El Sistema Kafala no es exclusivo del Líbano, sino que es un acuerdo de patrocinio también usado en los países del Golfo. A priori, sirve para permitir la entrada de trabajadores extranjeros al país, pero la realidad es que supone un enmascaramiento de una forma de esclavitud moderna.
El Sistema Kafala consiste en un acuerdo de patrocinio usado en los países del Golfo, además de Jordania y Líbano, mediante el cual se permite a trabajadores extranjeros (sobre todo los relacionados con el sector de la construcción y domésticos) entrar al país, aunque supone una relación asimétrica de poder entre la persona migrante y el empleador (kafeel). Es decir, si, por ejemplo, en el caso del Líbano, una empresa o un ciudadano libanés ofrece un acuerdo de patrocinio a un extranjero, este puede acceder al país y trabajar para ellos.
Uno de los mayores problemas de este sistema es que genera una dependencia absoluta de los trabajadores migrantes hacia sus empleadores (y no hacia el Estado). Ya que este último posee capacidad legal para controlar a su trabajador en cualquier aspecto (aunque vaya más allá de lo laboral): sin su permiso no pueden cambiar de trabajo y además el kafeel puede cancelar en cualquier momento el permiso de residencia, lo cual deja al trabajador en una situación irregular y de desprotección absoluta. También, algunos empleadores les confiscan los pasaportes – aunque sea ilegal – una vez entran en el país.
Muchos de estos acuerdos de patrocinio aprovechan los vacíos legales para explotar a los trabajadores y trabajadoras, lo que se acaba traduciendo en una forma de esclavitud moderna: obligan a los inmigrantes a trabajar 12-18 horas al día para ellos sin recibir ningún sueldo (esto sumado a la confiscación del pasaporte deriva en que no pueden comprarse un billete de avión para huir) y bajo condiciones de explotación.
El sector que más sufre estos abusos son las trabajadoras domésticas, la mayoría provienen de Etiopía, Sierra Leona, Madagascar, Filipinas, Sri Lanka, Nepal, India y Bangladesh. Otra de las graves consecuencias de este sistema es que en muchos casos se engaña a las trabajadoras domésticas (mujeres y niñas) para explotarlas sexualmente.
Esto viola directamente el artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice: “nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas”. Según un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el tráfico de personas es un fenómeno global que afecta a víctimas de unos 140 países distintos.
Según la Organización Internacional del Trabajo, en los Países del Golfo, junto a Jordania y Líbano, el 70% de la fuerza laboral está formada por trabajadores migrantes. En 2019 todos estos países acogieron en total a 35 millones de personas, de las cuales el 31% eran mujeres. El caso más significativo es el de Catar donde los inmigrantes llegan a representar el 90% de la población.
Este porcentaje tan elevado se debe a que en estos últimos años el país ha necesitado una gran cantidad de mano de obra para construir los estadios para el Mundial de Fútbol de Qatar de este 2022. Aunque la mayoría de trabajadores han estado, y están, en una situación de abuso e incluso cerca de 7.000 han llegado a morir durante las obras de construcción.
El Sistema Kafala está plenamente asentado en el Líbano, un país de 6 millones de habitantes, hay 250.000 trabajadoras domésticas migrantes registradas oficialmente, lo cual supone el 4% de la población. Se las contrata para llevar a cabo tareas del hogar como limpiar, cocinar o cuidar de niños y ancianos.
Aunque no cuentan con protección legal ya que la Ley del Trabajo libanesa excluye explícitamente a las trabajadoras domésticas. Por lo tanto, se rigen únicamente por el sistema kafala, lo que significa que no tienen derecho a cobrar el salario mínimo ni a ser atendidas en la seguridad social y están obligadas a residir en casa de su empleador.
Según la OIT, en el Líbano, cerca del 90% de las trabajadoras domésticas se contratan a través de agencias. Se calcula que en el país hay unas 600 agencias que se lucran captando a trabajadoras de países asiáticos y africanos y haciendo de intermediarias entre estas y los empleadores.
Ganan dinero por partida doble ya que a los kafeel les cobran entre 1.000 y 3.000 dólares estadounidenses por el servicio, pero también hacen pagar a las trabajadoras que se ven obligadas a contraer deudas en sus países de origen para poder pagar y luego se encuentran en peligro – tanto ellas como sus familias – porque no pueden conseguir dinero para saldarlas.
Al estar totalmente desamparadas y desprotegidas, estas agencias las pueden castigar por supuesto mal comportamiento tanto mediante agresiones como encerrándolas bajo llave sin ningún tipo de consecuencia legal.
