Daniel Villegas (@DanielVillegas). Director de LISA Institute. Licenciado en Criminología (UIC). Graduado en Prevención y Seguridad Integral y Posgrado Superior en Gestión y Derecho de la Seguridad (EPSI), Máster en Mundo Árabe e Islámico (UB), Máster en Terrorismo (UNIR), Máster en Análisis de Inteligencia (UAB), Máster en Cybersecurity Management (UPC) y CISA (ISACA).
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Como ya te contamos en LISA News, en 2022 vimos una oleada de expulsiones de diplomáticos tanto europeos como rusos en el contexto de la guerra de Ucrania. Te explicamos las claves para entender la expulsión de diplomáticos españoles por parte de Rusia y cuáles han sido las relaciones entre ambos países en los últimos años.
En el contexto de la crisis diplomática entre los países de la Unión Europea y Rusia a raíz del conflicto en Ucrania, Rusia expulsó el 18 de mayo de 2022 a 27 diplomáticos y personal y de la embajada de España en Moscú. Esta decisión ha sido la respuesta a la expulsión de 25 diplomáticosque llevó a cabo España en abril de ese mismo año por “representar una amenaza a la seguridad” y como rechazo a la actuación rusa en Ucrania, siguiendo los pasos de otros países europeos. Desde España se aclaró que el embajador Yuri Korchagin no estaría incluido entre los expulsados debido a que se aspira a mantener las líneas de diálogo y negociación abiertas.
El Ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, tomó en consideración las medidas que sus vecinos adoptaron previamente, así como el plazo que se le concedieron a los expulsados para abandonar el país: «justo los necesarios y en la línea de lo que están haciendo en otros países de nuestro entorno».
Italia y Francia también han recibido al mismo tiempo que España las consecuencias de haber denominado como “non grato” al personal ruso, expulsando a 24 diplomáticos italianosy34 franceses. Moscú ha comunicado a sus respectivos embajadores la decisión y los plazos a seguir y mientras que Francia cuenta con dos semanas de plazo, los diplomáticos españoles solo tendrán siete días para abandonar el país.
El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha rechazado la decisión de Moscú de expulsar a los 27 miembros de la embajada de España en Rusia, condenando los motivos por los que se ha realizado. La expulsión de los diplomáticos españoles ha sido justificada por las autoridades rusas a partir del principio de reciprocidad en las relaciones diplomáticas; sin embargo, España no ha aceptado este motivo.
En el comunicado emitido por el ministerio español, se ha aclarado que su acción estaba justificada adecuadamente por «motivos de seguridad», que no se han manifestado de vuelta. También han destacado y defendido la labor del cuerpo diplomático ante la Federación de Rusia que “siempre ha respetado plenamente las obligaciones previstas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de Relaciones Consulares”.
El día anterior de la decisión española, Vladimir Putin acordó restringir los visados a países de la Unión Europea por considerar que sus acciones son “inamistosas”, afectando a periodistas y delegaciones oficiales, sin permitir que los diplomáticos de dichos países entren sin visado en sus fronteras.
Como el uso de la fuerza está prohibido salvo legítima defensa y dado que el resto de países no han sido atacados directamente como para involucrarse en el conflicto, se ha derivado en una crisis “diplomática” en la que el personal de las embajadas europeas y rusas están sufriendo las consecuencias de las sanciones mutuas.
Aún no se ha procedido a la expulsión del embajador de ningún país, lo que significaría rechazar al diálogo y correspondería con la ruptura diplomática, pudiendo ser interpretado como una declaración de guerra e involucrando a todas las potencias en un conflicto mayor.
Según los expertos, mientras no lleve a más la expulsión mutua del personal diplomático y no se toque la figura del embajador, los países se seguirán presionando mutuamente y atacando a través de esta vía. La diferencia de estas medidas con las sanciones impuestas desde la UE es que se toman de manera unilateral, sin atender a recomendaciones o siguiendo unas directrices de grupo.
Es por ello que se está recurriendo a estas, expresando un descontento con la invasión que no es impuesto por una organización, sino que los propios países son los que condenan la invasión y sienten a Rusia como una amenaza.
¿Cómo han sido las relaciones entre Rusia y España hasta ahora?
Las relaciones entre España y Rusia han estado siempre influenciadas por el contexto marcado por el sistema bipolar, viendo un incremento de colaboración entre ambos países tras establecer vínculos al superar la crisis económica. Desde la revista de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas se destacan dos periodos en las relaciones ruso-españolas, comenzando el siglo con el desarrollo y potenciación de la colaboración hasta 2014, cuando Rusia y Occidente entran en crisis por la invasión de Crimea.
Al igual que sucede ahora, los socios de la Unión Europea impusieron a Rusia una serie de sanciones; sin embargo, España así como otros países del mediterráneo, se resistieron a seguir las directrices impuestas por los países como Francia Reino Unido y Alemania.
Se explica que las decisiones de Italia y Grecia estuvieron justificadas por su gran exportación a Rusia de productos agrícolas y maquinaria, y al contrario, su importación de recursos energéticos era esencial. Moscú suponía un gran socio comercial.
Sin embargo, España ha sido un caso extraño ya que el intercambio comercial mutuo no suponía ser tan importante y tampoco es que compartieran posturas políticas como para poder apoyarse mutuamente. Lo que unía a estos dos países era el turismo y la inversión inmobiliaria de ciudadanos rusos en la península en el peor momento de la crisis que se encontraba este sector.
Los primeros catorce años del desarrollo de las relaciones bilaterales fueron muy prósperos, alcanzando cifras récord en turistas nacionales rusos en 2013, y compartían posturas en torno a asuntos como el terrorismo internacional debido a los atentados que sufrieron ambos países. En la misma revista se destaca la posición española, que aprovechaba sus buenas relaciones con el Kremlin para hacer presión sobre sus socios de la Unión Europea y los aliados de la OTAN.
Sin embargo, a partir de 2014, a pesar de no acatar todas las directrices impuestas por la UE, España no podía ir en contra de Bruselas. La crisis con Ucrania del 2014 supuso el punto de inflexión en las relaciones rusas con occidente, agudizando las discrepancias de Madrid con Moscú, cuyas relaciones de prosperidad cayeron en picado.
La respuesta rusa a las sanciones impuestas en ese momento por los países occidentales, perjudicó especialmente a España, que era uno de los grandes importadores de productos agrícolas de la federación.
Sin embargo, España siempre ha mostrado cierta reticencia a sancionar a rusia en concordancia con sus socios, ya sea por contrarrestar la tensión de “la nueva guerra fría” que se estaba observando en el panorama internacional o por mantener sus buenas relaciones sin depender de la unión.
