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El impacto de expulsar a Rusia del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU

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La Asamblea General de la ONU ha votado este jueves 7 de abril la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos, principal organismo de promoción y protección de los derechos humanos en la ONU, a petición de Estados Unidos.

En un nuevo paso en el conflicto de Ucrania y Rusia, ayer se reunieron los 193 Estados miembro de las Naciones Unidas para someter a votación si Rusia sería finalmente expulsada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La decisión de someter a votación el futuro de Moscú en este organismo fue tomada por iniciativa de Estados Unidos, en respuesta a la tragedia ocurrida el fin de semana pasado en la ciudad de Bucha (Kiev).

El descubrimiento de cientos de cuerpos después de que las tropas rusas se retiraran de las ciudades cercanas a la capital ucraniana, dejando presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad a su paso, es lo que ha provocado que la comunidad internacional se cuestione el derecho, o el sentido, de que Rusia continúe formando parte de un organismo destinado a la protección de los derechos humanos

Con este motivo, la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, hizo un llamamiento el pasado lunes para que Rusia fuera despojada de su asiento en el Consejo de Derechos Humanos, que en la actualidad cuenta con 47 miembros. Las imágenes del óblast de Kiev, los informes y testimonios de lo ocurrido en la ciudad han provocado repulsión e indignación a nivel internacional y se exigen sanciones más duras contra Rusia, quien por su parte continúa negando categóricamente su responsabilidad de los hechos.

«No podemos permitir que un estado miembro que está subvirtiendo todos los principios que apreciamos continúe participando en el Consejo de Derechos Humanos, ni debe ocupar una posición de autoridad y usar su puesto en el consejo como una herramienta de propaganda», dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Según las autoridades ucranianas, los cuerpos de al menos 410 civiles fueron recuperados en la ciudad de Bucha el domingo. En este contexto, Ucrania ha pedido a las organizaciones internacionales que envíen expertos al país lo antes posible para recopilar pruebas de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por las tropas rusas.

Por su parte, Estados Unidos está apoyando a un equipo multinacional de fiscales internacionales que se encuentran en la región «para recopilar, preservar y analizar evidencia de atrocidades con miras a buscar responsabilidades penales».

En total, al menos 1.430 civiles han muerto en Ucrania y 2.097 han resultado heridos, según estimaciones de la ONU, y se teme que la cifra real sea mucho mayor.

A esas cifras hay que sumarles también los más de 4,3 millones de ucranianos también han huido a otros países, con millones más desplazados internamente, para entender la magnitud de la catástrofe humanitaria.

¿Qué ha pasado con la membresía de Rusia en el Consejo de los Derechos Humanos?

El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU (CDH) fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de marzo de 2006, con el objetivo principal de promocionar y proteger los derechos más básicos de todas las personas, considerar las situaciones de violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones a los Estados al respecto.

El Consejo de Derechos Humanos tiene su sede en Ginebra y sus miembros son elegidos por la Asamblea General de 193 naciones por períodos de tres años, Rusia, en este caso, iba ya por su segundo año. La resolución de marzo de 2006 que estableció el Consejo de Derechos Humanos dicta que sí es posible expulsar a un miembro del CDH si se determina que este ha incurrido en un patrón de abusos graves y sistémicos, siempre y cuando la propuesta de expulsión cuente con dos tercios de los votos a favor dentro de la Asamblea General, como efectivamente ha ocurrió ayer en una reunión extraordinaria en la sede de Nueva York.

De los 193 Estados miembros de la ONU, votaron en la resolución de expulsar a Rusia, un total de 176. La mayoría de ellos, 93, se han pronunciado a favor de expulsar a Rusia del organismo defensor de los Derechos Humanos, catalogando su permanencia como «hipócrita» tras los sucesos que llevamos viendo el último mes en Ucrania. Por el contrario, 24 países -entre los que se encuentran China, Córea del Norte, Irán, Siria y Cuba- se posicionaron en contra de la expulsión, por considerar esta medida «precipitada» y como un obstáculo en el camino hacia la paz. El cómputo total de abstenciones fue de 58, de manera que la resolución ha salido así adelante con un 79% de los 117 votos válidos.

“Creemos que los miembros de las fuerzas rusas cometieron crímenes de guerra en Ucrania y creemos que Rusia debe rendir cuentas”, apuntaba Thomas-Greenfield el lunes. “La participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos es una farsa”.

Por su parte, Rusia ha advertido durante esta semana a los países de la ONU que, un voto a favor o la abstención en el intento de suspender a Moscú del Consejo de Derechos Humanos, será visto como un «gesto hostil» que tendrá consecuencias para los lazos bilaterales con dichos Estados.

¿Puede ser también expulsada Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU?

A raíz de la invasión rusa de Ucrania el pasado 24 de febrero y del uso del poder veto por parte de Moscú para frustrar una respuesta inicial de las Naciones Unidas, la posibilidad de revocar a Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad también ha sido valorada.

El propio presidente Zelensky ha aprovechado los duros momentos vividos en Bucha para recalcar la urgencia de reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dijo que Rusia debería ser removida de su lugar como miembro permanente del Consejo de Seguridad, donde tiene poder de veto, argumentando que era hora de reformar el organismo mundial de mantenimiento de la paz.

“Estamos lidiando con un estado que está convirtiendo el derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU en el derecho a morir. Esto socava toda la arquitectura de la seguridad global y les permite quedar impunes”, apuntaba el presidente ucraniano. “Lo principal es hoy, es hora de transformar el sistema, las Naciones Unidas”, dijo ante el Consejo de Seguridad.

Pero, ¿es esto posible?

Los expertos dicen que entienden la ira y la frustración, pero es posible que dicha medida no sea recomendable, ya que no se considera prudente cerrar un canal de comunicación con Rusia en estos momentos de alta tensión. 

Richard Gowan, director de la ONU en International Crisis Group, apuntaba que tomar la medida de expulsar a Rusia sería «preocupante», ya que el país trataría de socavar las mínimas formas de cooperación que pudieran existir desde fuera.

Sin embargo, todavía nos encontramos con varias opciones y medidas que las Naciones Unidas pueden tomar para censurar a Rusia, entre las que se incluye la ya mencionada expulsión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU o el poder de negarse a reconocer un gobierno instaurado por Rusia en Ucrania.

Por otra parte, el Consejo de Seguridad de la ONU ha enfrentado desde su creación una “paradoja” en sí mismo, ya que, para poder castigar con la expulsión a alguno de sus miembros permanentes por su conducta, se necesitaría la unanimidad de estos mismos miembros que lo conforman, por lo que para expulsar a Rusia, o a cualquier otro, sería imprescindible su aprobación.

En países como EEUU la tensión no deja de crecer y ya hasta nueve senadores republicanos están redactando una resolución para expulsar a Rusia del Consejo de Seguridad por su invasión de Ucrania: “Putin ha demostrado a simple vista su crueldad y total desprecio por la humanidad y nuestras normas internacionales, y la idea de que él y sus compinches deberían tener un voto en el Consejo de Seguridad de la ONU es una vergüenza absoluta”, dijo el senador Joni Ernst de Iowa.

¿Cómo de efectivo puede ser el sacar a Moscú del Consejo de Derechos Humanos?

Sacar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos es una forma de censurar a Moscú por sus acciones. El Consejo ha optado en la votación por eliminar a Rusia impugnando los abusos contra los derechos humanos y los ataques contra áreas civiles en Ucrania y, de hecho, no es la primera vez que se toma una medida similar. En 2011, la Asamblea General ya votó a favor de eliminar a Libia debido a la violencia contra los manifestantes por parte de las fuerzas leales al entonces líder Muammar Gaddafi.

Otra acción que se podría tomar por parte de la comunidad internacional es la suspender a los funcionarios rusos de participar en la Asamblea General, un paso que no requiere del Consejo de Seguridad. Esta medida, despojaría a Rusia de su derecho a hablar o votar en la ONU, pero le permitiría conservar la membresía, tal y como ocurrió en el año 1974, cuando los diplomáticos votaron para suspender a Sudáfrica por su sistema de apartheid.

Daniel Baer, ​​el director interino del Programa Europeo de Carnegie Endowment for International Peace, argumenta que vale la pena destacar su mal comportamiento: “Es una forma de hacer una declaración acerca de que su comportamiento actual es completamente impropio de un miembro del consejo de seguridad”. Baer añade que es necesario encontrar todas las oportunidades para destacar el hecho de que están actuando de una manera completamente inconsistente con su obligación como gran potencia y contra la carta de la ONU.

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Europa responde con medidas sin precedentes ante la crisis de refugiados ucranianos

Europa sufre una de las crisis de refugiados más relevantes de toda su historia y para afrontarla ha apostado por la solidaridad, la acogida y la cooperación intergubernamental. Sin embargo, esta respuesta pone en evidencia las anteriores soluciones propuestas para desafiar la llegada masiva de refugiados que huían de países fuera del marco europeo.

La invasión rusa de Ucrania ha producido una de las mayores crisis migratorias de las que Europa ha sido testigo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, la cifra de refugiados ucranianos que huyen del conflicto cruzando las fronteras del país asciende hasta más de 4 millones de personas, siendo, los principales países europeos receptores de los refugiados Polonia, Rumanía, Hungría, Moldavia y Eslovaquia.

Por su parte, la respuesta que hemos visto de la Unión Europea a la actual crisis humanitaria se estructura en tres acciones principales. En primer lugar, la asignación de fondos europeos reservados para el apoyo a países fronterizos que reciben a las personas que huyen del conflicto. Por otro lado, una nueva línea de acción para ayudar a los Estados miembros de la Unión Europea a gestionar la llegada de los refugiados

Por último, la concesión de la protección temporal para los exiliados de la guerra en Ucrania. Para ello, el Consejo Europeo aprobó el 4 de marzo de 2022 por primera vez en la historia la activación de la Directiva de protección temporal, tras la previa propuesta de activación por parte de la Comisión Europea. Esta Directiva fue aprobada en 2001 por el Consejo durante el influjo de personas procedentes de Bosnia que escapaban del conflicto de los Balcanes. Su activación otorga protección internacional inmediata a las personas que hayan salido de Ucrania a partir del 24 de febrero de 2022.

En su aplicación se incluyen tanto a nacionales del país -y familiares- como a personas de terceros países residentes legalmente o apátridas; aunque la normativa establece que estos últimos sólo recibirán protección si ya gozaban con anterioridad de protección internacional o de una protección nacional equivalente en Ucrania antes del 24 de febrero de 2022.

Además, la Directiva reconoce, entre otros derechos, la autorización de residencia en el país de acogida con una duración inicial de un año prorrogable hasta tres, un permiso temporal de trabajo sujeto a las normas aplicables de la profesión, el acceso a la ayuda social, asistencia médica y formación educativa -este último derecho queda reservado a los menores de 18 años-. Esta medida también incluye la concesión de libertad de movimiento para las personas beneficiarias en los países de la Unión Europea durante noventa días, en un periodo de ciento ochenta días a partir de la expedición de un permiso de residencia en el país de acogida. 

