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¿Quiénes son los afrikáners, y por qué Estados Unidos los recibe como refugiados?

La visita de Ramaphosa a la Casa Blanca desató polémica tras las acusaciones de Trump sobre un supuesto «genocidio blanco» contra los afrikáners. Estados Unidos abrió un programa especial de refugio solo para ellos. En este artículo, la alumna del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, Victoria Cabrera, analiza una medida que generó críticas por racismo, arbitrariedad y uso político del asilo.

El pasado mes, se realizó la visita del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa a la Casa Blanca. Esta reunión desató una nueva controversia diplomática entre Sudáfrica y Estados Unidos. En el centro del conflicto está una declaración del presidente Donald Trump.

Él acusó al gobierno de Ramaphosa de llevar adelante una campaña sistemática de hostigamiento y violencia contra los blancos. En especial, contra los «afrikaners», una comunidad descendiente de colonos neerlandeses y franceses. Este grupo ha dominado históricamente sectores clave del país.

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La acusación, sustentada por videos y testimonios, generó una respuesta inmediata de las autoridades sudafricanas. Estas desmintieron los hechos y calificaron las declaraciones como «manipuladoras y desinformadas».

Mientras tanto, la gestión de Trump avanzó con un programa especial de refugio político. Este programa permite la entrada de «afrikaners» a Estados Unidos como víctimas de persecución racial o religiosa. Por ahora, han ingresado unos 59 sudafricanos al territorio estadounidense bajo esta categoría.

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Este hecho fue duramente criticado por organizaciones humanitarias y analistas internacionales. Señalaron problemas en los criterios de selección, el trasfondo político de la medida y su ética. También se cuestionó el trato privilegiado hacia este pequeño grupo, frente a los inmigrantes latinos. Esto ocurre en un contexto donde se suspenden admisiones de refugiados desde países como Haití, Afganistán o Venezuela.

El encuentro entre Trump-Ramaphosa en la Casa Blanca

El 21 de mayo de este año, el presidente Ramaphosa fue recibido oficialmente por Donald Trump en la Casa Blanca. Se hablaron temas sobre cooperación energética, acuerdos bilaterales y comercio. Pero todo se tornó tenso cuando Trump, rodeado de asesores, acusó al gobierno sudafricano de llevar adelante un «genocidio blanco» contra la población afrikaner.

Los medios captaron el momento en que el presidente de Estados Unidos mostró imágenes y videos. Acusó al gobierno de que granjeros blancos estaban siendo asesinados y de que existía una «limpieza racial encubierta» en zonas rurales.

«Es un espectáculo terrible, nunca había visto algo así», comentó Trump mientras se proyectaban las imágenes. Aseguró que «están matando a esta gente» y repitió la palabra «genocidio».

Afirmó que «la gente está huyendo de Sudáfrica por su propia seguridad». También dijo que «sus tierras están siendo confiscadas y, en muchos casos, están siendo asesinados». «Cuando toman la tierra, matan al granjero blanco», aseguró Trump, según la BBC.

Ramaphosa refutó las acusaciones: «Hay criminalidad en nuestro país. Desafortunadamente, quienes mueren por actividades delictivas no son solo personas blancas». Agregó que «la mayoría son personas negras», cuestionando así la idea de Trump de que los blancos están siendo asesinados de manera desproporcionada, según People.

Algunos consideran que la reunión fue una «emboscada» por parte de Trump. Creen que buscaba exponer a Ramaphosa con acusaciones infundadas y sin corroborar sobre «genocidio».

De todas formas, posteriormente Ramaphosa dijo a los periodistas que las reuniones habían ido «muy bien». Añadió que creía que Trump lo había escuchado. «Sí, lo hizo; todo salió muy bien», afirmó, según The Washington Post.

¿Quiénes son los afrikáners?

Los afrikáners son una comunidad descendiente de colonos europeos, principalmente holandeses, franceses y alemanes, que se establecieron en Sudáfrica a partir del siglo XVII. Su lengua, el afrikáans, y su identidad cultural se consolidan bajo el modelo de vida rural, religioso y profundamente marcado por la colonización. Durante el siglo XX, los afrikáners ocuparon el centro del poder político durante el régimen del apartheid (1948-1994).

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Con la posterior caída del régimen y el ascenso del Congreso Nacional Africano (ANC), los afrikáners perdieron su hegemonía institucional. Sin embargo, conservaron influencia en sectores clave como la propiedad de tierras, las finanzas y la industria agroexportadora.

«Los afrikáneres constituyen el grupo blanco más numeroso de Sudáfrica y forman parte de la vida multirracial cotidiana del país. Muchos son exitosos líderes empresariales y algunos ocupan puestos en el gobierno.» según informa WHYY.

En las últimas décadas, parte de esta comunidad ha promovido una narrativa de marginalización. Organizaciones como AfriForum han denunciado una supuesta persecución estatal. Desde ese marco ideológico, se ha construido la idea de que los afrikaners son hoy una minoría perseguida.

¿Por qué Estados Unidos recibe a los afrikáners como refugiados?

Fue en este contexto que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, anunció un programa especial de admisión para un grupo reducido de sudafricanos blancos. La medida, anunciada como una «resolución humanitaria extraordinaria», permitió la entrada de 59 personas de origen afrikaner bajo el marco del “Priority 2 Refugee Admission Program”, una categoría reservada generalmente para casos excepcionales. 

Esta decisión se apoyó en un informe presentado por un comité asesor cercano a Trump, el cual argumentaba que los afrikaner estaban siendo víctimas de una persecución sistemática por motivos étnicos, culturales y políticos en Sudáfrica. El informe fue muy criticado por su falta de evidencia y por apoyarse en testimonios recogidos en redes sociales y medios alternativos. A pesar de ello, el gobierno estadounidense procedió con la aceptación del grupo, bajo el pretexto de «preservar la libertad religiosa y cultural de comunidades amenazadas por regímenes hostiles».

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El caso generó controversia, en los medios de comunicación se señaló que los solicitantes no cumplían con los requisitos establecidos para obtener tal categoría y beneficios como inmigrante. Mientras que se niega la entrada o se expulsa a miles de inmigrantes latinoamericanos, ucranianos o haitianos que huyen de conflictos o crisis humanitarias, se habilita un canal privilegiado para una minoría étnica. Esto pone en tela de juicio la doble vara para ofrecer refugio a personas que lo necesitan, e introduce criterios políticos e ideológicos en el sistema sistema de refugio internacional.

Conclusión

Este caso revela mucho más que una simple política migratoria excepcional, expone a ciertos sectores del poder que utilizan el sistema de asilo como un instrumento ideológico: no para proteger a los más vulnerables, sino para reforzar narrativas que favorecen intereses raciales, geopolíticos o electorales.

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A su vez, el hecho de que Estados Unidos haya utilizado un canal especial de refugio para personas blancas mientras mantiene políticas punitivas y restrictivas hacia miles de migrantes racializados que huyen de conflictos, pobreza extrema o violencia estructural, en especial América Latina, plantea preguntas incómodas: ¿A quienes se les otorga el derecho de ser refugiados? ¿Quiénes merecen esa protección según Estados Unidos?

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Masterclass | Guerras cognitivas: la nueva amenaza

Guerras cognitivas: la nueva amenaza

Masterclass organizada por LISA Institute

Quién participa

👤 Daniel Iriarte (@Danieliriarteo), periodista, corresponsal y analista internacional especializado en geopolítica, seguridad global, desinformación y amenazas híbridas.

A nivel profesional, ha sido reportero y enviado especial en más de 50 países de África, Oriente Medio, Europa del Este y Asia, cubriendo la Primavera Árabe, conflictos del Cáucaso o las guerras de Libia y Siria. Profesor del Máster de Analista Internacional y Geopolítico y del Curso de Prevención y Seguridad para Zonas Hostiles o de Guerra de LISA Institute.

A nivel académico, es licenciado en Periodismo (UCM) y Máster en Estudios sobre Terrorismo (UNIR).

👤 Marc Vendrell, profesor y director académico del área de Análisis de Inteligencia y Estrategia de LISA Institute y profesor del Curso de Analista Político Internacional.

A nivel profesional, anteriormente fue asesor político sobre proyectos europeos y Agenda 2030 en la Administración pública; profesor de Ciencias Políticas en INISEG; Reviewer en el área de Conflictos Geopolíticos en el I Congreso de CCPP de CIPARI. Consultor estratégico en INVES y analista en À Punt sobre Estados Unidos. Actualmente, es Profesor y Director académico del área de Análisis de Inteligencia y Estrategia de LISA Institute y profesor del Curso de Analista Político Internacional.

A nivel académico, es graduado en Ciencias Políticas por la UNED. Máster en Análisis de Inteligencia por la Universidad Pegaso (Italia). Máster en Estudios Estratégicos por la UGR. Postgraduate in International Relations and Geopolitics por la Universitat Oberta de Catalunya. Técnico avanzado en Inteligencia y operaciones psicológicas por CISDE. Autor del libro La teoría de juegos y el conflicto comercial chino-estadounidense.

Qué aprenderás en esta masterclass

Desde hace algún tiempo se habla de un nuevo dominio militar: el cerebro humano. La guerra cognitiva es el conjunto de estrategias utilizadas para manipular a las audiencias y llevarlas a actuar de una forma predeterminada, incluso contra sus propios intereses. Lo que se busca es ‘hackear’ las mentes de los objetivos y neutralizar sus defensas críticas, e incluso ponerlas al servicio del atacante.

En la masterclass «Guerras cognitivas: la nueva amenaza» veremos algunos ejemplos de guerra cognitiva, como la campaña china en Taiwán o los esfuerzos de Rusia para erosionar el apoyo a Ucrania, así como las técnicas y herramientas que se usan en estas operaciones, desde las plataformas tecnológicas hasta el uso de memes. También abordaremos el tipo de mensajes y los mecanismos psicológicos que hacen que estas campañas de influencia funcionen.

Además…

La masterclass «Guerras cognitivas: la nueva amenaza» forma parte de la serie de los más de 35 webinars en directo que LISA Institute y LISA News han organizado este año en el contexto del Máster Profesional de Analista de Inteligencia de LISA Institute.

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El ocaso de Irán: ¿está llegando el fin de los Ayatolás?

Irán atraviesa uno de los momentos más críticos desde la Revolución Islámica de 1979. Las presiones internas y los ataques externos han puesto en jaque al régimen de los Ayatolás. En este artículo, Roberto Pozas Lázaro, alumno del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute analiza si estamos ante el principio del fin de su poder en Oriente Medio.

Irán ha sido una de las principales potencias regionales de Medio Oriente. Desde la Revolución Islámica de 1979, Teherán ha consolidado su influencia en zonas clave a través de una combinación de liderazgo ideológico, capacidad militar y redes de alianzas estratégicas. Sin embargo, los recientes acontecimientos, tanto internos como externos, han puesto en duda la continuidad del régimen.