Madrid permitía que buques de guerra pasaran por el puerto de Ceuta para reabastecerse en 2014 y 2015, y un año más tarde lo harían también unos submarinos rusos que venían del Báltico hacia el mar negro. Decisiones como estas de carácter militar con Rusia, enfadaron a los aliados de la OTAN, incluso en Estados Unidos se aprobó una enmienda que obligaba a informar al congreso si algún país de la OTAN permitía la entrada de buques rusos en sus puertos.
Ante la gravedad de la situación derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, España ha continuado con las pautas marcadas por el bloque Occidental y defendido la postura de la Unión Europea. El Gobierno español ha condenado desde el primer momento la agresión y ha apoyado todas las medidas impuestas desde la Unión Europea.
Ahora Moscú se está viendo aislado y cada vez más lejos de Occidente. Incluso para aquellos como España, que han intentado mantenerse en posiciones más intermedias en periodos anteriores al actual conflicto (incluso a pesar de tensiones como la invasión de Crimea) las relaciones se están viendo afectadas al igual que ocurre con otros países de la Unión Europea.
Agentes de la Policía Nacional de España han desarticulado una organización criminal que estafó a 146 víctimas en todo el territorio nacional mediante técnicas de Phishing.
Según el comunicado de la Policía Nacional de España, la cantidad defraudada asciende a 443.600 euros, y fue obtenida a través de la estafa de 146 víctimas. La operación, desarrollada en varias fases entre enero de 2019 y abril del presente año, ha finalizado con la detención de 13 personas -y otras 7 investigadas no detenidas- en A Coruña, Córdoba (5), Huelva, Madrid (2), Málaga, Murcia, Palma de Mallorca y Terrassa (Barcelona).
Los investigados suplantaban la identidad de una conocida entidad bancaria y obtenían las credenciales de sus víctimas mediante phishing para, posteriormente, realizar compras online, transferencias o pedir préstamos personales no autorizados. Por otra parte, el lucro económico era diseminado a través de cuentas bancarias de “mulas de dinero” captadas a través de páginas de contactos sentimentales (es decir, web de citas).
Según la Policía Nacional, las primeras investigaciones se iniciaron a finales de 2018 cuando los agentes detectaron numerosas denuncias en todo el territorio nacional –realizadas tanto por particulares, como por una entidad bancaria- de operaciones fraudulentas a través de compras en comercios electrónicos, así como de transferencias bancarias y petición de créditos personales no autorizados.
Enviaban correos electrónicos con una falsa alerta de seguridad para robar las claves bancarias
La Policía Nacional advierte que los investigados utilizaban la imagen corporativa de una entidad bancaria y enviaban de forma masiva correos electrónicos falsos en su nombre, suplantando su identidad. Las víctimas que recibían dicho correo, conteniendo un aviso sobre una supuesta “alerta de seguridad” que afectaba a sus tarjetas y cuentas bancarias, pinchaban sobre el enlace o link que les facilitaban e introducían sus credenciales de banca online para solucionarlo.
Sin embargo, los emails no habían sido remitidos por el banco y los links redirigían a páginas web falsas controladas por miembros de la organización. Además, los correos “cebo” eran modificados y actualizados convenientemente en función de las variantes que, sobre la operativa online, establecía la entidad bancaria afectada.
Después de tener acceso a las credenciales obtenidas, los detenidos accedían a la banca online de las víctimas y cambiaban el número de móvil registrado por el cliente legítimo por otro número controlado por ellos. De esta forma, los estafadores podían completar las compras o transferencias, superando el factor de verificación de seguridad establecido por la entidad.
Asimismo, este modus operandi les permitía acceder a los datos bancarios de las víctimas, y recibir las Claves de Comercio Electrónico Seguro (CES) necesarias para finalizar operaciones, en la línea telefónica controlada por los miembros de la organización.
Realizaban las compras fraudulentas a través de comercios electrónicos ubicados en países extranjeros
Así, los investigados accedían a las cuentas de las víctimas haciendo uso de líneas de Internet ubicadas en distintos países como España, Marruecos, Francia, EEUU, Mauritania y Alemania, utilizando redes virtuales privadas (VPN), con el objetivo de obstaculizar la localización exacta desde donde se ejecutaban las operaciones fraudulentas y se remitían los correos SPAM. Además, realizaban las compras a través de comercios electrónicos ubicados en países extranjeros, siendo Francia la localización más repetida.
La complejidad de la investigación radica en que se trata de un delito trasfronterizo, donde las víctimas cuyos datos bancarios han sido comprometidos así como las entidades bancarias afectadas son de un país –en este caso España-, el comercio online que sufre el fraude es otro diferente, y el producto o servicio adquirido fraudulentamente se consume o entrega en un tercer país.
El lucro económico era diseminado a través de cuentas bancarias de las denominadas “mulas de dinero”, captadas en páginas de contactos sentimentales. Estas personas, engañadas por una supuesta pareja sentimental y siguiendo instrucciones de la organización, enviaban dinero a través de empresas money-transfer a Costa de Marfil, lo que permitía burlar los controles que establece la ley.
¿Cómo protegerte del Phishing bancario?
Nadie está a salvo de los ataques de Phishing, especialmente del Phishing bancario. Desde ciudadanos, a profesionales pasando por empresas de todos los tamaños e instituciones públicas están cayendo reiteradamente en la trampa.
El Phishing es muy popular entre los cibercriminales porque va directamente dirigido a la parte más vulnerable de cualquier red, al eslabón más débil de cualquier sistema de seguridad: los usuarios.
El Phishing bancario está siendo cada vez más utilizado por facilitar el acceso de organizaciones criminales a ingentes recursos económicos de particulares y empresas. Estos utilizan correos electrónicos fraudulentos que engañan a los destinatarios para que compartan su información personal, financiera o de seguridad.
Los emails pueden parecer idénticos al tipo de correspondencia que envían los bancos reales.
Copian los logotipos, el diseño y el estilo de los emails reales.
Usan un lenguaje que transmite un sentido de importancia y urgencia.
Te piden que descargues un documento adjunto o hagas clic en el enlace.
Es importante interiorizar los siguientes consejos para aplicarlos de forma permanente, ya estemos delante del ordenador, de la tablet o del smartphone:
Mantén tus aplicaciones actualizadas (navegador, antivirus y sistema operativo)
Sospecha si un email de tu banco te solicita información confidencial.
Revisa el correo con cuidado: compara el remitente del email con el remitente habitual de tu banco. Si hay diferencias o errores, desconfía.
No respondas nunca a un email sospechoso, les facilitarás información que pueden utilizar contra ti.
Reenvía el email sospechoso a tu banco escribiendo tú la dirección real o llámales para verificar la autenticidad.
No reenvíes el correo a personas de tu entorno, viniendo de ti, podrían confiar en él y caer en la trampa.
No hagas clic en el enlace ni descargues el archivo adjunto.