Medidas aplicadas a crisis migratorias anteriores

No debemos olvidar que esta no es la primera crisis migratoria sucedida en Europa. En 2014, el conflicto sirio había originado más de 3,5 millones de personas refugiadas, de las que la Unión Europea se comprometía a reasentar el 0,17%. Y, para afrontar el influjo masivo de personas provenientes de Siria, Europa diseñó tres líneas principales de acción muy distintas a las que hemos visto en esta ocasión.

Por un lado, la implantación en el año 2015 de un sistema de reubicación temporal para 160.000 solicitantes de asilo asentados en Grecia e Italia entre los Estados miembros de la Unión Europea. Además, se estableció una intervención temporal por las agencias europeas para ayudar a las autoridades nacionales en la orientación a los solicitantes de asilo sobre el proceso de solicitud. Llegando incluso a la deportación de inmigrantes irregulares a Turquía. 

De hecho, las directivas relativas a las condiciones de acogida integradas en el marco normativo de ese mismo año, establecían que el procedimiento de asilo no podía tener una duración superior a 6 meses, aunque podía ampliarse hasta 21 meses en casos concretos. También ordenaba que las personas solicitantes de protección internacional debían tener acceso a empleo después de un periodo máximo de nueve meses desde la prestación de la solicitud de asilo, pero no antes de su concesión. Por otro lado, decretaba la obligatoriedad de realizar una evaluación individual para identificar las necesidades específicas de acogida de las personas vulnerables, como condición para que la protección internacional fuera otorgada. 

Además, a partir del año 2015 se implementaron una serie de normas europeas que autorizaban la detención durante largos periodos de tiempo de los refugiados recién llegados a los países receptores. De hecho, Donald Tusk, anterior presidente del Consejo Europeo, argumentó que los refugiados recién llegados debían de ser detenidos en un periodo de hasta dieciocho meses mientras sus solicitudes de asilo eran procesadas. 

Estas son medidas que se alejan de los derechos concedidos gracias a la activación de la Directiva actual de protección internacional, la cual otorga a los beneficiarios protección internacional de forma inmediata, sin la necesidad de realizar previamente la solicitud de asilo ni de que se efectúe un previo análisis de las circunstancias y necesidades individuales.

Pese a que en 2015 hubo motivos para aplicar la nueva Directiva, el Consejo Europeo no aprobó su activación debido a la falta de consenso entre los Estados miembros. De hecho, ese mismo año, países como Polonia, Hungría, Eslovaquia y Rumanía -principales receptores de refugiados ucranianos en la actualidad- se opusieron a la entrada de las personas que escapaba del conflicto sirio y a su reubicación por motivos étnicos y culturales entre otros. 

En líneas generales, se puede afirmar que la respuesta europea a la crisis humanitaria ucraniana se ha caracterizado especialmente por la amplia voluntad y solidaridad política de los líderes europeos para la acogida de refugiados -hasta ahora nunca vista- así como por el llamamiento global a la apertura de fronteras y a la colaboración entre los países de la comunidad. Sin embargo, como hemos podido ver, esta respuesta de la Unión Europea contrasta con anteriores soluciones propuestas por la misma para frenar otras crisis humanitarias. 

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Ciberseguridad y Seguridad Nacional: las claves de 2021 en España

Esta semana el Consejo de Seguridad Nacional aprobó el Informe Anual de Seguridad Nacional 2021. En este artículo reflejamos algunas claves generales del informe y los riesgos y amenazas relacionadas con la ciberseguridad.

El Consejo de Seguridad Nacional, en su reunión del 4 de marzo de 2022, ha aprobado el Informe Anual de Seguridad Nacional 2021. En su elaboración, han participado todos los departamentos ministeriales y el Centro Nacional de Inteligencia, coordinados por el Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Este Informe se publica con carácter anual desde el año 2013, y su principal objetivo es analizar el contexto y entorno de Seguridad Nacional en España (dentro y fuera de nuestras fronteras), además de servir como repositorio de la información relativa a los principales retos afrontados y las realizaciones acometidas para hacer frente a dichos retos. Asimismo, sirve de referencia para futuras revisiones de la Estrategia de Seguridad Nacional.

Según se informa desde el Departamento de Seguridad Nacional, el Informe Anual está estructurado de acuerdo a quince ámbitos de la Seguridad Nacional. En su novena edición, la pandemia de la Covid 19 se mantiene como un factor muy relevante, con impacto en prácticamente todos los ámbitos de la Seguridad Nacional y, por tanto, en la vida cotidiana de la ciudadanía.

Por otro lado, los dos últimos años han evidenciado el traslado masivo de actividades y organizaciones al entorno virtual, con los consiguientes retos de ciberseguridad. Retos que se trasladan a ámbitos tan heterogéneos como la protección de las Infraestructuras Críticas o la lucha contra el crimen organizado, que ha demostrado la adaptabilidad de sus modelos operativos y actividades delictivas a este entorno.

Asimismo, la pandemia ha tenido un impacto amplificador de la tensión geopolítica. Ante esta crisis global, se ha potenciado la rivalidad nacionalista; y también ha dado un nuevo impulso a tendencias preexistentes, como la creciente disputa entre China y Estados Unidos, la cual tiene efectos sobre ámbitos como la defensa o la no proliferación de armas de destrucción masiva. En este contexto, las estrategias híbridas también han cobrado un especial protagonismo, como demuestra la utilización de campañas de desinformación o la inmigración, entre otros, como elemento de presión.

Mientras tanto, en el mundo continúan las emergencias humanitarias desencadenadas por diversos conflictos patentes o por desastres naturales. En los países del Sahel, una región prioritaria para España, los ataques islamistas y enfrentamientos entre milicias locales siguen deteriorando la situación de seguridad, y no solo provocan muerte y destrucción, sino también movimientos migratorios masivos huyendo de la violencia. En Siria e Irak, los grupos terroristas de carácter yihadista mantienen sus continuos ataques están operando una vez más, al tiempo que se extienden en otras regiones en África, Afganistán y el sureste asiático.

En el plano económico, avanza la recuperación de la actividad económica y del escenario macroeconómico, si bien en un escenario de fuerte incertidumbre e inestabilidad. En 2021, la inflación se ha mostrado como un factor de preocupación (política, económica y social), en gran parte debido al incremento de los precios de la energía. A su vez, esta situación afecta al proceso de transición del sistema energético hacia uno climáticamente neutro y descarbonizado. Por otro lado, y aunque ya se aprecia una recuperación notable en los flujos comerciales y en el transporte marítimo y aéreo, las cadenas de suministro en un mundo globalizado presentan riesgos estructurales, que es imprescindible minimizar. 

Por último, los fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático cada vez se producen con mayor frecuencia e intensidad en todo el mundo y al igual que los desastres y las emergencias naturales tiene graves consecuencias para la seguridad. Solo cabe recordar la tormenta Filomena o la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en la isla de la Palma.

Retos y amenazas para España en Ciberseguridad en 2021

Este año el contexto internacional en relación a la Ciberseguridad ha estado marcado por el aumento significativo del uso de Ransomware, el incremento en número y alcance de los ataques a cadenas de suministros y que se ha hecho pública la vulnerabilidad en el software Log4j de Apache, catalogada como de criticidad muy alta.

Según el informe el ciberespacio, como dominio estratégico, es un elemento fundamental para la Seguridad Nacional. De esta forma el incremento en número y peligrosidad de los ciberataques, el uso ilícito y malicioso del ciberespacio, la dependencia tecnológica o la creciente tensión geopolítica, constituyen retos de seguridad a los que hacer frente en este ámbito.

Además, el proceso de transformación digital, se ha visto acelerado por la pandemia de la COVID-19, incrementando tanto las oportunidades como los desafíos en este ámbito. Las tecnologías disruptivas y emergentes o el 5G actúan como multiplicadores de estas oportunidades y desafíos. 

Este 2021 el aumento del teletrabajo, la potenciación de la conexión transfronteriza de redes y la incorporación de nuevas tecnologías constituyen factores de riesgo. Según el informe un número considerable de organizaciones se han visto obligadas, en un corto periodo de tiempo, a migrar de manera masiva hacia entornos más descentralizados o en la nube, habilitando infraestructuras de acceso remoto no auditadas ni securizadas correctamente. Por otro lado, el incremento en el número de dispositivos conectados (IoT, Internet of Things) constituye una amenaza adicional.

En cuanto a ciberincidentes se refiere, su número, peligrosidad e impacto ha seguido creciendo en algunos sectores durante 2021. El ESPDEF-CERT ha gestionado 619 ciberincidentes de seguridad en las redes y sistemas del Ministerio de Defensa que han superado el nivel mínimo de impacto (Datos a fecha 25/11). El INCIBE-CERT ha gestionado 93.483 incidentes (Datos a fecha 31/10), cuyo nivel de peligrosidad ha sido: 1,43% muy alto, 41,70% alto, 37,90% medio, 18,97% bajo. El CCN-CERT ha gestionado 69.202 incidentes, de los que 139 han sido críticos.

Incidentes gestionados por ESP-CERT-DEF en 2021 (Datos a 25 de noviembre)

Nivel de peligrosidad de ciberincidentes gestionados por ESP-CERT-DEF en 2021 (Datos a 25 de noviembre)
Número total de incidentes gestionados por el CCN-CERT
Incidentes críticos gestionados por el CCN-CERT
Tipología de principales incidentes gestionados por el CCN-CERT en 2021

Se puede observar que la mayoría de ataques proceden de la inyección de software dañino, la suplantación y el engaño y se aprovechan de las prácticas inseguras de ciudadanos y empleados (no acostumbrados a proteger la información que manejan).

El Ransomware, sigue siendo la mayor amenaza contra los sistemas y la información. Durante la primera parte del año, diferentes ciberataques de Ransomware ocasionaron un importante impacto en algunos organismos públicos (Servicio Público de Empleo Estatal, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Educación y Formación Profesional y Ministerio de Cultura y Deporte – Consejo Superior de Deportes).

Según el informe, la facilidad de éxito y la eficacia en la obtención de grandes sumas de dinero hace que los cibercriminales elijan este tipo de ciberataque como una de sus principales herramientas para la obtención de beneficios. La extorsión a las víctimas (especialmente a grandes empresas), mediante el cifrado de sus sistemas y la amenaza de revelación de datos de carácter personal de clientes, proveedores o secretos corporativos ha ocasionado un gran perjuicio a la actividad tanto del sector público como el privado, incluyendo operadores de servicios esenciales y proveedores de servicios digitales. A ello se une que es un fenómeno está en constante evolución (las familias de Ransomware que más impacto han causado apenas tienen un año de vida) y se tiende hacia el modelo Ransomware como servicio.

Como vector inicial de entrada se siguen empleando ataques de tipo Spear phishing. Por eso la concienciación y formación de los usuarios se considera un reto clave para la seguridad de la red y se debe acompañar de otras medidas como la implementación generalizada de sistemas de autenticación de doble factor.

