La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca este 20 de enero, junto con la controvertida toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela, realizada diez días antes y cuya legitimidad no es reconocida por una buena parte de la comunidad internacional, inaugura una nueva etapa en las tensas relaciones entre Washington y Caracas. Este periodo, aún incierto y con diversos escenarios abiertos, plantea importantes desafíos. En este análisis, el analista geopolítico y alumni del Máster Profesional de Analista de Inteligencia de LISA Institute, Roberto Mansilla, examina las implicaciones de este panorama.
La atención internacional tras la controvertida toma de posesión presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela (10 de enero) apunta ahora directamente a un próximo suceso: la asunción presidencial de Donald Trump en la Casa Blanca, prevista para este 20 de enero. El enfoque que adopte esta nueva administración de Trump en Washington será clave para definir el futuro político de Venezuela.
Tres claves se perciben como relevantes en esta nueva fase entre Trump y Maduro:
- Los dilemas que se le presentan a la nueva administración en la Casa Blanca a la hora de mantener una política radical contra Maduro o bien aplicar un enfoque más pragmático, orientado a no repetir el error cometido con el reconocimiento de Juan Guaidó en enero de 2019 como presidente constitucional.
- Las especulaciones sobre una hipotética intervención militar exterior contra Maduro, que algunos advierten como un émulo de la invasión estadounidense a Panamá (1989) que derrocó al régimen de Manuel Antonio Noriega.
- El enfoque multilateral derivado de la búsqueda de consensos con países latinoamericanos, especialmente México, Brasil, Colombia, Argentina y Chile, para alcanzar mecanismos que garanticen la normalización de la vida política en Venezuela e incluso alternativas de transición que reduzcan escenarios de conflicto.
El ‘dilema Guaidó’: ¿tendrá influencia en esta nueva etapa de Venezuela?
Bajo el contexto de una aguda crisis política e institucional en Venezuela, el 23 de enero de 2019 el entonces presidente Donald Trump reconoció al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como «presidente encargado de Venezuela».
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Este reconocimiento, que fue secundado posteriormente por unos sesenta países, venía determinado por una nueva crisis de legitimidad. Nicolás Maduro ganó en mayo de 2018 unas elecciones boicoteadas por la oposición y no reconocidas por la mayor parte de la comunidad internacional. Juramentó su nuevo cargo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no ante la Asamblea Nacional, como corresponde constitucionalmente, y que en ese momento estaba en manos de la oposición tras su victoria electoral en 2015.
Con el paso del tiempo, este reconocimiento a Guaidó fue desvaneciéndose hasta prácticamente llegar a la intrascendencia, tomando en cuenta que no provocó la erosión en la cúpula de poder que mantiene a Maduro en la presidencia. A consecuencia, Maduro fue recuperando espacios controlando en 2020 la Asamblea Nacional y el poder municipal tras unas nuevas elecciones.
El precedente Guaidó fue interpretado en Washington como un error de cálculo por parte de la administración Trump. En su libro de memorias sobre sus años en la Casa Blanca, John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Trump, llegó a revelar las dudas del entonces presidente sobre este reconocimiento argumentando que Guaidó «era un débil» y que el «hombre fuerte» en Venezuela era Maduro porque tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Esta apreciación de Bolton, aunado al respeto de Trump por los líderes «fuertes» y autoritarios (Orbán, Putin, Erdoğan, Kim Jong-un) deja entrever la posibilidad de que Trump podría hacer uso de la realpolitik en este nuevo período presidencial de Maduro para evitar cometer el mismo error con el opositor Edmundo González Urrutia. Seis años después, una nueva toma de posesión de Maduro revela que, a pesar de las presiones internacionales, su control y poder se mantienen intactos en los asuntos internos del país sin generarse fisuras en la lealtad militar.
La administración de Joseph Biden reconoció oficialmente en noviembre pasado a Edmundo González Urrutia como el ganador de las elecciones presidenciales venezolanas del pasado 28 de julio y, por lo tanto, como el presidente legítimo de Venezuela. En agosto, Trump llegó a calificar a Maduro de «dictador» y «socialista», dejando entrever que no lo reconocía como presidente.
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El pasado 9 de enero, un día antes de la toma de posesión de Maduro, vía redes sociales, Trump llegó a reconocer a González Urrutia como el «presidente electo» bajo un contexto de represión en Venezuela derivado de la detención y posterior liberación de María Corina Machado.