En estas agencias, como KWK (Khadam Wa Khadamat), para que los empleadores puedan elegir a la mujer que quieran, como si fueran un objeto, las dividen según nacionalidad, religión, estado civil, peso, altura y varias fotos. La forma más evidente de demostrar que no son tratadas como seres humanos es ver los anuncios que publican:
La Universidad Americana de Beirut realizó un estudio a través de encuestas que revelan que el 51% de los libaneses desconfía de las trabajadoras domésticas, el 41% las considera enfermas psicológicamente, el 36% cree que son estúpidas y el 27% piensa que son sucias. Lo que demuestra que el racismo y el desprecio hacia los inmigrantes, sobre todo hacia las mujeres, está muy arraigado en la sociedad y en la cultura del país. Lo que hace que sea un problema muy complejo de tratar y solucionar.
Debido a la explotación, violaciones y vulneraciones de sus derechos que sufren estas mujeres, en 2015, 300 de ellas se unieron para crear el primer sindicato de trabajadoras domésticas de la región. El objetivo era conseguir ser tratadas como seres humanos, que es lo que son, y defender que se respetaran sus derechos y sus libertades. Y aunque el Ministerio del Interior del país se comprometió a dar respuesta a su situación, los años han pasado y siguen igual de desprotegidas.
Los trabajos de la Organización Internacional del Trabajo al respecto: El Contrato Unificado Estándar y la actualidad de los trabajadores inmigrantes en el Líbano
El Sistema Kafala es un problema de relevancia internacional en el ámbito laboral humanitario y por consiguiente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT en adelante) no podía quedarse impasible al respecto.
Apoyo y presión para una Consulta Nacional Libanesa
Analizando la regulación y los trabajos de la OIT en referencia al trabajo decente y el Kafala system en Líbano podemos destacar los siguientes aspectos:
Desde la Conferencia Internacional del Trabajo de 2011, con la aprobación del Convenio no 189 sobre el trabajo decente, la Oficina Regional de la OIT para los Estados Árabes empezó a trabajar en la introducción de reformas legales y estructurales para erradicar la explotación laboral y los riesgos de trabajo forzoso. Sin embargo, la crisis económica del Líbano tiene y ha tenido una severa afectación en el trabajo decente y los migrantes son los trabajadores que más sufren las consecuencias. La mayoría se encuentran en situación de irregularidad administrativa. Esto aumenta, juntamente con otros factores, su vulnerabilidad debido a la fragilidad de los marcos jurídicos en el Estado Libanés.
En la consulta nacional que se organizó en marzo de 2020, el Ministerio de Trabajo en colaboración con la OIT, el desmantelamiento del sistema kafala era una de las prioridades en el diálogo inclusivo de medidas a corto y largo plazo. En el plan de acción se establecieron prioridades como la Reforma de la Legislación laboral y la posible adopción de una ley diferente para la regulación del trabajo doméstico.
La recomendación inmediata que se realizó en esta consulta consistía en la adopción de un Contrato Unificado Estándar para los trabajadores domésticos migrantes para garantizar la emancipación de la práctica del Sistema Kafala. Esta se planteaba como la mejor forma que se había propuesto hasta el momento para abordar las deficiencias de la legislación libanesa y apaciguar la urgente necesidad de reducir los riesgos del trabajo forzoso asociado.
Para evitar una regulación ineficaz, la OIT presentó un proyecto de Contrato revisado al Ministerio de Trabajo para que lo consideraran en la confección de su Contrato Unificado Estándar. En este proyecto trabajaron el equipo de migración de la OIT junto con el apoyo de dos proyectos de cooperación al desarrollo de la OIT (Programa de Trabajo en Libertad, financiado por el Departamento de Desarrollo (DFID), y el Proyecto Regional de Migración Justa en Oriente Medio (FAIRWAY) financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).
Los resultados de la Consulta Nacional con el apoyo de la OIT
El nuevo Contrato Unificado Revisado para el Empleo de Trabajadores Domésticos fue un primer paso crucial para desmantelar el Sistema Kafala en el Líbano. Finalmente, este se publicó el 8 de septiembre de 2020 por Lamia Yammine, ministra interina de trabajo en Líbano en su momento.
Esta novedad legislativa estableció diferentes soluciones a la grave problemática estipulando claramente que los trabajadores domésticos pueden abandonar el hogar durante su día libre semanal y sus vacaciones anuales, y que no están obligados a pagar las tasas de contratación ni los costes relacionados.
También prohíbe a los empleadores retener los salarios y confiscar los pasaportes y otros documentos personales. Una de las disposiciones clave del contrato es la cláusula de rescisión, que permite al empleador o al trabajador rescindir el contrato unilateralmente con un preaviso de un mes, y rescindirlo inmediatamente en caso de que se produzcan violaciones de los términos del contrato.
Violaciones que van desde la retención de los salarios y la confiscación de los pasaportes, hasta otros abusos y violaciones como el maltrato físico, psicológico y sexual. Además, se prevén posibles deducciones salariales por alojamiento y alimentación; la provisión de un seguro que cubra la asistencia sanitaria y los accidentes de trabajo; el pago de las bajas por enfermedad, un máximo de 48 horas semanales y una remuneración adicional del 50% de las horas extraordinarias.