España participa en una iniciativa global liderada por Estados Unidos para tratar de movilizar a la comunidad internacional contra el Ransomware, que no solo constituye un problema económico si no que supone una amenaza a la soberanía de los Estados. Coordinar una respuesta global a ciberataques y mejorar los canales de atribución y de rendición de cuentas de entidades o estados responsables es por tanto una prioridad.

Por otra parte, se aprecia una disminución de los ataques con finalidad hacktivista, mientras que se detecta una incipiente incidencia de ataques ligados a la extorsión sobre empresas, de naturaleza puramente económica, basados en la amenaza de ataques de denegación de servicio.

Los delitos relacionados con los fraudes informáticos aumentan de manera significativa y constante. Como fenómeno emergente en el ámbito del fraude en el último año, destacan las estafas relacionadas con tarjetas bancarias, fraude en banca electrónica, fraude en comercio electrónico, supuestos soportes técnicos, estafas de inversiones a través de ofertas engañosas de alta rentabilidad tanto en moneda de curso legal en los diferentes estados como en criptomonedas y SIM swapping. Igualmente, continúa la utilización de la sensibilidad sobre la pandemia de la COVID-19 como vector de engaño.

En la Dark Web, donde se comercia con todo tipo de productos y servicios ilícitos, se ha registrado un progresivo incremento en número de usuarios e infraestructura. También se ha observado un crecimiento de los mercados clandestinos y foros de discusión en los que los cibercriminales ofrecen sus servicios y productos (cibercrimen como servicio), donde organizaciones criminales tradicionales trasladan su actividad ilícita al ciberespacio sin necesidad de disponer de conocimientos técnicos.

Por su parte, las técnicas DeepFake (tanto de audio como de vídeo) están siendo utilizadas tanto para la comisión de estafas informáticas como para acciones de desinformación, no descartándose su uso en este terreno y enmarcadas dentro de acciones híbridas con fines de daño reputacional y/o de ciberespionaje.

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) tanto para optimizar los ciberataques como para cometer actividades delictivas se incrementará en los próximos años. Su uso permitirá evitar los sistemas de seguridad tradicionales, explotar vulnerabilidades conocidas o descubrir otras desconocidas, conocer patrones de comportamiento de usuarios e identificar el mejor momento en el que realizar una acción delictiva con las mayores garantías de éxito, o suplantar personalidades mediante generación de audios, vídeos y textos falsos en acciones de desinformación. Por ello, las administraciones deben avanzar en la utilización de la IA para mejorar los mecanismos de prevención, detección, defensa e investigación.

Con carácter general, la investigación y sanción de los llamados ciberdelitos, y por tanto efectiva persecución penal de los mismos, requiere de un marco normativo nacional y convencional muy técnico y en permanente actualización. Sigue suponiendo un problema la indefinición legal del tratamiento de la evidencia digital.

Es necesario adaptar el esfuerzo investigador y forense al elevado número de requerimientos solicitados; mejorar las capacidades de descifrado de volúmenes de datos y asumir el análisis de nuevos dispositivos o prestaciones tecnológicas, tanto en dispositivos existentes como en aquellos nuevos dispositivos que surgen en el ámbito comercial y que pueden ser importantes para las causas judiciales. Es esencial la formación y especialización de miembros de la judicatura, fiscalía y personal de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Próximos pasos

Según el informe los próximos pasos que se llevarán a cabo para contrarrestar las amenazas será la continuación de la implementación de la Estrategia Europea de Ciberseguridad, especialmente en lo que se refiere a la Directiva NIS 2, el desarrollo del marco de gestión de crisis y del Ciberescudo y otros desarrollos legislativos.

También se avanzará en la implementación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad a través de la ejecución del Plan Nacional de Ciberseguridad, así como del Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad.

A su vez se impulsará la creación de la Red Nacional de Centros de Operaciones de Ciberseguridad, cuya coordinación se realizará mediante la Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes, que permitirá el intercambio de información y el seguimiento de incidentes de manera segura y confiable y fomentando el despliegue del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la AGE, así como potenciar los proyectos para el desarrollo de las capacidades de Ciberdefensa, en concreto el desarrollo de un sistema de combate en el ciberespacio.

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La respuesta de Europol a la delincuencia organizada vinculada a la guerra en Ucrania

La comunidad EMPACT se reunió en Europol para discutir acciones operativas coordinadas para la evolución de las amenazas relacionadas con la guerra en Ucrania.

Europol organizó hoy una reunión de EMPACT para centrarse en las acciones de inteligencia y operativas relacionadas con las amenazas de delincuencia grave y organizada, que han surgido como resultado de la guerra en Ucrania.

Según Europol, esta reunión se celebra en el contexto de la movilización del marco EMPACT por parte de la Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea para hacer frente a estas amenazas. Los Ministros del Interior de la UE respaldaron esta iniciativa en el Consejo extraordinario de Justicia y Asuntos de Interior del 28 de marzo de 2022, tal como se establece en el Plan de 10 puntos para una coordinación europea más fuerte en la acogida de las personas que huyen de la guerra contra Ucrania. Inmediatamente después, Europol, junto con la Presidencia francesa, comenzó a organizar la reunión de hoy en la sede de Europol en La Haya para debatir acciones operativas coordinadas.

Durante la reunión de EMPACT en Europol, los representantes de los Estados miembros de la UE, incluidos los impulsores de los planes de acción operativos para 15 áreas de delincuencia, debatieron medidas concretas para abordar el desarrollo de amenazas graves y de delincuencia organizada vinculadas a la guerra en Ucrania.

Esto incluye la recopilación de más inteligencia, la implementación de acciones operativas de emergencia basadas en la flexibilidad de EMPACT y la cultura de adaptación, la posibilidad de establecer días de acción conjunta ad hoc y la posible asignación de subvenciones adicionales para financiar actividades operativas dirigidas a estos delitos.

El análisis inicial de inteligencia de estas amenazas criminales identificó patrones de delincuencia en una serie de áreas, como la trata de personas, el fraude en línea, la ciberdelincuencia y el tráfico de armas de fuego. La evolución de la situación en Ucrania puede conducir a un aumento de las actividades delictivas en las 10 áreas prioritarias de delincuencia de EMPACT. Por lo tanto, es necesario movilizar recursos y aumentar la preparación de la comunidad EMPACT para responder de manera rápida y coordinada a estas amenazas en evolución.

Los Estados miembros de la UE y los socios operativos están compartiendo activamente toda la información disponible y la inteligencia criminal con Europol, que coteja y analiza la información y la convierte en notificaciones de inteligencia operativa procesables, como notificaciones de alerta temprana y evaluaciones de amenazas, que se comparten con todos los socios.

El enfoque de cooperación operativa del marco EMPACT reúne a diferentes autoridades nacionales, incluidas la policía, la gendarmería, las aduanas y los guardias de fronteras, así como a las autoridades judiciales. También pueden estar asociados países no pertenecientes a la UE, organizaciones internacionales y otros socios públicos y privados. Este enfoque multidisciplinario, que incluye tanto análisis de inteligencia como acciones operativas, desempeña un papel central en la respuesta conjunta de la UE a la prevención, detección y lucha contra la delincuencia grave y organizada que afecta a la Unión Europea y a sus ciudadanos.

La Plataforma Multidisciplinaria Europea contra las Amenazas Criminales (EMPACT) aborda las amenazas más importantes que plantea la delincuencia internacional organizada y grave que afecta a la UE. EMPACT refuerza la inteligencia y la cooperación estratégica y operativa entre las autoridades nacionales, las instituciones y organismos de la UE y los socios internacionales. EMPACT se ejecuta en ciclos de cuatro años centrados en las prioridades comunes de la delincuencia de la UE.

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¿Hacia un cambio en la seguridad y la defensa de la UE?

Un informe ejecutivo sobre la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea realizado por Araceli Luque en el contexto del Curso de Experto en la Unión Europea de LISA Institute.

La política exterior y de seguridad común de la Unión Europea se concibe para resolver conflictos y promover el entendimiento internacional basándose en la diplomacia y el respeto de las normas internacionales. Al recabar información la sobre política exterior de la Unión Europea se puede comprobar que, desde 2009 con el Tratado de Lisboa la Unión Europea, se ha ido reforzando su política exterior y de seguridad. Un ejemplo ello sería, por ejemplo, la creación de la figura del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y del Servicio Europeo de Acción Exterior. Aun así, todavía no se ha materializado de una forma coherente y centralizada a pesar de no cesar la demanda de los Estados miembros. 

Esta situación motiva que la política exterior de la Unión sea improvisada y guiada por los Estados miembros, principalmente por las capitales de Francia y Alemania, que son los dos motores de la cooperación europea en política exterior. Así se suma una complicación adicional a la hora de elaborar políticas conjuntas por la visión tan diferente que tienen en cuanto al empleo de la fuerza militar. 

Por un lado, para Francia, el envío de tropas al exterior no es algo inusual ya que ve la fuerza militar tanto de manera defensiva y disuasoria, como un medio para avanzar en sus intereses en política exterior. Para Alemania la dimensión militar suele estar considerada como un último recurso defensivo y no lo concibe como un instrumento de su política exterior. 

Estas profundas y estructurales diferencias entre los principales miembros de la Unión sobre el uso de la fuerza y las prioridades de la política exterior han vislumbrado durante estos años que ningún acontecimiento externo ha dado lugar a la aparición de una UE verdaderamente estratégica hasta ahora. Con la invasión rusa a territorio ucraniano, Rusia ha sido identificada como la principal amenaza para Europa al romper el período más largo de paz, estabilidad y progreso que había permitido el multilateralismo, demostrando por qué sigue siendo relevante y necesario trabajar junto a socios internacionales como las Naciones Unidas.

En noviembre del pasado año, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad presentó el proyecto de la «Brújula estratégica» que se espera que sea adoptado durante el primer trimestre del presente año. Este proyecto quiere llevar a la práctica la necesidad de un cambio radical en la seguridad y la defensa de la UE y lo hace con cuatro líneas de trabajo principales.

Estas son el actuar con la mayor rapidez y decisión ante las crisis; proteger a nuestros ciudadanos contra las amenazas que cambian rápidamente; invertir en las capacidades y tecnologías que necesitamos; y asociarse con otros para lograr objetivos comunes. Esta idea fue impulsada por los diplomáticos franceses y alemanes y se pone como objetivo de la UE establecer una fuerza de intervención conjunta de 5.000 soldados para 2025. Será el segundo ciclo (2021-2022) de la Revisión Anual Coordinada de la Defensa (CARD) quien se encargará de analizar las tendencias y desafíos específicos de la ya mencionada «Brújula Estratégica». 

Del mismo modo, para cumplir su función de dar una visión general y pionera del panorama de capacidades de defensa existente en Europa, se sucederán una serie de reuniones bilaterales de cada estado miembro con la Agencia Europea de Defensa (AED) y el Estado Mayor Militar de la UE (EUMS) para debatir su perfil de defensa y los planes conexos para el futuro en el contexto de la Unión Europea.

