Esta semana ha comenzado la Cumbre de las Américas con Estados Unidos de anfitrión y con importantes ausencias en el continente destacando la del presidente mexicano, Andrés López Obrador, que cumplió su advertencia de no acudir si no se invitaba a todos los países.

La Cumbre de las Américas es un encuentro que se realiza de manera periódica en el que los líderes políticos del continente se reúnen para debatir y definir acciones frente a problemas y desafíos compartidos por la región y avanzar en la integración.

Esta año el anfitrión es Estados Unidos, país que también albergó el primer encuentro de la Cumbre que tuvo lugar en 1994. Este 2022 el lema de la Cumbre es «construyendo un futuro sostenible, residente y equitativo». Según se asegura desde el Departamento de Estados Unidos, un lema que se elaboró junto a otros participantes siendo el resultado de las «prioridades» y «preocupaciones» que han compartido los principales actores de todo el continente.

Así se mencionan de forma concreta el impacto de la pandemia de coronavirus y las «grietas que ha dejado al descubierto» a nivel social y económico, la crisis climática, las amenazas a la democracia y la falta de un acceso equitativo a las oportunidades.

Sin embargo, esta Cumbre no se plantea tan «integradora» y hay grandes ausencias en el continente. Desde Estados Unidos se lleva anunciando semanas que los gobiernos «autocráticos» de Cuba, Nicaragua y Venezuela no serían invitados a la cumbre debido a su «historial contra los derechos humanos».

Ayer, el día que comenzaba la Cumbre, el presidente mexicano, Andrés López Obrador, se ha unido a los presidentes de Bolivia, Honduras y Guatemala, en su decisión de no participar en una Cumbre a la que no asisten todos los países del continente.

«No voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos. La exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país», dijo Obrador, al anunciar que lo representaría el canciller Marcelo Ebrard.

Sin embargo, no es la primera vez que no están presentes todos los líderes del continente. A la última cumbre celebrada en 2018 en Perú no se invitó ni al entonces presidente estadounidense Donald Trump ni al venezolano Nicolás Maduro.

Como ya hemos mencionado, esta es la novena Cumbre de las Américas y la segunda en la que Estados Unidos participa como anfitrión. El encuentre tendrá lugar del 6 al 10 junio en Los Ángeles (California) y desde Estados Unidos aseguran haber elegido esta ubicación ya que alberga «la mayor comunidad hispana del país».

Entendiendo esta Cumbre desde la óptica de la política exterior estadounidense, la ausencia de los líderes del conocido como Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), a la que se sum la de Obrador, sería directamente perjudicial para los objetivos de la Casa Blanca ya que se pretende alcanzar un nuevo acuerdo de migración para la región durante la Cumbre.

Según el embajador estadounidense retirado, P. Michael McKinley, los observadores y analistas también señalan preocupaciones a más largo plazo sobre la política de los EE. UU. en la región, incluido el declive de la influencia estadounidense y su interés sobre la región; crecientes lazos regionales con China; el fracaso de mantener en línea a la Nicaragua de Ortega, la Venezuela de Maduro y Cuba; la «ambivalencia hacia la democracia» y la tendencia de la «marea rosa» en las elecciones latinoamericanas.

Según el experto Matías Bianchi asegura en El País, la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua por su falta de compromiso con la democracia ha sido un «error estratégico que ha servido como detonante para canalizar acumuladas frustraciones por parte de los países de América Latina con el gigante del norte».

En principio, los temas principales a tratar en la cumbre se iban a centrar en la democracia, el clima y la migración en el continente americano. Sin embargo, de lo que más se está hablando es de la fractura entre los países del continente y su relación con Estados Unidos.

¿Qué es la Cumbre de las Américas?

