colombia” (TANCOL). Sin embargo, todas esas operaciones parecen haber tenido como objetivo al Frente 10 y otros elementos del Comando Conjunto de Oriente, no a otros grupos.

Personas que huyen de Venezuela

Según datos de la organización de derechos humanos, hasta el 11 de marzo, más de 3.300 personas, incluyendo colombianos y venezolanos, habían huido de Apure hacia los departamentos colombianos de Arauca y Vichada. Esto se suma a las personas que se encuentran desplazadas internamente en Arauca.

Las autoridades colombianas interpretan que las personas que sufrieron abusos en Venezuela no están cobijadas por la Ley de Víctimas, cuyo ámbito de aplicación abarca los delitos cometidos «en el contexto del conflicto armado interno». Aunque las organizaciones humanitarias han proporcionado alimentos y medicamentos y servicios de salud, pero estos han sido insuficientes, señalaron los funcionarios humanitarios.

En marzo de 2021, las autoridades colombianas adoptaron un régimen de protección temporal para los aproximadamente 1.8 millones de venezolanos que viven en Colombia. Este mecanismo permite a los venezolanos que estaban en Colombia al 31 de enero de 2021 obtener estatus legal por 10 años, y permanece abierto a los venezolanos que ingresen legalmente a Colombia hasta marzo de 2023. Pero la mayoría de los venezolanos que huyen de los abusos recientes de Apure parecen haber ingresado a través de cruces informales y por ello no estarían cobijados bajo este régimen legal.

Respuesta Humanitaria en Colombia

Entre el 1 de enero y el 11 de marzo, más de 3.800 personas se desplazaron internamente en Arauca, según estadísticas del gobierno colombiano. Además, nueve comunidades indígenas y un grupo de desmovilizados de las FARC han denunciado que sus miembros no salen de sus comunidades por temor a sufrir abusos por parte de grupos armados, una situación conocida en Colombia como «confinamiento».

Con arreglo a la Ley de Víctimas de Colombia, los gobiernos municipales deben proporcionar asistencia humanitaria a las víctimas de abusos relacionados con el conflicto armado, incluyendo un albergue digno y alimentos. Ello debe ocurrir tan pronto como estas personas soliciten ser registradas como víctimas. La ley establece que, si un gobierno municipal no puede ofrecer dicha asistencia, el gobierno departamental o una agencia nacional, conocida como Unidad de Víctimas, debe intervenir.

Varias alcaldías, que dicen carecer de recursos para asistir a las víctimas, se ofrecieron a albergar a los desplazados en estadios de fútbol y escuelas. Pero nadie aceptó por temor a que los grupos armados pudieran atacarlos allí. La mayoría de los desplazados viven con conocidos en los municipios de Arauca y Arauquita, a menudo en condiciones de hacinamiento.

Enfrentamientos entre grupos armados

Los grupos armados que operan en el departamento de Arauca, al este de Colombia, y en el estado vecino de Apure, en Venezuela, utilizan la violencia para controlar la vida cotidiana de las personas. Imponen sus propias reglas, incluyendo toques de queda, la regulación de la pesca, el pago de deudas y el horario de cierre de los bares; y establecen sus propias sanciones para casos de violaciones, robos y asesinatos.

En 2010, los dos grupos armados acordaron poner fin al conflicto y desde entonces cooperaron entre sí. Cuando las FARC se desmovilizaron en 2017, un grupo de unos 15 guerrilleros abandonaron el proceso de desmovilización y crearon el Frente 10, que en buena medida continuó la cooperación de las FARC con el ELN, hasta que estallaron los enfrentamientos entre los grupos armados en enero de 2022.

Las disputas entre los grupos armados parecen haber surgido por varias cuestiones. El ELN acusó al Frente 10 de cometer abusos contra la población –lo que también hace el ELN–, de dedicarse al narcotráfico y de expandir su presencia a zonas controladas por el ELN. La falta de apoyo del ELN al Frente 10 en sus enfrentamientos desde 2021 con las fuerzas de seguridad venezolanas también debilitó la alianza entre los dos grupos.

Recomendaciones de Human Rights Watch

A la Misión de Investigación de la ONU sobre Venezuela:

  • Investigar las denuncias de complicidad por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos cometidos por grupos armados en Apure, incluyendo el ELN y los grupos disidentes de las FARC, como parte del mandato de la misión de investigar graves violaciones de derechos humanos cometidas en el país desde 2014.

A los gobiernos donantes y las agencias humanitarias internacionales:

  • Apoyar a las agencias humanitarias que trabajan en Apure, Arauca y Vichada para brindar asistencia adicional a colombianos y venezolanos en riesgo.
  • Coordinar esfuerzos para garantizar que haya suficiente ayuda humanitaria disponible, incluyendo mediante la creación y administración de albergues para las miles de personas desplazadas que huyeron recientemente de Apure.