Internamente, la República Islámica enfrenta una presión social incontestable. La prolongada crisis económica, exacerbada por las sanciones internacionales, ha debilitado las bases económicas del régimen. Además, el descontento social, catalizado por las desigualdades económicas y la represión política, han erosionado la legitimidad de los Ayatolás. 

Externamente, los fracasos del llamado «Eje de la Resistencia», liderado por Irán, han incrementado las tensiones en la región. El reciente estallido del conflicto con Israel y Estados Unidos también ha puesto en jaque la continuidad del régimen. Estos ataques que ya no solo se limitan a sus praxis, sino que atentan directamente contra Teherán, reflejando la decadencia del régimen. 

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La combinación de estos factores plantea serias preguntas sobre el futuro del establishment persa. Mientras el régimen lucha por mantener su narrativa de resistencia frente a potencias extranjeras, enfrenta desafíos cada vez mayores para su propia subsistencia.

El presente artículo analizará cómo estos elementos van a reconfigurar el futuro de los Ayatolás y la relevancia de la República Islámica en Oriente. También plantea la pregunta: ¿Estamos ante el fin de los Ayatolás?

Factores internos: una nación en crisis y el desgaste de los Ayatolás

Más de cuatro décadas después del triunfo de la Revolución Islámica de 1979 y la instauración de la República Islámica, Irán enfrenta una crisis interna. Esta situación amenaza con desestabilizar el núcleo del régimen. Las sucesivas olas de protestas y el creciente descontento social han evidenciado fracturas profundas en el sistema político. Dicho sistema fue establecido por los Ayatolás, y hoy recrea cierto paralelismo con el abrupto y repentino derrocamiento del Sha.

Un punto de inflexión, por su significado y características, fue la protesta generalizada en todo el país en 2019 por el alza de la gasolina. Este aumento fue consecuencia directa de las sanciones y el embargo estadounidense al Gobierno de Teherán.

Estas manifestaciones, estuvieron caracterizadas por una violencia sistemática y generalizada, que se extendieron por meses. Sus consecuencias dejaron al descubierto una profunda falta de justicia social y marcaron el inicio de un cuestionamiento al régimen del 79. 

El segundo momento crucial se desarrolló en 2022, tras el asesinato de Masha Amini a manos de las autoridades. Este hecho catalizó una fractura social evidente, impulsando a los sectores marginados históricamente, jóvenes, mujeres y minorías, a movilizarse en busca de reformas políticas y sociales

En lo que respecta a la economía iraní, esta atraviesa una situación de extrema presión, resultado de una compleja interacción de factores entre los que destacan las sanciones internacionales, la inflación, el desempleo y la corrupción sistémica.

El punto de partida de esta crisis económica se encuentra en las sanciones internacionales, especialmente el embargo petrolero impuesto por el bloque occidental. Este embargo, aplicado en 2018, tuvo un impacto devastador. El petróleo representaba el 70 % de las exportaciones iraníes y el 60 % de los ingresos directos del Estado. La drástica caída en los ingresos por exportaciones condujo al desplome de la economía. Esto obligó al gobierno a implementar severos recortes en áreas clave, como las subvenciones a la gasolina y las inversiones públicas.

Paralelamente, la moneda nacional se depreció significativamente frente al dólar, lo que encareció las importaciones y afectó gravemente al tejido industrial y empresarial del país. Muchas empresas redujeron o incluso detuvieron por completo sus operaciones, exacerbando la crisis económica.

El segundo factor crítico es la combinación de inflación y desempleo. Para financiarse en medio de la crisis, el gobierno incrementó la emisión de papel moneda, lo que disparó la inflación. A su vez, el cierre de numerosas empresas llevó a un aumento del desempleo, profundizando el malestar social y económico.

A esta situación se sumó el impacto de la pandemia de COVID-19, que asestó un golpe aún más severo. Además de las graves pérdidas humanas, estimadas en alrededor de 145,000 vidas, la crisis sanitaria redujo drásticamente los precios del petróleo y paralizó gran parte de la actividad económica del país. El sector servicios, que emplea a más del 51% de la población activa, sufrió un impacto particularmente negativo en el PIB.

Las clases bajas, dependientes en gran medida de este sector, fueron las más afectadas y enfrentaron un aumento significativo del desempleo. La gestión económica del gobierno empeoró aún más la situación. En 2022, la eliminación de subsidios para productos esenciales impulsó un nuevo repunte de la inflación.

A pesar de este panorama desolador, algunos factores externos podrían ofrecer un leve respiro, como el aumento en los precios del petróleo y las exportaciones de crudo. Sin embargo, la precaria infraestructura iraní limita las posibilidades de recuperación a corto y medio plazo.

Además, la postura hostil de la nueva administración estadounidense, que ha incrementado los aranceles, ha sumido a Irán en una guerra comercial para la que carece de herramientas eficaces, lo que complica aún más cualquier intento de estabilización económica.

La combinación de la crisis social y económica ha sumido a Irán en una profunda crisis política. El trágico fallecimiento del presidente Ebrahim Raisi, junto con la incertidumbre sobre la sucesión del Ayatolá Alí Jamenei, ha intensificado las tensiones entre las facciones reformistas y conservadoras del régimen. Este choque interno se ve agravado por las continuas protestas sociales, que socavan la estabilidad necesaria para alcanzar un consenso entre las fuerzas políticas.

Factores externos: la presión internacional

La capacidad de Irán para proyectar su influencia ha experimentado un notable declive en las últimas décadas. Esto se debe a una combinación de factores que incluyen el colapso del acuerdo nuclear y las sanciones internacionales. También ha influido el debilitamiento del llamado «Eje de la Resistencia» en su enfrentamiento con Estados Unidos e Israel.

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El Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), firmado por Irán junto a Rusia, China, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Alemania y la Unión Europea, representó una oportunidad histórica para reintegrar al país en la sociedad internacional.

A cambio de que Irán limitara su programa nuclear a fines exclusivamente civiles, el acuerdo contemplaba el levantamiento de sanciones y la supervisión de la OIEA. Entre los compromisos asumidos por Teherán estaba la prohibición de construir instalaciones con capacidad para enriquecer uranio. También debía reducir el nivel de enriquecimiento por debajo del 3,67 %.

Sin embargo, en 2018, Estados Unidos abandonó el acuerdo bajo la administración de Donald Trump. Alegó presuntos incumplimientos por parte de Irán, a pesar de que la OIEA había confirmado el cumplimiento iraní en ese momento.

Paralelamente, el contexto geopolítico árabe también ha complicado la posición de Irán. El reconocimiento progresivo de Israel por parte de países del mundo árabe alcanzó un punto culminante en 2020 con la ratificación de los Acuerdos de Abraham por Marruecos, Bahrein, Sudán y Emiratos Árabes Unidos, bajo la supervisión de la Administración Trump. Este avance diplomático socavó el aislamiento de Israel, debilitando la narrativa iraní frente al enemigo sionista.

Además, la derrota de Bashar al-Asad en la guerra civil siria resultó en un duro golpe para los intereses iraníes. Esto consolidó a Turquía como la principal ganadora del conflicto. Como consecuencia, Irán perdió una base clave para apoyar a sus aliados Hezbolá y Hamás. Estos últimos, debilitados tras la reciente invasión de Israel a Palestina, han visto reducida significativamente la capacidad de apoyo por parte de Teherán.

La situación internación ha allanado el camino a Israel para lanzar la operación «León Ascendente». En esta ofensiva, las fuerzas hebreas atacaron instalaciones nucleares clave en Khondab, Khorramabad y Natanz, así como urbes como Tabriz, Hamedán y Bandar Abbas entre otras, con el objetivo de neutralizar las capacidades iraníes y decapitar su cúpula militar

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En respuesta, los Ayatolás lanzaron una serie de ataques que lograron violar la «Cúpula de Hierro» israelí, uno de sus tres sistemas de defensa, impactando enciudades como Tel Aviv y Jerusalén. No obstante, el alcance y efectividad de los ataques fueron muy limitado en comparación con la capacidad bélica del Estado Sionista

Estados Unidos, que en un primer momento se desmarcó del ataque injustificado de Tel Aviv, se uniría a estos en base a su doctrina «la paz mediante la fuerza». El pasado 22 de junio, bombarderos B-2 han atacado las bases y búnkeres nucleares con bombas GBU-57 MOP, añadiendo más presión si cabe al régimen Iraní. 

En este escenario, las tensiones internacionales, la paupérrima economía y las ofensivas militares han puesto a Irán en una posición extremadamente vulnerable, cuestionando la sostenibilidad y capacidad del régimen de seguir subsistiendo. 

El futuro de los ayatolás

Irán se enfrenta a un panorama complejo, donde los retos parecen superar las capacidades del régimen para afrontarlos. Internamente, la combinación de una crisis económica prolongada, una sociedad cada vez más revuelta y fracturas políticas profundas pone en entredicho la estabilidad del sistema.

Externamente, la presión internacional y los cambios en el equilibrio de poder regional han reducido significativamente el margen de maniobra de Teherán. La reciente intervención militar combinada de Israel y Estados Unidos no solo ha golpeado severamente las capacidades estratégicas de Irán, sino que también ha puesto en tela de juicio su capacidad para desempeñar un papel relevante en Oriente Medio y garantizar la continuidad del régimen islámico del 79.

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A pesar de que los Ayatolás han superado numerosas crisis y conflictos en el pasado, este nuevo escenario de confrontación directa y multidimensional representa un desafío sin precedentes. La narrativa de resistencia, históricamente central en la legitimación del régimen,ahora se enfrenta a una realidad donde Irán está siendo consecutivamente golpeando por la realidad bélica, política y económica. 

Las consecuencias de este conflicto están aún por verse. Entre las posibles medidas extremas que Irán podría adoptar para mantener de alguna manera su posición destaca el cierre del Estrecho de Ormuz, un cuello de botella estratégico y crucial por el que transita una parte considerable del comercio internacional de petróleo. Tal corte tendría unas repercusiones económicas internacionales que afectarían a la estabilidad internacional. 

En busca de apoyo, Irán ha girado hacia sus aliados como Rusia y China. Ambas potencias han condenado enérgicamente los ataques israelís y la escalada estadounidense. Si bien no parece probable que intervengan directamente, se espera que ofrezcan apoyo logístico, diplomático y económico para contrarrestar el empuje occidental. China, en particular, podría desempeñar un papel mucho más activo al no tener ningún conflicto abierto como si lo tiene Rusia. 

En este contexto, Irán se encuentra en una encrucijada histórica, donde las decisiones tomadas en los próximos meses podría definir no solo el futuro del régimen, sino también el equilibrio de poder en Oriente Medio y la estabilidad económica global. 


