Ataques a la independencia judicial, la libertad de prensa y la sociedad civil son algunos de los retrocesos en libertades fundamentales que se dieron en América Latina en 2021, según el último informe anual de Human Rights Watch.
Según el último informe de Human Rights Watch, que analiza la situación de los Derechos Humanos en los casi 100 países del mundo en los que trabaja la organización, América Latina está enfrentando algunos de los desafíos «más graves en materia de derechos humanos en décadas».
Para Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas de HRW, «el alarmante retroceso» de libertades fundamentales en América Latina obliga a defender espacios democráticos que «dábamos por sentados».
“Incluso líderes que llegaron al poder mediante elecciones democráticas han atacado a la sociedad civil independiente, la libertad de prensa y la independencia judicial. Millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y países, y la pandemia ha tenido un impacto económico y social devastador”, asegura Taraciuk.
Más allá de los casos concretos sucedidos en cada país y que desarrollaremos más adelante, el informe también destaca cómo algunos países han utilizado la pandemia como pretexto para violar derechos. Así, ponen de ejemplo a cómo el gobierno guatemalteco arremetió contra los medios de comunicación e impuso restricciones al acceso a la información sobre la pandemia o a cómo el presidente brasileño hizo aso omiso de las recomendaciones científicas, difundió información falsa y promovió tratamientos contra el virus sin eficacia comprobada.
Además, en muchos países, niños y niñas enfrentaron obstáculos para acceder a la educación como resultado de restricciones relacionadas con la pandemia y, a pesar del cierre de fronteras, millones de personas han huido forzosamente de sus hogares en América Latina.
Aún así, el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, desafió en el mensaje introductorio del informe el pensamiento generalizado de que la autocracia está en auge y destacó la necesidad de reforzar la democracia en todos los continentes.
Por su parte, Broner también quiso aportar cierto optimismo destacando la actividad de “muchos periodistas, defensores de derechos humanos y jueces valientes en la región» que «han desempeñado un papel extraordinario al exponer abusos y actuar como frenos al poder ejecutivo”. “Es fundamental que se sigan apoyando los esfuerzos cruciales que realizan estas personas para proteger el Estado de derecho, las libertades fundamentales y las instituciones democráticas en un período de graves riesgos para la región”, dijo la directora interina para las Américas de HRW.
En relación a los retrocesos en libertades fundamentales que se dieron este 2022 en América Latina damos las claves del informe de HRW por países:
Cuba
El gobierno cubano llevó a cabo abusos sistemáticos contra críticos y artistas, incluyendo detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos y procesos penales abusivos, en respuesta a protestas mayormente pacíficas en contra del gobierno.
Nicaragua
HRW denuncia cómo las elecciones de noviembre en Nicaragua se llevaron a cabo sin las mínimas garantías democráticas. Así, el gobierno de Daniel Ortega detuvo y procesó arbitrariamente a críticos y opositores, incluyendo a siete candidatos presidenciales, y mantuvo a muchos de ellos incomunicados en condiciones abusivas durante semanas o meses.
Estas detenciones se suman a las más de 100 personas percibidas como críticas que permanecen encarceladas arbitrariamente en el contexto de la crisis de derechos humanos que inició en 2018.
Daniel Ortega asumió la semana pasada su quinto mandato presidencial como presidente de Nicaragua mientras la Unión Europea y Estados Unidos aprobaron nuevas sanciones contra el país.
Venezuela
En noviembre, el fiscal de la Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante la gestión de Nicolás Maduro. Expertos independientes de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU concluyeron que las autoridades judiciales habían sido cómplices de abusos «aberrantes».
La misión electoral independiente de la Unión Europea, que observó las elecciones regionales de noviembre, informó que algunos opositores políticos seguían inhabilitados de forma arbitraria para postularse a cargos públicos, que hubo un acceso desigual a los medios de comunicación, y que la falta de independencia judicial y de respeto al Estado de derecho habían afectado la transparencia e imparcialidad de las elecciones.
Human Rights Watch también denunció la «arremetida» contra opositores y la desigualdad de condiciones para competir en elecciones, lo cual dificultó que todos los votantes pudieran ejercer sus derechos libremente.
Pero también hubo intentos de de debilitar el Estado de derecho por parte de líderes con tendencias autoritarias que fueron electos democráticamente.
Brasil
El presidente Jair Bolsonaro, un defensor de la dictadura militar (1964-1985), intentó intimidar al Tribunal Supremo por medio de insultos y amenazas e hizo alegaciones infundadas de fraude electoral.
México
En México el presidente Andrés Manuel López Obrador continuó sus ataques mediáticos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, así como sus esfuerzos por eliminar organismos públicos independientes que limitan su poder y por cooptar el sistema judicial para perseguir a enemigos políticos.
En noviembre, decretó que los proyectos prioritarios de su gobierno reciban permisos automáticamente, sin cumplir con los estudios requeridos, y que sean exentos de las reglas de transparencia.
El Salvador
En El Salvador el presidente Nayib Bukele y sus aliados en la legislatura reemplazaron sumariamente a los magistrados de la Corte Suprema con quienes diferían y promulgaron leyes para remover a cientos de fiscales y jueces de instancias inferiores.
Los nuevos magistrados designados a la Corte Suprema resolvieron que Bukele podía postularse a la reelección consecutiva, a pesar de una disposición constitucional que lo prohíbe. El gobierno también propuso una ley de “agentes extranjeros” que, de ser aprobada, podría limitar gravemente el trabajo de periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil.
Haití
El informe menciona cómo la pandemia y la crisis económica asociada a ella, el homicidio del presidente Jovenel Moïse y un terremoto de magnitud 7,2 exacerbaron la inestabilidad política que ya atravesaba Haití, así como la violencia que ejercen las pandillas, que muchas veces tienen nexos con actores estatales. Haití enfrenta dificultades crónicas para responder a las necesidades básicas de su población.
Colombia
En Colombia, miembros de la Policía Nacional respondieron a protestas mayormente pacíficas dispersando de manera arbitraria a manifestantes y recurriendo a un uso excesivo de la fuerza, incluyendo el empleo de municiones letales. La violencia y los abusos por parte de grupos armados, que incluyen asesinatos, masacres y desplazamientos forzados, se agudizaron en zonas remotas donde la presencia de instituciones públicas civiles y las oportunidades económicas son escasas. Según la ONU, más de 450 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia desde 2016. El gobierno ha adoptado medidas insuficientes e inadecuadas para protegerlos.
Colombia —al igual que Chile, Ecuador y Perú, donde las fuerzas de seguridad han cometido graves abusos contra manifestantes en los últimos años— aún no ha adoptado medidas significativas para reformar su fuerza policial, ni un marco jurídico que contribuya a que se haga justicia por estas violaciones de derechos humanos. En Brasil, la policía mató a 6.400 personas en 2020, la mayor cifra registrada a la fecha. Cerca del 80 % de las víctimas fueron personas negras.
Por su parte, en Argentina, Bolivia, Perú y Guatemala, diversos esfuerzos orientados a debilitar la independencia judicial o a utilizar el sistema de justicia con fines políticos han amenazado el sistema democrático de pesos y contrapesos.