Por otro lado, volviendo a la «Brújula Estratégica», hay que tener en cuenta que el liderazgo estratégico de Estados Unidos que era «tranquilizador» en un sentido político en 2018 no tiene cabida en la misma. Aun así, no se habla del paraguas de protección nuclear estadounidense; es más, no se da ninguna indicación sobre si los europeos tienen intención de desarrollar su propia disuasión nuclear en un futuro.

A pesar de ello, esto no quiere decir que la UE quiera reemplazar a la OTAN, pero sí que aquella podrá ser vista como un socio global más fuerte que trabajará con las Naciones Unidas, la OTAN y otros para la paz y la seguridad internacional. Llegados a este punto, es importante ser conscientes de lo que se puede y no se puede esperar de la defensa europea ya que hay cuatro áreas relacionadas con la defensa en las que sí puede hacer una importante contribución como son:

  • Facilitando la cooperación entre los Estados miembros.
  • Llevando a cabo sus propias operaciones expedicionarias en el vecindario sur y en los espacios públicos internacionales.
  • Fomentando la construcción de capacidades en Estados frágiles sobre todo en su propio territorio.
  • Articulando una red de partenariados de seguridad con países relevantes.

Un ejemplo que estos puntos es la cooperación en materia de seguridad que se está llevando a cabo con América Latina tras la firma del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), en Bruselas a principios de marzo de este año.

Este Comité es una estructura de diálogo entre funcionarios de políticas de seguridad de alto nivel de los países latinoamericanos, cuyo objetivo es definir conjuntamente estrategias y articular políticas públicas contra el crimen organizado transnacional. Para ello contará con el apoyo del Programa de Asistencia Europa-América latina contra el crimen organizado transnacional (PACcTO) que proporcionará asistencia técnica y permite compartir experiencias y buenas prácticas entre ambos, siendo el primer programa que cubre todo el sistema de justicia penal.

En este punto es preciso mencionar que todo el sistema de justicia penal comprende cooperación policía, cooperación entre la justicia y los sistemas penitenciarios. Este se centra en cinco áreas transversales prioritarias como son la ciberdelincuencia, la corrupción, los derechos humanos, el género y el lavado de dinero. En este programa participan los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Mencionar que en el marco de la cooperación estructurada permanente (CEP/PESCO), se han agregado 14 nuevos proyectos que son otro paso hacia la inversión y el desarrollo conjunto en materia de defensa en particular en lo ámbitos aéreo y espacial de entre los que cabe destacar: Elementos Esenciales de Escolta Europea (4E) para el área marítima; Potencia Aérea para los sistemas aéreos; el Centro Principal de Simulación y Pruebas de Tanques de Batalla (MBT-SIMTEC) incluido en el área de sistemas terrestres; y por último la Modelización Automatizada, Identificación y Evaluación de Danos del Terreno Urbano (AMIDA.UT) incluido en los sistemas de ciberdefensa y C4ISR (Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras).

Para finalizar, poniendo nuestra atención en España, hemos podido ver que la experiencia internacional de los líderes españoles es limitada ya que según nos recuerdan una y otra vez los sondeos, la política internacional no está entre las principales preocupaciones de los españoles. Aun así, Francia y Alemania ven a España como un aliado importante en la lucha contra el «euroescepticismo» populista lo que se debería de aprovechar para mostrarse como un socio fiable a lo que en Seguridad y Defensa se refiere.

Para ello, España debería atender a las exigencias actuales de la OTAN como duplicar la inversión. Según el documento que la Alianza hizo público el pasado mes de junio España apenas invertía el 1% de su PIB en Defensa en 2021. Así el Gobierno tendría que invertir un total de 23.000 millones de euros al año para cumplir con el compromiso del 2% que exige la Alianza, mientras que su inversión actual es de 11.729 millones de euros.

Sería interesante aprovechar que la Cumbre de la OTAN este año se celebra en Madrid para demostrar ese compromiso de España porque la alianza encuentre un equilibrio sólido, fundado en la confianza entre los Aliados, sobre el que sentar las bases sobre el futuro de la OTAN, tal y como declaró el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el pasado 8 de octubre.

En definitiva, con respecto a la actual política exterior de la UE es necesario destacar que sigue siendo relevante y necesario trabajar junto a socios internacionales como las Naciones Unidas y que la adopción e implantación del proyecto de la “Brújula Estratégica” para conseguir que la Unión Europea sea vista como un socio global y estratégico más fuerte.

Además es necesario cuestionarse qué pasará respecto a la protección nuclear de la Unión tras el proyecto de la «Brújula Estratégica» y explotar las cuatro áreas relacionadas con la defensa en las que Europa puede hacer una gran contribución para que lo vean como ese socio estratégico a nivel internacional.

También es clave implantar las políticas públicas contra el crimen organizado transnacional en todos los países participantes y llevar a cabo los nuevos proyectos incluidos en el CEP para conseguir la visión de socio global y estratégico de la que antes se hablaba. 

Con respecto a España, podríamos tomar ejemplo a Alemania y su inversión en defensa ya que este se ha comprometido a invertir 100.000 millones de euros, lo que elevaría su gasto sobre el PIB al 3% este año. Esta sería una de las formas de convertirnos en un socio en cuanto a seguridad y defensa se refiere. Del mimo modo y para concluir, es necesario aprovechar la oportunidad de que se celebre en España la Cumbre de la OTAN.

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Las batallas perdidas de Putin y por qué la guerra en Ucrania seguirá por un tiempo

Un interesante hilo de Twitter del periodista y escritor Nacho Montes de Oca sobre las derrotas de Putin que explican por qué la guerra seguirá por un tiempo y lo que quizás podría pasar en un futuro inmediato.

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A poco más de un mes de iniciada la invasión a Ucrania, Putin ya perdió once batallas en diferentes frentes. Pero aún resta mucho por suceder. Vamos a contar esas derrotas que explican por qué la guerra seguirá por un tiempo y lo que quizás podría pasar en el futuro inmediato.

La peor batalla perdida por Putin es la de Kiev. Aunque sus propagandistas y simpatizantes abiertos o velados insisten en que solo hay un repliegue una vez logrados los objetivos y que nunca existió la idea de una campaña de días de duración, la realidad muestra todo lo contrario. Putin pensó que Ucrania se derrumbaría en cuestión de días y la prueba está en que su logística preveía una semana de combates. Luego de ese tiempo, sus fuerzas dejaron de tener provisiones, los planes de batalla quedaron desactualizados y la tropa se mostró desconcertada.

Rusia sufrió pérdidas desastrosas en el norte frente a fuerzas muy inferiores, es un hecho. Es difícil establecer cuantos tanques, aeronaves y soldados perdió hasta hoy. Pero en lo cualitativo, lo mejor de su ejército fue destrozado en su intento por tomar la capital ucraniana. Aquí sucedió la segunda derrota militar. Putin abrió tres frentes simultáneos. Desde el norte para tomar el centro político de Ucrania, desde el este para ocupar el Donbás y desde el sur para destrozar las regiones industriales y privar a Ucrania de su salida al Mar Negro.

El Donbás sigue aun en gran parte en manos ucranianas y Mariupol aun aguanta pese a que Rusia destruyó el 85% de la ciudad. En el sur, Odesa es libre pese a que las bombas y misiles machacan la ciudad avisando de una destrucción total si no accede a caer. Pero resisten. Si la idea era controlar Ucrania desalojando su gobierno para poner otro afín, tomar posesión de su territorio como hicieron con Crimea en 2014 y que obtener apoyo de una parte considerable de la población, hasta ahora Rusia fracasó de modo sin discusión posible.

Esto nos conduce a la tercera derrota: la tecnológica. Desde el 2002 Putin preparó un programa de salto tecnológico militar que se frustró ante las imágenes de tanques ardiendo y sus aviones y helicópteros derribados por los ucranianos armados con misiles occidentales. Esa circunstancia es doblemente grave para Rusia. Por un lado, es un marketing muy adverso para sus ventas de material militar de las cuales depende el 25% del ingreso estatal y que ya habían sido afectadas por las sanciones.

Y por otro lado, arruina los planes futuros de Putin. Porque las imágenes de los tanques en llamas o averiados instala una duda muy seria sobre la calidad militar rusa hacia el futuro y más aún cuando tiene enfrente a la OTAN con sus ejércitos intactos mientras el Kremlin no resuelve qué hacer frente a la resistencia ucraniana.

La caída del mito del oso imbatible tuvo un capitulo humillante el 1° de abril cuando dos helicópteros ucranianos cruzaron la frontera evadiendo el sistema de defensa ruso y atacaron Belgorod. Fue el primer ataque de otro país a territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Rusia presentó meses atrás sus “supertanques” T14 “Armata” y el MBPT-72 “Terminator” como parte de sus armas de vanguardia. No los enviaron a Ucrania. Quizá por el riesgo de que fuesen secuestrados por tractores o terminaran como chatarra en un bosque o una avenida.

La cuarta derrota rusa fue estratégica. En su pretensión que la OTAN no sumara a Ucrania, desató una reacción en cadena que se tradujo en un formidable muro defensivo en toda la frontera con la alianza y un flujo de armas hacia Ucrania que impactó de lleno en sus tropas. Zelensky ya dijo que Ucrania no va a ingresar en la OTAN, pero la alianza le proveerá de más armas en el futuro y lo hará desde una coalición con presupuestos militares reforzados desde al Mediterráneo al Ártico y sumando a países como Finlandia y Suecia, ambos linderos con Rusia.

Es ahí donde llega la quinta derrota sobre Putin y su credibilidad. El presidente ruso amenazó con avanzar más hacia el oeste y con otras consecuencias de orden económico si no cesaba el apoyo occidental a Ucrania y si Occidente avanzaba con más sanciones. Esta vez, no funcionó. La OTAN no cayó en el apuro de cerrar el espacio aéreo ucraniano ante la evidencia que el derribo de un avión ruso esparciría la guerra hacia su territorio. Tampoco cedió ante otras formas de chantaje. El oso ruso, no pudo intimidar a Occidente como lo hizo con Crimea en 2014.

La sexta derrota está en el fracaso de la amenaza usar armas atómicas. Putin amenazó 14 veces a occidente con utilizarlas. Se acerca a las 17 amenazas de Nikita Krucshev durante la crisis de los Misiles en 1963. Todos saben ahora que no es tan sencillo pulsar el botón rojo. Queda claro que sus advertencias atómicas no frenaron las sanciones ni el envío de armas occidentales a Ucrania. Por el contrario, exacerbaron la idea de que hay que detener y erosionar el poder ruso en el frente ucraniano para alejar el riesgo de un nuevo avance hacia el oeste.

La caída en la credibilidad de Putin abre el camino para explicar su séptima derrota, que es la que sucedió en la batalla por conquistar a la opinión pública global. Rusia arrancó con un traspié cando no pudo imponer la idea que la invasión era una “operación militar especial”.

Putin falló sucesivamente en varios capítulos: no pudo convencer a nadie que Ucrania no existía y que era parte de Rusia, que su invasión era una operación defensiva frente a la OTAN, que había armas químicas en ese territorio que lo amenazaban, que en Donbás pedía su ayuda… En la realidad, todo el mundo –salvo un grupo de terraplanistas políticos y un Papa diletante – comenzó a nombrar la invasión como lo que era: una irrupción ilegal de tropas rusas sobre territorio soberano ucraniano. La propaganda rusa se desbarató entre evidencias y llantos.