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La urgente necesidad de recuperar la soberanía tecnológica en Europa

Europa está perdiendo la batalla por su soberanía tecnológica en un mundo gobernado por datos, algoritmos y estándares impuestos desde fuera. La falta de industria propia, la dependencia digital y una regulación sin músculo están debilitando su posición estratégica. Mientras las plataformas mandan y los chips escasean, la innovación se escapa. El CEO de Quantum Babylon y alumno certificado del Máster Profesional de Analista de Inteligencia de LISA Institute, Juan Pablo Castillo Cubillo, analiza si Europa sabrá dejar de reaccionar y empezar, por fin, a construir.

En 2022, la Comisión Europea prohibió a sus funcionarios usar TikTok en dispositivos oficiales. No fue solo una medida de ciberseguridad, sino el primer síntoma de una realidad incómoda.

Podemos hablar todo lo que queramos sobre si la aplicación realmente nos espía, al igual que el resto de redes sociales. O si en realidad el problema de fondo es más serio y profundo: un algoritmo en sus entrañas, infinitamente más adictivo que el de otras redes. Porque aquí está el problema que no queremos ver.

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No olvidemos el último escándalo de la empresa con la «f» azul, que seguía el rastro de todos los usuarios de Android. Incluso si estos ocultaban su actividad mediante VPN o las tres apps preinstaladas de Meta, que se mantienen en ejecución permanentemente. Es obvio que nadie se ha tirado las manos a la cabeza.

Así que el problema va por otro lado. En el mundo real, Europa (cuna de la Revolución Industrial) tiene que hablar del elefante en la habitación que lo está destrozando todo. Ha dejado de ser el faro que iluminaba el desarrollo y la innovación, para sumirse en un colapso acelerado.

Actualmente, el viejo continente depende tecnológicamente de potencias que compiten por dominar el siglo XXI. Estas se sitúan fuera del territorio que, en su día, fue sinónimo de grandes imperios. Ya hace un lustro se dio a conocer, mediante un informe de la consultoría Oliver Wyman sobre la soberanía digital europea, que el 92% de sus datos se almacenaban en servidores estadounidenses.

Esta dependencia es una situación que puede complicarse aún más en un mundo donde los algoritmos moldean elecciones, los satélites guían misiles y los datos son el nuevo petróleo. Todo esto convierte a la tecnología en un auténtico campo de batalla geopolítico.

Este concepto va más allá de la autosuficiencia. Se trata de dominar las capas críticas que sostienen el poder tecnológico del presente siglo. Por eso, es necesario cambiar la perspectiva para poder evolucionar en este escenario. No basta con fabricar dispositivos (que ni eso hacemos realmente, pues dependemos de TSMC, a las órdenes de Estados Unidos, y de la eficiente industria china que materializa los diseños que luego montamos aquí).

También hay que pensar en controlar las infraestructuras físicas, desde centros de datos hasta imprimación de chips. Además, es clave dominar las capas lógicas que gobiernan lo intangible, como sistemas operativos o protocolos de comunicación. Lo mismo ocurre con los estándares globales que definen el futuro: desde el 5G (y el 6G) hasta los protocolos de smart contracts o los marcos éticos de la IA. Y es que, renunciando a estas tres patas del banco —la física, la digital y la normativa—, cualquier avance será efímero y la soberanía tecnológica, un espejismo.

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Antes de continuar, es importante hacer un pequeño apunte, antes de que las malas lenguas hagan su habitual ruido desbocado. Controlar infraestructuras, protocolos y marcos éticos no consiste en redactar infinitas normativas, reglamentos o en crear comités eternos pagados con el dinero de todos. Estos solo empeoran la situación dictando directrices que hacen cada vez más difícil competir con otras potencias. La situación de la IA en Europa ya clama al cielo. Parece que nos hubiéramos decidido, a toda costa, a ser los últimos de la fila pase lo que pase.

Viéndolo con retrospectiva, se puede decir que Europa subestimó su capacidad hegemónica en lo que al desarrollo tecnológico se refiere. La nueva geopolítica no se juega en fronteras físicas, sino en líneas de código.

A nivel europeo, nuestros dirigentes, durante décadas, pareciese que tuviesen miedo de tomar medidas reales para competir en el campo tecnológico sin molestar a nuestros aliados. El sangrante caso de la industria del automóvil subvencionando las pérdidas del motor de explosión frente al desarrollo del coche eléctrico en otras naciones avanzadas es sonrojante.

A Tesla, incluso con las recientes salidas del tiesto de Musk, ningún fabricante europeo puede hacerle sombra. Mientras tanto, China comienza a plantearse baterías de estado sólido con autonomía de 1.500 km. Aquí, todavía no sabemos cómo conseguir 500 km de forma fiable. Todo eso es información. Y esa información, en Europa, ni está ni se la espera.

Cuando ASML sea superada por una empresa china o estadounidense, seremos un cero a la izquierda en la innovación tecnológica. Nadie parece consciente. Todos lo saben, pero nadie analiza las consecuencias de lo cerca que estamos de la irrelevancia. Y eso que no han faltado red flags que nos advertían.

Mientras EE.UU. consolidaba su soft power (término acuñado por Joseph Nye) con Google y Facebook, China levantaba una Gran Muralla Digital con Huawei y WeChat. Entretanto, la Unión Europea confió en regulaciones como el GDPR (LOPD en España), pero no invirtió en alternativas propias. El resultado, aunque esperado, no fue menos desolador: un continente hiperconectado pero tecnológicamente colonizado.

En la práctica, regalamos nuestros datos al resto del planeta. Y nosotros no podemos hacer nada con ellos. Solo lo hacen cuatro grandes corporaciones, destruyendo la libre competencia y minando leyes clave del capitalismo saludable.

Sin embargo, los nuevos acontecimientos ocurridos en 2025 traen una oportunidad de oro para Europa. La nueva «guerra arancelaria» propugnada desde la Casa Blanca o la escalada entre Washington y Pekín han convertido a Europa en un «tercer polo» deseado por ambos. Su mercado único, su veteranía en industrias clave (verde, salud, manufactura) y su tradición de cooperación multilateral son ventajas únicas.

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Y es que proyectos como GAIA-X, Galileo, la constelación IRIS² o el mismo Bizum europeo muestran que, por primera vez, hay voluntad estratégica. Ahora solo falta saber qué desea Europa «ser de mayor».

Por lo tanto, la pregunta ya no es «¿Por qué hacerlo?», sino «¿Cómo escalar de la soberanía declarativa a la operativa?». Porque en la era de la inteligencia artificial y la computación cuántica, quien no controle su tecnología será controlado por la de otros.

Consecuencias de la falta de una industria fuerte de I+D+i en la soberanía tecnológica de Europa

Desgraciadamente, no todos los países son capaces, incluso teniendo los medios, de consolidar una industria sólida en I+D+i. Esto trae como resultado un ínfimo desarrollo tecnológico. Y, en consecuencia, una menor soberanía y un posicionamiento geopolítico más débil. Esta carencia repercute directamente en la capacidad de un Estado para responder a desafíos globales.

En términos prácticos, suele traducirse en dependencia de tecnología extranjera, limitaciones en la negociación política y brechas digitales que frenan el desarrollo interno. Por ello, urge implementar políticas que promuevan acciones reales en investigación, desarrollo e innovación. No sólo para fortalecer la competitividad del país, sino también para preservar la soberanía tecnológica en un entorno internacional altamente interconectado.

Dependencia de tecnología extranjera

La falta de capacidad para producir tecnología propia o autóctona, desde redes de comunicación hasta software crítico o patentes, deja al Estado a merced de intereses ajenos. Ejemplo de esto fue lo ocurrido en 2021, cuando la escasez de microchips procedentes de Taiwán puso en jaque a la industria del automóvil. Esto demuestra que, al depender de proveedores externos, las naciones pueden vivir situaciones gravosas y adaptarse a los deseos de terceros.

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Esta dinámica afecta no sólo la competitividad industrial, sino también la capacidad de un país para salvaguardar su soberanía. Un entorno tecnológico condicionado por presiones extranjeras complica definir políticas autónomas de desarrollo, defensa e innovación. Podría decirse que Europa no sólo compra tecnología, sino que hipoteca su autonomía.

El desenlace más lógico es la limitación de la capacidad para negociar políticamente en favor de los intereses nacionales. La ausencia de una industria local que desarrolle tecnologías clave condiciona la autonomía de territorios como el viejo continente. Esto genera una precariedad tecnológica que debilita tanto la posición de fuerza de un Estado como su capacidad para preservar la soberanía.

También afecta la posibilidad de definir políticas públicas ajustadas a sus intereses en cualquier momento. Prueba de ello fue la reunión entre Donald Trump y Volodímir Zelenski en la Basílica de San Pedro, antes del funeral del Papa Francisco I. Al parecer, se trató la cesión a Estados Unidos de tierras ucranianas ricas en minerales raros.

La falta de un tejido sólido de innovación afecta directamente al desarrollo interno de un país. Sin industrias propias que generen y apliquen soluciones tecnológicas, se amplía la brecha digital. Esto impacta especialmente en la educación y la formación del capital humano, así como en la competitividad de empresas grandes, medianas o pequeñas. Al no contar con herramientas de vanguardia, muchas ven limitada su entrada a mercados digitales, perpetuando desigualdades socioeconómicas. Además, la falta de empleos en sectores de alta innovación incrementa la asimetría y ralentiza el crecimiento del PIB.

En este contexto, consolidar un ecosistema de I+D+i se vuelve esencial. Solo así se puede dinamizar el tejido productivo, mejorar la calidad de vida y garantizar un desarrollo equilibrado. Es la única vía para reducir las disparidades tecnológicas dentro del país.

Sectores estratégicos, vulnerabilidad y su impacto en la soberanía tecnológica de Europa

La soberanía tecnológica de Europa se juega en sectores críticos como los semiconductores y las energías limpias. En ellos, la capacidad de innovación define no solo competitividad, sino también independencia geopolítica. Los chips, verdaderos cerebros de la industria 4.0, son la columna vertebral de sistemas de defensa, redes de telecomunicaciones y cadenas automotrices.

El consumo masivo, unido a su escasez o al control por parte de pocos actores, incide directamente en la estabilidad y la política global. Su producción, concentrada en un oligopolio tecnológico (la mayoría en Asia) convierte esta industria en un punto de fractura. Cada interrupción de suministro revela la vulnerabilidad de economías enteras ante crisis externas.

La tensión comercial entre potencias como Estados Unidos y China, junto a los esfuerzos de Europa por consolidar una capacidad autónoma, evidencian una necesidad urgente. Europa debe garantizar una fabricación doméstica de chips. Este enfoque busca contrarrestar medidas coercitivas, como embargos tecnológicos, que comprometerían la seguridad económica y estratégica de los países. La independencia digital no es una opción. Es el cerrojo contra nuevas formas de colonialismo tecnológico.