Casos documentados por HRW

El 2 de enero, guerrilleros del ELN llegaron a una zona rural de Arauquita, Arauca, y sacaron de sus casas a por lo menos 20 jóvenes, dijo una mujer que presenció los hechos. La testigo no pudo determinar si alguno de ellos era menor de edad. Los guerrilleros les ataron las manos y los obligaron a subir a camionetas y motocicletas, dijo.

Cuatro miembros del ELN irrumpieron en la casa de la mujer y se llevaron a su hijo de 18 años, diciendo que debía unirse a la guerrilla, dijo. Los guerrilleros le apuntaron a ella con un arma y la amenazaron de muerte si no se iba de la comunidad. La mujer se fue y no ha sabido nada de su hijo desde entonces. «Todas las familias del pueblo huimos asustadas», dijo.

El 17 de enero, dos hombres armados dispararon contra el activista comunitario, Miguel Alexis Amado Carrillo, cuando salía de su casa en Arauquita, Arauca. Carrillo murió en un hospital horas después. Al parecer, fue asesinado por miembros del Comando Conjunto de Oriente, quienes lo acusaron de simpatizar con el ELN, según funcionarios locales que investigaron el caso.

El 2 de enero, miembros del ELN se llevaron a Pedro Benítez (seudónimo), un campesino de 42 años, de su casa en una zona rural de El Ripial, Venezuela. Los guerrilleros ataron a Benítez de pies y manos y lo subieron a la fuerza a una camioneta, dijo un familiar que presenció los hechos. Un miembro del ELN acusó a Benítez de ser informante del Comando Conjunto de Oriente y le dijo a la familia que abandonara la comunidad de inmediato, dijo el familiar.

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Curso de Autoprotección en Conflictos Armados

Los conflictos armados generan múltiples víctimas directas e indirectas como consecuencia de la guerra, ya sea en el frente, en la retaguardia o en cualquier zona insegura o inestable a cientos de kilómetros de la región.

Aquellas personas que les toca vivir en estas regiones tan peligrosas, pero también aquellos que se desplazan allí para trabajar como son los Periodistas, Corresponsales de Guerra, personal de ONG y Cooperantes, Diplomáticos, personal de organismos internacionales, etc. se exponen a un alto riesgo tanto físico como mental.

Desde riesgos graves para la salud fruto de proyectiles, metralla o tiroteos, hasta enfermedades provocadas por el clima extremo, animales o insectos, pasando por el impacto del síndrome del estrés post traumático.

Todos estos riesgos y amenazas deben conocerse antes de desplazarse, así como los protocolos preventivos y reactivos que permitan reducir lo máximo posible su probabilidad e impacto en nuestra seguridad.

En este Curso de Autoprotección en Conflictos Armados aprenderás a identificar los riesgos y amenazas de la mano del Profesor Lluis Miquel Hurtado, un profesional del periodismo de conflictos, que ha cubierto durante los últimos 10 años decenas de conflictos armados siendo los más destacables: Siria, Irak, Afganistán, Grecia, Líbano u Omán.   

Este curso permite mejorar la seguridad de las personas que deben desplazarse a zonas en conflicto de baja y alta intensidad: permitiéndoles comprender todos los riesgos existentes, aprendiendo a cómo se deben organizar un viaje a esas zonas e interiorizando consejos prácticos para llevar a cabo antes, durante e incluso después del viaje para aumentar las probabilidades de regresar a casa con vida.

Todo ello mediante multitud de guías y consejos prácticos así como lecciones aprendidas y ejemplos reales vividos por el Profesor y muchos de sus colegas de profesión en primera persona, al haber estado expuestos por motivos profesionales a multitud de estos riesgos en todos los continentes.

Características del curso

  • 100% Online e Interactivo
  • Inicio inmediato al inscribirse
  • Duración: 50 horas (1-2 meses)
  • Finalización 100% Flexible (prórrogas gratuitas)
  • Evaluación: Tipo test y ejercicios prácticos
  • Acceso a la Bolsa de Trabajo y a LISA Comunidad
  • Métodos de pago flexibles y en cuotas

Objetivos de aprendizaje

En el Curso de Autoprotección en Conflictos Armados:

  1. Aprenderás a informarte, mentalizarte y preparar los recursos que necesitas para poder aumentar la probabilidad de regresar con vida de un conflicto armado.
  2. Profundizarás en conceptos como secuestros, atentados, campos de minas o shock anafiláctico. 
  3. Entenderás la importancia de llevar a cabo acciones preventivas como una buena limpieza digital de nuestro perfil de Internet y nuestros dispositivos móviles, entre otros.
  4. Conocerás formas idóneas de actuar en zonas sensibles, en una zona de disturbios, con o sin seguimientos físicos de por medio. 
  5. Interiorizarás los protocolos preventivos y de actuación ante posibles secuestros, emboscadas, atentados, percances de tráfico, campos de minas, etc. con el objetivo de mantener tu seguridad y la de tus compañeros.