Ya se acumularon las pruebas de que nunca hubo una operación de salvataje del pueblo ucraniano: ciudades devastadas, viviendas atacadas, hospitales bombardeados, un teatro con civiles dentro arrasado y más recientemente la ejecución masiva de civiles en Bucha. Putin ya no puede esconder la evidencia de que su ejército comete crímenes de guerra. Y queda agregar el secuestro de miles de ucranianos en territorio ruso y la salida forzada de civiles para cambiar el equilibrio de minorías y mayorías en regiones a las que aspita controlar.

Se le suma el arrasar la infraestructura ucraniana para negarle un futuro en la mesa de negociaciones y los saqueos y violaciones que cometen las tropas rusas. Esas atrocidades eran las que Putin denunció sin presentar pruebas de parte de Ucrania en Donbás y usó para invadir. Hay una derrota dentro de otra en esa circunstancia: en su afán de demoler a un líder oponente como es su costumbre, Putin construyó en el “nazi” Zelensky un paradigma de resistencia homérica y se vistió con un traje de genocida hitleriano que tenía reservado para su adversario.

La imagen de Putin en occidente se aproxima a la de un monstruo político que extorsiona a Occidente y comete masacres medievales en pleno siglo XXI. Así llegamos a la octava derrota: la del gas y el petróleo. Es un revés que está en curso y que es inevitable para Rusia. Es cierto que el 40% del gas que consume Europa proviene de Rusia y que Putin sigue montado sobre sus ductos bombeando entre risotadas. Pero en el corto y mediano plazo esa situación debe y va a cambiar por una serie de movimientos en curso para reducir la dependencia europea.

EEUU, Canadá y Gran Bretaña dejaron de comprar petróleo y gas ruso. Los países bálticos cortaron la importación de gas. Alemania y Francia reactivan sus centrales nucleares y construirán otras para deducir su dependencia al humor de Putin. Es cuestión de tiempo. Europa activó la opción del GNL norteamericano y la provisión de petróleo desde ese país, además de reforzar la producción noruega en el Mar del Norte que podría satisfacer en unas semanas hasta el 80% del consumo de gas ruso que llega a Alemania. Y hay más en el sur.

Azerbaiyán apura el refuerzo del gasoducto de Trans-Anatolia que pasa por Turquía y llega al sur de Italia para reforzar la previsión de fluido. Sumando la flexibilización de las políticas de reemplazo de energías renovables en Europa, el horizonte luce muy mal para Putin. Es una enorme amenaza para Rusia, que sabe que en unos meses perderá gran parte de los 77 mil millones de dólares anuales de gas que vende a Europa y su principal arma de chantaje político. Y allí viene la novena derrota: la de la batalla por el rublo en donde Putin fue vapuleado.

Al pedir el pago de su gas en rublos elevó artificialmente la cotización. Pero es un avance temporal, porque la moneda refleja su situación económica y financiera real y alejada la dependencia del gas ruso, el rublo debería volver a su valor real del 30% del inicio de la guerra. Putin representa para Europa el 40% de sus compras de gas. Pero a la inversa, Europa abarca el 78% de las ventas de gas ruso y el 53% de petróleo ¿Quién tiene más para perder si se modifica el mercado de intercambio de petróleo? Pasamos entonces a la décima derrota.

En la guerra económica, Putin ya sumergió a Rusia en un fracaso sin precedentes. Solo entre pérdidas de material bélico comprobable, inversiones que huyeron, caída de negocios, retención de reservas había perdido en el primer mes cerca de 500.000 millones de dólares. Es un cálculo conservador y con diez días más de guerra es factible sumarle un proporcional que lo eleve, por lo menos, en un 20% en pérdidas militares que se aceleraron con la retirada. Hablamos de más del 35% de su PBI de 1,49 millones de dólares. Vamos a la última derrota.

La undécima derrota, es el plano diplomático. En los foros internacionales, Rusia quedó más sola que Putin en el día del amigo. Ni siquiera China acompaña sus ofensivas diplomáticas en la ONU y dejó de apoyarlo en los organismos de créditos internacionales y regionales. Putin debió conformarse con el apoyo de estados de menor categoría internacional y nulo peso político como Eritrea, Cuba, Venezuela, Siria, Bielorrusia, Corea del Norte y alguna otra nación de prestigio dudoso. El resto se puso el barbijo del veto o directamente votó en su contra.

Es cierto que China, al igual que India, negocia en posición de ventaja comprar las materias primas que Rusia deja y dejará de vender a Occidente por las sanciones y el reemplazo de proveedores. Pero lo hace a menores precios y están lejos de poder reemplazar las divisas perdidas. El aislamiento de Putin es consecuencia de las once derrotas que sufrió en todos los frentes y pone un interrogante en lo que hará en el futuro. En el plano interno, sostiene la situación con el tupperware informativo en el que encerró a su población para aislarla de las derrotas.

¿Occidente sufrió derrotas? Sí, falló a la hora de evitar la invasión. Sufre y sufrirá por la inflación que se elevó a niveles nunca antes vistos en Europa y llegó al 7,4% en EEUU. Eso implica costos mayores y monedas bajo asedio. Es una guerra, nadie gana en términos absolutos. Solo se necesita comparar los 1,49 billones del PBI ruso con los 19,43 billones de EEUU y los 16,4 billones de euros de la Unión Europea. Es una pelea de 21 a 1 y con el adicional que Occidente no puede ser sancionado por Rusia en la medida que fue penalizado. Jaque semi mate.

Además, a un mes y diez días es poco tiempo para que las consecuencias de la invasión empiecen a hacer efecto profundo en Rusia. Aún quedan stocks de bienes y algunas reservas para maquillar la situación por un tiempo. Luego, Putin deberá mostrar pronto resultados concretos.

Entonces hay que revisar que hará Putin. Descartemos en un repliegue militar completo como solución. El daño no se cubre con retiradas y las atrocidades no se olvidan, por lo que las sanciones se sostendrán por largo tiempo .Y Rusia no soporta liderazgos de derrotados. Es posible que Putin y sus generales tomen las fuerzas del norte para enviarlas a Donbás y completar así el control de esa región. Necesitan una victoria y dejar de combatir a tres frentes. En el norte no solo se empantanaron por el deshielo, también por sus errores de cálculo.

Quizás intenten otra incursión sobre Kiev en el futuro habiendo reorganizado sus ideas y reforzado sus batallones, siendo Putin no debe descartarse. Pueden también completar el avance por el sur para privar a Ucrania de su costa e intentar asfixiarla en la mesas de negociaciones. Putin necesita un mapa de conquista territorial para mostrarle a los rusos que tanto sacrificio presente y futuro no es en vano y que el sueño imperial ruso sigue firme bajo su liderazgo. De allí que sea previsible que no se dé por vencido aun. Su supervivencia depende de ello.

Por lo pronto ya sabemos que instruyó a sus títeres en Donbás para que organicen un plebiscito para que los ciudadanos de Luhansky y Dontesk pidan ser integrados al territorio ruso. Quizás intenten lo mismo en el sur, si es que logran tomar Mariupol y Odesa. La “maniobra Putin” para anexarse territorios depende de que las zonas sean “limpiadas” previamente de pobladores que resisten la presencia rusa. El éxodo de a miles y la política de terror de parte de soldados y milicias prorrusas para lograrlo, presagian más masacres.

Dominar el sur ucraniano es vital además para establecer un corredor que llegue a Transnistria, la franja poblada por rusos étnicos en Moldavia en donde hay una gran base rusa que está siendo reforzada desde hace quince días. Esa espina en el flanco sur de la OTAN es crucial. Rusia sabe que no puede triunfar en un combate convencional contra occidente. Quizás las armas europeas y norteamericanas no sean tan buenas como dicen. Pero el hecho es que los tanques y aviones que arden en el campo de batalla son rusos y cayeron por las armas occidentales.

Sin expectativas de poder amenazar a la OTAN, solo le queda instalarse en Ucrania en una situación irregular que sostenga la tensión mientras espera que Occidente reconozca su ganancia territorial o negocie algo a cambio que deje de joder al mundo con sus guerras. Putin sabe que debe sostener la tensión dentro y fuera de Rusia.

De ese modo enrola a sus ciudadanos en una épica militarista que justifica cortar sus libertades individuales y las restricciones a las que los somete. Necesita un enemigo para no ser el enemigo. En el plano externo porque incluso con una economía en ruinas y un ejército dañado, aun representa una amenaza y un riesgo impreciso en el plano nuclear. En última instancia, puede deslizar que ante una amenaza extrema de Occidente, no le quedará otra que volar todo.

Para terminar, Putin sufrió once derrotas superpuestas, pero no puede admitir su derrota. Porque si lo hace, significaría su fin y el del grupo que lo acompañó en su aventura militar fallida, por ahora. Sabe que si erra de nuevo el camino a Kiev, puede terminar en La Haya. La guerra no termina. Zelensky no puede aceptar un trato que implique ceder territorios mientras sigue expulsando rusos en el norte. Sabe que Putin no se rendirá y que ya no puede pactar nada con un adversario que cavó una grieta insalvable con esa fosa común en Bucha.

PS: en este ajedrez, todo depende de si uno de los reyes sale del tablero. Incluso si quedaran frente a frente, un rey no puede comerse al otro. Estamos lejos de un jaque mate y el tablero humeante todavía tiene muchas piezas. Que el mundo de apiade de Ucrania mientras tanto.

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Por qué el expansionismo de China y Rusia en África amenaza los intereses de España

El jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón, señaló el expansionismo de China y Rusia en África como amenaza a los intereses de España y destacó que el conflicto de Ucrania ha mostrado a Europa la necesidad de contar con unas capacidades de Defensa suficientes.

El jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón, afirmó durante el encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum que, entre los “riesgos y amenazas en el entorno geográfico más próximo” a España, destacan las acciones de China, “que parece buscar un posicionamiento militar en el Golfo de Guinea”, y de Rusia, que “sigue ampliando su influencia” en el Sahel.

En el encuentro también mostró su preocupación por el terrorismo transnacional, “principalmente de corte yihadista”, que genera “múltiples efectos perniciosos”, pues “cuando no se materializa mediante acciones directas en nuestro propio territorio o sobre nuestros ciudadanos o intereses”, lo hace “proyectando una influencia negativa indirecta a través de la desestabilización” que provoca en zonas “como el Sahel, el norte de África y Oriente Medio”.

En concreto calificó de “preocupante” la actual extensión del terrorismo hacia la parte sur del Sahel y las naciones de la costa del Golfo de Guinea, ya que “trae consigo escenarios que propician la competición geopolítica en estas regiones de África”.

Para el Jemad, la citada desestabilización “tiene consecuencias tangibles, como son la proliferación del crimen organizado y las olas migratorias que se generan en esas regiones” ya que, a las causas tradicionales, normalmente la económica, “se suma ahora la provocada por la inseguridad y la violencia generadas por las acciones terroristas, lo que lleva a que cada vez más personas de esas poblaciones emprendan el difícil y peligroso viaje hacia Europa”.

