La involucración de SpaceX o la petición de voluntarios extranjeros para combatir en el conflicto ruso-ucraniano son unos de los ejemplos de empresas y personas ajenas al conflicto que toman parte del mismo. Pero, ¿cuál es la labor de las empresas de seguridad privadas en los conflictos?
El auge de empresas de seguridad privadas o de carácter militar, plantea cierto recelo en la sociedad debido al desconocimiento general de la actividad real de estas compañías. Algunos expertos han destacado en múltiples ocasiones que estos no pueden considerarse «mercenarios», a pesar de la dudosa actividad de algunos empresas en terceros estados. Pero, ¿realmente no son mercenarios?
Con el objetivo de despejar las dudas y aclarar el papel de las empresas de seguridad privada en los conflictos, Mario Ángel Laborie, analista especializado en conflictos armados, seguridad internacional y geopolítica, y Ángel Satué de Córdova, diplomado en altos estudios internacionales y fundador de la tertulia «Sociedad Global», participaron en la sesión «La privatización de los conflictos armados» en el marco de las Jornadas de Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos.
Ángel Satué comenzó realizando un repaso a la evolución de los conflictos incidiendo en el punto en el que nos encontramos: un modelo híbrido en el que «ya no solo hallamos combates militares, sino el empleo de otro tipo de estrategias de confrontación, usando la tecnología como medio principal». Así explicó también que estas empresas privadas también ofrecen servicios relacionados con la logística o la ciberseguridad.
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También destacó el incremento del número de empresas de seguridad privadas y cómo se prevé que la cifra aumente en los próximos años. Así aseguró que cada vez es mayor el número de empresas de seguridad privada que se involucran en los conflictos y que, muchas veces, sirven como «herramientas de los propios estados» aprovechándose de su estatus jurídico para abandonar la correlación directa con el conflicto.
Por su parte, Laborie, recalcó que desde las Relaciones Internacionales y las doctrinas relacionadas de las ciencias sociales «se debe enmarcar el contexto estratégico en el que suceden». En este sentido, las empresas que surgen en la posguerra fría (que para el experto aún no ha terminado sino que sigue «en cierta medida» activa), se diferencian de las de «nueva generación» como las que podemos ver en la actualidad con Wagner a partir de 2014.
Laborie consideró que el momento histórico que vivimos es «muy trágico, pero apasionante». «El orden internacional ha terminado, denlo por acabado», aseguraba el experto durante su ponencia. En este sentido destacó que desde el auge de China y las nuevas formas de actuación rusas, el punto de vista basado en democracia, libre mercado y orden basado en reglas había «pasado a la historia». Respecto a esta cuestión también mencionó el impulso exterior de China a través de la nueva ruta de la seda y cómo el país solo utiliza a las empresas de seguridad para garantizar el éxito en los países en los que se va expandiendo comercialmente para proteger a su personal de manera global.
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El nuevo contexto estratégico que estamos viviendo lleva aparejado la aparición de nuevos actores y en este marco podemos comprender aún mejor la evolución de las empresas militares de seguridad privada o «contratistas».
Las empresas de seguridad privada y el Derecho Internacional
Satué lamentó que «la seguridad avanza muy rápido» y la capacidad normativa occidental, en general, «más despacio». Así nos encontramos ante un «mercado» donde la autorregulación fue la manera más rápida, eficaz y efectiva de asegurar que estas compañías actuaran como salvaguardas del Derecho Internacional y los Derechos Humanos.
Así, para asegurar que estas empresas cumplieran su función de asegurar el respeto del Derecho Internacional Humanitario en zonas a las que ofrecen sus servicios, en 2008 se firma el Documento de Montreaux como iniciativa del Gobierno de Suiza y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Este documento recuerda unas «responsabilidades intransferibles», pero no es vinculante. En resumen, se encarga de manifestar el deber de respetar el convenio de Ginebra de 1949, protegiendo a las personas que no participan en la guerra (tanto en los estados contratantes, los estados donde están inscritos y aquellos en los que operan).
«Montreux se firma para dar unos mínimos de seguridad regulando las buenas prácticas, la responsabilidad penal y la capacidad de las empresas y su personal de ser juzgadas», afirmó Satué. De esta manera, el documento recuerda el estatus del personal de estas compañías y recuerda que son civiles, por lo que no pueden realizar actividades que aparenten estar involucrados en el conflicto; sin embargo, entre las prácticas comunes encontramos labores de inteligencia, custodia de bases, control de armas…
El experto también advirtió que si en un conflicto internacional una empresa está involucrada en labores que van más allá de la logística, podría involucrar un civil como soldado y este ser juzgado como prisionero de guerra dependiendo de si se le trata de civil o no.