Están acusados de espiar a destacados disidentes, líderes de derechos humanos y activistas a favor de la democracia. Según la justicia estadounidense habrían conspirado presuntamente para silenciar a los críticos de la República Popular China (RPC) en los Estados Unidos y en el extranjero.
Este miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha informado que un ciudadano estadounidense y cuatro funcionarios del Ministerio de Seguridad del Estado de China (MSS) fueron acusados en una acusación abierta ayer en un tribunal federal de Brooklyn de conspiración y otros cargos relacionados con un plan de espionaje y represión transnacional.
Según documentos judiciales, Wang Shujun, de 73 años, de Queens, Nueva York; Feng He, alias Boss He, de Guangdong; Jie Ji, de Qingdao; Ming Li, alias Elder Tang y Little Li, de Guangdong; y Keqing Lu alias Boss Lu, de Qingdao, presuntamente participaron en un plan de espionaje y represión transnacional en los Estados Unidos y en el extranjero. Wang fue arrestado el 16 de marzo, en virtud de una denuncia penal, y será procesado en una fecha posterior. Él, Ji, Li y Lu siguen prófugos.
«No toleraremos los esfuerzos de la República Popular China ni de ningún gobierno autoritario para exportar medidas represivas a nuestro país», dijo el Fiscal General Adjunto Matthew G. Olsen de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.
«Estos cargos demuestran el compromiso inquebrantable del Departamento de Justicia de responsabilizar a todos aquellos que violan nuestras leyes al tratar de suprimir las voces disidentes dentro de los Estados Unidos e impedir que nuestros residentes ejerzan sus derechos legítimos».
«Como se alega, Wang actuó como un activo de inteligencia encubierto en su propia comunidad, espiando e informando información confidencial sobre destacados activistas y organizaciones a favor de la democracia a sus coacusados, que son miembros del Ministerio de Seguridad del Estado del gobierno chino», dijo EE. UU. Abogado Breon Peace para el Distrito Este de Nueva York.
«La acusación de hoy expone e interrumpe una operación de la República Popular China que amenaza la seguridad y la libertad de los ciudadanos chinos que residen en los Estados Unidos debido a sus creencias y discursos a favor de la democracia. Nuestra oficina y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley permanecerán vigilantes para frustrar las actividades de espionaje extranjero dirigidas a nuestros ciudadanos y residentes».
«Si alguien duda de lo serio que es el gobierno chino a la hora de silenciar a sus críticos, este caso debería eliminar cualquier incertidumbre», dijo el subdirector ejecutivo interino Alan E. Kohler Jr. de la Subdivisión de Seguridad Nacional del FBI. «Las tácticas agresivas del gobierno chino se limitaron una vez a sus fronteras. Ahora, la República Popular China está atacando a personas en los Estados Unidos y en todo el mundo. El FBI y sus socios siguen comprometidos con la lucha contra la represión transnacional».
Según documentos judiciales, Wang es un conocido académico y autor que ayudó a iniciar una organización a favor de la democracia en Queens que se opone al actual régimen comunista en China. Sin embargo, como se alega, desde al menos 2011, Wang ha utilizado su posición y estatus dentro de la diáspora china y las comunidades disidentes para recopilar información de forma encubierta sobre destacados activistas y líderes de derechos humanos en nombre del MSS y la República Popular China.
Como se alega en la acusación, Él, Ji, Li y Lu actuaron como manejadores de Wang, ordenando a Wang que atacara a individuos y grupos específicos que la República Popular China considera subversivos, como los activistas a favor de la democracia de Hong Kong, los defensores de la independencia taiwanesa y los activistas uigures y tibetanos, y obtener información sobre temas y asuntos particulares de importancia para el MSS.
Como se alega en la acusación, Wang comunicó y proporcionó información al MSS, incluidos He, Ji, Li y Lu, mediante el uso de aplicaciones de mensajería cifrada y correos electrónicos, así como durante las reuniones cara a cara en la República Popular China. Wang a menudo conmemoraba la información que recopilaba en «diarios» por correo electrónico para que el MSS accediera.
Estos «diarios» incluían detalles sobre las conversaciones privadas de Wang con destacados disidentes, así como las actividades de activistas a favor de la democracia y organizaciones de derechos humanos. Un registro del incidente de residencia de Wang hasta su arresto reveló aproximadamente 163 entradas de «diario» que Wang escribió a He, Ji, Li y Lu y a otros funcionarios de MSS.
Por ejemplo, en una serie de comunicaciones en o alrededor de noviembre. El 22 de octubre de 2016, Ji dio instrucciones a Wang para que interactuara con un asistente en particular en un próximo evento a favor de la democracia y que «cumpliera la tarea» asignada por el «Jefe», refiriéndose a Lu.
Ji señaló que el asistente de interés tenía contactos con «tibetanos, uigures y mongoles» y deseó a Wang suerte para obtener «buenos resultados». En otro intercambio en o alrededor de noviembre. El 16 de 2016, Wang informó a Li de que «acabo de terminar de charlar» con un destacado activista de derechos humanos, señalando que hizo las «preguntas necesarias» y recibió respuestas «cándidas».
Li respondió «genial» y con un emoji con el pulgar hacia arriba, instruyendo a Wang a escribirlo en un «diario». Al menos un activista por la democracia y disidente de Hong Kong sobre el que Wang informó al MSS, identificado como «Disidente de Hong Kong #1» en la acusación, fue arrestado posteriormente por la República Popular China.
Además de esta conducta, la acusación alega que Wang transfirió y poseyó números de teléfono e información de contacto pertenecientes a disidentes chinos al MSS, así como que hizo declaraciones materialmente falsas a las fuerzas del orden federales, negando falsamente que tuviera contactos con funcionarios de la República Popular China o con el MSS.
A 11 de mayo de 2022, Washington ha publicado la revisión de la investigación independiente del general Michael X. Garrett sobre los ataques a civiles el 18 de marzo de 2019, en la ciudad de Baghuz, Siria.
Este proceso se inició tras la publicación de una investigación de The New York Times el 13 de noviembre de 2021, en la que se expusieron los medios que utilizó el ejército estadounidense para minimizar el número de fallecidos e informes clasificados. El gobierno de Estados Unidos, presionado, anunció entonces que se iniciaría esta nueva investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
Según la agencia, la misión del avión no tripulado perteneciente al ejército estadounidense era la caza de objetivos militares; sin embargo, un avión de ataque F-15E lanzó una bomba sobre una gran multitud de mujeres y niños “acurrucados en la orilla de un río”. Cuando se disipó el humo y la gente huyó, los ataques continuaron y lanzaron otra bomba acabando con los supervivientes del primer ataque.
En el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas del ejército estadounidense en la Base Aérea de Al Udeid, en Catar, los uniformados que veían las imágenes en directo de los drones miraban entre «atónitos» e «incrédulos», según un oficial que estaba allí. Así se hicieron públicos algunos de los mensajes del chat que utilizaban en la base ante el desconcierto “¿quién ha tirado eso?” “acabamos de lanzarlo sobre 50 mujeres y niños”. Se determinó que fueron finalmente 70 muertes las que causaron.