Tensiones regionales en África

En el Sahel y el Magreb, señaló López Calderón, actualmente se viven “tensiones y conflictos entre actores estatales y no estatales” que también afectan a los intereses de España, por la desestabilización que producen. En este sentido, recordó “el problema actual de las relaciones entre Argelia y Marruecos, con unas implicaciones que nos afectan directamente”.

La proyección de los riesgos y amenazas en el entorno geográfico más próximo a España, que, recordó, “es la frontera sur de la Unión Europea, con la enorme responsabilidad que ello conlleva”, se refleja especialmente en el Sahel y el Golfo de Guinea, donde “más allá de la rivalidad entre Estados de la región”, son ya “escenario de la competición geopolítica”.

En este sentido, aseveró el almirante, “China además de su colonización económica, parece buscar un posicionamiento militar en el Golfo de Guinea”, de igual forma a la que “ya dispone en la salida del Mar Rojo” o su entrada en Yibuti, “punto estratégico por el que circulan gran parte de los productos energéticos que Europa necesita”.

Por otro lado, consideró el Jemad, Rusia, principalmente en el Sahel, “no sólo está proyectando su influencia a través de las compañías privadas con capacidades de carácter militar, como Wagner” sino que, “cada vez más está utilizando a sus propias fuerzas armadas”.

Sobre este último punto, el máximo responsable del Estado Mayor de la Defensa explicó que Rusia ofrece sus servicios “como solución inmediata para resolver problemas de seguridad que son, en muchos casos, problemas estructurales de los países de la región”. Esas soluciones “vienen con posterioridad acompañadas de concesiones para la explotación de los recursos naturales locales”.

A modo de ejemplo citó el caso de la República Centroafricana “donde incluso la seguridad de las más altas autoridades del Estado ya es ejercida por personal de la compañía Wagner”. Esta fórmula, añadió, “se está actualmente expandiendo a Mali, donde ha aumentado de forma sustancial la presencia rusa, hablándose de alrededor de 3.000 personas entre contratistas y militares”. Más aún, señaló, “incluso Burkina Faso está siendo tentada también por este ‘proxy’ del régimen de Putin”.

La óptica europea

Evidentemente, recalcó López Calderón, el planteamiento ruso “difiere mucho del enfoque europeo, que aborda una fórmula de solución integral para los problemas y carencias de esos Estados”, pero es precisamente en alguno de los países donde la Unión Europea desarrolla programas de cooperación “incluyendo la formación y adiestramiento de las Fuerzas Armadas locales” donde “Rusia actúa con evidentemente intención de sustituirlos”.

Ambas ópticas, rusa y europea tienen “perspectivas claramente diferentes”, según Calderón ya que Moscú esgrime “pragmatismo y ausencia de códigos deontológicos” frente “al respeto a los valores y principios de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario” de Europa.

En cualquier caso, afirmó, “en la República Centroafricana y en Mali parece claro el interés ruso de desplazarnos y ganar influencia en África”, por lo que enfatizó que para España y Europa “es imprescindible establecer una estrategia que evite dejar huecos o vacíos que pueda ocupar Rusia” para, posteriormente, “emplearlos en nuestra contra”.

Finalmente, el Jemad consideró que “no es aceptable que Europa haga el esfuerzo de formar y dotar medios de medios a soldados, que luego sean dirigidos en las operaciones por Wagner”, usando sus métodos “con todo lo que ello significa en cualquier caso en la región”.

El conflicto en Ucrania puede servir para impulsar el papel geopolítico de la UE

Calderón, también afirmó que, “sin duda, el conflicto de Ucrania ha servido para tratar de impulsar el papel geopolítico de la Unión Europea” a la vez que para “despertar la conciencia de defensa y terminar de mostrar a Europa la necesidad de reforzarse y contar con unas capacidades de defensa suficientes”.

En el encuentro destacó cómo la OTAN y la Unión Europea, “a lo largo de las últimas semanas” han empleado “sus instrumentos de poder intrínsecos” ante la invasión de Ucrania por las tropas de la Federación Rusa.

La crisis de Ucrania señaló el Jemad, “ha llegado en el momento en que la Unión Europea se proponía revitalizar su ambición de tener autonomía estratégica en el ámbito militar” para “evitar lo sucedido durante la retirada de Afganistán” y “ganar credibilidad e influencia en el concierto internacional”.

López Calderón aplaudió la reciente aprobación de la ‘Brújula Estratégica” de la Unión Europea, en la que define “qué quiere, cómo y con qué medios” en el ámbito de la seguridad y defensa. Además, aseguró, “sin duda el conflicto de Ucrania ha servido para impulsar el papel geopolítico de la Unión Europea”, y “despertar la conciencia de defensa”, terminando de “mostrar a Europa la necesidad de reforzarse y contar con unas capacidades de defensa suficientes”, que complementarán a las de la Alianza Atlántica, señaló.

En opinión del almirante, la ‘Brújula Estratégica’ fomentará “el desarrollo de capacidades mediante los proyectos Pesco (siglas en inglés de Cooperación Estructurada Permanente) o el Fondo Europea de Defensa” y “hará viable” el empleo de las fuerzas que los Estados pongan a disposición de la Unión “de una manera rápida y efectiva”.

Todo ello, aseguró el Jemad, “con el objetivo de potenciar la autonomía estratégica y complementar el papel de la OTAN” tal y como acordaron en la cumbre de Versalles los líderes de la Unión Europea. No obstante, puntualizó López Calderón, “disponer de una cierta dimensión autónoma no solo requiere un conjunto de fuerzas disponibles” también “precisa de capacidad de mando y control para conducir las operaciones” y realizar “planeamientos de contingencia o avanzados”.

En este sentido, recalcó el Jemad, “el anuncio del canciller Scholz rompiendo viejos tabúes” sobre el aumento del presupuesto de defensa, supone “un cambio de paradigma en la Unión, permitiendo que Alemania pueda impulsar junto a Francia un pilar europeo de la defensa”, en el que “España tiene que estar llamada a ocupar el lugar que le corresponde”.

Por otro lado, señaló, en la próxima cumbre de la OTAN en Madrid, “a la vista del cambio de paradigma de seguridad”, se suscribirá “un nuevo y renovado compromiso de gasto en defensa por parte de todos los aliados”, para afrontar “el nuevo y desafiante entorno geopolítico actual y futuro”.


 

Crímenes de guerra en Ucrania

Las imágenes de Bucha, una localidad a las afueras de Kiev, tras la salida del ejército ruso dieron la vuelta al mundo. En este artículo te contamos qué tipos crímenes de guerra se pueden estar cometiendo en Ucrania según las organizaciones de derechos humanos y te damos las claves para entender las «leyes de la guerra».

«No queremos someternos a la Federación Rusia y estamos siendo destruidos y exterminados», declaró esta misma semana el presidente ucraniano, Vladimir Zelenski, a una cadena estadounidense.

Las imágenes de lo ocurrido en Bucha, una localidad a las afueras de Kiev, tras la retirada de las tropas rusas entre el 30 y 31 de marzo fueron portada de los medios de comunicación a nivel internacional. Cuando los soldados ucranianos entraron en la zona se encontraron una «matanza». Según Moscú, y a pesar de las imágenes y los testimonios de la población local, los muertos forman parte de una «recreación» y ningún habitante sufrió acciones violentas.

El propio Zelenski, la Unión Europea, las Naciones Unidas y diferentes organizaciones de derechos humanos y corresponsales en terreno llevan prácticamente desde que comenzó la invasión denunciando crímenes de guerra por parte del ejército ruso en Ucrania. Denuncias que son siempre negadas por el Kremlin.

Amnistía Internacional ha señalado la necesidad de que los presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en Bucha sean investigados. “Los informes de Bucha ponen de manifiesto un patrón general de crímenes de guerra que incluye ejecuciones extrajudiciales y tortura en otras zonas ocupadas de Ucrania. Pensamos que la violencia ejercida por soldados rusos contra civiles en Bucha no es excepcional. Estos hechos deberían investigarse como crímenes de guerra», declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Hasta la fecha, Amnistía Internacional ha recopilado indicios sobre muertes de civiles en Ucrania causadas por ataques indiscriminados en Járkov y la provincia de Sumy, ha documentado un ataque aéreo que mató a civiles que hacían cola para obtener alimentos en Chernígov y ha reunido testimonios de civiles sometidos a asedio en Járkov, Izium y Mariúpol.

«Mientras Rusia continúa su guerra contra Ucrania, Amnistía Internacional sigue documentando violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. La agresión de Rusia contra Ucrania es en sí un crimen con arreglo al derecho humanitario», aseguran desde la organización de derechos humanos.

Por su parte, Human Rights Watch ha documentado varios casos en los que las fuerzas militares rusas han cometido violaciones de las leyes de guerra contra civiles en las zonas ocupadas de las regiones ucranianas de Chernihiv, Járkov y Kiev. Entre ellos se incluye un caso de violación reiterada; dos casos de ejecución sumaria, uno de seis hombres y el otro de un hombre; y otros casos de violencia ilegal y amenazas contra la población civil entre el 27 de febrero y el 14 de marzo de 2022.

Según la organización de derechos humanos, las fuerzas militares también estuvieron implicadas en el saqueo de bienes civiles, incluidos alimentos, ropa y leña y las personas que han cometido estos abusos son responsables de crímenes de guerra.

“Los casos que hemos documentado suponen una crueldad y una violencia indescriptibles y deliberadas contra la población civil ucraniana”, afirmó Hugh Williamson, director de la división de Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “La violación, el asesinato y otros actos violentos contra las personas bajo custodia de las fuerzas rusas deben ser investigados como crímenes de guerra”, dijo Williamson.

HRW recuerda que todas las partes del conflicto armado en Ucrania están obligadas a respetar el derecho internacional humanitario, o las leyes de la guerra, incluidos los Convenios de Ginebra de 1949, el Primer Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra y el derecho internacional consuetudinario. «Las fuerzas armadas beligerantes que tienen el control efectivo de una zona están sujetas al derecho internacional de la ocupación y esto también se aplica el derecho internacional de los derechos humanos, que es aplicable en todo momento», aseguran.

Además, las leyes de la guerra prohíben el asesinato intencionado, la violación y otros actos de violencia sexual, la tortura y el trato inhumano de los combatientes capturados y de los civiles bajo custodia (también están prohibidos el pillaje y el saqueo).

«Cualquiera que ordene o cometa deliberadamente estos actos, o que ayude o instigue a cometerlos, es responsable de crímenes de guerra. Los comandantes de las fuerzas que sabían o tenían razones para saber de esos crímenes, pero no intentaron detenerlos o castigar a quienes los cometieron son penalmente responsables de los crímenes de guerra como cuestión de responsabilidad de mando», advierten.