Solo la Cumbre de las Américas reúne a los líderes de los países de América del Norte, América del Sur, América Central y el Caribe. Según la información oficial, «la Cumbre, y sus foros de partes interesadas, promueven la cooperación hacia un crecimiento económico y una prosperidad inclusivos en toda la región, basados en nuestro respeto común por la democracia, las libertades fundamentales, la dignidad del trabajo y la libre empresa».

El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, convocó la primera Cumbre de las Américas en Miami (Florida), en diciembre de 1994, con el fin de promover el crecimiento económico y la prosperidad en la totalidad de las Américas sobre la base de valores democráticos comunes y la promesa de aumentar el comercio para mejorar la calidad de vida de todos los pueblos y preservar los recursos naturales del hemisferio para las generaciones futuras.

La Cumbre de 1994 fue la primera cumbre hemisférica desde 1967, cuando Uruguay acogió a la mayoría de los líderes de la región, pero no incluyó a Canadá ni gran parte del Caribe. Las cumbres periódicas posteriores han tenido lugar en Santiago de Chile (1998), Ciudad de Quebec, Canadá (2001); Mar del Plata, Argentina (2005); Puerto España, Trinidad y Tobago (2009); Cartagena, Colombia (2012); Ciudad de Panamá, Panamá (2015) y Lima, Perú (2018). Se celebraron cumbres especiales en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (1996) y Monterrey en Nuevo León, México (2004).

Estados Unidos preside actualmente el órgano de deliberación de la Cumbre, el Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC). La Cumbre se celebra aproximadamente una vez cada tres años desde 1994 y es la única reunión de todos los líderes de los países de América del Norte, del Sur y Central y del Caribe. Esta será la primera vez que Estados Unidos acoja la Cumbre desde la reunión inaugural en Miami en 1994.

Las peticiones de las organizaciones de derechos humanos en la Cumbre de las Américas

En su calidad de anfitrión, el gobierno de los Estados Unidos ha decidido como tema central de la Cumbre “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo”. Amnistía Internacional ha asegurado en una carta abierta dirigida a los Jefes de Estado presentes en la IX Cumbre de las Américas que «este futuro sostenible, resiliente y equitativo no puede dejar de lado los derechos humanos, en especial de millones de personas que han sufrido de violaciones a sus derechos, y de comunidades y grupos de población históricamente marginalizados».

Así la organización de derechos humanos ha denunciado que en el continente más desigual del mundo, y pese a que la pandemia de Covid-19 continúa exacerbando aún más las desigualdades, los Estados de las Américas no se han enfocado en una recuperación justa. «Por el contrario, han emprendieron esfuerzos para socavar los derechos humanos, reprimir manifestaciones pacíficas, amedrentar a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y poner en peligro la independencia judicial, en un intento por silenciar las voces disidentes».

Ante este escenario, Amnistía Internacional alerta de que la región sigue albergando algunos de los movimientos transfronterizos de personas más grandes del mundo. Ante la iniciativa del gobierno estadounidense de buscar en esta Cumbre de las Américas un Pacto Migratorio para la región la organización quiere destacar que la mayoría de estos movimientos de personas son el resultado de diversos factores.

Entre ellos han destacado las múltiples crisis de derechos humanos, tales como la prolongada crisis en Venezuela, que ha expulsado a más de seis millones de personas buscando protección internacional; la persecución de personas por motivos políticos en Nicaragua y Cuba; o de la situación humanitaria en Haití, que provoca el movimiento de miles de personas en todo el continente; o la situación de violencia generalizada, a la que se han sumado desastres naturales asociados con el cambio climático en Centroamérica, propiciando que decenas de miles de personas de El Salvador, Honduras y Guatemala emprendan camino hacia el norte del continente.

A este respecto la organización lamenta que, ante la imperiosa necesidad de protección, las autoridades de varios Estados de la región están respondiendo con políticas «restrictivas» y muchas veces inhumanas, deteniendo a personas migrantes y refugiadas en «condiciones precarias», mientras que otros llevan a cabo devoluciones forzosas sin tener debidamente en cuenta sus solicitudes de asilo o la imposibilidad de retorno, como en el caso de Haití.