En el mismo plano estratégico, la Inteligencia Artificial (IA) y el Big Data tienen un papel cada vez más determinante en la geopolítica. En este terreno, la innovación tecnológica opera como un catalizador de poder. Las grandes empresas que lideran la investigación en IA y procesamiento masivo de datos ejercen un control transversal sobre múltiples industrias. Lo hacen gracias a su capacidad para extraer, analizar y monetizar información a escala global.

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Esta dependencia implica un riesgo existencial cuando un Estado delega en actores externos el control de infraestructuras críticas de datos. Desde centros de almacenamiento hasta redes de transmisión, se compromete la soberanía digital en ámbitos sensibles como la seguridad nacional, los sistemas sanitarios o los mercados financieros. La externalización de estas capacidades abre la puerta a interferencias estratégicas y presiones coercitivas. También subordina a entidades públicas y privadas a marcos regulatorios extraterritoriales, erosionando su autonomía en la toma de decisiones.

Cada cloud region externa es, en esencia, un caballo de Troya listo para ser activado. No se trata solo de una subcontratación. Es una abdicación progresiva de soberanía, donde las decisiones críticas quedan sujetas a códigos opacos controlados por potencias rivales.

Geopolíticas de las plataformas tecnológicas

Continuando con lo expresado en el apartado anterior, puede ejemplificarse con la irrupción de las grandes corporaciones tecnológicas, también conocidas como Big Tech. Estas han generado un escenario en el que unas pocas plataformas ejercen un poder sin precedentes sobre la infraestructura digital. Y, por ende, sobre la información que recibimos y las opiniones que nos formamos.

A través del dominio de servicios esenciales (como la computación en la nube, las redes sociales y los sistemas de comunicación instantánea) estos conglomerados ejercen una influencia estructural. Afectan tanto la circulación de información como la arquitectura de la gobernanza global.

Esta concentración de recursos y capacidades genera tensiones crecientes con los Estados. Muchos gobiernos, ante esta situación, se ven obligados a negociar marcos regulatorios. O incluso a ceder ciertos principios a cambio de mantener acceso a servicios digitales básicos. Las tensiones se materializan en disputas emblemáticas, desde la protección de datos hasta la fiscalidad de operaciones transfronterizas.

Todo ello demuestra cómo estas entidades han acumulado un poder de negociación que rivaliza con el de naciones medianas. Especialmente en ámbitos como la fijación de estándares técnicos o la imposición de condiciones comerciales.

Hasta ahora, este enfrentamiento se ha saldado en favor de las grandes corporaciones. Estas conservan libertad práctica para seguir accediendo a nuestra información. Mientras tanto, el sector tecnológico europeo se ve aún más limitado por normativas, códigos y regulaciones que obstaculizan su capacidad competitiva.

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La estandarización es el campo de batalla invisible donde se decide quién gobernará la infraestructura digital del mañana. Quien redacta los protocolos técnicos (como el 5G, los IoT o el cifrado postcuántico) no solo vende productos. También impone las reglas del juego.

Mientras la Unión Europea intenta restablecer el equilibrio con iniciativas como el Digital Standards Alliance o los mandatos de interoperabilidad del Digital Markets Act, aún no da el paso clave: crear una industria tecnológica capaz de imponer arquitecturas propias. Esa falta de acción la condena a seguir siendo rehén de estándares ajenos.

Estrategias para el fortalecimiento de I + D+ i

La dinámica tecnológica global ha puesto de relieve la necesidad de contar con sistemas sólidos de investigación y desarrollo (I+D). Solo así se puede sostener la competitividad económica y la soberanía tecnológica de los países. En un entorno donde la innovación es decisiva para enfrentar retos en industria, energía o defensa, fomentar la I+D+i con enfoque estratégico es crucial. Esto permite reducir la dependencia de suministros y patentes extranjeras.

Al mismo tiempo, la colaboración entre el sector público y privado resulta clave. También lo es el fortalecimiento de ecosistemas de innovación. Ambos factores son determinantes para dinamizar la creación de valor y posicionar al país como un actor relevante en la economía global.

Iniciativas para el fomento de la I+D+i y la soberanía tecnológica en Europa

La apuesta por la inversión público-privada en investigación emerge como un pilar esencial para impulsar la competitividad tecnológica y la creación de valor añadido en cualquier nación. Por un lado, el Estado desempeña un papel motor en el fomento de la innovación a través de subvenciones, créditos blandos o incentivos fiscales, al tiempo que promueve la cooperación entre instituciones públicas y universidades.

Por otro lado, la articulación de alianzas con el sector empresarial resulta determinante para traducir el conocimiento científico en productos y servicios de alto impacto. De esta manera, se potencia el crecimiento de un ecosistema de investigación y desarrollo capaz de generar soluciones innovadoras, al mismo tiempo que se estimula la formación de talento especializado y se refuerza la competitividad a nivel global.

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La creación de ecosistemas de innovación es vital para la consecución de una independencia tecnológica. La vertebración de clústeres tecnológicos, parques científicos y alianzas entre centros de investigación, empresas y gobiernos regionales resulta clave para afianzar y dinamizar la I+D+i a escala local y nacional. A través de estos ecosistemas, las organizaciones pueden compartir infraestructura, recursos y conocimientos, lo que facilita la transferencia de tecnología y estimula la especialización en áreas estratégicas.

Asimismo, el enfoque colaborativo contribuye a la retención de talento científico y tecnológico, pues ofrece entornos de trabajo estimulantes y oportunidades de crecimiento profesional. En última instancia, dichos ecosistemas apuntalan la competitividad de los sectores productivos y promueven un desarrollo económico sostenible, reforzando de paso la capacidad de las regiones para insertarse con éxito en la economía global.

En paralelo a la creación de ecosistemas de innovación, resulta esencial impulsar la educación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) desde edades tempranas. Este enfoque promueve la formación de futuras generaciones capaces de liderar proyectos de innovación y de adaptarse a un entorno productivo global cada vez más tecnificado.

Para ello, se requieren programas que incluyan no solo la actualización de currículos escolares y la capacitación continua de docentes, sino también esquemas de becas y convenios de intercambio internacional. De igual modo, resulta prioritario el desarrollo de planes de retención de talento que ofrezcan a los jóvenes científicos e ingenieros oportunidades de crecimiento profesional en el ámbito local, reduciendo así la fuga de cerebros y reforzando el tejido innovador del país.

Para culminar el proceso de fortalecimiento de la I+D+i, resulta imprescindible asegurar que las cadenas de suministro y fabricación cuenten con componentes críticos producidos dentro del propio país. Esto implica no solo la existencia de patentes locales y el ensamblaje de equipos de alta tecnología, sino también la consolidación de redes de proveedores que permitan una mayor autonomía industrial.

En este sentido, una política de compras públicas que priorice la adquisición de bienes y servicios tecnológicos de origen nacional puede actuar como palanca para estimular la demanda interna y el crecimiento de los sectores productivos. A medio y largo plazo, la articulación de estos esfuerzos refuerza la soberanía tecnológica y potencia el desarrollo de un tejido empresarial capaz de competir a escala internacional.

Desafíos pendientes

Las iniciativas europeas mencionadas al principio del artículo trazan un mapa de ruta audaz, pero su ejecución tropieza con obstáculos estructurales que revelan las contradicciones intrínsecas del proyecto comunitario. La brecha financiera es el primer frente ya que Europa intenta suplir esta desventaja con alianzas público-privadas, pero el modelo choca con la realidad de un mercado de capitales fragmentado, donde los fondos soberanos alemanes o franceses compiten entre sí en vez de converger.

La dividisión interna, otro lastre histórico, resurge en forma de guerras subsidiarias entre Estados miembros. Esta dinámica no solo diluye el poder negociador europeo, sino que amenaza con replicar en lo digital los errores de la deslocalización industrial: polos tecnológicos ricos (Alemania, Países Bajos) frente a periferias proveedoras de mano de obra barata como puedan ser algunos Estados del este del continente.

Pero quizás el desafío más insidioso sea la dependencia formativa. Ya que la inmensa mayoría de los ingenieros europeos de IA se forman en universidades estadounidenses, donde son absorbidos por el ecosistema de Silicon Valley antes de pisar el mercado laboral comunitario. Proyectos como el European Innovation Council intentan frenar esta fuga, pero sin una reforma educativa que priorice disciplinas en  Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas apoyado en un enfoque estratégico, y sin salarios competitivos, Europa seguirá alimentando la cantera de sus competidores.

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Estos retos no invalidan los avances, pero exigen una honestidad brutal. La soberanía digital no se compra con legislación, sino con una combinación de músculo industrial, cohesión política y visión a largo plazo. Las herramientas existen; ahora falta la voluntad de usarlas como bloque, no como veintisiete piezas sueltas.

El próximo capítulo dirá si superan sus fantasmas o repite, en clave tecnológica, los errores de un pasado que la condenó a ser potencia regulatoria en un mundo gobernado por estándares ajenos.

Conclusión

Europa se encuentra ante un desafío trasciende lo tecnológico. Se trata de una lucha por la autonomía existencial en un mundo donde los flujos de datos son más estratégicos que los oleoductos, y los algoritmos de recomendación moldean ideologías con más eficacia que cualquier tratado de posguerra.

Cuando un hospital alemán depende de IA estadounidense para diagnósticos médicos, la soberanía digital se convierte en un espejismo. Cada delegación tecnológica es una cesión de potestad decisoria, una rendición fragmentaria que acumula riesgos sistémicos.

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Aquí yace el dilema fundacional: ¿Puede Europa trascender su naturaleza reactiva para convertirse en arquitecta de su futuro digital? La respuesta exige superar tres tentaciones:

  1. El complejo de Mesías regulatorio: Creer que bastan leyes ejemplares para compensar la ausencia de gigantes tecnológicos.
  2. La ilusión del atajo: Confiar que alianzas con un bloque garantizarán autonomía a largo plazo.
  3. La miopía fragmentaria: Permitir que los intereses nacionales (Alemania priorizando automoción, Francia enfocada en nuclear o digital) diluyan una estrategia común.

El camino hacia la independencia tecnológica europea se parece menos a una autopista alemana que a la construcción de una catedral gótica: un proyecto generacional que requiere paciencia estratégica, recursos sostenidos y, sobre todo, una visión compartida. Al final, la pregunta no es si se logrará, sino qué tipo de soberanía construirá.

Una versión autárquica y temerosa, o una que, como en los tiempos de Erasmo y Voltaire, convierta la diversidad en vector de innovación. O Europa escribe las reglas de la revolución digital, o será su letra pequeña.


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B-2 Spirit: así es el bombardero indetectable capaz de lanzar la «súper» bomba antibúnker

El bombardero estadounidense B-2 Spirit tiene un poder único, ya que es el único capaz de llevar la GBU-57A7B, el arma antibúnker más letal del mundo, de una forma sigilosa y silenciosa.