A quién va dirigido

  • Periodistas y corresponsales
  • Personal diplomático y consular
  • Personal de organismos internacionales
  • Personal de Ministerios de Relaciones Exteriores
  • Personal de ONG, voluntarios y cooperantes
  • Representantes y comerciales de empresas o instituciones públicas
  • Personal de seguridad privada, policías o militares en misiones internacionales
  • Personal aéreo y aeroportuario
  • Personal de agencias de viajes
  • Turistas aventureros

Equipo Docente

El Profesor-Coordinador es el Sr. Lluis Miquel Hurtado:

  • Periodista, Corresponsal de Guerra y Analista Internacional especializado en Oriente Medio. 
  • Como periodista ha realizando múltiples coberturas en Siria, Irak, Afganistán, Grecia, Líbano y Omán, abordando sobre el terreno acontecimientos cruciales como la guerra siria, la ofensiva contra el Estado Islámico, la crisis de los refugiados, el golpe de Estado turco o el terremoto de Kermanshah. 
  • Ha vivido gran parte de su vida en Teherán y Estambul, desde donde trabaja y se desplaza al resto de países de la región para poder realizar las coberturas sobre el terreno.
  • A nivel académico es Licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos y actualmente está estudiando Derecho en la Universidad Oberta de Catalunya.
  • Sus principales clientes son El Mundo y Cadena SER, aunque ha colaborado con múltiples medios de comunicación como La Sexta, Telecinco, Antena 3, Cuatro, ETB y Deutsche Welle.

Programa del curso

El programa del Curso de Autoprotección en Conflictos Armados es:

  • Módulo de Introducción a vivir o trabajar en un conflicto armado
    • Regresar con vida
    • Pack básico para la aventura
    • Cómo moverse en un conflicto armado 
  • Módulo 1: Cómo proteger tu salud en un conflicto armado
    • Primeros auxilios
    • Protocolo DR
    • Heridas y lesiones traumáticas
    • Percances por condiciones ambientales
    • La salud mental
  • Módulo 2: Seguridad física y digital avanzada en conflictos armados
    • Limpia tu expediente antes de viajar
    • Cómo gestionar tus contactos sensibles
    • Comunicaciones digitales en conflictos armados
    • Trabajando donde mandan las armas
    • Cuando todo se descontrola
  • Módulo 3: Reacción ante situaciones inesperadas en conflictos armados
    • Disturbios y guerrilla urbana 
    • Secuestros
    • Cronología de un secuestro
    • Atentados suicidas
    • IED (Artefactos explosivos improvisados)
    • Accidentes de tráfico
    • Campos de minas y zonas fronterizas 
  • Trabajo práctico
    • Realizar una evaluación de riesgos para un viaje de un grupo de personas a una zona con un conflicto armado activo, ayudándote de una plantilla estructurada donde plasmar toda la información de utilidad para prevenir cualquier tipo de riesgo y amenaza durante su estancia.

Duración del curso

Tiempo medio de realización: 50 horas (Inicio y finalización flexible).

Sistema de evaluación

  • Pruebas tipo test.
  • Estudios de caso (corregidos por los Profesores).
  • Superar las evaluaciones conlleva la superación del Curso y la obtención del Certificado-Diploma.
  • Todos los cursos de LISA Institute están basados en gamificación. Cuantas más veces accedas al Campus, mejor nota saques en las pruebas y más participes, más puntos, insignias, premios y descuentos para futuros cursos obtienes.

Titulación obtenida

La superación de este Curso implica la obtención de un Diploma-Certificado de superación del Curso de Autoprotección en Conflictos Armados otorgado por LISA Institute:

  • Diploma-Certificado: Consigue un Certificado con tu nombre y apellidos en alta resolución con el listado de asignaturas, el número de horas lectivas, con un Código de Verificación que lo hace único para acreditar los conocimientos y habilidades adquiridas y así utilizarlo a nivel académico y profesional.
  • Fácilmente compartible: Añade el certificado a tu CV, compártelo directamente en LinkedIn o envíalo por correo al Departamento de RRHH.
  • Bolsa de Trabajo: Ser alumno te da acceso a la bolsa de trabajo de la que se nutren empresas, instituciones y administraciones públicas.
  • Súmate a nuestra misión: Este certificado te hace miembro gratuito de LISA Comunidad. ¡Hagamos de este mundo un lugar más seguro, justo y protegido!

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