«La militarización de las fronteras también se ha convertido en una constante en varios países de la región, generando así un contexto de violaciones a los derechos humanos no sólo de las personas que intentan buscar protección, sino de las propias comunidades de acogida», ha denunciado la organización.

La crisis migratoria en el continente americano

A fin de poner en contexto la apremiante situación de cara a la Cumbre de las Américas, Amnistía Internacional recuerda que sólo el año pasado, de acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), al menos 650 personas perdieron la vida tratando de cruzar la frontera de México y Estados Unidos, siendo el número más alto desde 2014.

Además, también en el 2021, bajo pretexto de normas de salud pública, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos llevó a cabo de forma conjunta con autoridades mexicanas la devolución sumaria, innecesaria e ilegítima de casi 1.5 millones de personas refugiadas y migrantes, entre quienes estaban miles de personas menores de edad no acompañadas.

Según Amnistía Internacional, las autoridades mexicanas recluyeron en condiciones de confinamiento al menos a 252.526 personas en centros de detención migratoria. «En dichos establecimientos se incumplieron las medidas básicas de higiene y se deportaron al menos a 101.571 personas procedentes en su mayoría de Centroamérica, entre ellos miles de menores no acompañados», aseguran en un informe.

En el caso particular de Venezuela, la organización considera que el éxodo de más de seis millones de personas es una de las expresiones más claras y demostrativas de la profunda crisis de derechos humanos que soporta el país. Las masivas violaciones de los derechos humanos han llevado a que un 20% de la población del país haya buscado protección en otros países, la mayoría de ellos en América Latina y el Caribe.

Debe indicarse que la situación de estas personas en necesidad de protección internacional es crítica en muchos de los países de acogida. Como ejemplos de militarización la organización señala que, en Perú, en enero de 2021, el gobierno militarizó sus fronteras con Ecuador para restringir la entrada de personas migrantes y solicitantes de asilo, llegando incluso a hacer uso de armas de fuego para dispersar personas en la frontera.

En Trinidad y Tobago, el panorama no ha sido distinto: las autoridades de seguridad llegaron incluso a disparar y matar a un bebé, quién, junto con su madre y un grupo de personas venezolanas, intentaba entrar al país de forma irregular en una embarcación, ante la imposibilidad de vías legales de ingreso al país.

«La criminalización de la migración irregular y la falta de legislación sobre el asilo, en muchos países de la región ponen a las personas migrantes y en necesidad de protección internacional en grave riesgo de ser devueltas forzosamente a su país y quedar expuestas a violaciones de derechos humanos», aseguran desde Amnistía Internacional.

En Chile, por ejemplo, la nueva ley de migración no ofrece garantías para la regularización de personas venezolanas, puesto que impide el cambio de categoría cuando la persona se encuentra ya en Chile. «Dicha ley podría presentar retrocesos, pues se aumentan las atribuciones de la administración para realizar expulsiones y reconducciones inmediatas a la frontera, con un alto riesgo de que se vulnere el principio de ‘no devolución’ tratándose de personas solicitantes de asilo». En definitiva, según la organización, la ley no reconoce que una persona migrante pueda estar en una mayor situación de vulnerabilidad que requiere de la especial consideración y protección del Estado, más aún si pudieran acceder a su derecho de solicitar asilo. «Y esta ley no es un caso aislado, en varios países se han establecidos leyes y políticas que restringen gravemente lo derechos humanos de las personas migrantes», denuncian.

En ese sentido, Amnistía Internacional hizo un «urgente» llamado a los y las jefas de Estado de las Américas para que adopten medidas coordinadas que permita proveer de protección a las personas migrantes y refugiadas en los países de la región, teniendo en consideración enfoques diferenciados para la atención específicas de grupos en riesgo, como niñas y niños migrantes no acompañados, mujeres y niñas, personas LGBTI, entre otros.

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