El debate sobre migración climática y seguridad doméstica lleva años sobre el tablero político europeo. La Unión Europea tiene por delante un serio desafío que abordar en el panorama de la inseguridad ambiental.

En el documento sobre tendencias mundiales que emitió CIDOB a finales de 2020 se avanzó que uno de los diez temas que marcarían la agenda internacional para el año 2021 estaría orientado a la Acción contra el Cambio Climático. Este reto enfatizaba la existencia de una dicotomía entre el aplazamiento y la anticipación que caracterizará a las agendas políticas nacionales condicionadas por la pandemia de la Covid-19.

Más allá de este hecho coyuntural, el panorama estratégico al que se enfrenta la sociedad frente al cambio climático revela una realidad manifiesta, y es que las acciones a tomar para adaptarse al futuro climático son, por activa o por pasiva, una realidad para las políticas públicas. 

Los países están tratando de contener y adaptarse a los retos y desafíos del cambio climático, en materia socioeconómica, que acechan dentro de sus fronteras: el deshielo y el consiguiente aumento del nivel del mar, las temperaturas extremas y sus consecuencias para la salud y los procesos sociales, la inseguridad alimentaria por la pérdida de territorio fértil para la agricultura, la sequía, la desertificación o las inundaciones provocadas a raíz de los cambios bruscos del clima, entre otras. Sin embargo, existe otra cuestión que se está poniendo de relieve muy intensamente y que responde a un desafío de naturaleza asimétrica pero de impacto global para la estabilidad y seguridad de las sociedades mundiales: los migrantes ambientales. 

El migrante ambiental, aunque carece de definición consensuada a nivel internacional, se contempla desde la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) como aquel individuo que «migra porque sus condiciones de vida se ven afectadas por cambios en el medioambiente». Este tipo de migrante está copando progresivamente un mayor porcentaje de los motivos que llevan a un individuo o conjunto de individuos a desplazarse de una manera forzada de su lugar de origen: según la OIM, desde 1970 los desplazamientos forzados por cuestiones ambientales se han triplicado.

Las sequías, el proceso de desertificación o las inundaciones que se dan por el desajuste de las temperaturas se perciben en varios puntos de la geografía mundial, y responden a un dato que no hace más que aumentar. Se estima que hubo alrededor de 33 millones de desplazamientos internos en el mundo durante 2019, cinco millones más que el año anterior, según el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos.

De ellos, casi 24 millones corresponden a desplazamientos por desastres relacionados con el clima, en comparación con los 8 millones por conflictos violentos. Asimismo, en el Informe sobre las Migraciones en el Mundo de 2020, la OIM alertaba de la creciente magnitud del problema migratorio por cuestiones ambientales, que podría traducirse en más de 200 millones de individuos huyendo de este problema para 2050.

El impacto del cambio climático en países africanos

El reto migratorio a consecuencia del cambio climático no responde a un problema a corto plazo, pero su impacto sí se comienza a percibir de una manera más latente año tras año. A ello se le suman otros problemas adicionales que los migrantes ambientales sufren a la hora de asentarse en otros territorios.

Además del desplazamiento forzoso, sobre todo a nivel doméstico en un mismo país o a nivel transnacional en los países de su entorno, estos migrantes a menudo se encuentran con un problema de integración en los lugares de destino e incluso en algunas ocasiones se ven envueltos en situaciones de violencia tribal, crimen organizado, grupos armados o actividad yihadista.

En África, algunos países están siendo testigos de una manera severa de los efectos del cambio climático, a lo que también se suman unas consecuencias sociales más adversas. Nigeria y Somalia son dos de los países más azotados por este tipo de migrante ambiental a nivel nacional.

El primero, sufrió en el año 2018 un total de 613.000 desplazamientos internos debido a las inundaciones que se sucedieron en varias zonas del país. Al mismo tiempo, lidia en los últimos años con el auge de grupos terroristas como Boko Haram o la rama territorial del ISIS en la región. Por su parte, Somalia registró un total de 547.000 desplazados ambientales en su territorio. También es uno de los países más golpeados por el terrorismo en el mundo y sufre de una grave fragilidad política y crisis en la gobernanza local.

La migración ambiental también plantea un reto a la hora de asegurar la defensa de los derechos humanos, además del peligro de escasez alimentaria y otras variables que podrían verse afectadas negativamente como la precariedad laboral y el estancamiento de un próspero desarrollo económico. 

Proyecciones a largo plazo

Lo anterior revela que la cuestión migratoria, debido a causas ambientales, puede incluso verse todavía más agravada por realidades que se dan de una manera paralela a la amenaza climática. Esto indica que esta movilización a nivel tanto nacional como transnacional tiene un fuerte componente de vulnerabilidad en materia de seguridad y estabilidad regionales. Por ello, la OIM avanzó en el marco del Pacto Mundial sobre Migración que los países de origen deben priorizar las adaptaciones al cambio y medidas de resiliencia destinadas a mitigar los efectos adversos de la migración.

Es complicado determinar con exactitud la magnitud del problema de los migrantes ambientales, sobre todo cuando los procesos de degradación climática ocurren a un ritmo demasiado lento como para determinar taxativamente que ese sea el motivo real de la migración. Aun así, esto no implica que el problema no exista o que no se deba tratar con antelación y prioridad.