El Pentágono inició una investigación, pero el Gene Tate, uno de los evaluadores que trabajó en el caso aseguró que «los dirigentes parecían empeñados en enterrarlo. Nadie quería tener nada que ver con ello». Gene Tate, antiguo oficial de la Marina que había trabajado durante años como analista civil en la Agencia de Inteligencia de Defensa y en el Centro Nacional de Contraterrorismo antes de pasar a la oficina del inspector general, criticó la falta de acción, y ante los hechos decidió dejar su trabajo.
The New York Times se dedicó a reconstruir los detalles del ataque a partir de documentos confidenciales y entrevistas con el personal que disponía de autorizaciones de seguridad de alto secreto. La investigación del medio descubrió que el bombardeo había sido convocado por una unidad de operaciones especiales estadounidense clasificada, la Task Force 9. La fuerza especial operaba en máximo secreto incluso a veces no informaba de sus acciones ni a sus propios socios militares. Es por ello que en la oficina de mandos de Qatar no supieron que el ataque se iba a producir.
Inmediatamente un abogado de la fuerza aérea informó a la cadena de mando del suceso, avisando de que era una posible violación del derecho de los conflictos armados, un crimen de guerra, y que la normativa exigía una investigación exhaustiva e independiente. Sin embargo, esta nunca se llevó a cabo.
Según las declaraciones que expone el medio estadounidense, la única evaluación realizada inmediatamente después del ataque fue llevada a cabo por la misma unidad terrestre que lo ordenó. Se determinó que el bombardeo fue legal porque “sólo mató a un pequeño número de civiles” mientras apuntaba a combatientes del Estado Islámico en un intento de proteger a las fuerzas de la coalición.
El abogado de las Fuerzas Aéreas, el teniente coronel Dean W. Korsak, decidió presionar a sus superiores para que tomaran cartas en el asunto, ya que había sido testigo de un posible caso de crimen de guerra. Al no encontrar que nadie realizaba ninguna acción, envió un correo electrónico a la Comisión de Servicios Armados del Senado, diciendo a su personal que tenía material de alto secreto que discutir y añadiendo: «Me estoy exponiendo a un gran riesgo de represalias militares por enviar esto.»
Acusó a los altos cargos militares de eludir el proceso de ataque deliberado, informando de que una unidad había introducido entradas falsas en el registro de ataques con el objetivo de encubrir los ataques. Es muy probable, escribió, que «los niveles más altos del gobierno no supieran lo que estaba ocurriendo sobre el terreno».
En el informe emitido el 11 de mayo se establecen las pruebas revisadas, con los que han llegado a una conclusión, entre ellas 124 documentos, 25 informes y 29 horas de video, que han validado la acción estadounidense en Baghuz, invalidando todas las evidencias que publicó el New York Times.
Finalmente, no se ha atribuido ningún tipo de responsabilidad individual por las muertes ocasionadas en el territorio sirio.
El nuevo informe emitido por el Pentágono
La versión en la que se narran los hechos del 18 de marzo de 2019, se establece que el Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS) lanzó un contraataque contra las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), y como respuesta, las SFD solicitaron el apoyo aéreo defensivo de la Coalición.
Según la investigación, se produjeron una serie de errores que llevaron al terrible suceso, entre ellos una confirmación “falsa” de que el lugar estaba despejado de civiles. Se aclara que, el Comandante de la Fuerza Terrestre de los Estados Unidos (GFC) responsable del apoyo, validó el ataque del ISIS, y tras “recibir repetidas veces la confirmación de que no había civiles en las zonas de ataque” lo autorizó como parte de la misión de apoyo.
El documento establece que el GFC, que dio la orden, no sabía que había civiles en el radio de la explosión, por lo que la oficina de Michael Garrett ha considerado que no se ha producido una violación de la Ley de Guerra. Ha defendido que las victimas civiles no fueron deliberadas, sino una consecuencia de enfrentarse al grupo terrorista en la región, “era necesaria para defender a las fuerzas asociadas y se realizaron muchos esfuerzos para distinguir civiles de combatientes del ISIS”, considerando así que los enfrentamientos fueron proporcionales.
“Encontré clara evidencia de que la GFC demostró conciencia y preocupación por las víctimas civiles y tomó medidas para mitigar el daño” con estas declaraciones en el informe, exime de culpa a la Fuerza Terrestre que dio la orden al expresar también que los datos que en los que se basó eran imprecisos.
Michael Garret no ha responsabilizado de la decisión al ejército, considerando que “las acciones de la GFC no pueden ser juzgadas en base a lo que sabemos ahora en retrospectiva, sino sólo en la razonabilidad de sus decisiones dada la información conocida en ese momento”.
A pesar de toda la información recogida por la investigación de The New York Times, el General ha concluido que no han habido violaciones de las leyes de la guerra y no ha considerado preciso que las pruebas fueran concluyentes como base de las preocupaciones y acusaciones lanzadas a la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa y medios de comunicación.
Ante la queja hacia la labor del Inspector General del Departamento de Defensa, el documento ha acusado a las deficiencias administrativas de contribuir a empeorar la imagen de la investigación, así como a los artículos de The New York Times por acusar al Departamento de Defensa de “encubrimiento y mala conducta”. Con ello ha desmentido que el análisis publicado no cuenta con evidencias que apoyen sus alegaciones.
El General declara que no ha encontrado ninguna deficiencia o evidencia que esclarezcan que hubo una mala intención y que por ello las decisiones debían de ser ocultadas. Todas las decisiones a lo largo del proceso han sido aprobadas y tomadas por la autoridad competente correspondiente.
Para finalizar el documento y con ánimo de que no se vuelva a repetir una atrocidad similar, Michael Garret ha recomendado mejorar la política de víctimas civiles (CIVCAS). Para ello se insta a establecer una formación común a todos los servicios, junto a un mayor conocimiento de la situación que adapte los procesos para la reducción de incidentes contra civiles y mejore los sistemas demando de las misiones.
John Kirby, el representante del Pentágono, ha apoyado la resolución emitida por el Departamento de Defensa. «Nos estamos responsabilizando por permitirles ver todo” culpando a la publicidad de los hechos, que han derivado en acusaciones a la investigación.
.@PentagonPresSec provides an update on the completion of U.S. Army Forces Command's independent review into Civilian Casualties that occurred on March 18, 2019, in the vicinity of Baghuz, Syria. pic.twitter.com/sNjS6qeehA
— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) May 17, 2022
Está de acuerdo en tanto a que considera que no hay necesidad de responsabilizar de manera individual, ya que los sucesos de ese día, ha quedado establecido que ocurrieron en base a una serie de errores en el proceso de la toma de decisión. El representante ha admitido que no siempre se hacen las cosas bien aunque “tratan de mejorar”, y que por ello se toman muy en serio la “responsabilidad” del ataque.