Es previsible que Trump mantenga esa posición de reconocimiento a González Urrutia, pero probablemente con mayor cautela. Previo a la toma de posesión de Maduro, González Urrutia se reunió con Biden en la Casa Blanca, pero no así con Trump, lo cual arroja ciertas suspicacias sobre cuál será el enfoque definitivo que adopte el nuevo gobierno en Washington sobre el tema Venezuela.
Una de estas incógnitas tiene que ver con la posibilidad de que González Urrutia se vea en la necesidad de crear un gobierno en el exilio, tomando en cuenta su incapacidad de cumplir la promesa de retornar a Venezuela para asumir la presidencia. Las opciones de González Urrutia se complica ante el hecho de que Maduro ha puesto precio a su cabeza: US$ 100.000 de recompensa por su captura.
El dilema para Trump entre mantener una posición radical contra Maduro o adoptar un enfoque más pragmático puede tener incidencia en esta nueva etapa. No hay que olvidar que en 2020, ante la irresolución de la crisis venezolana, Trump aceptó iniciar acuerdos con Maduro para reanudar diálogos y negociaciones entre gobierno y oposición en Venezuela con la intención de manejar escenarios de consensos y de posible transición.
Si bien la retórica ha sido tensa entre Washington y Caracas, Maduro ha declarado su intención de retomar algún tipo de diálogo con Trump, tras reconocer su victoria electoral en noviembre. Maduro habló entonces de un «nuevo comienzo» en las relaciones bilaterales.
Aquí podrían imponerse enfoques más propios de la realpolitik, como el tema migratorio, una de las principales preocupaciones de Trump y seña de identidad de su ideario político. Trump podría alcanzar un acuerdo tácito con Maduro para la deportación de venezolanos ilegales en EE. UU., un indicio que revelaría los canales indirectos de negociación entre Washington y Caracas.
Muy probablemente consciente de esta posibilidad, la administración Biden acaba de prorrogar hasta octubre de 2026 el estatus de protección y residencia temporal que beneficia a más de 600.000 venezolanos. Es conocido el rechazo de Trump a esa medida que probablemente buscará revocar con un Poder Judicial más afecto en este nuevo período presidencial.
Por otro lado, y si bien Trump podría adoptar un enfoque más pragmático con Maduro, no se debe olvidar que figuras de la «línea dura» contra el régimen venezolano como Mauricio Claver-Carone, Christopher Landau y especialmente el cubano-estadounidense Marco Rubio, que se presume será el próximo Secretario de Estado, vuelven a ser protagonistas en esta nueva etapa de la administración Trump. La política de estos «halcones» es de clara intransigencia hacia los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Tampoco se debe olvidar que, así como la Corte Penal Internacional investiga las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela, Washington mantiene a Maduro y otros altos cargos de su régimen, como Diosdado Cabello, en la lista de búsqueda y captura por delitos de narcotráfico y apoyo al terrorismo internacional con recompensas que alcanzan a los US$ 25 millones por cada uno.
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Un factor adicional que amplíe ese posible enfoque pragmático podría establecerse en torno a los intereses de las multinacionales petroleras estadounidenses en un mercado apetecible como el venezolano, que comienza a dar síntomas de recuperación económica y de su industria petrolera.
Biden dejó expirar la licencia general para las petroleras, y, en cambio, otorgó permisos a Chevron para obtener concesiones de Maduro. Biden dejó intactas esas licencias en su última ronda de sanciones, en medio de la represión del régimen de Maduro contra la oposición.
El efecto ‘Panamá 1989’: ¿es posible una intervención exterior contra Maduro?
En medio de estos dilemas, para Trump aparece otro escenario: la posibilidad de una invasión a Venezuela monitoreada desde Washington con el apoyo de algunos gobiernos latinoamericanos afines. Contextualizando las diferencias, sería una especie de reproducción de la invasión estadounidense a Panamá en diciembre de 1989 que acabó con el régimen de Manuel Antonio Noriega, posteriormente sentenciado en una corte de EE. UU. por delitos de narcotráfico.
Días atrás, Maduro anunció que se está preparando con Cuba y Nicaragua para repeler una posible invasión militar e inherencia exterior contra Venezuela. Estas palabras repercuten ante la proliferación en las redes sociales, principalmente opositoras, de una enigmática iniciativa denominada «Ya casi Venezuela», que ha recaudado más de un millón de dólares, fuertemente apoyada por Erik Prince, un contratista líder de la milicia privada Academi, anteriormente conocida como Blackwater.