El Northrop Grumman B-2 Spirit es un bombardero estratégico estadounidense diseñado para penetrar defensas aéreas sin ser detectado por los radares gracias a su perfil de ala volante y a materiales absorbentes de radar. Solo lleva dos tripulantes, el piloto a la izquierda y el comandante de la misión a la derecha. Además, puede volar más de 11.000 kilómetros sin repostar, lo que le da alcance intercontinental. Asimismo, es el avión más caro del mundo. Cada uno de ellos tiene un coste de 2.200 millones de dólares.

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La aeronave además carece de superficies verticales convencionales y se mantiene estable gracias a un complejo sistema digital de control de vuelo que realiza miles de correcciones por segundo. A pesar de medir 52 metros de envergadura y 21 metros de longitud, tiene un eco de radar pequeño, lo que lo convierte en un avión indetectable, incluso superando a los sistemas más modernos de detección y defensa.

Los cuatro motores General Electric F118-GE-100 van ocultos en conductos con forma de «S», lo que atenúa tanto la firma infrarroja como la acústica del bombardero. El programa contemplaba 132 unidades, pero solo se fabricaron 21 y, tras la pérdida de un aparato en 2008, permanecen operativos 19 B-2. Asimismo, puede operar a una altura máxima de 15.000 metros.

Carga útil: qué puede llevar a bordo

El B-2 dispone de dos grandes bodegas internas con capacidad total aproximada de 23 toneladas de armamento en configuraciones normales, aunque podría alcanzar las 27 toneladas en distribuciones menos frecuentes. Entre las configuraciones más comunes destacan:

Tipo de armamentoCantidad máximaPeso UnidadUso principal
Bombas JDAM guiadas por GPS80230 kgAtaques de precisión contra objetivos múltiples
Bombas penetrantes BLU-109/JDAM16
907 kg
Destruir refugios enterrados medios
Bombas nucleares B-8316
1100 kgDisuasión estratégica
GBU-57A/B «Massive Ordnance Penetrator»113600 kgRompe-búnkeres profundos (solo para B-2)

El B-2 es la única aeronave operacional capaz de lanzar la gigantesca GBU-57A/B, porque su diseño furtivo y su bodega reforzada permiten transportar una bomba de 13 toneladas sin comprometer la aerodinámica ni la «invisibilidad».

¿Por qué el B-2 es único con la GBU-57A/B?

  • Espacio interno y estructura: las bodegas del B-2 se diseñaron desde el principio para cargas voluminosas. Otros bombarderos necesitarían colgar la bomba externamente, perdiendo sigilo.
  • Alcance y reabastecimiento: puede despegar desde Estados Unidos, repostar en vuelo y golpear objetivos a miles de kilómetros sin pedir permiso para usar bases locales o aliadas.
  • Firma de radar mínima: permite acercarse lo suficiente para soltar la bomba desde gran altura y asegurar la energía cinética necesaria para perforar roca.

La bomba antibúnker GBU-57A/B

La GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) es la bomba convencional más grande del inventario de Estados Unidos. Sus rasgos clave son:

  • Peso total: 27.125 lb (≈ 12.304 kg).
    • Peso de la ojiva: 2.423 kg
      • AFX-757: 2.082 kg
      • PBXN-114: 341 kg
  • Longitud: 6,2 metros.
  • Diámetro: 0,8 metros.
  • Carcasa de acero ultra-duro que aguanta el impacto inicial sin romperse.
  • Guía GPS de precisión, lo que permite impactos con error circular de pocos metros.
  • Profundidad de penetración: hasta 60 metros de suelo rocoso u hormigón convencional, y 8 metros de hormigón reforzado antes de detonar. Esto lo convierte en el arma convencional más poderosa para penetrar búnkeres.
  • Cabeza explosiva: unas 2,5 toneladas de alto explosivo que colapsan túneles y búnkeres subterráneos.

Su misión es destruir instalaciones críticas enterradas (centros de mando, túneles de misiles o laboratorios nucleares) donde las armas menores no alcanzan.

Por qué su uso es único

  • Efecto disuasorio: un solo B-2 con una MOP puede neutralizar objetivos que, de otro modo, requerirían ataques prolongados o incluso armas nucleares.
  • Reducción de daños colaterales: la precisión GPS y la detonación bajo tierra minimizan explosiones en superficie.
  • Coste y rareza: debido a su elevado precio de fabricación, existen casi dos decenas en servicio, lo que los hace activos estratégicos de «uso puntual».

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Qué es el Estrecho de Ormuz y qué consecuencias tendría su cierre

Esta arteria marítima por la que circula cerca de un tercio del petróleo mundial podría convertirse en la chispa de una crisis energética y financiera mundial si la tensión entre Teherán y Tel Aviv se desborda.

El Estrecho de Ormuz es un paso natural de unos 160 km de longitud que separa Irán, al norte, de Omán y los Emiratos Árabes Unidos, al sur. En su punto más ajustado apenas mide 33 km y las dos vías de navegación útiles solo tienen unos 3 km de ancho cada una, lo que lo convierte en un auténtico «cuello de botella» o choke point marítimo.

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Este corredor une el Golfo Pérsico con el golfo de Omán y, por extensión, con el océano Índico, de modo que es la única salida al mar para los principales exportadores de crudo del golfo como Arabia Saudí, Emiratos, Kuwait, Irak, Catar, etc. Sin él, todo su petróleo y gas quedaría atrapado.

Alrededor del 20% del comercio mundial de petróleo y cerca de un tercio del crudo transportado por vía marítima atraviesan a diario el Estrecho de Ormuz. La ruta también mueve en torno al 30% del gas natural licuado (GNL) global, clave para los suministros de Catar hacia Asia y Europa. Cada año lo cruzan unos 21.000 buques, incluidos muchos de los superpetroleros más grandes del planeta.

Por qué Irán podría cerrarlo en una escalada con Israel

Tras los bombardeos israelíes del 13 de junio de 2025 sobre instalaciones militares y nucleares iraníes, el comandante de la Guardia Revolucionaria, Sardar Esmail Kowsari, declaró que el cierre del Estrecho de Ormuz «está siendo considerado» como represalia. La probabilidad de un bloqueo pasó del 24% al 47% en solo tres días, según predicciones de mercado. Sin embargo, cualquier otra escalada en el conflicto puede provocar su clausura temporal.

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Irán dispone de misiles balísticos de corto y medio alcance capaces de golpear petroleros, puertos y plataformas de bombeo en el Golfo. Sus drones Shahed pueden anular radares o detonar cargas contra mercantes, y la Marina iraní cuenta con lanchas rápidas, submarinos enanos y minas navales para obstaculizar el tráfico. Todo ello conforma una estrategia de anti-acceso/negación de área (A2/AD) que busca hacer prohibitivamente peligroso navegar por la zona.

Repercusiones económicas, financieras y energéticas

  • El precio del petróleo se dispararía porque dejarían de salir unos 20 millones de barriles diarios. En pocos días el barril podría superar con facilidad los 100 dólares.
  • El gas natural licuado también subiría mucho. Catar, que envía gran parte del GNL mundial, no tendría otra ruta y la oferta caería de golpe.
  • Las facturas de luz y carburante para familias y empresas subirían, alimentando la inflación en todo el mundo.
  • Transportar crudo por barco costaría bastante más. Las aseguradoras cobrarían primas de guerra.
  • Algunos países con oleoductos alternativos salvarían parte de su producción, pero la mayoría quedaría sin suministro y habría riesgo de racionamientos de energía.
  • Las bolsas se hundirían. Podría haber un efecto dominó en los parqués europeos si se corta Ormuz, reflejo de la volatilidad que ya se percibe en los mercados.
  • Fábricas, camiones y explotaciones agrícolas pagarían tanta energía que muchas reducirían turnos o pararían máquinas, recortando empleo y crecimiento en toda Europa y otras regiones.
  • Europa y Asia pujarían por los pocos barcos con crudo y GNL disponibles, lo que dispararía sus facturas de importación y agrandaría el déficit comercial de países muy dependientes.
  • Los gobiernos se verían obligados a liberar crudo de reservas estratégicas y a subvencionar carburantes. Estas medidas incrementarían el gasto público y la deuda.
  • Para frenar la nueva ola inflacionaria derivada del encarecimiento simultáneo de petróleo, gas, transporte, electricidad y alimentos, los bancos centrales podrían mantener o incluso subir los tipos de interés, encareciendo hipotecas y préstamos a familias y empresas.
  • Volatilidad en bolsas y activos de riesgo. La energía cara e incertidumbre geopolítica provocaría ventas masivas en renta variable y en criptomonedas. Podrían ocurrir correcciones fuertes en Bitcoin y otros activos de riesgo.

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Entre la solidaridad y la protección europea: el papel de la agricultura como estrategia en la guerra de Ucrania

La política agraria –habitualmente relegada al margen del debate público– se ha convertido en un elemento geoestratégico esencial en pleno proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. En este artículo, el alumno del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, Álvaro Aguilar del Hierro explica cómo la dificultad de Kiev de volver a sus mercados tradicionales podría mermar sus planes de incorporarse al grupo europeo.

La invasión de Rusia a Ucrania en 2022 ha supuesto un hito político para la UE y sus Estados Miembros, los cuales han flexibilizado sus políticas otorgando apoyo económico, social y político. Países como Alemania, Polonia y República Checa han sido pioneros en la acogida de refugiados, mientras que otros han apoyado al país oriental a través de material armamentístico y políticas comerciales y económicas.

El proceso de adhesión de Ucrania a la UE es consecuencia de una trayectoria común marcada por una serie de buenas intenciones recíprocas. A pesar de que estas relaciones ya venían reforzándose a través de numerosos apoyos como el Programa de Asistencia Macro Financiera (MFA) o el nuevo Plan Europeo de Inversiones Exteriores, la consolidación del Acuerdo Amplio y Profundo de Libre Comercio (AAAPC) en 2016 impulsó el comercio de bienes entre la UE y Ucrania a partir de la reducción gradual de aranceles en determinados productos, así como la eliminación de gran parte de los aranceles sobre los automóviles.

Tras la invasión, la UE ha seguido apoyando a Ucrania a través de las medidas comerciales autónomas (ATMs), las cuales, en palabras del antiguo vicepresidente ejecutivo y comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis, actúan como salvavidas económicos. Los ATMs han servido como apoyo económico a Ucrania al permitir el libre comercio con la UE, contrarrestando los perjuicios de la invasión rusa y el bloqueo del Mar Negro. No obstante, tras tres años bajo las condiciones de las ATMs, estos acuerdos han dado término el día 6 de junio de 2025, lo que ha supuesto volver al AAAPC establecido antes de la guerra. 

Esta situación, unido al avance del proceso de adhesión, ha desencadenado una serie de negociaciones por parte del gobierno ucraniano en un intento de continuar bajo las condiciones de los ATMs, pero la finalización de estas medidas parecen ser un alivio para algunos Estados Miembros –sobre todo para los fronterizos– que han visto en las importaciones ucranianas un perjuicio económico para su producción. 