Con la retirada de los combatientes ucranianos que permanecían en la planta de Azovstal, en Mariúpol, la ciudad ha caído bajo el dominio ruso. En este artículo te explicamos la importancia estratégica de la ocupación de Mariúpol para Rusia.
El pasado lunes el Ejército de Ucrania anunció la evacuación de los combatientes que permanecían en la planta de siderúrgica de Azovstal, en la ciudad portuaria de Mariúpol. Azovstal se había convertido en un símbolo de resistencia durante la invasión rusa. En ella, se habían refugiado tanto soldados como civiles. La situación en la zona industrial se había deteriorado y las condiciones eran cada vez más desfavorables. Mientras tanto, el resto de la ciudad continuaba asediada por las fuerzas rusas.
La operación defensiva de Mariúpol estaba integrada por diferentes grupos. Entre ellos, los combatientes del Regimiento de Azov. Esta unidad militar tiene origen en el Batallón de Azov, una formación ultranacionalista que surge en el contexto de la Euromaidán, en 2014. En septiembre del mismo año, el grupo amplio sus integrantes y adquirió la denominación de «regimiento» y en 2017, se inscribió en la Guardia Nacional de Ucrania como parte de las fuerzas especiales.
Según Hanna Maliar, Viceministra ucraniana de Defensa, un total de 250 soldados habrían sido trasladados a dos localidades ucranianas controladas por Rusia: Novoazovsk y Olenivka. Esta última se sitúa cerca de la ciudad de Donetsk, en el área ocupada del Donbás.
En un primer momento, el Gobierno ucraniano aseguró que los soldados capturados serían intercambiados por militares rusos. Sin embargo, está decisión aún no ha sucedido. Por otro lado, Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, garantizó que los milicianos serían tratados como «prisioneros de guerra».
¿Qué intereses tiene Moscú sobre la ciudad de Mariúpol?
Mariúpol fue atacada por primera vez en febrero y asediada a principios del mes de marzo. Cabe señalar que esta ciudad es clave para Rusia por varias razones. En primer lugar, por su ubicación, pues se encuentra entre la regiónde Donetsk, que pertenece al Donbás, y la península de Crimea. De esta forma, el control de Mariúpol permite a Rusiaestablecerun corredor terrestre entre Crimea y el Donbás.
En segundo punto, el puerto de Mariúpol es importante a nivel estratégico como centro de exportaciones. Está situado en el mar de Azov, que forma parte del mar Negro, y, por lo tanto, la ocupación de la ciudad supone el dominio ruso del mar Negro.
A corto plazo, el control de la ciudad ucraniana permitiría a Rusia desplazar sus tropas en Ucrania con mayor facilidad. Además, la captura de Mariúpol supone una oportunidad propagandística para Moscú. Desde el comienzo de la guerra, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha justificado la invasión de Ucrania como parte de su objetivo para la «desnazificación» del país. De esta forma, la captura de la ciudad, donde está presente el régimen de Azov, sirve como pretexto para continuar con la incursión.
Pedro Pitarch, Teniente General retirado del Ejército de Tierra, asegura que la rendición de los soldados ucranianos que permanecían en la planta de Azovstal, en Mariúpol, tiene consecuencias estratégicas para Rusia.
«Era el obstáculo que había en la franja de terrenos de 800 kilómetros que quiere controlar Rusia. Fortalece la posición rusa en los territorios que tiene ocupados, deniega el acceso al mar a Ucrania y elimina todos los obstáculos en las líneas logísticas que alimentan las operaciones de Rusia en el sur de Ucrania».
Finalmente, la invasión también permite a Moscú mostrar a su población que el país logra sus objetivos, y de esta forma, reavivar la moral rusa. Pedro Pitarch, considera que la caída de Mariúpol, es una «victoria moral» para Rusia, porque acaba con el mito de la resistencia ucraniana. Además, declara que «Azovstal tenía ese elemento moral de resistencia, heroico, épico».
Amnistía Internacional ha pedido a la ONU que renueve el embargo de armas en Sudán del Sur debido a la persistente impunidad y el aumento de los incidentes de violencia sexual asociada al conflicto en el país africano.
«El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe renovar su embargo de armas en el territorio de Sudán del Sur en medio de que el Estado no garantice la rendición de cuentas por la violencia sexual relacionada con el conflicto (CRSV) y de proteger a los supervivientes, testigos y actores judiciales», pidió Amnistía Internacional en un nuevo informe sobre el país.
Según declaró la directora de Amnistía Internacional para África oriental y meridional, Deprose Muchena, desde la organización de derechos humanos se han documentando más de una docena de casos de violencia sexual relacionada con conflictos en los últimos años, incluidas «mujeres que fueron violadas a punta de pistola». «Por lo tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU debe renovar su embargo de armas en el territorio de Sudán del Sur», exigía Muchena.
Supervivientes de CRSV declararon a Amnistía Internacional que fueron violados por una amplia gama de personas, incluidos soldados del gobierno; un miembro del Servicio de Seguridad Nacional (NSS); miembros del Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés en la Oposición (SPLM-IO), el principal grupo armado de la oposición, el Frente de Salvación Nacional (NAS), un grupo armado no estatal que se negó a firmar el acuerdo de paz de 2018; hombres armados; «rebeldes» y hombres desarmados; incluidos adolescentes.
Según denuncia Amnistía Internacional, la violencia sexual con los conflictosa menudo no se denuncia, especialmente cuando involucra a víctimas masculinas. En este sentido una superviviente de la violencia sexual relacionada con el conflicto dijo que vio a hombres armados violar a su vecino masculino a finales de 2018. «Lo desnudaron, le dijeron que se poniera en cuclillas. Cuando se arrodilló, empezaron a violarlo por detrás», contó. Según la testigo el hombre se ahorcó más tarde.
«Las autoridades de Sudán del Sur deben abordar urgentemente estos casos de violencia sexual relacionada con el conflicto. Su respuesta debe basarse en las necesidades médicas, psicológicas y socioeconómicas de los supervivientes. También debe abordar las causas profundas de la violencia e incluir a las sobrevivientes en la toma de decisiones sobre asuntos que les afectan», dijo Deprose Muchena.
Según AI, los defensores de los derechos humanos en Sudán del Sur también apoyan la renovación del embargo de armas «como medida para reducir las violaciones y abusos de los derechos humanos, incluidas las violaciones y los asesinatos de civiles». Una defensora de los derechos de la mujer dijo a la organización que «cuantas más armas tengan [sudsudaneses], más violaciones… el arma es su fuerza para violar a las mujeres».