“Rusia tiene la obligación jurídica internacional de investigar imparcialmente los presuntos crímenes de guerra cometidos por sus soldados”, señaló Williamson. “Los comandantes deben reconocer que el hecho de no tomar medidas contra los asesinatos y las violaciones puede hacerlos personalmente responsables de crímenes de guerra como cuestión de responsabilidad de mando”, dijo el director de la división de Europa y Asia Central de Human Rights Watch.

Qué son las «leyes de la guerra» y preguntas frecuentes

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, las «leyes de la guerra» o el derecho internacional humanitario (tal como se lo conoce formalmente) son un conjunto de normas internacionales que establecen lo que se puede y lo que no se puede hacer durante un conflicto armado. El DIH está formado por tratados (los principales son los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales) y el derecho internacional consuetudinario.

«El principal objetivo del derecho internacional humanitario (DIH) es preservar un poco de humanidad durante los conflictos armados, para así poder salvar vidas y aliviar el sufrimiento, permitiendo además que sea posible volver a convivir cuando acabe la guerra. Para ello, el DIH regula cómo se libran las guerras basándose en dos premisas: debilitar al enemigo y limitar el sufrimiento», aseguran desde la organización.

En este punto es preciso aclarar que las normas de la guerra son universales y que los Convenios de Ginebra (que forman la base del DIH) han sido ratificados por los 196 Estados. «Son muy pocos los tratados internacionales que tienen este nivel de apoyo. Todos los beligerantes deben respetar el DIH, tanto las fuerzas gubernamentales como los grupos armados no estatales», explican desde CICR.

Además si las normas de la guerra no se respetan hay consecuencias y tanto los Estados como los tribunales internacionales se encargan de documentar e investigar los crímenes de guerra. Las personas que cometan crímenes de guerra podrán ser enjuiciadas.

Aquí reflejamos la explicación, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, de algunas de las preguntas más frecuentes sobre las leyes de la guerra:

¿Cuándo se aplica el DIH?

El DIH se aplica solo en situaciones de conflicto armado. Salvo algunas obligaciones que deben implementarse en tiempo de paz (por ejemplo, adopción de legislación, enseñanza y formación en DIH), este derecho no se aplica fuera de conflictos armados.

El DIH ofrece dos sistemas de protección: una para los conflictos armados internacionales (CAI) y otra para los conflictos armados no internacionales (CANI). Los CAI son conflictos armados entre dos o más Estados. Los CANI son enfrentamientos de fuerzas armadas gubernamentales contra uno o más grupos armados no estatales, o entre estos grupos. Las normas aplicables dependen de si la situación es un conflicto armado internacional o no internacional.

Algunas normas del DIH siguen confiriendo protección a las víctimas de conflictos armados aún cuando estos han finalizado (por ejemplo, a las personas detenidas o desaparecidas).

¿Qué sucede si un Estado o un individuo violan el DIH?

Un aspecto fundamental de la limitación de los efectos de los conflictos armados es el cumplimiento de las normas. El DIH establece que las partes en conflicto deben prevenir y reprimir las violaciones graves del DIH, y suprimir toda otra violación. Un Estado que ha cometido violaciones del DIH debe reparar por completo la pérdida o la lesión causada. A su vez, los individuos que han cometido crímenes de guerra deben ser buscados, investigados y enjuiciados.

Los Estados pueden hacer cumplir las normas a través de sus sistemas jurídicos nacionales, canales diplomáticos o mecanismos internacionales de solución de controversias. Los crímenes de guerra pueden ser investigados o enjuiciados por cualquier Estado o, en determinadas circunstancias, por un tribunal internacional.

La Organización de las Naciones Unidas también puede adoptar medidas para hacer respetar el DIH. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad puede obligar a los Estados a cumplir sus obligaciones o establecer un tribunal para que investigue las infracciones.

¿Qué es un crimen de guerra?

Las violaciones graves del DIH se conocen como crímenes de guerra. Los Estados deben investigar los crímenes de guerra cometidos por sus ciudadanos o sus fuerzas armadas, así como en su territorio, y encausar, si procede, a los imputados. Los Estados también tienen derecho a investigar a otras personas por crímenes de guerra en sus tribunales nacionales, independientemente de la nacionalidad del acusado o del lugar donde las violaciones fueron cometidas (jurisdicción universal).

El DIH responsabiliza a las personas a título individual por los crímenes de guerra que hayan cometido u ordenado cometer. Al respecto, el DIH es complementado por el derecho penal internacional, que establece diferentes modos de responsabilidad penal individual.

Algunos crímenes de guerra son aplicables en todos los conflictos armados, mientras que otros son específicos de los conflictos armados internacionales. En los conflictos armados internacionales, algunos crímenes de guerra también se conocen como infracciones graves, que crean obligaciones adicionales para los Estados.

Por ejemplo, los siguientes actos constituirían crímenes de guerra en todos los conflictos armados: ataques deliberados contra personas civiles que no están participando directamente en las hostilidades; pillaje; toma de rehenes; ataques contra bienes religiosos o culturales, siempre que no sean objetivos militares; tortura y otras formas de tratos inhumanos; reclutamiento de niños y niñas; violación y otras formas de violencia sexual.

¿Las personas civiles que toman las armas pierden su protección contra los ataques directos, según el DIH?

Según el CICR, depende. El DIH define como «persona civil» a toda persona que no sea miembro de las fuerzas armadas estatales, ni miembro de un grupo armado organizado con una función de combate continua, ni un participante en un levantamiento en masa.

Las personas civiles gozan de protección contra los ataques, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación. Las partes en un conflicto armado deben tomar todas las medidas posibles para determinar si una persona es una persona civil y, si así fuera, si está participando directamente en las hostilidades. En caso de duda, se debe presumir que la persona es una persona civil y está protegida contra los ataques directos.

A fin de proteger a las personas civiles, los combatientes, y toda persona que participe directamente en las hostilidades, deben distinguirse de los civiles en todas las operaciones militares llevando una insignia identificable y portando las armas abiertamente.

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¿El DIH impone límites a las operaciones psicológicas y de información?

Las operaciones psicológicas y de información forman parte de los conflictos armados desde hace largo tiempo. Sin embargo, dado el rápido crecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, la escala, la velocidad y el alcance de las operaciones psicológicas han aumentado significativamente.

El DIH prohíbe ciertos tipos de operaciones psicológicas o de información durante los conflictos armados, como las amenazas de violencia cuyo principal objetivo sea sembrar el terror entre la población civil; usar la propaganda para lograr el alistamiento voluntario de personas protegidas en territorios ocupados; o, más en general; incitar a la comisión de violaciones del DIH. Las operaciones de información también deben cumplir el requisito de respetar y proteger a categorías específicas de personas, como el personal médico y el personal de ayuda humanitaria.

Te puede interesar el artículo «Medios de comunicación rusos al servicio de la ofensiva híbrida» publicado en LISA News.

¿Qué sucede con las transferencias de armas a partes en un conflicto armado?

La disponibilidad generalizada de armas y municiones y las escasas regulaciones o controles sobre las transferencias de armas tienen un costo humano grave. Facilitan la comisión de violaciones del DIH, impiden la prestación de asistencia humanitaria, contribuyen a la prolongación de los conflictos armados y a altos niveles de inseguridad y violencia incluso después de finalizados los conflictos armados.

Los Estados deben abstenerse de transferir armas, si existe un riesgo manifiesto de que se emplearían para infringir el DIH. Los Estados que suministran armas a una parte en un conflicto armado deben hacer todo lo que razonablemente esté a su alance para asegurarse de que el receptor de las armas respete el DIH, por ejemplo, mediante la adopción de medidas de mitigación de riesgos, la suspensión o el condicionamiento de la entrega de armas o la cancelación de futuras transferencias.

Además, los Estados Partes en el Tratado sobre el Comercio de Armas deben evaluar, antes de autorizar una exportación, si es probable que el receptor de las armas, municiones o piezas y componentes de estas las utilice para cometer o para facilitar la comisión de una violación grave del DIH o del derecho de los derechos humanos. Si existe un riesgo elevado de que ello suceda, la exportación no debe autorizarse. Conforme al DIH, un Estado no es parte en un conflicto armado por el mero hecho de suministrar armas o equipamiento militar a un beligerante.

Te puede interesar el artículo «¿Qué armas envía España a Ucrania?» publicado en LISA News con aportaciones del experto en armamento y misiles y profesor de LISA Institute, Jose Iserte Bou.

¿La guerra cibernética está sujeta a normas?

Sí. Durante los conflictos armados, las operaciones cibernéticas están sujetas a las normas y los principios del DIH establecidos; no están en una «zona gris» ni en un «vacío jurídico».

Lo que preocupa al CICR es que las operaciones militares cibernéticas, que forman parte de los conflictos armados actuales, pueden alterar el funcionamiento de infraestructura crítica, así como de la respuesta de emergencia y humanitaria y de otros servicios vitales para la población civil.

El DIH impone límites a las ciberoperaciones durante los conflictos armados de la misma manera que impone límites al empleo de cualquier otra arma, método o medio de guerra en un conflicto armado, ya sean nuevos o tradicionales. En particular, la infraestructura civil está protegida de los ciberataques gracias a las normas y los principios vigentes del DIH, en particular, los principios de distinción, proporcionalidad y precauciones en el ataque. Además, durante los conflictos armados, está prohibido el empleo de herramientas cibernéticas que propagan daños y los ocasionan de manera indiscriminada.

Te puede interesar el artículo «¿Debemos preocuparnos por la ciberguerra?» publicado en LISA News.

¿De qué forma el DIH protege a las mujeres?

En los conflictos armados, las mujeres pueden ser víctimas, combatientes, testigos y actores de influencia. Gozan de las protecciones generales conferidas a las personas civiles o a los combatientes, según cual sea su estatuto. El DIH prohíbe la discriminación por motivos de sexo o género.

Las mujeres también quedan a expuestas a riesgos debido a las restricciones que se les imponen y sufren desproporcionadamente los efectos de algunos tipos de violencia, como la violencia sexual. El DIH aborda esos riesgos, en especial mediante la prohibición de la violación, la prostitución forzada o cualquier otra forma de atentado al pudor de todas las personas. Una infracción de estas prohibiciones puede constituir un crimen de guerra.

Además, el DIH establece que se debe dar un trato específico a las prisioneras de guerra y a las internadas civiles, así como a las embarazadas, Se debe respetar su protección específica, así como su salud y sus necesidades de asistencia. Por ejemplo, las mujeres, los hombres, los niños y las niñas de diferentes edades y orígenes pueden tener necesidades médicas diferentes y estar expuestos a diferentes riesgos que les impiden recibir la misma atención. Es importante tener en cuenta las perspectivas de las mujeres y de los hombres de diferentes edades y orígenes.

Te puede interesar el artículo «Cómo combatir la violencia sexual durante los conflictos», experto en misiones internacionales de la ONU en Líbano, Israel, Siria y Haití y profesor del Curso de Experto Internacional en Protección de Civiles de LISA Institute.

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¿Cómo se regula el espionaje a nivel internacional?

En 2022 vimos una oleada de expulsiones de diplomáticos rusos de países europeos acusados de espionaje en el contexto de la guerra en Ucrania. Sin embargo, el uso de supuestos diplomáticos con fines relacionados con el espionaje no es algo nuevo y en este artículo te explicamos cómo se regulan los espías a nivel internacional.