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Estas dos tendencias, junto al bloqueo del Mar Negro, dificultan la puesta de medidas eficaces. Dada la prioridad de Bruselas de identificar los motivos detrás de las decisiones de rechazo o acercamiento entre la UE y Ucrania, este análisis se centra en cómo la agricultura se ha convertido en una herramienta geoestratégica a través del cual Kiev usa productos como el cereal para financiar la guerra; Moscú, el bloqueo marítimo para presionar; y Bruselas, las salvaguardias para contener tensiones internas. 

Desde la ocupación de Crimea en 2014, varios sectores estratégicos del país como la metalurgia han ido perdiendo ventajas competitivas en el mercado, las cuales se han visto acrecentadas tras la invasión en 2022 y el bloqueo del Mar Negro. Más recientemente, la minería de Pokrovsk –sector clave para el desarrollo económico del país– ha sido tomada por Rusia, lo que ha dejado un país potencialmente dependiente del comercio agrario

En este contexto, la UE ha absorbido la demanda ucraniana importando gran parte de los productos agrícolas (gráfico I y II), lo que la ha convertido en el cliente principal de Kiev. Al mismo tiempo, se ha generado una dependencia europea, originando una continuación de las relaciones comerciales para la prosperidad ucraniana.

Gráfico I: Principales productos comerciales UE-Ucrania, 2021 y 2024. Fuente: Eurostat.
Gráfico II: Exportaciones de productos agrarios ucranianos. Fuente: Ministerio de Política Agraria y Alimentación de Ucrania.

Sin embargo, la liberalización comercial del mercado ucraniano en la UE ha sido el leitmotiv de ciertos Estados miembros para imponer barreras con el fin de favorecer a sus productores locales. Como respuesta, la Comisión ha ido introduciendo medidas de salvaguardia en los ATMs que permitían la activación de los contingentes arancelarios (TRQ) del AAACP desplazados por los ATMs. Esta medida, promovida por el miedo de ciertos Estados miembros ha sido activada con numerosos productos como el huevo y el azúcar cuyos contingentes arancelarios se reintrodujeron el 2 de julio de 2024. No obstante, pese a las rectificaciones, la integración gradual de Ucrania en el mercado de la Unión Europea ha provocado discrepancias. 

Por un lado, el presidente de Copa-Cogeca –uno de los lobbies europeos más presentes en materia agraria– señaló que el error fue dejar el cereal y la cebada fuera de las salvaguardias de los ATMs al excluir la activación de aranceles sobre dichos productos. Además, los países colindantes como Polonia, Rumania y Eslovaquia –impulsados por tensiones internas– argumentan que la bajada de los precios se debe a la entrada masiva de productos como el cereal, lo que ha desembocado en la pérdida de competitividad de los productos agrícolas de estos países.

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Por otro lado, un informe reciente realizado por la Kyiv School of Economics argumenta que la subida de precios no fue debido a la entrada de productos agrarios de origen ucraniano, sino más bien como consecuencia del bloqueo del Mar Negro al dejar inhabilitadas las rutas que transportaban hasta el 90% de los productos agrícolas ucranianos al exterior. La sustitución de rutas comerciales más caras unidas a la salida de Rusia de la Iniciativa de cereales del Mar Negro fueron el motivo de una subida en los precios mundiales.

Otro de los argumentos se centra en cómo Polonia acusa a Ucrania de absorber la clientela de países que solían importar productos polacos. Para esto, utilizó como argumento la creciente relación comercial entre España y Ucrania, culpando a este último sobre la pérdida competitiva en el país mediterráneo, ante lo que varios analistas ucranianos señalan como carente de sentido, puesto que España nunca ha sido un país clave en la importación de grano polaco.

Sin perjuicio de lo anterior, el informe bimensual que elabora la Comisión sobre el impacto de las medidas de liberalización para Ucrania en el mercado de la UE refleja sin duda el peso del mercado europeo en las importaciones del cereal ucraniano, que en 2024/2025 hasta el 6 de marzo de 2025 han sido de 22,3 millones de toneladas –las cuales 12,3 millones fueron importadas de Ucrania–. 

Además, otros bienes como el azúcar también están siendo sensibles a las medidas adoptadas por el Ejecutivo Europeo. A modo de ejemplo, dos empresas azucareras ubicadas en Leopoldsdorf (Austria) y Hrušovany (República Checa) han sido cerradas. Según el relato de prensa publicado en su página web, la decisión se tomó –entre otros motivos– por la liberación del mercado. Acuerdos con MERCOSUR o la importación de azúcar ucraniana han provocado dificultades competitivas y aumentos en los costes de producción que han impulsado al órgano de administración a tomar medidas regulatorias y cierres de fábricas.

El 6 de mayo de 2025, en un comunicado conjunto de varias empresas interesadas en el sector y en vísperas del término del último ATM, Copa-Cogeca avisaba de los riesgos a los que se exponían los productores europeos: caída de los precios, consecuencias de un exceso de oferta en el mercado, problemas logísticos y aumentos en los costes de producción debido a la guerra, e instaba a priorizar los intereses europeos y a la recuperación de los mercados tradicionales ucranianos. 

Este último punto, sin embargo, reviste una particularidad debido al bloqueo del Mar Negro. Según un estudio del IFPRI, las tensiones de la zona han supuesto la reorganización de las rutas comerciales de Ucrania tanto con la UE como con terceros países. En primer lugar, ha provocado una disminución notable en las exportaciones a países del Norte de África, Medio Oriente y Sudeste Asiático. Estos países –muchos NFICs, esto es, países importadores netos de alimentos que exportan en mayor medida y cuyas condiciones suelen estar acompañadas de índices de poca calidad alimentaria– con una alta dependencia al comercio agroalimentario han tenido que buscar alternativas, siendo abastecidos por productos rusos. 

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Además, la solidaridad de algunos europeos se ha visto constreñida por las sanciones a Rusia. Si bien los diecisiete paquetes de sanciones elaborados por la Comisión han servido para debilitar la economía rusa, varios productos como los fertilizantes actúan como una herramienta estratégica que dificulta la ruptura de las relaciones comerciales entre Rusia y la UE. La nota de prensa del 15 de mayo de 2025 de la comisión INTA señala que las intenciones del Parlamento Europeo son dejar de depender de los fertilizantes rusos, ya que una mayor exposición a políticas rusas podría provocar daños económicos y políticos a la UE.

De esta forma, la Comisión ha establecido un aumento arancelario del 6.5% en fertilizantes que entra en vigor a partir del 1 de julio de 2025. Sin embargo, el gráfico III muestra cómo la UE sigue importando en 2025 aproximadamente un 26% de fertilizantes rusos del total que exporta de terceros estados –comparado al 27% que exportaba en 2021 antes de la guerra–, lo que contradice el resto de las rupturas comerciales como el petróleo o el gas.

Esta continuación comercial ha impulsado a ciertos sectores a considerar la medida del Parlamento como precipitada y exigir alternativas realistas que permitan sustituir los fertilizantes rusos por otros productos. Mientras algunos como el presidente del grupo industrial Fertilise Farmers Leo Alders señalan cómo el aumento de aranceles sobre fertilizantes fomentaría la producción europea al reubicar su producción a los Estados Miembros, otros como Copa-Cogeca exigen la presentación de una estrategia más clara para la diversificación del suministro de fertilizantes y recuerda la pérdida de competitividad y de ingresos que supone esta medida. 

Gráfico 3: Comercio con Rusia entre el Q1 2021 Y Q2 2025 de diversos productos. Fuente: Eurostat.

En conclusión, la política agraria –habitualmente relegada al margen del debate público– se ha convertido en un elemento geoestratégico esencial en pleno proceso de adhesión de Ucrania a la UE. La dificultad de Kiev de volver a sus mercados tradicionales, la dependencia de fertilizantes rusos, la absorción del mercado ucraniano por parte de la UE y las presiones internas en algunos Estados Miembros parecen diluir la dirección de una diplomacia eficaz y duradera, lo que plantea si la UE está capacitada para absorber a un gigante agrícola en guerra sin fracturarse por dentro. 

Sea cual sea la decisión, la política agraria como activo estratégico nos recuerda la incidencia de una decisión tomada en un despacho a miles de kilómetros que alcanza al agricultor del pueblo más remoto de Austria, influyendo finalmente en lo más íntimo: la salud. 

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Análisis sobre el deterioro de la democracia en Mali y su impacto negativo para la paz y estabilidad regionales e internacionales

En la actualidad, Mali continúa con un gobierno nacido del golpe de estado de 2021 y cuyo presidente, el coronel Goïta fue propuesto por la junta militar para continuar en el poder durante un periodo de cinco años más. En este artículo, el alumno del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute, Luis Alberto Modrego analiza el país desde diferentes enfoques donde destaca el deterioro de la democracia en el Sahel y las consecuencias para la paz y estabilidad regionales e internacionales.

El territorio que ocupa la República de Mali forma parte de la franja de 5.000 kilómetros desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo conocida como Sahel, que separa el mar de arena del Sahara dando a las tierras de pasto y la sabana donde se asienta la vida humana y animal. Además de Mali los países frontera del Sahel son Senegal, Mauritania, Burkina Faso, Níger, Chad, Sudan y Eritrea.  

España, en el documento Estrategia de Seguridad Nacional, contempla los siguientes riesgos y amenazas de la zona del Magreb y Sahel: conflictos regionales, terrorismo yihadista, crimen organizado, flujos migratorios irregulares y la inseguridad energética.

Esta región presenta dos únicas estaciones climáticas: seca de octubre a junio, y lluviosa de solo tres meses de octubre a junio, que la convierte en una zona geográfica de escasos recursos agrícolas, más propicia para el nomadeo y la agricultura familiar de subsistencia, que con el tiempo se ve recortada por el avance de la desertización provocada por el cambio climático. 

Estas naciones alcanzaron su independencia de Francia en la década de los 60, tras un periodo de colonización iniciado a finales del siglo XIX, encontrándose con la dificultad de administrar amplias extensiones geográficas  y hacer llegar el imperio de la ley a todo el territorio de su soberanía.  

La acción del Gobierno se concentra en la capital donde reside la mayor parte de la población, dejando yermas de poder estatal las regiones periféricas que se convierten de este modo en un territorio propicio para la proliferación de actividades delictivas relacionadas con el crimen organizado y el terrorismo. 

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Factores demográficos

Se trata de países con una población joven que se concentra en las capitales abandonando la zona rural ante la falta de expectativas para encontrar empleo. 

Esta concentración demográfica provoca importantes niveles de contaminación, insalubridad e inseguridad ciudadana, y la demanda de servicios estatales obliga a los gobiernos a utilizar los escasos recursos disponibles en realizar inversiones en infraestructuras en la capital en detrimento de las zonas más alejadas y despobladas, generando a su vez un profundo malestar y una sensación de abandono y desatención por parte del Estado. Ejemplo de esta situación es el norte de Mali, con ciudades tan emblemáticas como Tombuctú, Gao y Kidal. 