A pesar de los cientos de casos de CRSV documentados por las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y otras organizaciones en la última década, los enjuiciamientos de sospechosos de violencia sexual relacionada con conflictos siguen siendo «raros» en medio de una impunidad generalizada.
Desde enero de 2020, solo un puñado de casos de CRSV cometidos contra civiles por funcionarios de seguridad del Estado han sido llevados a juicio en tribunales militares o civiles, lo que solo rasca la superficie de la escala de los casos. Hasta la fecha, ningún presunto autor de CRSV ha sido acusado de crímenes de guerra o tortura. Sudán del Sur tampoco ha incluido los delitos en virtud del derecho internacional en su marco jurídico.
Amnistía Internacional se opone al uso de tribunales militares de Sudán del Sur para tratar las graves violaciones de los derechos humanos de los civiles porque no cumplen con las normas de un juicio justo. Carecen de independencia, en parte porque el presidente tiene poder de veto sobre los veredictos y las sentencias dictadas por los consejos de guerra.
La organización también pide a las autoridades de Sudán del Sur que establezcan el Tribunal Híbrido para Sudán del Sur al que se comprometió en los acuerdos de paz de 2015 y 2018. También pide al gobierno que suspenda a cualquier funcionario razonablemente sospechoso de ordenar, cometer o facilitar violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos los actos de violencia sexual, hasta que se haya llevado a cabo una investigación efectiva, independiente e imparcial.
El Gobierno australiano ha impuesto nuevas sanciones a los proveedores rusos de propaganda y desinformación que han tratado de «legitimar la invasión ilegal de Ucrania» por parte de Rusia, así como a las figuras y entidades políticas y de seguridad que han apoyado la invasión.
«El Gobierno ruso está impulsando una amplia campaña de desinformación tanto dentro de Rusia como a nivel internacional. El presidente Putin ha atacado la libertad de expresión y la disidencia en Rusia para suprimir la información fáctica sobre su guerra contra Ucrania y sus atroces crímenes de guerra, y para dañar las percepciones de Ucrania y sus partidarios internacionales», indicó en un comunicado el Ministerio de Exteriores australiano.
Así han sancionado a 11 personas y 12 entidades por «promover la propaganda y desinformación rusa» basándose en las medidas ya adoptadas contra 32 propagandistas en marzo de 2022. En estas sanciones también se incluyen a personas de la industria de los medios de comunicación rusos que promueven las falsas narrativas del Gobierno ruso.
Australia también está imponiendo sanciones financieras selectivas contra entidades incluyendo las granjas de troles que «generan y difunden desinformación en línea». Según asegura el Gobierno australiano muchas de ellas están vinculadas a los servicios de Inteligencia rusos.
Las otras dos entidades son las empresas de defensa bielorrusas Industrial-Commercial Private Unitary Enterprise Minotor-Service y OJSC KB Radar-Managing Company of Radar Systems Holding. Según el Gobierno australiano ambas empresas producen equipos sofisticados utilizados por las Fuerzas Armadas de Belarús, que a su vez han proporcionado un apoyo estratégico significativo a las fuerzas rusas.
En relación a las cuatro personas sancionadas por apoyar la invasión son Aleksandr Chupriyan, Ministro interino de Emergencias de la Federación de Rusia; Nikolay Bogdanovsky, Primer Jefe Adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia; Illia Kyva, una ex miembro prorrusa del Parlamento ucraniano y Sergei Korolyov, Primer Director Adjunto del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB).
Además, también se ha sancionado al Movimiento Imperial Ruso, un grupo ultranacionalista ruso que lleva a cabo entrenamientos de estilo paramilitar a través de un curso llamado Partizan. También es conocido por sus puntos de vista antisemitas, anti-LGBTIQ y antiucranianos y ha enviado combatientes extranjeros a unirse a los separatistas rusos en Ucrania según explican las autoridades australianas.
«El Gobierno australiano sigue infligiendo costos a Rusia, en coordinación con nuestros socios, dirigiéndose a aquellos que comparten la responsabilidad de la invasión de Ucrania por parte de Rusia o tienen palancas de influencia. Con estas listas adicionales anunciadas hoy, Australia ha sancionado a 827 personas y 62 entidades en respuesta a la invasión de Rusia», concluyen.
En 2018 las autoridades australianas también apuntaron a una campaña de desinformación rusa en relación a la reacción de Rusia después de que equipo de investigadores internacionales apuntase a Moscú como responsable del derribo de un avión en julio de 2014. El avión MH17 se estrelló en el área de Donetsk, en pleno conflicto entre las tropas gubernamentales ucranianas y las fuerzas prorrusas y supuso la muerte de 298 personas que viajaban a bordo, la mayoría holandeses y australianos.
A comienzos de marzo la Unión Europea también adoptó sanciones contra los «activos de desinformación y manipulación de la información» del Kremlin. Según Bruselas, Russia Today y Sputnik son esenciales y decisivas a la hora de presentar y apoyar la agresión de Rusia contra Ucrania y ambos constituyen una «importante amenaza directa contra el orden público y la seguridad de la UE».
Además, según la Comisión, ambos canales forman parte de una «campaña coordinada de manipulación de la información, incluida la desinformación», como ha documentado desde 2015 el Grupo de Trabajo East StratComdel Servicio Europeo de Acción Exterior.
La presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen declaró entonces que en el punto en el que la guerra se encontraba «las palabras son importantes». «Estamos siendo testigos de la propaganda y la desinformación masivas sobre este salvaje ataque a un país libre e independiente. No permitiremos que los apologistas del Kremlin viertan sus mentiras tóxicas para justificar la guerra de Putin o para sembrar las semillas de división en nuestra Unión», aseguraba.
Para el Alto Representante, Josep Borrell, la «manipulación sistemática» de la información y la desinformación que lleva a cabo el Kremlin se utilizan como «herramienta operativa» en su agresión contra Ucrania. «Hoy estamos dando un paso importante contra la operación de manipulación de Putin y estamos cerrando el grifo para los medios controlados por el Estado ruso en la Unión Europea», afirmaba para recordar que la UE ya había impuesto sanciones anteriormente a la dirección de RT, en particular a su redactor jefe Simonyan, y que es «lógico» que también se dirijan las sanciones a las actividades que estas entidades han estado llevando a cabo en el seno de la Unión Europea.
En LISA News ya os hemos contado el papel clave que puede suponer Turquía para la resolución del conflicto ruso-ucraniano al ser un actor considerado como “neutral” por los vínculos que tiene con ambos bloques. Sin embargo ahora parece poner impedimentos a las nuevas propuestas de adhesión de Finlandia y Suecia: ¿se trata de un acercamiento a uno de los bandos?