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Se especula con que esta iniciativa de Prince cuenta con el apoyo de Elon Musk, quien ha criticado constantemente a Maduro como «dictador» a través de sus redes sociales, llegando incluso a anunciar el cierre de su plataforma X en Venezuela.
También han generado algunas suspicacias las recientes amenazas de Trump de recuperar el control del Canal de Panamá vía invasión militar, que provocó un fuerte cruce de declaraciones con el presidente panameño José Raúl Mulino. Con la iniciativa de Prince en el foco han surgido especulaciones con que, detrás de los planes de Trump con respecto al Canal, se esté configurando una especie de avanzada del Comando Sur de Estados Unidos para monitorear los acontecimientos regionales, específicamente en Venezuela, con perspectivas de eventual intervención.
El propio Maduro ha contribuido igualmente a recrear esta perspectiva de una utilización de Panamá como posible cabeza de puente de Estados Unidos. para una invasión a Venezuela. El pasado 8 de enero, Mulino acogió a González Urrutia en su gira hemisférica, reconociéndolo como el presidente legítimo de Venezuela y lanzando críticas contra Maduro. Este respondió con insultos, conminándole «a defender el canal» de las amenazas de Trump.
Por otro lado, Maduro también propuso la iniciativa «emancipadora de liberar Puerto Rico», oficialmente Estado Libre Asociado de EE. UU. La gobernadora de la isla caribeña, Jennifer González, pidió a Trump responder de inmediato a estas «amenazas de Maduro» bajo el pretexto de atacar intereses estadounidenses.
Estas tensiones y especulaciones de posible intervención exterior también ha recreado las expectativas de una posible insurrección militar contra Maduro, un escenario escasamente probable al menos a corto plazo tomando en cuenta el poder acumulado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a través de las concesiones otorgadas por el propio Maduro. La FANB y otros organismos de seguridad estatal, así como milicias y grupos irregulares, han mantenido hasta ahora inalterable su lealtad a Maduro.
El enfoque multilateral
Existe un tercer escenario que puede resultar mucho más revelador en esta nueva etapa entre Trump y Maduro: una mayor implicación de gobiernos a nivel hemisférico, especialmente de izquierdas, para buscar una solución in extremis a la crisis venezolana. Esto ilustraría un previsible enfoque de degradación por parte de la administración Trump en su atención hacia Venezuela, dejando su resolución en manos de otros gobiernos regionales como Brasil, Chile, Argentina, Colombia y México.
A nivel regional, Maduro solo cuenta con el apoyo irrestricto de Cuba, Nicaragua y Bolivia. Por el contrario, la Argentina de Javier Milei, aliado firme de Trump, es uno de sus principales detractores, toda vez que gobiernos de izquierdas como Brasil, Chile, Colombia y México mantienen una posición de neutralidad, con roces diplomáticos muy fuertes con Maduro como ha sido el caso brasileño.
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La toma de posesión de Maduro coloca igualmente ante serios dilemas para los gobiernos y partidos de izquierda a nivel latinoamericano, tomando en cuenta el manto de ilegitimidad que se cierne sobre su presidencia tras las acusaciones (considerablemente fundamentadas) de fraude electoral en las elecciones de julio.
No obstante, la gravedad de la crisis venezolana se ha convertido en probablemente el principal problema de seguridad y estabilidad a nivel hemisférico, lo cual ha obligado a estos gobiernos a adoptar enfoques más pragmáticos.
En esta perspectiva multilateral vuelve a ocupar la atención el tema migratorio, tomando en cuenta el éxodo de millones de venezolanos desde 2015 hacia países vecinos como Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Argentina y Chile, así como México y EE. UU. A ello se suma la expansión vía migratoria de redes criminales con base en Venezuela, de las que se presume tienen conexiones con el régimen de Maduro.
Si bien la represión de Maduro contra la oposición, sus expectativas de perpetuidad en el poder y la crisis económica venezolana continúan aumentando en este nuevo período hasta 2031, también se presume que lo hará un éxodo de venezolanos que también genera inquietud en los países de acogida. Bajo esta perspectiva, la óptica de la administración Trump podría ser más punitiva: deportaciones de inmigrantes ilegales, muchos de ellos venezolanos, y sanciones contra Maduro si no cumple con posibles acuerdos migratorios.
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