Esta deficiencia de los servicios estatales en las zonas más alejadas de Mali crea un sentimiento de marginación favoreciendo la diferenciación étnica y tribal de songhais, peuls (fulanis) y tuaregs, y la radicalización étnica y religiosa. Además, la ancestral condición de pueblos nómadas hace que su sentimiento de arraigo a un proyecto común de nación sea débil fortaleciendo su identidad étnica. 

Factores económicos

Mali ocupa el puesto 123 en el ranking PIB de 196 países del mundo. La falta de expectativas y oportunidades ha generado una inmigración irregular masiva. 

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Factores socio-políticos

Mali es una república con una Constitución de 1992 cuya falta de madurez política hace que sus estructuras de gobernabilidad sean débiles, habiendo sufrido golpes de estado que posteriormente se han reconducido hacia sistemas democráticos. 

En enero de 2012, el Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLA), aprovechando la llegada a Kidal de mercenarios tuareg que huían de Libia tras la caída del régimen del coronel Gadafi, iniciaron una revuelta armada contra el poder estatal. La reacción del gobierno de Bamako fue el envío de tropas militares que aprovecharon la situación de debilidad para hacer patente su malestar por la situación de abandono del ejército tras los acuerdos de paz de 1992 con los tuareg.  

Como consecuencia de este malestar, en marzo de 2012, las Fuerzas Armadas de Mali (FAMA) dan un golpe de Estado contra el presidente Touré, nombrando un gobierno de transición, poniendo de manifiesto la debilidad institucional maliense. 

Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) tomo Tombuctú y Kidal por el grupo yihadista tuareg Ansar Dine, más partidario de imponer la sharia que de la independencia de Azawad. El grupo del Movimiento por la Unidad de la Yihad de África Occidental (MUYAO) se instaló en Douentza, Ansongo, Gao y Menaka. 

Todos estos grupos yihadistas, conscientes de su superioridad militar, lanzaron una ofensiva hacia el sur, provocando que el gobierno provisional de Bamako solicitara la ayuda internacional. 

Francia puso en marcha la Operación Serval, bajo el amparo de la ONU con el objetivo de frenar los avances yihadistas. Esta operación finalizo en 2014 siendo reemplazada por la Operación Barkhane. 

En junio de 2013, el gobierno de transición alcanzo un acuerdo con el Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad (MNLA), permitiendo la celebración de elecciones presidenciales que dieron la victoria a Ibrahim Keita como presidente de Mali. 

A finales de 2019, el idilio tras la Operación Serval percibida por los malienses como salvadora daba paso a una situación definida por los medios de comunicación como de lassitude o cansancio ante la falta de resultados frente a la crisis de seguridad que asolaba el norte del país.

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Factores militares y de seguridad en el Sahel

Las fuerzas militares de Mali están poco capacitadas para hacer frente a los retos de seguridad del país, y con escasa motivación para desempeñar sus cometidos. 

La Unión Europea estableció la Operación EUTM Mali para formar un ejército capaz de hacer frente a los grupos yihadistas. Naciones Unidas a través de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA) prestaba apoyo al proceso político y también contribuía a la seguridad. 

Hoy en día, tanto MINUSMA como EUTM ya no están en Mali, como consecuencia de la degradación política y los acuerdos del Gobierno golpista de Mali con el Grupo Wagner y Rusia.  

Ya en el mes de noviembre de 2012, el Gobierno de Mali había perdido el control sobre el norte del país, quedando en poder de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y sus aliados yihadistas. 

En 2019 la situación no había cambiado. Es más, la preocupación se dirigía a tener presente esta amplia región desprovista de institucionalidad e históricamente dominada por comunidades nómadas (tuareg) en campo de entrenamiento para ataques terroristas y base para sus actividades de crimen organizado (secuestros y tráfico de drogas). 

En 2020, un informe de la División de Derechos Humanos de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) denunciaba a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Mali como responsables de un centenar de ejecuciones extrajudiciales en el primer trimestre de 2020, principalmente en la zona central del país, epicentro de la violencia yihadista e interétnica entre comunidades, a las que se suman denuncias de desapariciones forzadas, torturas y tratos inhumanos o degradantes y detenciones arbitrarias.

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El resumen de tal informe se traduce en considerar que la denominada ventana de esperanza hacia la pacificación del conflicto en el Sahel, promovida por algunas agencias de información instaladas en un permanente e inocente optimismo, dista mucho de acercarse a la realidad tal y como demuestran los hechos consumados: bajo el amparo de la misión de combatir el terrorismo yihadista las fuerzas de seguridad malienses realizan continuas violaciones a los Derechos Humanos en comunidades consideradas colaboracionistas con los terroristas, que a su vez reaccionan a la violencia de las fuerzas de seguridad del Estado abrazando la seguridad y protección que les ofrecen las filiales terroristas del Estado Islámico y Al Queda del Magreb Islámico. 

La comunidad peul, tradicionalmente pastores nómadas, es acusada por las FAMA de apoyar a los terroristas yihadistas. A su vez, la comunidad dogon (agricultores sedentarios) recibe ataques de los peul, organizando sus propios grupos de autodefensa (DNA) que también atacan comunidades peul. 

Por su parte, la comunidad peul ante los ataques dogones y de las fuerzas armadas malienses FAMa, reacciona abrazando como tabla de salvación la seguridad y protección que les ofrecen las filiales terroristas del Estado Islámico y Al Queda del Magreb Islámico. 

En un principio serían considerados paradójicos los ataques que la milicia autodefensa Dogón (DNA) realiza a poblaciones de su misma etnia. Sin embargo, esta estrategia tiene su explicación ya que algunos especialistas en la región como Javier Nievas consideran que la DNA ya no es solo una milicia autodefensa, sino que se ha convertido en un auténtico grupo de crimen organizado que suplanta la autoridad del Estado allí donde este no es capaz de ofrecerla, y actúa con las poblaciones de su etnia exigiendo lealtad por la vía de la fuerza y obligándoles a aceptar su protección remunerada.  

El resultado de todos estos enfrentamientos es una región inmersa en una creciente e incesante espiral de violencia.

En la última década, la población de Mali se ha visto sumergida en un desengaño constante y creciente, caracterizado por una corrupción enraizada en las instituciones y una ineficiencia gubernamental para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. 

El descontento social y el desarraigo ante un futuro sin apenas oportunidades se exteriorizaron por el Movimiento 5 de junio-Rassemblement des Forces Patriotiques M5J-RFP, surgido en junio de 2020 que se manifestó de forma violenta al irrumpir por la fuerza en la sede del Parlamento de Malí, saqueando el mobiliario e incendiando el perímetro de la fachada exterior del edificio, violencia que también se extendió a las oficinas de la radio y televisión estatal (ORTM).

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El movimiento es un conglomerado de asociaciones políticas, jefes religiosos (imanes), y grupos de sociedad civil que exigen reformas políticas y sociales para proceder a una refundación del Estado de Mali, con la puesta en marcha de un órgano legislativo de transición democrática y la dimisión del presidente Keita, como principales demandas. 

Al gobierno de Keita se le hacía responsable de: 

  1. Degradación persistente de la situación de seguridad en todo el país con resultado de muertos, heridos, refugiados y desplazados.
  2. Violación a la Constitución y las leyes que amenazan la forma republicana del Estado: violación del principio de separación de poderes, interferencia en procedimientos judiciales, uso arbitrario del Tribunal Constitucional y deslegitimación de las instituciones de la República. 
  3. Corrupción sistémica e impunidad convertida en un sistema de gestión gubernamental.
  4. Establecimiento de una oligarquía plutocrática por la flagrante interferencia de intereses privados en la gestión de los asuntos públicos.
  5. Malversación masiva de fondos públicos.
  6. Violaciones graves de los Derechos Humanos y de las libertades individuales y colectivas:
  7. Abandono del ejercicio de soberanía en gran parte del territorio nacional dejando poblaciones en manos de grupos armados. 
  8. Amenaza de la cohesión nacional: tolerancia y complicidad con milicias paramilitares intercomunitarias. 

El M5 pedía la refundación y salvaguardia del régimen democrático republicano solicitando el acompañamiento de la comunidad internacional para obtener: 

  1. La dimisión de Keita como Presidente de la República y su régimen. 
  2. La disolución de la Asamblea Nacional. 
  3. Inicio de una transición republicana y de una refundación del Estado.    

El resultado de todo este proceso se materializo el 18 de agosto de 2020 cuando las FAMA dieron un golpe de Estado deteniendo al presidente Keïta al primer ministro, al jefe del estado mayor del ejército y otros miembros del gobierno. 

Keïta anunciaba a través de un discurso en la televisión nacional su dimisión, la disolución de la Asamblea Nacional y la dimisión del gobierno.

El 24 de mayo de 2021, diversas fuentes no oficiales informaban de un nuevo golpe de Estado en Mali promovido por fuerzas militares dirigidas por el Coronel GOITA procediendo a la detención del Presidente de la Transición y Jefe del Estado, así como al Primer Ministro, los cuales eran conducidos al Cuartel militar de Kati, a escasos kilómetros de la capital Bamako presentando la dimisión de sus cargos. 

Tras el golpe de estado de 2021, el nuevo Gobierno de Transición se comprometía a seguir una hoja de ruta que contemplaba la celebración de elecciones en 18 meses.

En 2025, seguimos con un gobierno nacido del golpe de estado de 2021, cuyo Presidente, el coronel Goita es propuesto por la Junta Militar para continuar en el poder durante un periodo de cinco años más y la disolución de los partidos políticos. 

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Claves del IOCTA 2025: así se comercian y explotan tus datos en el cibercrimen

La última edición del Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) de Europol disecciona cómo los delincuentes digitales han convertido nuestra información en la mercancía más cotizada del submundo web. El informe radiografía un ecosistema en el que el robo, la compraventa y el uso abusivo de datos se encadenan en bucle para generar ganancias millonarias y multiplicar los riesgos para ciudadanos, empresas y gobiernos. A continuación, te explicamos las claves para ayudarte a comprender por qué tus datos valen mucho para los ciberdelincuentes y qué tendencias conviene vigilar de cerca.

Vivimos inmersos en una economía de la información donde cada clic, compra o publicación en redes sociales deja un rastro que otros pueden monetizar. El IOCTA 2025 demuestra que el cibercrimen ha profesionalizado esta realidad hasta convertirla en un negocio diversificado, robusto y resiliente. Desde la reventa de credenciales y tarjetas bancarias hasta el alquiler de accesos privilegiados a redes corporativas, existe todo un catálogo de «servicios bajo demanda» que cualquiera puede adquirir con conocimientos básicos y unas pocas criptomonedas.