De acuerdo con el Director Regional interino de la OIT para los Estados Árabes, Frank Hagemann: «El contrato es un primer paso crucial en el desmantelamiento del sistema de kafala en Líbano, que ha sido objeto de críticas por parte de los organismos internacionales de derechos humanos y laborales, los sindicatos, la sociedad civil y los medios de comunicación».
Podemos constatar que la figura de este nuevo contrato supone una mejora, pero no es más que un inicio de lo que pretende ser la erradicación del Sistema Kafala. Se calcula que al menos 250.000 trabajadores domésticos inmigrantes trabajan en Líbano. Las dimensiones de la problemática no permiten un saneamiento inmediato.
El desafío actualmente es la correcta aplicación y el efectivo cumplimiento del Contrato y sus disposiciones. La agravada crisis económica, la reciente explosión en el puerto de Beirut y las consecuencias de la pandemia han generado una crisis política generalizada en el país que dificulta la correcta aplicación y la garantía de efectividad de la medida. Por lo tanto, la labor de la OIT en este sentido resulta esencial. Es por eso que la organización internacional esta colaborando estrechamente con el Ministerio de Trabajo, los sindicatos para dar a conocer el contrato revisado y apoyar al Ministerio para garantizar su aplicación efectiva.
La realidad de la situación y la actualidad del problema
En este mismo sentido, para que el contrato goce de una plena aplicación, resulta interesante destacar uno de los últimos trabajos realizados en la materia. Se trata del trabajo «Migrant Workers’ Rights are Women’s Rights: Women MigrantDomestic Workers in Lebanon: A Gender Perspective» realizado por Zeina Mehzer (OIT), Gabriella Nassif (UN Women) y Claire Wilson (UN Women), publicado en junio de 2021.
De acuerdo con Amnistía internacional: “the kafala system is incompatible with domestic laws that safeguard freedoms and human dignity, protect workers’ rights and criminalize forced labour and human trafficking. It also directly contradicts Lebanon’s international obligations”. En el estudio en cuestión se analizan diferentes elementos que son claves para entender y abordar el problema en el presente y futuro más cercano.
Primeramente, con el estudio de las causas iniciales de la inmigración se determinó que la capacidad de las mujeres para elegir oportunidades de trabajo fuera de sus países de origen depende de muchos factores; en el peor de los casos, se les priva absolutamente de la posibilidad de elegir. “Sólo entre 2020 y 2021, la Organización Internacional para las Migraciones identificó 367 mujeres víctimas de la trata de personas en el Líbano, aunque esto no refleja el alcance total de la trata en el país”.
En segundo lugar, en cuanto al análisis de la problemática desde la perspectiva de género, la discriminación de género y la falta de protección laboral en la legislación del estado libanés infravalora gravemente el trabajo de las trabajadoras domésticas migrantes y las deja desprotegidas.
Asimismo, las trabajadoras domésticas inmigrantes tienen menos acceso al espacio público y a la libertad de movimiento en comparación que los hombres. Según los empresarios libaneses, “las razones para no permitir que las mujeres migrantes abandonen los hogares son la protección de la seguridad y evitar que busquen relaciones íntimas, que se queden embarazadas, que contraigan enfermedades de transmisión sexual o que se dediquen a la prostitución”.
De acuerdo con un estudio en el que se encuestó a más de 1.200 empleados se pudo constatar que más de uno de cada cinco empleadores libaneses (22,5%) siempre o a veces encierra a su trabajador doméstico dentro de la casa.
Otro aspecto de gran relevancia recae en el hecho de que no existe un verdadero acceso a la justicia para las trabajadoras domésticas. En el estudio en cuestión se pone en relevancia las carencias del sistema judicial y la poca prosperidad de la que gozan las denuncias penales interpuestas por las mujeres migrantes.
De acuerdo con un estudio de 2010, se examinaron 114 denuncias penales de trabajadoras migrantes y no se pudo encontrar ni un solo caso en el que se procesara al empleador. Asimismo, en un estudio más reciente se examinaron 779 casos judiciales relacionados con trabajadoras domésticas migrantes entre 2013 y 2017 y estimó que el 91% de las audiciencias se llevaron a cabo en ausencia del empleador, negando los derechos de las trabajadoras como litigantes y un juicio justo, afectando directamente a la tutela judicial efectiva.
Este artículo se ha publicado previamente en la página oficial de la Asociación para las Naciones Unidas en España y ha sido escrito por Max Preciado (estudiante del Máster universitario de Acceso a la Abogacía en la Universitat Pompeu Fabra) y Carol Gramunt (Periodista y estudiante del Máster de Periodismo Internacional en la Universitat Ramón Llull – Blanquerna).