Ante la actual polarización geopolítica, Finlandia y Suecia han elegido tomar bando de forma oficial: quieren unirse a la OTAN. Finlandia aprobó este domingo en el Comité Ministerial de Política Exterior y de Seguridad del país la decisión de solicitar el ingreso en la Alianza. La primera ministra sueca anunció esta semana en rueda de prensa conjunta con el presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, de visita oficial en Estocolmo, que ambos países entregarían este mismo miércoles en Bruselas su solicitud de ingreso en la OTAN. La decisión de los líderes de estos países romperá con décadas de neutralidad y no alineamiento militar.
A pesar de que todos los países de la Alianza parecieron celebrar la decisión, uno no lo hizo. Es bien conocido que Turquía es un socio polémico en la organización, el propio Erdogan sabe el papel estratégico que ejerce en la región y ha decidido tratar de «boicotear» el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN.
En un principio podría ser visto como un intento de evitar una escalada en el conflicto ruso, al involucrar en materia militar un Estado con el que hace frontera. Sin embargo, Putin ha afirmado que no tiene problemas con la adhesión y que “no hay una amenaza inminente para Rusia”, según declaró en una reunión de la Organización de Seguridad Colectiva (OTSC) asegurando al mismo tiempo que, aun así, responderán si finalmente entran en la organización. Al presidente ruso lo que verdaderamente le preocupa es el desarrollo de la capacidad militar de la OTAN en el territorio y en eso, según ha asegurado, se basará para trazar una respuesta a medida.
Pero, más allá del aumento de tensiones de la crisis en Ucrania, lo que verdaderamente molesta al presidente turco es que ambos países acojan a miembros políticos kurdos, a los que Turquía considera como “terroristas”. Es por ello que, tras los rumores de las peticiones oficiales de ingresar en la Alianza, Erdogan tachó a los países escandinavos de ser “hostales para terroristas”, acusando directamente a los gobiernos de que “hay partidarios del terrorismo en sus parlamentos”.
La cuestión kurda para Turquía es vital, un conflicto activo por más de 45 años en la región que hace frontera con Siria en la que se han centrado siempre todos sus esfuerzos militares para mantener el control. El YPG controla el noreste de Siria con el apoyo de EEUU, sin embargo el PKK, el partido kurdo equivalente al sirio en Turquía fue declarado como terrorista.
Es por ello que, además se encuentra contrario a la decisión de Estados Unidos de levantar las sanciones contra las regiones gobernadas por el PKK/YPG, recalcando que se trata de una organización terrorista, y que por ello no puede aceptarlo. Estados Unidos no ha condenado esta alianza, al contrario, la ha apoyado en la lucha contra el Daesh a pesar del descontento de Ankara.
Suecia es uno de los focos de la diáspora turca desde los ochenta y ha acogido numerosos refugiados políticos. Muchos de ellos han sido acusados por Turquía de ser militantes del PKK. Así “se trata de una vieja disputa entre Estocolmo y Ankara” segúnha opinado la experta en sociología política turca contemporánea, Élise Massicard. A lo que también declara que los nacionalistas turcos acusan al país escandinavo de ser la razón de que siga vivo el PKK tras tantos años de guerra, gracias a sus bases fuera de Turquía.
A la OTAN parece no importarle mucho el problema que supone la región del Kurdistán para los turcos y, ahora ,está saliendo a la luz las “consecuencias” de no apoyar su causa y las peticiones exigentes de la república turca.
Según el artículo 10 de la carta fundacional de la OTAN, para que un estado sea miembro de la Alianza debe de ser invitado por un país integrante de la organización y depositar su instrumento de adhesión ante el Gobierno de los Estados Unidos, al ser depositario del Tratado de 1949. Además debe de cumplir con ciertos requisitos geográficos ideológicos y defensivos.
Las condiciones que se establecen en dicho apartado incluyen: ser un país europeo y que todos los miembros acepten el ingreso. Por lo que ahora Turquía puede hacer presión con su voto en contra, y así conseguir acuerdos que pueden ser esenciales para acabar con su lucha contra los kurdos que viven en la frontera del sureste turco.
#NATO Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı Çalışma Yemeği Öncesinde Basını Bilgilendirme
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 14, 2022
En la reunión informal de la OTAN que se celebró el 14 de mayo en Berlín y que incluía entre los participantes a los ministros de exteriores de Finlandia, Suecia y Turquía, el representante turco, Mevlüt Çavusoglu, declaró en la rueda de prensa que “un país que se convertirá en un aliado no debe apoyar claramente al PKK/YPG, la organización terrorista que nos ataca todos los días, que martiriza a nuestros soldados, policías y civiles».
Una petición clara por parte de los turcos, cuyo objetivo es presionar a la organización para que a su vez ejerza el mismo efecto en los países escandinavos. De esta manera podrían conseguir retirar el apoyo de los países occidentales a los partidos políticos que son tachados de terroristas por parte de la república turca.
En parte de su discurso también mostró un tono más afectivo, apelando al impacto que supondría para los nacionales turcos: “afecta negativamente los sentimientos de nuestro pueblo, a pesar de todas nuestras advertencias ante nuestros ojos”.
El principio de consenso bajo el que trabaja la OTAN ya puso barreras en su momento a la adhesión de Macedonia del Norte, con la oposición de Grecia, que se oponía a que entrara con el nombre de una provincia griega.
Suecia y Finlandia cumplen todos los requisitos para su inminente aceptación en la organización, solo queda convencer al gobierno de Erdogan de no bloquear el proceso, y es por ello, que se están organizando reuniones en el plano formal e informal para debatir las condiciones de su voto.
Expertos como Olivier Kempf consideran que la presión sobre Turquía será tal que no podrá bloquear la adhesión de Finlandia o Suecia, por lo que, aunque en un principio se niegue a que entren si no se cumplen sus requisitos, la organización tratará de disuadirlo a través de otros métodos para que sucumba a la decisión de la mayoría
Desacuerdos entre Turquía y la OTAN
Desde la adhesión de Turquía a la Organización del Atlántico Norte en 1952, ha sido puesto en el punto de mira debido a que ha diferido en muchas ocasiones de la opinión y objetivos de los aliados.
Turquía siempre se ha mostrado como una potencia fuerte y necesaria en la región del mediterráneo, más que como un aliado occidental. Nunca ha llegado a asumir grandes compromisos con la organización, incluso ha sabido mantener las posturas lo suficiente como para preservar sus intereses con Rusia sin “ofender” a gran escala a Estados Unidos.
Desde el Instituto Europeo de Asuntos Estratégicos se habla de un retroceso con respecto al momento en el que entró en la organización. Con el aumento del nacionalismo turco y de sus disputas territoriales con Grecia, las relaciones del país otomano con la OTAN y la Unión Europea se han visto afectadas.
De hecho, se considera que la actuación individual de Turquía, que sigue una tendencia autoritaria y nacionalista, puede incrementar la división interna de la organización. El rechazo de Turquía actualmente a las proposiciones de la Unión Europea, se ha destacado respecto al papel que juega en general la alianza militar, donde los consensos pueden ser tan traicioneros como justos en el momento de tomar una decisión, por lo que deben conseguir que este país, fluya con las directrices que vienen desde Washington.