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Al mismo tiempo, la popularización de la inteligencia artificial generativa y las comunicaciones cifradas de extremo a extremo ha elevado el listón. Y es que en la actualidad, las campañas de phishing son más verosímiles, las voces y rostros falsificados confunden incluso a los expertos, y las fuerzas de seguridad se ven obligadas a perseguir delitos que mutan y se ocultan con la misma rapidez con la que aparecen. Estas son las principales lecciones que deja el informe.

El robo de datos, combustible del cibercrimen moderno

  • Los delincuentes ya no persiguen solo el dinero directamente: persiguen la información que les permite obtenerlo repetidamente.
  • Las credenciales de acceso (RDP, VPN, correo, redes sociales) son la pieza central de la cadena delictiva; con ellas pueden infiltrarse, moverse lateralmente y exfiltrar más datos.
  • Las bases de datos robadas se revenden una y otra vez, lo que provoca ataques en cascada sobre las mismas víctimas y extiende el tiempo de exposición.

Ingeniería social 2.0: la IA amplifica el engaño

  • Las técnicas clásicas de phishing se combinan ahora con modelos de lenguaje (LLM) que redactan correos impecables y adaptados al contexto cultural de cada destinatario.
  • Los deepfakes de voz e imagen refuerzan fraudes como el Business Email Compromise (BEC) y el «fraude del CEO», haciendo casi imposible distinguir lo real de lo falso.
  • El estudio cita investigaciones donde los mensajes generados por IA cuadruplican la tasa de clic respecto a correos escritos por humanos.

Intermediarios de acceso: los vendedores de puertas traseras

  • Crece un mercado especializado en vender accesos iniciales a sistemas corporativos: desde contraseñas válidas hasta shells persistentes.
  • Los precios fluctúan según sector, facturación, localización y exclusividad. Las empresas europeas y norteamericanas de alto ingreso son las más cotizadas.
  • Estos accesos son el punto de partida preferido de afiliados de ransomware, lo que reduce barreras de entrada y acelera los ataques.

Data brokers y plataformas cifradas: la diáspora del mercado negro

  • Tras cada gran cierre policial de foros, los vendedores diversifican canales y migran a chats cifrados (Telegram, Discord, etc.) donde negocian en privado.
  • La especialización avanza: algunos foros se centran en tarjetas, otros en registros de infostealers, y abundan los «carruseles» automáticos que venden millones de registros verificados.
  • La reputación digital es la moneda de confianza: antigüedad, valoraciones positivas y roles de moderación son esenciales para triunfar en el negocio.

Automatización y «crime-as-a-service»: todo al alcance de un clic

  • Phishing-kits, infostealers, droppers y servicios de spoofing se ofrecen mediante suscripción mensual, con paneles de control y soporte técnico incluidos.
  • Los proveedores incorporan funciones extra para maximizar beneficios: convertir equipos infectados en proxies residenciales o integrar módulos de skimming para robar tarjetas mientras se navega.
  • La operación internacional «Endgame» y otras macros intervenciones demuestran la magnitud de estas infraestructuras, con cientos de miles de equipos comprometidos.

Desafíos para la seguridad y propuestas de acción

  • El cifrado extremo a extremo limita la capacidad de las autoridades para interceptar evidencias; el informe aboga por «acceso legítimo por diseño» y reglas comunes sobre retención de metadatos.
  • La alfabetización digital y la concienciación sobre privacidad son esenciales, sobre todo para proteger a menores expuestos a «doxxing» y sextorsión.
  • Urge vigilar el uso malicioso de IA: desde la creación de huellas digitales sintéticas que eluden la autenticación multifactor hasta ataques a la cadena de suministro mediante librerías «alucinadas» por asistentes de código.

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¿Quiénes son los ayatolás? Significado, jerarquía y poder

Descubre quiénes son los ayatolás, cómo se forma su autoridad religiosa y por qué influyen en la política de Irán y otras comunidades chiíes.

Los ayatolás son clérigos chiíes que, tras décadas de estudio en las hawzās (centros de enseñanza religiosa chií), se convierten en intérpretes autorizados de la ley islámica y en referentes espirituales capaces de emitir fatwas (pronunciamientos legales en el islam) seguidas por millones de personas. En algunas regiones, su papel no se limita a la teología: desde la Revolución de 1979, el título se ha convertido en columna vertebral de la estructura política iraní, con el gran ayatolá-Líder Supremo en la cúspide. Fuera de Irán, algunas figuras demuestran que la influencia de un marja (la más alta autoridad religiosa dentro del chiismo duodecimano) puede moldear procesos políticos sin necesidad de ocupar cargos formales.

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Así, los ayatolás simbolizan y combinan la erudición religiosa, el liderazgo social y, en algunos contextos, el poder estatal. Su relevancia histórica y contemporánea radica en esa triple dimensión. Son custodios de la tradición, guías comunitarios y (en el caso iraní) actores centrales del gobierno. Mientras el mundo chií debate la naturaleza de su autoridad y la relación entre religión y política, los ayatolás continúan siendo «señales de Dios» cuya palabra tiene eco directo en la vida cotidiana de millones de personas.

Significado y origen del término

  • Etimología: «signo de Dios» (ʾāyatu llāh). La palabra ayatolá proviene del persa ­آیت‌الله (ayatollah) y del árabe آية الله (āyatu llāh), literalmente «señal de Dios», y designa a los clérigos chiíes que han alcanzado un grado avanzado de conocimiento y autoridad religiosa.
  • Cómo se obtiene el título en las hawzās. Para ostentar esta denominación, un estudioso debe pasar décadas en las hawzās (seminarios shiíes), culminar el nivel conocido como Dars-e Khārej (lección externa o clase avanzada) e implicar su propia capacidad de ijtihād (interpretación independiente de la ley islámica). Solo cuando otros ulemas o autoridades religiosas del islam reconocen esa solvencia académica y su producción escrita, el título se hace oficial.

El proceso de formación y jerarquización

  • Estudios en seminarios (hawzā), niveles hasta Dars-e-Khārej. Los futuros ayatolás comienzan con cursos básicos de árabe, lógica y exégesis coránica, avanzan por niveles intermedios (Sath) y, finalmente, acceden a Dars-e Khārej, donde discuten jurisprudencia con máximos mentores. Allí deben publicar trabajos originales (normalmente comentados en clase) que demuestren dominio del fiqh (jurisprudencia islámica, es decir, la ciencia o disciplina que desarrolla y aplica la sharia para guiar la vida de los musulmanes).
  • Criterios tradicionales: erudición, liderazgo, popularidad (khums). Además de la erudición textual, pesa la capacidad de congregar fieles y administrar el impuesto religioso del 20% (khums) que financia sus redes educativas y sociales. El prestigio se mide tanto por la calidad académica como por la cantidad de seguidores que buscan sus orientaciones prácticas.
  • Diferencia entre ayatolá y gran ayatolá (marjaʿ taqlīd). Cuando un ayatolá supera la esfera académica y su orientación es imitada por miles de creyentes, puede ser reconocido como gran ayatolá o marjaʿ taqlīd («fuente de emulación»). El marja, por lo tanto, posee autoridad vinculante: los laicos chiíes deben elegir a uno vivo y seguir sus dictámenes en asuntos legales diarios.

El cambio tras la Revolución de 1979

  • Expansión del título de ayatolá por razones políticas. La Revolución Islámica liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeini convirtió el rango clerical en un pilar constitucional y, al mismo tiempo, disparó el número de ayatolás: la nueva república necesitaba autoridades religiosas para ocupar tribunales, mezquitas y cargos de gobierno.
  • Ejemplo: Ali Jameneí fue nombrado ayatolá al asumir el liderazgo. Tras la muerte de Jomeini en 1989, la Asamblea de Expertos eligió a Ali Jameneí como Líder Supremo, ascendiendo a un clérigo que era todavía hoyatoleslam (grado inferior). Por lo tanto, su promoción rápida ilustra la politización del título. Varios grandes maestros de Qom cuestionaron entonces la legitimidad de su rango.

Funciones religiosas, sociales y políticas

  • Interpretación de la ley islámica y emisión de fatwas. Los ayatolás publican colecciones de fatwas (opiniones jurídicas) que guían en diferentes temas. Estas obras se recopilan en manuales prácticos denominados risāla-yi ʿamaliyya y se actualizan de forma constante.
  • Liderazgo espiritual y guía de seguidores. Más allá de los textos, un ayatolá dirige redes de seminarios, fundaciones benéficas y medios de comunicación. Sus oficinas reciben cartas diarias de fieles que consultan sobre oraciones, finanzas o asuntos familiares.
  • Influencia en el poder político, especialmente en Irán. La Constitución iraní de 1979 introdujo la velāyat-e faqīh (tutela de los juristas), que otorgó al Líder Supremo (siempre un gran ayatolá) la última palabra sobre política exterior, defensa y justicia. El Consejo de Guardianes, dominado por clérigos, supervisa las leyes y filtra candidatos electorales para garantizar la concordancia con la sharía. Así, la cúpula clerical fusiona la esfera religiosa con la estatal.

El impacto de los ayatolás fuera de Irán

  • Papel en Irak y otras comunidades chiíes. En Najaf, Irak, el gran ayatolá Ali al-Sistani ejerce una autoridad moral enorme sin ocupar cargos gubernamentales. Su llamado a las urnas tras la invasión de 2003 moldeó la transición política y contuvo conflictos sectarios. A diferencia del modelo iraní, Sistani rechaza dirigir el Estado y defiende una separación parcial entre religión y gobierno.
  • Su influencia en el sistema religio-político regional. Los maraji de Qom y Najaf influyen en comunidades dispersas de chiíes: desde el Golfo Pérsico hasta Líbano, Pakistán y diásporas occidentales. Sus fatwas pueden legitimar frentes armados, campañas de caridad o, por el contrario, desautorizar la violencia sectaria, como hizo Sistani en 2014 frente al avance de ISIS.

Críticas y debates

  • Politización del título y pérdida de rigidez académica. Analistas señalan que el uso estratégico del rango (como en el ascenso exprés de Jamenei) ha erosionado la percepción de mérito puramente intelectual. Esto ha provocado rivalidades entre seminarios de Qom y Najaf sobre quién encarna la auténtica autoridad religiosa.
  • Percepciones de represión bajo regímenes dominados por ayatolás. Dentro de Irán, opositores acusan al clero gobernante de fusionar poder religioso y estatal para sofocar la disidencia, restringir derechos civiles y controlar medios. La Guardia Revolucionaria y la Policía Moral responden directamente al Líder Supremo, reforzando esa visión autoritaria.
  • Debates entre seguidores sobre su autoridad moral y religiosa. Mientras algunos creyentes ven a los ayatolás como garantes de la pureza doctrinal y la justicia social, sectores juveniles critican la brecha entre el ideal revolucionario y la realidad de corrupción o desigualdad exhibida por ciertas élites clericales.

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