Polonia fue el primer país en anunciar la expulsión de 45 diplomáticos rusos el pasado 23 de marzo de 2022. A Varsovia se sumaron Bulgaria, Estonia y Letonia, añadiendo a la lista 43 expulsiones más. Una semana más tarde, el 29 de marzo, Bélgica, República Checa, Irlanda y Países Bajos también se unían a la «purga» de diplomáticos rusos y, desde el lunes 4 de abril, Alemania, Francia e Italia han tomado decisiones similares.

Por poner un ejemplo de las motivaciones de estas expulsiones, desde Polonia han asegurado que las personas expulsadas eran espías bajo el servicio del Kremlin que se hacían pasar por diplomáticos y han asegurado que responderán con «total coherencia y determinación» a este tipo de acciones. Desde los otros países se han realizado declaraciones similares también relacionadas con una respuesta a la invasión de Ucrania.

Desde Bruselas la decisión de expulsión de 17 trabajadores de la embajada rusa en La Haya, y 21 por parte del gobierno belga se tomó en un comité ministerial en consulta con Holanda. Estas personas expulsadas bajo cobertura diplomática han sido consideradas una «amenaza para la seguridad nacional», causa por la que la decisión fue tomada en concordancia con «otros países de ideas afines», según explicó el Ministro de Exteriores neerlandés. Esta información fue sacada a la luz por el Servicio General de Inteligencia y Seguridad (AIVD) y el Servicio de Seguridad e Inteligencia Militar (MVID) de los Países Bajos.

El 4 de abril de 2022 Alemania declaró como persona «non grata» a 40 miembros de la diplomacia rusa. Estas personas son consideradas como una amenaza, por lo que han decidido expulsarlas en tan solo 5 días. A este acto se sumó Francia, que expulsó a «numerosos» diplomáticos por realizar «actividades contrarias a los intereses de seguridad nacional» destacando que la decisión «forma parte de un proceso europeo».

Al día siguiente, España expulsó a 25 diplomáticos rusos sin acusaciones de espionaje, pero sí asegurando que «representan una amenaza para los intereses de seguridad» del país. El ministro de Exteriores, Jose Manuel Albares, mantuvo que el motivo de la expulsión «en unos días» eran los crímenes de guerra cometidos en Bucha. Sin embargo, sí que mantiene al embajador ruso en España, Yuri Korchagin, por el interés en darle una «oportunidad al diálogo». Fuentes del Gobierno esperan que Rusia responda del mismo modo porque ha sido su reacción habitual tras este tipo de acciones.

Bulgaria, Estonia, Lituania y Letonia también decidieron reducir la representación rusa de su territorio asegurando que algunos actuaban como oficiales de inteligencia y, también, en forma de condena a los crímenes cometidos en Ucrania. Desde la República Checa también se propuso que la representación rusa en la Unión Europea y la OTAN fuera limitada y dio un plazo de 72 horas a un diplomático de la Federación Rusa de su territorio.

El gobierno irlandés se ha manifestado en este sentido despidiendo a cuatro «altos funcionarios» de la embajada de Dublín por realizar «actividades de espionaje» desde su capital y bajo la sospecha de pertenecer a una agencia militar rusa que se dedica a recopilar inteligencia. Estos trabajadores han sido acusados de reunirse con grupos paramilitares irlandeses con el objetivo de avivar el «malestar político» entre Gran Bretaña e Irlanda. Tras haber expulsado a 3 miembros del cuerpo diplomático a principios de marzo con motivo de espionaje, Eslovaquia ha expulsado a 35 personas más pertenecientes a la embajada rusa en Bratislava.

Italia ha sido el último país europeo en sumarse a la expulsión de diplomáticos rusos bajo el argumento de «motivos de seguridad». Roma ha declarado como «persona non grata» a 30 miembros del cuerpo diplomático, apoyándose en que la medida ha sido adoptada en concordancia con sus socios europeos y de la OTAN. En sus declaraciones, el ministro de exteriores Luigi Di Magio, mostró la voluntad italiana en frenar las agresiones y llegar a un alto el fuego que ayude a zanjar un acuerdo.

Como era de esperar, Rusia ha tomado cartas en el asunto expulsando a 10 diplomáticos de las repúblicas bálticas al considerar estas decisiones como una «provocación injustificada». El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso y expresidente del país, Dimitri Medvedev, ha amenazado con una respuesta «simétrica» que será «destructiva» para las relaciones bilaterales.

Sin embargo, estas expulsiones no supone algo nuevo: ocho personas rusas que trabajaban bajo el estatus de diplomático en la sede de la OTAN en Bruselas ya fueron cesadas de sus cargos debido a que eran «oficiales de inteligencia no declarados». El secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, anunció las expulsiones en octubre de 2022 debido a que realizaban actividades que «no estaban en línea con su acreditación».

Desde la OTAN no se hicieron públicos los nombres de estas personas, pudiendo ser reenviados a otras oficinas bajo cobertura diplomática; sin embargo, Rusia cerró su embajada en la Organización del Atlántico Norte. Esto sucedió en plena escalada del conflicto en el Donbás, aún cuando se preparaban para mantener conversaciones sobre la amenaza que suponía Rusia para Ucrania.

Cómo se regula el espionaje internacional

La inmunidad diplomática está regulada por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Las personas que gozan de este estatus obtiene una serie de privilegios y beneficios como la exención de ser juzgada u obligada a testificar en el extranjero, involucrando también a los familiares que acompañan en la misión.

Este «cargo» protege al que lo ostenta bajo la ley de su país y no del receptor, por lo que si el estado acreditante se rehúsa a colaborar en un proceso judicial en el estado de acogida de la misión, y ante la actividad ilegal del enviado, solo mediante la denominación de dicho miembro diplomático como «persona non grata» se puede proceder a la expulsión del representante en el territorio.

El espionaje a nivel internacional consiste en el intento de obtener información confidencial o estratégica de un estado en cualquier ámbito estratégico, como el militar o económico. No está regulada por un tratado como tal, aunque sí se menciona su estatus en caso de captura por parte del enemigo en contexto bélico: no tienen derecho a ser tratados como prisioneros de guerra.

Debido a la falta de regulación de esta actividad, hay muchas opiniones diferentes ante la legitimidad de esta práctica que trata de recabar información de un estado para ser utilizada en beneficio de otro. Este «vacío legal» es lo que permite que se reafirme el principio que indica que los estados pueden realizar toda actividad que no esté expresamente prohibida en el Derecho Internacional, por ello, podría entenderse que un estado puede realizar labores de espionaje de manera legal.

Por otro lado, también puede ser considerado como un acto ilícito que viola la norma principal de no injerencia en asuntos internos de otros estados, establecido en la Carta de las Naciones Unidas. Desde este punto también se ve que infringe el principio de soberanía de los países así como Derechos Humanos, la vigilancia ilegítima e irrespetuosa restringe la libertad de la sociedad. La práctica del espionaje también afecta al derecho a la privacidad y a la privacidad de la información, derecho que tenemos todos, también el Jefe de Estado de un país.

Con el avance en las nuevas tecnologías, la presencialidad para la labor del «espía» no es algo fundamental como lo era antes, ahora también se recolecta información confidencial a través de internet y las redes, llegando al terreno considerado el «más difícil de controlar»: el espionaje en el ciberespacio. Un caso muy escuchado por todos es el escándalo Snowden, en el que el exagente de la CIA llevó a cabo una de las mayores filtraciones de secretos de estado de la historia, caso que reabrió el debate de la legitimidad del espionaje, aunque no se ha llegado a establecer una regulación.

Desde las Naciones Unidas se han hecho propuestas como la resolución 68/167 del «Derecho a la privacidad en la era digital«, que intenta limitar la intercepción de comunicaciones y vigilancia de datos personales de los ciudadanos, siendo estos actos considerados una violación de los derechos a la privacidad y libertad de expresión, reafirmando los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y aclarando que estos derechos deben ser respetados de la misma manera en el ciberespacio.

En resumen, el espionaje pone en riesgo los principios éticos en los que se debe fundar la sociedad, causando un impacto en el Sistema Internacional. A pesar de que es una práctica que ha sido realizada sistemáticamente a lo largo de la historia, es muy difícil de regular. Sin embargo, esto podría cambiar debido a los escándalos que están sucediendo en las embajadas europeas y que comience a limitarse en papel para así evitar futuras crisis diplomáticas que rompan la confianza y la paz entre los estados, como ya estamos viendo que amenaza Medvedev tras las expulsiones de sus nacionales.

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Detenidos cibercriminales dedicados a la venta de contenido audiovisual de pago en España

Los detenidos contaban con un alto grado de especialización tecnológica, ya que para perpetrar sus actividades ilícitas utilizaban una sofisticada infraestructura con la que prestaban servicios a sus clientes.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos ciberdelincuentes dedicados a la venta de contenido audiovisual de pago a través de internet y vía satélite. Han sido arrestados por delitos contra la propiedad intelectual, contra los servicios de difusión televisiva de carácter condicional y por defraudación de fluido eléctrico.

Contaban con un alto grado de especialización tecnológica, ya que para perpetrar sus actividades ilícitas utilizaban una sofisticada infraestructura con la que prestaban servicios a sus clientes. Se calcula que el perjuicio económico ocasionado a los titulares del contenido multimedia distribuido asciende a más de 87.500€.

A finales de 2019, se inicia la investigación por la que se detectó una página web cuya finalidad era la comercialización ilícita de contenido audiovisual de pago propiedad de LaLiga, así como del contenido completo de una conocida plataforma de televisión bajo demanda. 

Funcionamiento similar a una empresa lícita y otros detalles de la investigación

Analizando la página web, los agentes observaron que ofertaban la posibilidad de abonarse a los canales de televisión que ofrecían, cuyo precio variaba en función de la duración del paquete contratado y del número de dispositivos en los que se querían reproducir los mismos.

Además, publicitaban sus servicios ilícitos en redes sociales y en diversos portales de compraventa de artículos online, donde sus publicaciones contaban con gran cantidad de visualizaciones. Incluso, tenían asociado un blog en el que se daba soporte técnico, simulando el servicio de atención al cliente que puede ofrece cualquier empresa lícita.

La investigación se enfocó en dos direcciones. Por un lado, buscando la identificación de la persona que se encontraba detrás del entramado y el descubrimiento de la estructura que soportaba la distribución ilícita de la señal. Y por otro, se investigaron los medios de pago que utilizaban los investigados para recibir los ingresos por los servicios que prestaban, y que era principalmente a través de una plataforma financiera de pagos.

Estas dos vías de investigación permitieron la detención en Málaga de los principales integrantes del entramado, quienes poseían los servidores que  difundían la señal pirata de televisión. Una vez tenido en cuenta el número de clientes de los que disponían y los precios reales que ofertan las empresas suplantadas por acceder a los servicios de CCCAM e IPTV, se estima que la ganancia total obtenida por el grupo criminal supera los 87.500€.

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