El mayor descontento turco frente al bloque occidental lo encontramos, como ha dejado claro en tanto que se ha opuesto a la entrada de los países escandinavos en la unión, en el apoyo que se presta a las milicias kurdas sirias, que son consideradas grupos terroristas por el país otomano.
Esta puede ser una de las razones por las que en los últimos años, las aspiraciones de Erdogan se han movido a Eurasia, incluyendo a Rusia. Ankara compro los sistemas rusos de defensa antiaérea, un movimiento tan desconcertante como provocador para la organización.
En 2019 Estados Unidos “castigó” a Turquía por comprar el sistema de antimisiles S-400 mediante la suspensión de la adquisición de cazas F-35 provenientes de Washington por considerarlos incompatibles. Con ello llevaría a que los pilotos turcos que se entrenaban para dirigirlos quedaran excluidos y al reemplazo de contratos con empresas turcas por otras compañías.
Entre otros acuerdos también se encontraría un contrato en 2017 con el que pagaría con 2.500 millones de euros como un primer pago a Moscú, concediendo medios suficientes como para defender su territorio mediterráneo. El presidente aseguró que esta nueva adquisición serviría para paliar el terrorismo yihadista; sin embargo, Washington ha llegado a considerar que su labor para combatir a los grupos terroristas deja mucho que desear, y acusándoles de permitir pasar por sus fronteras a combatientes procedentes de Europa o el Magreb.
Turquía es un actor muy importante dentro de la Alianza, siendo el segundo ejército más grande de la organización. Esto hace muy necesario el diálogo, para intentar que los objetivos de los aliados concuerden con los turcos. Esta oposición al grupo aliado no es la primera ni la última que ocurrirá.
Hemos visto como en ocasiones la organización ha recurrido a castigos por la actuación individual y egoísta del país mediterráneo, sin embargo la importancia que tiene en la región es clave para que las sanciones no vayan a más.
En estos días seremos testigos de si finalmente la organización ejercerá los mecanismos de presión que tenga en su mano para hacer que Turquía acepte la entrada de los nuevos miembros; o si por el contrario se reflejará en la práctica el respeto que impone el país como para que la organización sucumba a su «chantaje», lo que le daría la llave a Erdogan para acabar con el conflicto que disputa en su frontera sur y ayudaría a paliar el descontento general de la población turca, pudiendo acercarse más a mantenerse en el poder en las proximas elecciones de 2023.
La Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNOCT) y el Gobierno de la República de Sierra Leona, formalizaron la firma de un Memorando de Entendimiento (MdE) para reforzar la cooperación en la prevención y la lucha contra el terrorismo y su nexo con la delincuencia organizada.
El Memorando de Entendimiento firmado entre el gobierno sierraleonés y la UNOCT acelerará la prestación de asistencia técnica a Sierra Leona en el marco del Programa de las Naciones Unidas de Lucha contra los Viajes Terroristas («CT Travel»), creando capacidades nacionales y apoyando los esfuerzos para hacer frente a las amenazas asociadas a los viajes de los terroristas y otros delincuentes graves.
70 representatives from law enforcement, security & civil aviation agencies from 17 West African countries met in Sierra Lione 🇸🇱 to strengthen national capacities to detect the travel of terrorists & other serious crimes using passenger data.
— UN Office on Drugs & Crime (@UNODC) May 13, 2022
La ceremonia tuvo lugar en Freetown, al margen del Grupo de Trabajo Informal Regional de África Occidental sobre Información Anticipada sobre Pasajeros (API) y Registro de Nombres de Pasajeros (PNR).
La Jefa de la Sección de Lucha contra los Viajes Terroristas de la UNOCT, Christine Bradley, entregó al Sr. Abdullah Caulker, Coordinador de Seguridad Nacional de Sierra Leona, una copia del Memorando de Entendimiento previamente firmado por el Sr. Vladimir Voronkov, Secretario General Adjunto de Lucha contra el Terrorismo.
La creación de asociaciones más sólidas para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en materia de prevención y lucha contra el terrorismo es una de las principales prioridades de la UNOCT. Por ello, el tratamiento y el análisis eficaces de los datos de los pasajeros son esenciales para la identificación, la detección y la interceptación de quienes representan una amenaza relacionada con el terrorismo, así como de otros delincuentes graves, incluidos los que podrían ser desconocidos para las autoridades, antes, durante y después del viaje.
En el marco de este acuerdo, la UNOCT y Sierra Leona acuerdan cooperar en actividades conjuntas de creación de capacidades, reconociendo las resoluciones 2178 (2014) y 2396 (2017) del Consejo de Seguridad, que pide a los Estados miembros que exijan a las compañías aéreas que operan en sus territorios que proporcionen datos de la API y del PNR a las autoridades nacionales competentes para detectar la salida, el intento de entrada o el tránsito por sus territorios.
También comprende el establecimiento de una asociación estratégica para ayudar al Gobierno a poner en práctica la hoja de ruta programática para apoyar la aplicación y el uso de la tecnología «goTravel» de las Naciones Unidas en cumplimiento del derecho internacional, en particular, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho internacional humanitario.
Como beneficiario del programa CT Travel, la República de Sierra Leona está recibiendo apoyo en los cuatro pilares clave del programa, que incluyen:
1. El desarrollo de los marcos legislativos necesarios que regulen la recopilación, transmisión, uso, retención e intercambio de datos de los pasajeros, de conformidad con las normas reconocidas internacionalmente y los principios de derechos humanos
2. La creación institucional y el desarrollo de la capacidad operativa del centro de detección de Botsuana, también conocido como Unidad de Información de Pasajeros
3. El compromiso y la cooperación con la industria del transporte para garantizar la conectividad técnica
4. El apoyo técnico, incluyendo la concesión de licencias y la Apoyo técnico, incluida la concesión de licencias y el despliegue del sistema informático especializado de las Naciones Unidas «goTravel».
El Programa CT Travel, la iniciativa global más importante de la UNOCT que ayuda a los Estados miembros beneficiarios a mejorar sus capacidades nacionales para detectar e interceptar a terroristas y delincuentes graves mediante el uso de datos de la API y del PNR, apoya actualmente a 52 Estados miembros beneficiarios en todo el mundo. El Programa también promueve la cooperación regional a través de un mayor intercambio de información y la puesta en común de las lecciones aprendidas y las buenas prácticas.
El Programa CT Travel sigue un enfoque de «todas las Naciones Unidas» para proporcionar una asistencia completa, pero adaptada, a los Estados miembros beneficiarios, con el apoyo de cinco socios de ejecución, entre ellos la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas (CTED), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Oficina de las Naciones Unidas de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (OTIC), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), y en estrecha colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
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