En la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de 2018 ya se avanzaron una serie de recomendaciones destinadas a incorporar el factor de la migración humana en las leyes y decretos aprobados en cada uno de los Estados participantes, y cuyo éxito ha terminado por depender, inevitablemente, del grado de aplicación por parte de estos.  

No abordar el desafío de manera anticipada supone una fuente de preocupación para los responsables a nivel político en Europa. Una migración climática constante y en aumento, de llegar al continente europeo, resultaría bastante más severa en términos cuantitativos que la gran oleada de refugiados que hizo temblar la seguridad de los países fronterizos de la Unión Europea (UE) en 2015.

Además de la grave crisis migratoria que traería consigo, otros problemas se acelerarían a su vez, como la inseguridad y sostenibilidad alimentarias, la incapacidad de abastecimiento para el grueso de la población, la fractura social o incluso la imposibilidad de hacer frente a las consecuencias del cambio climático que también ocurrirán en el interior de sus propios territorios.

Supondría un problema mantener unos niveles migratorios que aseguren una estabilidad en los países de destino, y la eventual confluencia de agentes migratorios en los procesos de un ecosistema climático, cada vez más adverso, aventura un ambiente más bien incierto en cuanto al impacto que este fenómeno podría generar para las sociedades europeas y las dinámicas políticas internas.

Líneas de acción de la Unión Europea

Es en este contexto, la UE tiene por delante un serio desafío que abordar en el panorama de la inseguridad ambiental, por lo que el debate sobre migración climática y seguridad doméstica lleva años sobre el tablero político europeo. La UE sigue colaborando en la investigación de esta cuestión a través de proyectos como EACH-FOR: Environmental change and forced migration scenarios o “Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático: Datos para las Políticas” (MECLEP), donde se ha buscado establecer, en colaboración con otros organismos, el grado de impacto del cambio climático en las dinámicas migratorias.

La Resolución del Parlamento Europeo 2342 de 2018, por su parte, ha reconocido, de una manera más reciente y explícita, la necesidad de gestionar e invertir en prevenir los flujos migratorios debido a consecuencias climáticas. También ha destinado algunos esfuerzos en abordar la migración ambiental desde el campo de la investigación, reconociendo el problema desde principios de siglo y la posible relación entre migración y cambio climático reflejado a través del Programa de Estocolmo de 2009.

España, trata de estar a la vanguardia en cuestiones relacionadas con la diplomacia climática y la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, las acciones políticas no deben limitarse exclusivamente al ámbito nacional ni al bienestar medioambiental. Se debe atender de una manera más activa las consecuencias e implicaciones que este fenómeno va a traer a su vecindario más próximo desde la dimensión de la seguridad. Especialmente, en aquellas regiones que suponen un foco estratégico de acción exterior como es África Subsahariana en general (con el 45% de la población sujeta a experimentar riesgos climáticos) y la región del Sahel en particular. 

Mantener estrechos canales de colaboración con los países de los que parte la mayor parte del flujo migratorio hacia Europa, como Libia o Marruecos, resulta necesario. Pero buscar el compromiso de los países más vulnerables a sufrir un ecosistema más convulso en la consecución de estrategias de contención y paliación de la problemática a futuro, es lo que resulta imperativo.

De manera complementaria, también es necesario reforzar el compromiso europeo con aquellos países que tengan una fuerte proyección de sufrir importantes volúmenes de migrantes ambientales, traduciéndose en una cooperación para el desarrollo sólida y de carácter multilateral basada en el refuerzo del capital humano y el desarrollo sostenible así como una fuerte capacidad de inversión en ciencia e investigación. 

La necesidad de un liderazgo europeo

La migración, en su definición más amplia, ha generado un amplio debate tanto en la esfera política como en la social en el debate público, especialmente desde la crisis de los refugiados de 2015. Más allá de la aceptación o el rechazo de los migrantes que llegan a suelo europeo, en lo que la UE deberá centrarse es en anticiparse al reto de un flujo migratorio exponencial, para lo que no existen tintes políticos. 

Una fuerte oleada de migrantes climáticos presenta una serie de desafíos transnacionales principalmente en la seguridad, la estabilidad y la sostenibilidad de las sociedades tanto de origen como de destino. En un proceso de degradación climática tan progresivo como acuciante, y mientras los acuerdos mundiales para mitigar el cambio climático avanzan a un ritmo ralentizado, la UE necesita liderar una acción exterior fuerte y proactiva a la hora de prevenir las consecuencias que este desafío presenta en estos tres frentes.

Mientras cada país gestiona sus capacidades y adaptaciones a las nuevas fórmulas de gestión sostenible de los recursos, el peligro de la migración por presiones climáticas va a seguir su curso y seguirá constituyendo una dimensión clave para las agendas europeas. Por ello, es una necesidad sentida que haya una participación conjunta, activa e integral en el seno de las actividades y proyectos impulsados por la UE a la hora de mitigar el reto climático en los países cuya proyección advierte que serán mayormente golpeados.

Un liderazgo europeo en la cooperación internacional para paliar los efectos del cambio climático puede suponer, a la larga, una victoria para la seguridad y estabilidad de las fronteras domésticas. De lo contrario, estaremos ante un desafío creciente en nuestro patio trasero.

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