Las empresas de seguridad privadas, un elemento para llevar a cabo objetivos estratégicos
Laborie compartió durante su ponencia una experiencia personal en la que tuvo contacto de primera mano con una empresa de seguridad militar privada. Él se encontraba en Afganistán, en una misión de adiestramiento del ejército nacional afgano. Cuando se dispuso a salir de la base de reuniones se encontró con que las personas que le iban a proporcionar protección eran contratistas. Según contó, eran «absolutamente profesionales, no llevaban uniforme pero iban uniformados y no llevaban insignia ni bandera». Para el experto, gracias a ellos, la misión fue un éxito.
Pero en este sentido hay una pregunta básica que hacerse: si los estados ya cuentan con sus propios medios, ¿por qué hacen uso de este tipo de seguridad?. Para Laborie es una cuestión de efectividad. «Sirven de apoyo para el aumento de las capacidades del ejército, son servicios de los que no se pueden hacer cargo de manera primordial, pero que están obligados a ofrecer», dijo.
En el caso que acabamos de mencionar era el ejército estadounidense quien recurría a estos servicios y, pese a su «gran capacidad», no podía hacer frente a esta labor y tuvo que «echar mano» de una empresa de este estilo.
Más allá de esta experiencia, Laborie hace hincapié en cómo la actividad en auge que podemos ver en la actualidad han evolucionado y que ya no se ofrecen de la misma manera que antes. «Ahora vemos un crecimiento de empresas tipo la Wagner rusa, que se convierten en un elemento más para llevar a cabo objetivos estratégicos».
Esta empresas ayudan a ejercer influencia en lugares en los que un país necesita posicionarse (como podemos ver en varios países de África) pero en los que no «interesa», al menos de manera «oficial», desplegar tropas nacionales. Así emplean este personal para impulsar sus intereses en países como Mali donde las cifras rondan sobre unos 500 efectivos desplegados con expectativas de llegar a 2000.
Laborie destaca que lo primero que quiere hacer Rusia con el grupo es desligarse de su acción. Al ser «una empresa privada y la empresa privada como tal hace sus cometidos» y, de esta manera, alega que lo que pretende el Kremlin es ganar peso en la zona sin «mancharse las manos».
La legislación rusa impide la utilización de mercenarios, pero no la de contratistas. Así, esquiva sus propias leyes y se apoya en este argumento ante la comunidad internacional ya que ellos «no despliegan personal militar» sino de «seguridad». Satué también quiso destacar la ventaja que tiene el haber prohibido en su código penal este tipo de mercenarios, ya que «ante la duda no son combatientes» son «civiles».
Además, Rusia no es firmante del documento de Montreux, este documento de «Soft Law», por lo que no podría ser aplicado a pesar de demostrarse su implicación con actividades irregulares del grupo.
Wagner en Ucrania, ¿mercenarios?
Pero, entonces, ¿son mercenarios? Esta fue la pregunta general durante todo el debate. La moderadora, en una de las preguntas sobre la guerra de Ucrania, denomina al grupo Wagner de «mercenarios», a lo que Satué respondió que «son combatientes y son objetivos, no son civiles, por lo que se les puede atacar directamente».
Laborie también trató de evitar el término mercenario haciendo alusión a un dicho: «Aquella persona que sea condenada por mercenario merece ser fusilado por ello y a su abogado también, porque es prácticamente imposible determinar cuando una persona es mercenaria».
En este sentido describió al «mercenario» bajo tres cuestiones generales: una persona extranjera en el lugar donde se está produciendo un conflicto, que trabaja con motivación económica y que participa directamente en las hostilidades. Este concepto está muy reducido y, teniendo en cuenta que estas empresas son personas jurídicas y no físicas, se hace aún más complicado encajarlas en ese grupo.
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Con estas tres ideas, transporta a Ucrania la situación de Wagner para aclarar que «si el gobierno ruso está utilizando a sus nacionales en su país vecino, no pueden ser tratados como mercenarios en ningún caso de manera conceptual». Si aplicamos el concepto de la palabra al conflicto en Ucrania, la empresa rusa, al final y al cabo, estaría trabajando para «defender» los intereses del estado al que pertenece por lo que no cumpliría el requisito de ser un tercero trabajando para un país.
Así concluye que no se les puede tratar de mercenarios y que la participación en hostilidades en el caso ucraniano va a ser limitado. «Considerando la invasión en marcha de manera masiva por parte de Putin, no creo que las esperanzas del Kremlin es este grupo vayan más allá de la consecución de misiones especiales», afirmó.
El personal de Wagner tiene experiencia en terreno sirio sobre contrainsurgencia, por lo que prevé que actúen en misiones de retaguardia para evitar levantamientos, pero Laborie no cree que tengan un papel «muy relevante» en este conflicto.
Voluntarios extranjeros en el conflicto
El ministro de defensa Serguei Shoigu, ha propuesto en la reunión del Consejo de Seguridad a Vladimir Putin aceptar 16000 propuestas de voluntariado provenientes de países de Oriente Medio. Shoigu dejó claro que lo hacían «especialmente porque no lo hacen por dinero» y también destacó su gran labor en la guerra contra el ISIS.
La respuesta de Vladimir Putin en la reunión del Consejo de Seguridad fue favorable a la propuesta de aceptar a estos voluntarios «sin recibir dinero a cambio» para que vayan a ayudar a la gente que vive en el Donbás. «Debemos cumplir con sus esfuerzos y ayudar a que lleguen a la zona de combate», declaraba.
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También ha querido denunciar la reunión de «mercenarios» por parte de Occidente para ayudar al gobierno ucraniano. «No lo mantienen en secreto, lo hacen abiertamente sin tener en cuenta el Derecho Internacional«, decía Putin.
Con este uso de «voluntarios» vemos como desde Rusia se vuelve a esquivar el término mercenario, porque, a diferencia de Wagner que son nacionales, estos sí que provienen de un tercer país; sin embargo, al no recibir una retribución por sus servicios (al menos de manera pública y oficial), estos no pueden ser considerados mercenarios como tal.
Por su parte, el presidente ucraniano ha creado la «Legión Internacional», con el propósito de invitar a todo extranjero que desee unirse a las fuerzas de su país contra la invasión rusa. Así pidió a todo interesado en colaborar que contactase con las embajadas ucranianas de sus respectivos países para poder seguir el reglamento ucraniano sobre Servicio Militar en las Fuerzas Armadas por parte de Extranjeros y Apátridas.
La implicación de la actividad militar de estos grupos por parte de los estados queda justificada ante el Derecho Internacional; sin embargo, la licitud de las acciones de su personal es muy cuestionable. Como conclusión encontramos que hay una gran dificultad para juzgar a diferentes grupos y hay que considerar hasta que punto participan activamente en el conflicto para que el personal pase de ser considerado como «civiles» a «combatientes».
Implicación de SpaceX, una empresa privada, en el conflicto
Otra cuestión, más allá de las empresas de seguridad privada, que consideramos destacar en este artículo es cómo SpaceX, una empresa privada, también ha tomado parte en el conflicto. Así lo ha hecho ante petición pública de ayuda del ministro ucraniano para la transición digital y a la que ha respondido con el envío de terminales de Internet por satélite «Starlink». Estas antenas activaron el servicio a internet espacial de SpaceX para reconectar las ciudades del país.
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Aquí encontramos un caso de involucración en el conflicto por parte de una compañía privada que no ha sido coordinada por el gobierno de su país. Al contrario, las relaciones entre la empresa de Musk y la Administración actual han sido demasiado amistosas. No obstante, el interés común de Biden y el empresario puede que cambie en las relaciones y no se sabe el efecto que provocará en el transcurso de la guerra, ya que estos satélites, avisa Musk, pueden ser vistos como objetivos potenciales ser un «blanco» para los aviones rusos.
Esta «ofrenda» de Elon Musk puede ser vista como una estrategia de aumento de su influencia en Europa dadas las polémicas relaciones que ha tenido con la Casa Blanca y el «veto» que le han impuesto para asistir a sus reuniones. La dependencia que tiene SpaceX para conseguir contratos federales con la NASA y el Departamento de Defensa puede ser el factor clave que haya hecho que el empresario enviara ayuda a Ucrania.
Es cuestión de tiempo que se note la repercusión real de que esta compañía se involucre en el conflicto, sobre todo por los polémicos tweets y comentarios del dueño de la empresa dirijidos hacia la cúpula del poder, tanto Biden como Putin han sido víctimas de sus desafíos en tono de «burla».
